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En caso de que el Congreso apoye al Gobierno para que les abone a los holdouts surge el riesgo de que reaparezcan buitres entre los que queden fuera del acuerdo y reclamen en contra del país. También pueden sumar litigios quienes ya se adaptaron a las reestructuraciones, como lo reveló Tullio Zembo en Economía Política.
Uno de los oradores citados para opinar sobre el acuerdo en Diputados, Daniel Marx, aclaró que habrá una transición luego del pago. "No caerán inversiones ni bajará el costo de los nuevos bonos inmediatamente", sinceró. Estos factores "dependerán también del crecimiento económico y de la inflación", por lo que el Gobierno deberá antes solucionarlo.
Contrario a lo que realizará Alfonso Prat Gay de buscar financiamiento para los casi U$S 12.000 millones de los buitres en una sola emisión de deuda, recomendó que se la dividida en dos o tres colocaciones para evitar una tasa de interés más alta de la deseada. Por darse en estas condiciones desfavorables, estimó que el interés será elevado, pero inferior al 8,5%.
Coincidió con esto último Alejo Costa, estratega de Puente Sociedad de Bolsa, compañía experta en colocaciones de deuda. Para el economista el Ministerio de Hacienda deberá aumentar la tasa desde el 7% deseado hasta el 9,5% si desea conseguir todos los fondos en una sola operación. "Si no le pusieran
En el caso de que eso tampoco alcance, por el escaso tiempo Mauricio Macri sólo podría recurrir al FMI para un préstamo. La alternativa que le queda es resignar reservas del Banco Central, que cerraron el lunes en U$S 28.165 millones, poco más del doble de la deuda con estos acreedores.
Para el especialista de la City, las consecuencias de este convenio demorarán en verse, ya que se podrán colocar bonos soberanos a tasas más bajas recién el año próximo, y al 7%, que es el interés de los títulos públicos de los canjes de 2005 y 2010. "El Ejecutivo planea emitir para financiar el déficit fiscal, por lo que el mercado utilizará esa necesidad de fondos para exigir un costo más alto", explicó Costa.
El preacuerdo que rubricaron Paul Singer y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, no es antibuitre, ya que no obliga a todos los holdouts a ingresar. Quienes lo rechacen podrán continuar sus demandas o abrir nuevas, con el peligro de que caigan en el juzgado de un magistrado similar a Griesa, que castigue a la Argentina hasta darles trato preferencial.
Además, pueden litigar contra la Argentina los mismos holdins, quienes ya reestructuraron antes. El abogado de los bonistas italianos, Tullio Zembo, reveló que analizan demandar para conseguir las condiciones preferenciales que sólo se le brindaron a los fondos de Singer. En caso de que esos reclamos prosperen se pueden poner en cuestionamiento los dos canjes que sacaron al país del default.
