Fiesta para pocos
La caída de la actividad económica según Cifra.El Informe 21 de CIFRA sostiene que el régimen económico mutó hacia la valorización financiera como eje del proceso de acumulación, a partir de la colocación de 52.000 millones de dólares de deuda externa en los primeros 10 meses del año (40.000 millones del Estado Nacional, el resto entre las provincias y grandes corporaciones, como YPF, IRSA, Arcor, Cablevisión, Petrobras, Banco Hipotecario y Galicia) sin contar el endeudamiento en pesos que se dolarizan para practicar el tradicional deporte de la bicicleta bilingüe. La recesión interna, la apertura comercial, la apreciación cambiaria y las escasas o nulas políticas industriales hacen poco rentables las opciones de inversión productiva que se desplaza hacia la inversión financiera. Los elevados rendimientos en dólares de las Lebac constituyen “una verdadera bomba de tiempo fiscal y cambiaria para la economía argentina”, dice Cifra. Por eso, en lugar de la reactivación que pregonaba el gobierno, la fuga de capitales al exterior trepó a 11.000 millones de dólares. La deuda pública nacional sirve así para refinanciar vencimientos de deuda anterior y cubrir el déficit fiscal, al tiempo que garantiza las divisas requeridas para la fuga. Tal como en el decenio de 1990, el déficit fiscal, generado por el gobierno con la quita de retenciones a las exportaciones, rebaja de impuesto a los bienes personales, la condonación de deuda a las eléctricas, la cancelación de la deuda con las obras sociales sindicales, tiende a legitimar el acceso a un nuevo ciclo de endeudamiento. La recesión (-2,3 por ciento interanual en los primeros ocho meses) no parece haber tocado su piso y se explica por las caídas interanuales en los primeros tres trimestres del año de la construcción (-4,6 por ciento) y de la industria (-12,8 por ciento).
Además del bajo nivel de inversión, se deteriora en forma significativa el consumo privado, consecuencia de la caída del salario real debida a la inflación más alta de las últimas dos décadas, y al aumento de la desocupación. A contramano del discurso oficial, sólo la expansión del empleo público compensó en parte la contracción del empleo privado, especialmente sensible en el no registrado, que es la principal variable de ajuste en períodos recesivos. Sólo creció el saldo comercial, con 2.000 millones de dólares de superávit, pero no por mejora de las exportaciones, sino debido a una caída más acentuada de las importaciones, salvo la de bienes de consumo, que creció un 18,8 por ciento, desplazando producción nacional.
Un estudio del Observatorio de Precios, Pobreza y Equidad constituido por el Centro de Economía Política (CEPA) y el Instituto de Economía Popular (INDEP), calculó que el costo de una cena de Navidad para una familia tipo ronda el 80 por ciento de incremento respecto de 2015, casi el doble de la inflación, que no bajará del 41 por ciento en el año. Los aumentos fueron más moderados en los productos Premium, con lo cual el efecto es peor sobre los que menos tienen. Si se consideran los ingresos de las familias argentinas, casi un tercio de los hogares necesitaría destinar más de un 9 por ciento del ingreso total de la familia en el mes a una sola cena de fin de año o navidad, mientras que para las familias perceptoras de la Asignación Universal por Hijo, esa proporción asciende al 25 por ciento. La provincia de Buenos Aires se propone entregar 150.000 cajas navideñas, que cubrirían menos del 5 por ciento de los hogares y no alcanzarían a la totalidad de los hogares indigentes. La entrega se realizaría a través de organizaciones sociales, con las que el Hada Buena espera mejorar sus perspectivas electorales. El informe de CEPA e IndEP pone en duda el costo que la gobernación declara. La Resolución 2877/16 establece las bases para la contratación de las cajas navideñas cuyo costo es de 245 pesos. Contienen un pan dulce con frutas de medio kilo, dos turrones de 120 gramos, dos budines de 200 gramos, una lata de ensalada de frutas de 425 gramos y una garrapiñada. La erogación prevista es de 36,75 millones de pesos pero la resolución contempla sin explicaciones “la posibilidad de incrementar o reducir hasta en un cien por ciento (100 por ciento) del valor total adjudicado”. Los investigadores consideran ese precio excesivo y lo cotejaron con los valores de compra mayoristas informados por el Centro de Almaceneros de Rosario, que estimó un total de 97,75 pesos por caja, con lo cual la provincia de Buenos Aires estaría pagando un sobreprecio de 150 pesos por cada una o por el mismo precio podría entregar un 150 por ciento más de mercadería, alcanzando a 225.000 familias bonaerenses adicionales. Otros movimientos sociales, acompañados por la CGT unificada marcharon el viernes sobre la Plaza del Congreso en apoyo del proyecto de ley de emergencia que propone crear un millón de empleos a voluntad. Pese a la debilidad del texto, la movilización fue significativa y desnudó la penuria intelectual del gobierno, cuya principal respuesta fue atribuir la marcha a un propósito avieso del kichnerismo que, en forma ostensible, criticó el proyecto y no asistió a la marcha.
