El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es ya ministro de la Presidencia de Brasil, pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que se resuelva la decisión judicial que suspendió su nombramiento, afirmó hoy el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo.Un juez de Brasilia pidió hoy la anulación cautelar del nombramiento de Lula como ministro, pero el Gobierno anunció que presentó un recurso. Lula "está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido", señaló Cardozo durante una rueda de prensa en Brasilia
El abogado del Estado y ex ministro de Justicia declaró que el ministerio de la Presidencia "no está vacante" y precisó que solo "hubo una suspensión de los efectos de la investidura del cargo".
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Opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
El magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la Policía, la Fiscalía y el poder Judicial.
El abogado del Estado también arremetió contra la decisión del juez Sergio Moro de publicar unas escuchas telefónicas grabadas a Lula.
Una de las conversaciones generó la sospecha que de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, designó a Lula ministro para demorar el proceso jurídico contra el ex presidente, que tomó posesión de su cargo en un clima de protestas en las calles.
El jurista afirmó que el diálogo fue malinterpretado y señaló que el juez Moro, responsable por las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras, no tenía competencia para autorizar la grabación de un jefe de Estado.
