Viernes 02 de mayo de 1997 | Publicado en edición impresa
Editorial
Extorsiva decisión de la CGT
La Confederación General del Trabajo ha dispuesto su sexto paro general
del período correspondiente al actual gobierno "decimonoveno desde la
normalización constitucional en 1983", esta vez "contra la desocupación,
por el pleno empleo, por la plena vigencia de los convenios colectivos,
contra la violencia y la represión, contra la precarización del empleo y
por los jubilados y los docentes".
El secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, había dicho que el 1° de
Mayo informaría cuándo se realizaría la huelga; pero el jueves, en
cambio, agregó un vigésimo paro, para junio "por 36 horas y con
movilización", pero también sin fecha fija. La CGT declaró además "con
muy escasa adhesión" paros de una hora por turno "en repudio de la
represión", por los hechos de Neuquén, sobre todo como una necesidad
política frente a las acciones que otras entidades sindicales disidentes
dispusieron por la misma causa.
Estos paros son parte de un indisimulable intento por recuperar la iniciativa política perdida por la central obrera y seguramente integra, también, un proyecto más ambicioso: forzar al gobierno a ajustar la reforma laboral a sus intereses antes de las elecciones, y obtener concesiones político-electorales dentro del justicialismo, en el que declaradamente se alínea. Como es notorio, la negociación de la reforma laboral está trabada por disidencias con el sector empresarial, lo que llevó al gobierno a postergar el tratamiento de sus puntos esenciales hasta después de los comicios del 26 de octubre.
Como otras veces, la decisión tomada por la CGT con tanta anticipación pero sin fecha fija es parte de una recurrente gimnasia táctica con clara finalidad política, y pretende ejercer una presión permanente sobre el Gobierno y sobre el oficialismo. Pero las motivaciones formales que alega son tan amplias y generales que es imposible darles alguna respuesta, aún cuando hubiera voluntad política y consenso social para satisfacer sus exigencias.
Si no fuera porque en esta oportunidad el anuncio de nuevos paros tiene el claro propósito de forzar decisiones del gobierno para obtener una reforma laboral a su gusto mediante negociaciones tras la cortina y ganar posiciones en el internismo oficialista, otras cuestiones merecerían mayor atención. Por ejemplo, la realidad largamente demostrada de que las protestas gremiales de este tipo, constitucionales y legítimas, han sido de tal manera exacerbadas y desvirtuadas en nuestro país que carecen ya de toda significación como factor de cambio para resolver los problemas que motivan las reclamaciones.
Es evidente, en efecto, que ninguno de los dieciocho paros generales realizados alcanzó alguno de los objetivos perseguidos por la CGT, cuya repetida dirigencia sigue empeñada en blandir sus propios intereses y en mantener un reducto político que es cada vez más pequeño por su declinante representatividad y por la fuerte crítica de la sociedad demócrática. .
