La oposición salió a denunciar que Jorge Macri realizó una serie de millonarias contrataciones a favor de Bernardo Leopoldo Fernández, quien fue funcionario de su gobierno entre 2011 y 2014.
Al ritmo del “niembrogate”, las denuncias contra dirigentes del PRO en territorio bonaerense van viendo la luz. Hoy, el socialismo desempolvó, aprovechando la ola mediática, denuncias que viene presentando sistemáticamente desde 2013 y que vinculan a Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo de Mauricio, en un escándalo calcado al que estalló del otro lado de la General Paz.
En concreto, las denuncias opositoras dan cuenta de una serie de millonarias contrataciones directas de las que fueron beneficiarias sociedades integradas y hasta presididas por Bernardo Leopoldo Fernández, quien fuera funcionario de la administración local entre 2011 y 2014.
El caso guarda una serie de llamativas similitudes con el llamado "Niembrogate", en el que el comentarista deportivo y luego candidato a Diputado por el PRO facturó cifras millonarias al Gobierno de la Ciudad, administrado por Maurici Macri, por contrataciones directas de sus servicios de publicidad.
Fernández se desempeñó como Subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Vicente López desde el comienzo de la gestión Macri hasta diciembre de 2014, cuando, salpicado por denuncias de este tipo, decidió dar un paso al costado. Antes de eso, había dejado un tendal de contrataciones sospechosas todas.
La primera data de 2012. En ese año, a través del Decreto 1887, el Municipio alquiló un local para instalar la Secretaría de Seguridad y un Centro de Monitoreo a la empresa Desarrolladora del norte, que tenía a Fernández entre sus integrantes, nada menos que como presidente.
Según indicaron desde el socialismo, la contratación configura una “clara violación del art 6º inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades” lo cual fue denunciado en el Concejo Deliberante. La cifra de la contratación es superior a los 3.5 millones de pesos. El HCD nunca homologó esos contratos.
Las contrataciones directas a Fernández y a sus sociedades continuaron a pesar del escándalo. Otra de ellas posibilitó la locación del Instituto de Formación y Capacitación Policial de Vicente López, en otro inmueble de Fernández, sito en Hipólito Irigoyen 4848 de la localidad de Florida Oeste.
Según la oposición, “en esta oportunidad para cubrirse de otro caso ilegal el funcionario renunció en Diciembre de 2014, creando la sociedad YRIGOYEN CENTER S.A. el 13 de Enero de 2015, siendo sus socios Bernardo Leopoldo Fernández, Diego Martin Sola Prats y Macarena Fernández”.
Pero hay más, siempre según la denuncia del Socialismo, esa sociedad adquirió en el mismo mes un predio en Hipólito Irigoyen 4848 a la firma Ribera Desarrollos SA, quien es propietaria del Complejo Al Rio, que tienen una concesión del Municipio por un predio de 69.000 m2 donde se está construyendo un mega complejo en tierras públicas.
El Municipio estableció en dicho contrato de locación un plazo de duración de 3 años a partir del 2 de Febrero de 2015, con opción a 22 meses adicionales, venciendo el 30 de Noviembre de 2019, por un monto total de $ 32.335.734, abonándose el periodo 2/2/15 al 31/12/15 por un monto de $ 7.475.705 en forma anticipada.
Las contrataciones, según consta en las denuncias, suman entre las dos sociedades y los múltiples contratos, $ 35.898.164, sin contabilizar otros tantos millones en refacciones de los inmuebles, quince más que los 20 millones del niembrogate.
