El FMI le pide al gobierno griego que limite el derecho de huelga

Es por las permanentes protestas ante la crisis


La situación laboral en Grecia no dejó de empeorar en los últimos ocho años. La drástica reducción del salario ha ido acompañada de recortes en los derechos de los trabajadores, que han intentado revertir la situación a través de las huelgas generales.

Ante la grave situación, el Fondo Monetario Internacional elaboró un informe donde recomienda al gobierno de Alexis Tsipras acabar con uno de esos componentes: las huelgas generales.

Según el organismo internacional, la legislación griega en materia laboral no es lo suficiente flexible, y no se ha reformado desde la década de los ochenta. En el documento de evaluación, el FMI considera que esa circunstancia "podría explicar el gran número de huelgas en Grecia, que incluso antes de la crisis superó con creces los niveles observados en otros lugares".

Entre otras razones, el FMI argumentó que los requisitos para convocar una huelga en Grecia son menores que en otros países de la Unión. Con que el 25% de los miembros de un sindicato estén representados en la decisión de la convocatoria es suficiente. Algo que alarma a la troika más que la crisis social, económica y política del país.


Si permiten los lockout, las empresas cerrarían
sin pagar indemnización a los trabajadores

La controvertida recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional a Grecia viene acompañada de otra similar, que es solicitar el levantamiento de la prohibición de los lockouts patronales.

En el informe, el organismo internacional recuerda que esa prohibición "solo" existe en Francia, Lituania, Portugal y Eslovenia.

El lockout o cierre patronal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es "el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas".

Es decir, el levantamiento de esa prohibición daría legitimidad jurídica a las empresas para cerrar la actividad sin tener que pagar a los empleados.