Intendentes de al menos ocho municipios bonaerenses ya acudieron a la Justicia Federal para impugnar el tarifazo de gas decretado por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren y que promedia un 45 por ciento de aumento, variable según la zona.
Desde las comunas se reprocha al ENARGAS, a la empresa prestataria CAMUZZI GAS PAMPEANA y principalmente al Estado nacional por no respetar los principios de gradualidad que estableció la corte el año pasado en la causa CEPIS.
Después de la presentación ante la Justicia que hizo el municipio de Leandro N. Alem, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor contra el tarifazo del gas, el colectivo de usuarios bonaerenses que inició la causa pasó a representar a usuarios de todo el país.
Así, la Justicia Federal de Junín aceptó tramitar un amparo colectivo contra la suba del gas y cada vez son más los municipios bonaerenses que se suman a la medida. Ayer fueron admitidos como parte de ese reclamo los distritos de Gonzáles Cháves, Laprida, Mercedes, San Antonio de Areco, Daireaux, Bolívar, Chascomús y General Alvarado.
Es que los coletazos de los tarifazos en los servicios básicos también están impactando de manera negativa en las arcas municipales de la provincia de Buenos Aires.
Y fueron los propios intendentes quienes admitieron que los aumentos en los servicios públicos no sólo golpean la cobrabilidad -por cuanto el vecino pone como prioridad el pago de los servicios que "se cortan" en situaciones de morosidad- sino que además multiplica el gasto del Estado municipal para mantener la prestación de servicios.
El fallo autorizó admitir como demandante “al colectivo conformado por los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes del Territorio Nacional, incluidos los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes del Partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires, integrantes del colectivo originario”.
El proceso colectivo presentado tiene por objetivo declarar la inaplicabilidad de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación como así también las del Ente Nacional Regulador del Gas del año 2017, resoluciones que aprueban el incremento de los cuadros tarifarios de principios del año 2017.
Según explicaron desde las comunas que acudieron al Juzgado Federal Número 1 de Junín, el aumento se tacha de inconstitucional “porque va en contra de todo principio de materia tributaria”.
En ese sentido, detallaron que con facturas que ascienden a los 7 mil pesos con salarios bajos, el tarifazo “raya lo confiscatorio”.
Además, desde las comunas se reprocha al ENARGAS, a la empresa prestataria CAMUZZI GAS PAMPEANA y principalmente al Estado nacional por no respetar los principios de gradualidad que estableció la corte el año pasado en la causa CEPIS.
Si bien el amparo se presentó originalmente por falta de audiencias públicas, desde las comunas explicaron que “hoy nos encontramos con que citan a las audiencias, las convocan, las celebran, pero no las toman en cuenta. Son invitados de paja”.
Además, señalaron que tampoco se cumple “a rajatabla” con los principios de las audiencias públicas, ya que si bien no están reglamentadas ni son vinculantes, “nunca podrían ser convocadas sin que haya información previa”, punto que también está contemplado dentro del amparo.
