El intendente de San Antonio de Areco denunció
que un integrante del Batallón 601 que fue candidato de Cobos y es
elogioso de la gestión massista, agita desde las redes sociales este
discurso. El antecedente de Hurlingham, donde un funcionario debió
renunciar por su presunta complicidad con la dictadura.
El intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco"
Durañona, denunció el pasado 24 de marzo que un ex integrante del
Batallón 601 del Ejército administra una página de Facebook desde la
cual agita el discurso del "Estado ausente" en relación con la
inseguridad.
Se trata de Jorge Julio Garay, que se desempeñó como agente de reunión en el Destacamento de Inteligencia 201 entre 1978 y 1983, según consta en la nómina revelada por la revista Veintitrés y en la foja 35 de los archivos de la Dirección General de Inteligencia desclasificados por el Ministerio de Defensa, donde figuran todos los colaboradores civiles que reportaron al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la dictadura.
Garay es el administrador de la página de Facebook "Provincia
Insegura - San Antonio de Areco", donde publica noticias sobre hechos de
inseguridad y, desde sus editoriales, agita el discurso de la "ausencia
del Estado" y elogia el trabajo en materia de seguridad de municipios
como Tigre, San Isidro y Vicente López. En este último fue candidato a
concejal por el partido Consenso Federal de Julio Cobos, a pesar de
reconocerse de extracción peronista. Obtuvo 952 votos, el 0,60%.
"Él plantea miedo, es una de las tradicionales herramientas que se han utilizado para la instalación política. Lo mismo hace el Frente Renovador", sostuvo el intendente en una entrevista con el portal Primera Fila, y destacó que "surgieron listados de civiles que participaron en la dictadura, entre ellos está este personaje". No obstante, aclaró: "Si la Justicia no tiene nada que decir respecto de su conducta, nosotros tampoco, pero sí es importante que todos sepamos quién es quién a la hora de opinar".
El rol del Batallón 601
En el Batallón 601, así como en los destacamentos y secciones de las principales ciudades del país, revistaron los encargados de interrogar a los secuestrados en los centros clandestinos, procesar la información obtenida mediante torturas y también centenares de civiles infiltrados en sindicatos, fábricas, universidades y organizaciones sociales para "marcar" a los militantes "subversivos".
"El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar", declaró en 1986 el ya fallecido general Alberto Valín, encargado del Batallón durante 1976 y 1977. "Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra", destacó en su indagatoria el general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, condenado por su participación en la represión ilegal.
Incluso la Embajada de Estados Unidos, en un memo de abril de 1980 desclasificado por el Departamento de Estado, subrayó que "la desaparición es trabajo del 601". Incluso, por la rigurosidad con que se llevaba a cabo el plan de secuestro, trotura y desaparición de militantes en "la prisión secreta de Campo de Mayo", la Emabajada llegó a creer que la Junta Militar era "prisionera" de las decisiones del Batallón.
El antecedente de Hurlingham
En junio de 2010, por una denuncia del concejal Adrián Eslaiman de Nuevo Encuentro, debió renunciar un empleado de la Municipalidad que se desempeñaba como representante del Ejecutivo en el Consejo para la Persona con Discapacidad, ligado al Programa Argentina Trabaja.
Andrés Antonio Raiola, contratado por el intendente Luis Acuña (hoy en el Frente Renovador, por entonces en el FpV), también figuraba en la nómina de colaboradores civiles que prestaban servicios en el Batallón 601. En este caso, como Agente de Apoyo y Procesamiento, un trabajo que consistía en "marcar" a las personas que serían secuestradas por los grupos de tareas.
En Hurlingham ya existía otro antecedente de un funcionario ligado a la última dictadura. Juan José Álvarez, ex intendente del municipio, ex secretario de seguridad de Eduardo Duhalde y jefe de campaña de Sergio Massa, formó parte de la SIDE entre 1981 y 1984 por recomendación del entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy.
Se trata de Jorge Julio Garay, que se desempeñó como agente de reunión en el Destacamento de Inteligencia 201 entre 1978 y 1983, según consta en la nómina revelada por la revista Veintitrés y en la foja 35 de los archivos de la Dirección General de Inteligencia desclasificados por el Ministerio de Defensa, donde figuran todos los colaboradores civiles que reportaron al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la dictadura.
"Él plantea miedo, es una de las tradicionales herramientas que se han utilizado para la instalación política. Lo mismo hace el Frente Renovador", sostuvo el intendente en una entrevista con el portal Primera Fila, y destacó que "surgieron listados de civiles que participaron en la dictadura, entre ellos está este personaje". No obstante, aclaró: "Si la Justicia no tiene nada que decir respecto de su conducta, nosotros tampoco, pero sí es importante que todos sepamos quién es quién a la hora de opinar".
El rol del Batallón 601
En el Batallón 601, así como en los destacamentos y secciones de las principales ciudades del país, revistaron los encargados de interrogar a los secuestrados en los centros clandestinos, procesar la información obtenida mediante torturas y también centenares de civiles infiltrados en sindicatos, fábricas, universidades y organizaciones sociales para "marcar" a los militantes "subversivos".
"El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar", declaró en 1986 el ya fallecido general Alberto Valín, encargado del Batallón durante 1976 y 1977. "Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra", destacó en su indagatoria el general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, condenado por su participación en la represión ilegal.
Incluso la Embajada de Estados Unidos, en un memo de abril de 1980 desclasificado por el Departamento de Estado, subrayó que "la desaparición es trabajo del 601". Incluso, por la rigurosidad con que se llevaba a cabo el plan de secuestro, trotura y desaparición de militantes en "la prisión secreta de Campo de Mayo", la Emabajada llegó a creer que la Junta Militar era "prisionera" de las decisiones del Batallón.
El antecedente de Hurlingham
En junio de 2010, por una denuncia del concejal Adrián Eslaiman de Nuevo Encuentro, debió renunciar un empleado de la Municipalidad que se desempeñaba como representante del Ejecutivo en el Consejo para la Persona con Discapacidad, ligado al Programa Argentina Trabaja.
Andrés Antonio Raiola, contratado por el intendente Luis Acuña (hoy en el Frente Renovador, por entonces en el FpV), también figuraba en la nómina de colaboradores civiles que prestaban servicios en el Batallón 601. En este caso, como Agente de Apoyo y Procesamiento, un trabajo que consistía en "marcar" a las personas que serían secuestradas por los grupos de tareas.
En Hurlingham ya existía otro antecedente de un funcionario ligado a la última dictadura. Juan José Álvarez, ex intendente del municipio, ex secretario de seguridad de Eduardo Duhalde y jefe de campaña de Sergio Massa, formó parte de la SIDE entre 1981 y 1984 por recomendación del entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy.
