Bacileff justificó su decisión al sostener que "cualquier acuerdo firmado bajo presión de armas o extorsión es nulo, lo dice la Constitución". Además, en declaraciones a radio Del Plata, el mandatario indicó que nunca firmó el acuerdo, por lo tanto no fue ratificado.
En medio de la crisis policial y ante una ola de saqueos en Resistencia y otras localidades -durante los cuales hubo cuatro muertos-, el ministro de Gobierno Marcos Verbeek acordó con los policías un sueldo inicial de 8 mil pesos a cambio de que levantaran el acuartelamiento.
Pero hoy Bacileff confirmó que no tendrá en cuenta ese convenio porque se firmó en "un pico de crisis" y "no se puede tolerar que se levanten en armas contra la democracia". Ya el mismo día del acuerdo, el gobernador había dicho que lo había aceptado para evitar "una matanza". "Tuve que transar los principios que tengo para salvar la vida de los ciudadanos chaqueños. Permití ciertos diálogos que están prohibidos por la Constitución", dijo Bacileff el 10 de diciembre pasado, en una conferencia en la que criticó durísimo a Jorge Capitanich y al Gobierno nacional por no enviarle la Gendarmería.
Pero además de las cuestiones constitucionales esgrimidas por Bacileff, en realidad la cuestión es la falta de fondos para afrontar el incremento salarial. "Un aumento a 8.000 pesos es imposible porque de haber una reestructuración salarial debe hacerse para todo el cuerpo policial, y en los términos supuestamente acordados, un agente pasaría a cobrar más que un oficial", afirmó.
De todos modos, el reemplazante de Capitanich dijo dijo que "a partir de enero vamos a empezar las paritarias con los gremios del Estado y veremos también cuales serán los aumentos para el cuerpo policial". Mientras tanto, la gobernación garantizará un salario inicial de 6 mil pesos mediante el pago de "un adelanto de sueldo que va de 1200 pesos a 1400 pesos".
Según el Diario Norte, la decisión del gobierno provincial no fue unilateral sino que se hubo contacto con diversos referentes policiales para tratar de atenuar el impacto. "Yo no puedo aceptar una imposición que a su vez me va hacer llevar sueldos docentes a 50.000 pesos mensuales. Eso es algo imposible", había dicho días atrás Bacileff.
Para justificar la marcha atrás del acuerdo, el gobernador instruyó a sus funcionarios para que llevaran la cuestión a la Justicia. "Hay dos expedientes. Se hizo una denuncia en la justicia provincial, a la que estoy obligado a hacerla y la hice en virtud del artículo 7 de la Constitución Provincial, que dice que toda concesión de tipo remunerativo que haga bajo presión tiene efecto de nulidad. Eso hoy está sometido del Procurador General", explicó Bacillef. La otra denuncia se tramita en la justicia federal y es por el supuesto delito de sedición por parte de los efectivos que se acuartelaron.
