HECTOR RECALDE, DIPUTADO DEL FPV Y ABOGADO LABORALISTA
Por Miguel Jorquera
El
diputado kirchnerista Héctor Recalde es un experto abogado laboralista
que asesoró durante años a la CGT y ahora preside la Comisión de
Legislación Laboral de la Cámara baja. En diálogo con Páginal12 augura
que las paritarias de este año “no aumentarán la conflictividad social”
como sucedió en la última década. Asegura que los acuerdos con las
policías provinciales son jurídicamente de “nulidad absoluta” y propone
primero revisar el papel de las fuerzas de seguridad, resolver su
responsabilidad en la “extorsión y sedición” contra el poder político
antes de discutir su sindicalización. Insiste en que la reducción de la
jornada laboral ayudará a combatir el desempleo, creando 200 mil nuevos
puestos de trabajo, les apunta a los empresarios por el trabajo en negro
y afirma que su proyecto de reparto de las ganancias empresarias entre
sus trabajadores “es una de las metas que se trazó el Gobierno” para
estos dos años.
–Las paritarias de este año amenazan con ser complicadas.
–Más allá de la alarma y los gritos, las paritarias van a concluir, y
esto pasa ya desde hace mucho tiempo, con la misma escasa
conflictividad que hubo en los últimos años. Tal vez el año pasado con
un poco más de espectacularidad debido a las elecciones. Además, el
dirigente sindical sabe que por más que reclame lo que la cámara
empresaria no puede dar difícilmente lo obtenga y los empresarios saben
hasta cuándo pueden acordar. Por supuesto, unos defienden la naturaleza
alimentaria del salario y los otros, la rentabilidad.
–¿Los acuerdos salariales con las policías provinciales no le han
puesto un listón muy alto al resto de los trabajadores, que pujarán por
lo mismo?
–La sedición de algunas policías provinciales hace a los acuerdos
nulos de nulidad absoluta por vicio de la voluntad. Por supuesto, esto
es una conceptualización jurídica de lo que pasó, después cada
gobernador hará lo que la realidad le permita hacer, pero yo estoy de
acuerdo con aquellos gobernadores que están planteando una readecuación
de los acuerdos. Hay que separar la paja del trigo: el reclamo salarial
siempre es justo, acá lo que estamos cuestionando son los métodos, sobre
todo tratándose de la policía. Ahora creo que ningún dirigente sindical
pueda tomar en serio un aumento del 50 por ciento de la policía, como
pasó en algunas provincias.
–¿Está de acuerdo con la sindicalización policial?
–Tengo posición tomada sobre esto, pero por un sentido de
oportunidad me niego a discutirlo ahora, en este contexto. Primero
tenemos que ver qué pasa con los organismos de seguridad, qué pasó, qué
sucedió, las complicidades, las responsabilidades. La OIT dice
expresamente que tiene que haber una ley especial para que haya canales
de diálogo, aunque también pone limitaciones al ejercicio del derecho de
huelga, como la extorsión, dejar en indefensión a las personas, la
complicidad en los saqueos que hubo. Primero tenemos que ver esto antes
de pasar a la sindicalización.
–En la discusión partitaria, sindicalistas y empresarios argumentan
sus posturas a partir de la inflación. ¿El acuerdo de precios que
realizó el Gobierno con las empresas puede ayudar a la negociación?
–Vamos a ver cómo resulta, pero incorpora como novedoso el análisis
de la cadena de valor y contempla una tasa de rentabilidad razonable.
Nadie pide que una empresa que tiene como finalidad el lucro sea una
sociedad de beneficencia, pero en el mundo una renta anual es el 6 por
ciento. Por eso a las empresas que tienen una capacidad monopólica en el
acero y aluminio, algunos oligopolios en la leche y aceite, hay que
pedirles razonabilidad. Acá juntaron a todos los sujetos que intervienen
en esa cadena y me parece importante la participación popular.
Lógicamente, puede haber desfases y habrá que revisar cotidianamente. La
intención es que no haya un aumento injustificado de precios en la
defensa de la canasta alimentaria.
–El trabajo informal también se ha estancado...
–Hay un estancamiento en el 34 por ciento, no en el 40, como dicen
algunos, pero que igual es alto. Hay un compromiso del Ejecutivo, a
través del Ministerio de Trabajo, que apunta a bajar el trabajo en negro
y es una preocupación fundamental, porque tiene que ver con la
inclusión social. Pero la principal responsabilidad de tener un
trabajador en negro es del empleador, que al mismo tiempo es un evasor.
Se quejan de la “presión tributaria”, pero no se fijan en los
empresarios que compiten deslealmente tendiendo trabajadores en negro.
–¿Y el desempleo?
–No estamos tan mal en desempleo, es del 6,2. Pero también hay que
tratar de distribuir el trabajo que ya existe, reduciendo la semana
laboral de 48 a 45 horas, un poquito, y se repartirían empleos
existentes incorporando a 200 mil trabajadores. La responsabilidad
social empresaria no puede ser la amenaza del desempleo, como ya pasa,
para tratar de disminuir el reclamo de los trabajadores. La semana
laboral en Francia es de 35 horas, en Alemania de 39, en España 40 y en
Brasil de 44.
–¿Qué pasó con su proyecto de reparto de ganancias empresarias?
–Es uno de los proyectos entre las 250 metas que fijo el Gobierno.
En su momento, la Presidenta hizo una observación dándoles prioridad a
las negociaciones colectivas y ahí lo reformulé, diciendo que una vez
aprobada la ley en la primera ronda de negociaciones colectivas se
discuta cómo los trabajadores participan de las ganancias empresarias,
porque es un derecho constitucional. Darles una chance a los actores
sociales para que ellos lo definan. La observación me pareció oportuna
porque nadie conoce mejor la realidad de cada sector que los
trabajadores y empresarios.