por Fernanda Vallejos
Esta mañana la Corte norteamericana dio a conocer su decisión de no
aceptar el caso argentino con los fondos buitres, lo que significa, en
la práctica que queda firme el fallo del juez
Griessa.
Por medio de aquel fallo, el juez Griessa reinterpretaba la cláusula
de pari passu (tratamiento igualitario), colocando a este pequeño grupo
de especuladores que representan el 0.45% de bonistas, por encima del
93% que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. En el marco de la interpretación del juez neoyorkino se determinaba, entonces,
que la Argentina pague U$U1.330 millones a los buitres, que corresponden
al 100% del valor nominal de los títulos adquiridos a precio vil ya en
default, tal es la estrategia de estos fondos -con gran
capacidad de lobby.
Asimismo Griessa había determinado que la Argentina no podría seguir
pagando a los bonistas que forman parte del 93% que tienen títulos con
sede en Estados Unidos sin pagar paralelamente el 100% a los buitres, so
pena de embargo.
De modo tal que la decisión de la corte estadounidense, mientras
devuelve el caso al fuero de Griessa estableciendo la posibilidad de una
negociación con los buitres, con ese juez de por medio, acaba de
generar un precedente a escala internacional. ¿Quién podría tener
estímulos para ingresar en un proceso de reestructuración de deuda
soberana con este antecedente que avala a que un solo acreedor que no
acepte las condiciones puede inhibir, con la complacencia de la
justicia, todo un proceso?
Esto mismo fue lo que advirtió, dentro del importante coro de voces
del escenario internacional que se pronunciaron en contra de un fallo
favorable a los buitres, el propio gobierno norteamericano. En este
sentido, sin dudas, el fallo de la Corte, con la excepción de la jueza
Sotomayor, aparece desafiante frente a la opinión de la administración
Obama. El fallo implica un riesgo sistémico claro, en un mundo donde la
crisis del sistema financiero tiene en jaque a un número no
desdeñable de economías con situaciones de insolvencia y necesidades de
reestructuración de sus abultadísimas deudas soberanas. Si esos procesos
se hacen inviables, esas economías serían empujadas, sin escala, al
default.
Una lección de este suceso tiene que ver con la necesidad de volver a
posar la mirada en la ausencia de una adecuada regulación internacional
que de un marco de viabilidad a los procesos de renegociación de deuda
soberana, por un lado, y que limite el accionar de comportamientos
especulativos de ciertos actores de las finanzas globales que someten a
los países.
Volviendo a la esfera local, lo que se sigue de la decisión de la
corte norteamericana es la posibilidad de abrir un proceso de
negociación con los buitres que extienda los tiempos más allá de
diciembre de 2014, en que dejaría de regir la cláusula RUFO que impide
que Argentina de un tratamiento diferencial a otros bonistas respecto
del que fue aceptado por el 93% de los ingresaron a los canjes, cosa que
significaría poner en riesgo el proceso de renegociación previo. Sería
una opción con final abierto.
Por otra parte, si persisten los términos del fallo de Griessa antes
de enero de 2015, habrá que garantizar los mecanismos para seguir
honrando los compromisos con el resto de los bonistas eludiendo el
escenario de embargo vía Nueva York. En el momento de la reapertura del
tercer canje, la Presidenta había hecho mención a la voluntad de elevar
la propuesta de cambiar esa sede por la de Buenos Aires de modo de poder
seguir depositando los pagos con normalidad a los tenedores de bonos
con esas condiciones de emisión.
En el escenario de persistencia de los términos del fallo de Griessa,
lo que abriría litigios potenciales de otros bonistas que también
podrían reclamar el pago del 100% del valor de sus tenencias -según
estimó el Ministro de Economía- por U$S15.000 millones (equivalente a la
mitad de las reservas que atesora el BCRA), por lo que se asume la
negativa de nuestro país a efectuar los pagos a los buitres en esas
condiciones, el mayor perjuicio para nuestra economía estaría dado por
las peores condiciones que pesarían para el país para obtener
financiamiento externo.
