La inmediata respuesta del Gobierno nacional a la CGT por su primer paro general fue una declaración de guerra. Se metió donde más les duele: con la legitimidad de su representación. Lo hizo a través de una disposición, diseñada por Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnica de la Presidencia, cerebro jurídico del Poder Ejecutivo y hombre de máxima confianza del presidente Mauricio Macri. Y, entre otras cosas, recomienda aplicar el voto electrónico en sus elecciones, controlar el cumplimiento del cupo femenino en la conformación de listas y flitrar candidatos a cargos sindicales implicados en causas penales o civiles.
La disposición 7-E/2017 del Ministerio de Trabajo fue publicada ayer en el Boletín Oficial, pero está fechada el miércoles. El ministro Jorge Triaca explicó más tarde la intención de esta medida. "Hay algunos que desde la posición gremial han abusado de la conducta que les corresponde por ley y se han transformado en extorsionadores", afirmó, "tenemos que velar porque esas conductas extorsivas no existan más en la Argentina. Ni en los sindicatos, ni en las empresas, ni en la justicia, ni en la política".
Recomendaciones
La disposición consta de cuatro recomendaciones a los sindicatos. La primera es "utilizar nuevos sistemas de recolección, contralor y análisis de los sufragios, incorporando la tecnología ya sea a través del voto electrónico, o en su caso y ante la eventual imposibilidad fáctica de implementación de esta técnica, lo sea a través del sistema boleta única electrónica".
En la segunda, se recomienda a las Juntas Electorales que llevan adelante las elecciones en los sindicatos la verificación "en forma estricta" del cumplimiento del "cupo femenino". Mientras que en la tercera se presiona para que se realice un "exhaustivo análisis de las listas de candidatos a oficializar", atento al artículo 18 inciso b) de la ley de Asociaciones Sindicales, que inhibe de ocupar cargos directivos a quienes tengan "inhibiciones civiles ni penales".
Cupo femenino, voto electrónico y restricción
a candidatos con causas penales pendientes
La cuarta, por último, pretende que los sindicatos empiecen "implementar los procedimientos" para adecuar sus estatutos a la misma ley.
En los hechos, la disposición no es más que una declaración, que no pasa de las recomendaciones. Pero es, en realidad, una advertencia: Con la publicación de la disposición 7-E/2017 el Gobierno le está diciendo a las jerarquías sindicales que pondrá el ojo en todos los procesos electorales con los que ellos se consagran al frente de sus gremios.
"Estamos sacando una recomendación para generar más transparencia en las elecciones sindicales, para mejorar la representación", dijo Triaca antes de su publicación. "En muchos casos son normas que ya están", agregó, "pero que no se hacían cumplir, o sólo se las exigían a los que estaban contra el Gobierno".
La disposición, elevada por el director nacional de Asociaciones Sindicales, Horacio Pitrau, se basa, entre otra legislación, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Uno de los ejes centrales de la Carta Magna y el que, entre otras cosas, consagra el derecho a huelga que varios funcionarios del Gobierno cuestionaron por la decisión de la CGT de convocar ayer a un paro general.
Hoy, sobre un total de 37 cargos del secretariado nacional de la CGT, sólo dos son ocupados por mujeres, y esos lugares son para la tradicional presencia de Noé Ruiz (sindicato de modelos), ahora en la secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, y a quien se le sumó Sandra Maiorano (asociación de Médicos), en la secretaría de Salud, a partir de la pasada reunificación de la CGT, en agosto del año pasado.
