Las pymes presentarán amparos, mientras que la UIA apuesta a negociar más subsidios

Para la CAME las pymes están desprotegidas frente al aumento de tarifas. La UIA confía en el diálogo político.

Una vez conocido el fallo de la Corte Suprema, que obligó a retrotraer el cuadro tarifario para los usuarios domiciliarios, pero no para industrias y comercios, el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide adelantó que "donde corresponda encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo."


Es que el Alto Tribunal falló en una causa iniciada por asociaciones de consumidores residenciales en una acción de clase y por eso retrotrae el cuadro tarifario solo para los consumidores domiciliarios.

Sin embargo, dictamina que deben hacerse audiencias públicas tanto para la tarifa de gas, que cubre el costo de transporte y distribución, como para el precio del gas a boca de pozo, antes de implementar los aumentos.

Así, la Corte Suprema sienta precedente para que se dejen sin efecto la suba de la electricidad, la del agua y la de la telefonía fija, que también son servicios públicos cuyos incrementos se implementaron sin las audiencias públicas reglamentarias. Y además, le abre la puerta a que asociaciones de comerciantes y de industriales pidan amparos frente al nuevo cuadro tarifario del gas y también se retrotraigan para ellos las facturas.

En este sentido la CAME consideró que "La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y median empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo".

"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados, significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las Pymes", precisó Cornide quien además enfatizó que "los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los consumidores de grupos concentrados" en referencia a las industrias electro-intensivas.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, aseguró a LPO que "por ahora" no apelarán a la Justicia para que se retrotraigan los aumentos a las tarifas de gas, sino que prefieren avanzar por la vía política.

"El fallo le da un manto de legalidad al aumento. Pero esto no significa que subsista la diferencia ente usuarios residenciales e industriales. El aumento así planteado saca de competitividad a las empresas gas-intensivas del norte argentino, por ejemplo. Hay casos graves", especificó el industrial.

"Por ahora no tenemos pensado avanzar por la vía judicial, creemos que lo mejor es el diálogo político. Consideramos que son necesarias reuniones con todos los sectores para llegar a una actualización de las tarifas razonable", dijo Urtubey.

"Recién el martes nos reunimos en la UIA, por ahora no tenemos pensado avanzar por la vía judicial, creemos que lo mejor es el diálogo político. Consideramos que son necesarias reuniones con todos los sectores para llegar a una actualización de las tarifas razonable", dijo el hermano del gobernador de Salta.

En este sentido, hace dos semanas la UIA cerró un acuerdo con el Ministerio de Producción para que les subsidie a las industrias electro-intensivas parte de las nuevas facturas de luz y confían en llegar a acuerdos similares para las de gas.

En total la cartera de Francisco Cabrera puso a disposición de las industrias más grandes un subsidio de hasta $200 mil millones mediante la Resolución Conjunta N° 122/2016 del Ministerio de Energía y Minería y la N° 312/2016 del Ministerio de Producción.

"Se trata de una medida transitoria y de carácter excepcional que contempla una reducción de hasta un 20%, según el caso, sobre el costo energético. La medida beneficia a Grandes Usuarios de igual o más de 300 KW (kilovatios) de potencia que estén encuadradas en los códigos de actividad dispuestos en el anexo 1 de la resolución. Rigen desde el 1 Junio de 2016 hasta Febrero 2017 y serán aplicadas por la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería y por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), Sociedad Anónima (CAMMESA)", comunicó la UIA.