La decisión lleva la firma de los vocales naturales del tribunal, René Goane y Daniel Posse, y de los camaristas civiles que fueron elegidos por sorteo.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa, que el 16 de agosto pasado había anulado el resultado de las elecciones provinciales.
Así, el máximo tribunal provincial dio por válido el resultado de los comicios del 23 de agosto pasado, que consagraron ganador al candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur, en medio de denuncias de irregularidades.
El fallo, que se esperaba para el martes, se conoció pasada la medianoche, informó la agencia Télam. La decisión lleva la firma de los vocales naturales del tribunal, René Goane y Daniel Posse, y de los camaristas civiles que fueron elegidos por sorteo, Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas.
Las elecciones para elegir Gobernador de Tucumán, además de otros cargos locales, del 23 de agosto pasado, sufrieron denuncias de irregularidades, quema de urnas, otras urnas cargadas con votos antes de la apertura de los comicios, y episodios de violencia, entre otros problemas. Tras conocerse el resultado que le dio la victoria al candidato oficialista, miles de personas protestaron todas las noches frente a la Plaza Independencia, en el centro de la capital, contra el gobierno.
José Cano, candidato a gobernador de Acuerdo para el Bicentenario, llevó al tema a la justicia, que derivó en el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa, el mismo que acaba de ser anulado. Resta esperar para ver si la oposición eleva el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los abogados del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que presentarán el recurso extraordinario para que el caso llegue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si esta vía fracasa -el alto tribunal local debe habilitarla-, la oposición aún tiene la posibilidad de intentar un recurso de queja, por extraordinario denegado, directamente ante la Corte nacional.
Ese estrado puede, a su vez, rechazar el juicio o admitirlo y pronunciarse en un plazo indefinido de tiempo, lo que podría generar la intervención federal de la provincia si el caso no tiene una resolución final antes del 28 de octubre, fecha en la que finalizan los mandatos de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los legisladores.
El gobernador José Alperovich advirtió que si deben llamar a nuevas elecciones se necesitan entre cuatro y seis meses por lo que resulta imposible definir por esa vía las futuras autoridades provinciales antes de la fecha prevista para el final de su mandato.
Tucumán no cuenta con una Ley de Acefalía que pueda solucionar ese problema, aunque legisladores opositores presentarán en las próximas horas un proyecto para subsanar ese problema y evitar que la solución llegue por la vía de la intervención federal.
El proyecto contempla la posibilidad de prorrogar los mandatos del gobernador y vice, legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales hasta que la causa se resuelva definitivamente en la Justicia.
