El impulso de Gils Carbó a las investigaciones sobre
delitos complejos o desatendidos provocó la respuesta del establishment
judicial que intenta expelerla como un cuerpo extraño, la oposición
política que quiere desgastar al gobierno, sectores oficialistas
vinculados con los servicios de informaciones, empresas que han
confrontado con la Procuradora, procesados por crímenes de lesa
humanidad y organizaciones criminales combatidas por las Procuradurías
temáticas y los fiscales ad hoc.
En la
ofensiva contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, por la creación de Procuradurías Temáticas y la designación de
fiscales ad hoc, subrogantes o coadyuvantes, coinciden sectores muy
distintos de la política, la Justicia, los servicios de informaciones y
el poder económico y financiero, alarmados por el activismo del
Ministerio Público Fiscal, que no respetó pactos preexistentes, esferas
de poder, combinaciones de negocios ni acuerdos de compraventa de
influencias. Desde el punto de vista del interés social lo que está en
juego es el rol de la Justicia y su decisión y capacidad para enfrentar a
las mayores organizaciones criminales. Un clarísimo ejemplo se
encuentra en el cotejo de las acciones de la Unidad Fiscal para la
Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) con las de
la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (Procelac). La primera fue creada en 2006 por el ex procurador
Esteban Righi y estuvo a cargo del fiscal general Raúl Plee. La segunda,
en 2012 por Gils Carbó, quien designó allí al fiscal Carlos Gonella. En
2012, Plee solicitó el embargo de 300.000 pesos en bonos, tres
vehículos y un inmueble y secuestró 120.000 dólares. En lo que va
de 2013, Gonella pidió el embargo de 187 millones de pesos y
secuestró 3,3 millones. La Ufilavdin obtuvo dos medidas cautelares y la
Procelac 257. Plee solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias
que recibía, Gonella de ninguna. Se entiende que el titular de la
Procelac y su jefa hayan sido el blanco elegido.
De escudos y rehenes
Gils Carbó no perdió el tiempo. En cuanto asumió el cargo, en agosto
de 2012, comenzó a crear las procuradurías temáticas, organizar los
equipos de trabajo y designar fiscales subrogantes y/o ad hoc en causas
de criminalidad económica, narcocriminalidad, trata de personas y
violencia institucional. Recibió entonces la visita del fiscal general
ante la Cámara Federal de la Capital, Germán Moldes. Sin alzar nunca la
voz, Moldes le informó, por si no lo supiera: “Recuerde doctora que
Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y
tuvo que irse a vivir a otro país”. El desplazamiento de Plee fue leído
como una declaración de guerra en los tribunales federales de la avenida
Comodoro Py, donde en dos décadas Moldes llegó a convertirse en un
pilar del sistema vigente. Antes fue viceministro del Interior con José
Luis Manzano, gestión durante la cual intervino en el irregular ingreso
al país de los traficantes de armas y primos políticos del presidente
Menem, Monzer y Ghazan Al-Kassar. Cuando le hicieron pagar el escándalo a
la Dirección Nacional de Migraciones, su relevado director denunció que
Moldes cobraba comisiones por autorizar en forma irregular trámites de
inmigrantes asiáticos y por permitir el paso por puestos de frontera y
aeropuertos de personas buscadas. Según Gustavo Druetta, Moldes lo
exhortó a que él también “recaudara”. A la caída de Manzano, el
secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy remitió a Moldes a tribunales,
como fiscal ad hoc en la causa AMIA, para supervisar que las
investigaciones no rozaran al gobierno. El ariete encargado de cumplir
la amenaza de Moldes a la Procuradora fue el fiscal federal Guillermo
Marijuan. Pequeño, relleno y desaliñado, Marijuan es la contracara
perfecta de Moldes, longilíneo y elegante como un dandy. Pero la extraña
pareja se complementa a la perfección. Además, Marijuan suma otro
elemento importante a la coalición: es el hombre más próximo en Comodoro
Py al diputado electo Sergio Massa. En 2002, el entonces Procurador
General Nicolás Becerra suscribió un convenio con la ANSES, creando una
Unidad Fiscal a cargo de Marijuan para investigar delitos contra la
Seguridad Social (UFISES), que, en cooperación con Massa, debía asistir a
los fiscales federales de todo el país y organizar tareas de
capacitación. La principal preocupación que Massa transmitía por
entonces a sus colaboradores era crear “un escudo judicial para no ser
rehén de Comodoro Py”. Ese broquel incluía al también fiscal Carlos
Stornelli y a los jueces Guillermo Montenegro y Claudio Bonadío, otro
gran valor surgido de la escudería Manzano. El asistente de Massa en esa
construcción fue su asesor jurídico Gabriel Mihura Estrada, sobrino del
ex Secretario de Seguridad de la dictadura y del menemismo, Santiago de
Estrada.
El Obispo
De Estrada era uno de los principales consejeros de Massa en el ente
previsional, junto con Horacio Rodríguez Larreta. El bisemanario Perfil
sostuvo que Massa se refiere a Marijuan como Guido, por la sede de la
Procuración General, donde tendría el propósito de designarlo titular.
La probabilidad de que ello ocurra es ínfima. Que la fuerza provincial
que construyó el intendente de Tigre llegue a la presidencia es una
hipótesis de envidiable optimismo. Pero aún si ello sucediera, Gils
Carbó sólo podría ser removida por juicio político, con los dos tercios
de cada cámara del Congreso, igual que los jueces de la Corte Suprema.
El 4 de marzo de este año el municipio de Tigre comunicó los avances en
la construcción de un moderno estadio de hockey. El informe oficial
concluye con el comentario aprobatorio de Marijuan, a quien la gacetilla
presenta como un colaborador en la iniciativa y padre de una jugadora:
“Estamos muy conformes porque la cancha será de primer nivel, como lo
exigió el intendente Ma-ssa”, dice.
Una tradición democrática
Ante una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, según quien
la “modificación de la estructura” del Ministerio Público y la
“designación irregular” de fiscales ad hoc y subrogantes violarían la
ley y la Constitución, Marijuán imputó a la Procuradora y a 39
funcionarios designados durante su gestión con y sin acuerdo del Senado.
Como Gils Carbó carecería de facultades para nombrarlos, esos
funcionarios habrían usurpado la autoridad que ejercieron. Tanto
Cimadevilla como Marijuan mencionaron como ejemplo los casos de
Procelac, a cargo de Gonella, y Procunar, la Procuraduría contra la
narcocriminalidad a cargo de Félix Crous. Ambos son fiscales con acuerdo
del Senado. El 3 de mayo el juez Sebastián Casanello no sólo entendió
que no había delito. También cuestionó, con citas del maestro Julio
Maier, una estructura judicial medieval que las fiscalías reproducen en
espejo. La creación de la Procelac y la Procunar exteriorizan la
preocupación de Gils Carbó “por superar ese tipo de organización y
alcanzar una más eficiente”, escribió el juez. También dijo que las
designaciones, basadas en los artículos 11 y 33 de la ley orgánica del
Ministerio Público y en el 120 de la Constitución, ya habían sido
invocados para paliar el déficit de fiscales por los anteriores
titulares de la Procuración General, y que de no hacerlo Gils Carbó
hubiera incumplido con su mandato. Así es. En 1984 el Procurador General
del presidente Raúl Alfonsín, el dirigente radical Juan Octavio Gauna,
nombró como fiscal adjunto en el juicio contra las primeras juntas
militares al joven secretario de la Procuración General Luis Moreno
Ocampo. En 1990 el primer Procurador General del menemismo, Oscar
Eduardo Roger, dispuso que el entonces secretario Martín Niklison
interviniera como fiscal ad hoc en el juicio por el alzamiento del
coronel Mohamed Seineldín. La reforma constitucional de 1994, que
convirtió al Ministerio Público en un órgano independiente, con la
función de promover la actuación de la justicia en defensa de los
intereses generales de la sociedad, reforzó la legalidad de esta
herramienta de política criminal. Esto fue incluso reconocido por el
Estado Nacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
cuando se comprometió en el caso de la dirigente del CELS Carmen Aguiar
de Lapacó a gestionar la designación de un cuerpo de fiscales ad hoc que
actuaran en las causas por la verdad, como coadyuvantes y sin desplazar
a los fiscales titulares, tal como ocurre en la actualidad con las
Procuradurías y los fiscales ad hoc. Un compromiso similar asumió el
Estado en 2009, en el caso Vazquez Ferrá, de las Abuelas de Plaza de
Mayo, de modo que fiscales especiales diseñaran y ejecutaran un plan de
investigación sobre la apropiación de niños durante la última dictadura
militar. Equipos de trabajo de este tipo impulsaron los procesos por
crímenes de lesa humanidad en todo el país y otras causas de gran
trascendencia social, como las de violencia de género y trata de
personas; el asesinato del militante social Mariano Ferreyra; el lavado
de activos del Grupo Alé en Tucumán, derivación de la causa por el
secuestro de Marita Verón; el expediente en el que el fiscal subrogante
Juan Murray logró el procesamiento del ex jefe de la policía santafesina
Hugo Tognoli por colusión con el narcotráfico, o la similar causa
cordobesa en la que la Procunar asistió al fiscal Enrique Senestrari en
el desbaratamiento de la cúpula de la policía provincial, que también
participaba en el negocio ilegal de los narcóticos. Basta esta breve
pero impresionante lista de casos para advertir el papel decisivo que la
Procuración General ha tenido para cortar las redes de ilegalidad que
dejaban impunes graves delitos. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba,
el socialista Antonio Bonfatti y el Peornista Opositor José De la Sota,
no tuvieron mejor idea que acusar al gobierno nacional, por el detalle
secundario aunque no trivial, de que Gils Carbó integra la agrupación
Justicia Legítima. Pero luego debieron reconocer la realidad y remover a
sus respectivas cúpulas de seguridad. El santafesino incluso firmó un
convenio de cooperación con la Procuradora.
La teoría del vértigo
Cuando Casanello desestimó la denuncia, Marijuán apeló invocando la
supuesta “garantía del fiscal natural”, que no figura en la ley, la
doctrina ni la jurisprudencia. Moldes sostuvo la apelación en un escrito
mínimo en el que a falta de argumentos legales sólo reflexionó sobre la
mala relación entre la labor judicial y el vértigo. La Sala I de la
Cámara Federal hizo lugar y revocó por prematuro el fallo de Casanello.
La resolución fue preparada por el camarista Eduardo Farah, quien
defiende los argumentos de la Secretaría de Inteligencia en las dos
salas de ese tribunal, y firmada por su colega Jorge Ballesteros, un
hombre que ya está hecho y ama las actividades deportivas y viajar por
el mundo. A la denuncia de Cimadevilla se sumaron otras, muestrario del
amplio espectro de animadversiones suscitado por el cambio de actitud y
de ritmo del Ministerio Público. Una de una asociación civil próxima al
radicalismo, otra del legislador pinosolanista Julio Raffo, otra de la
diputada lilicarriotista Elisa Carrió. La de Raffo contra Gonella, que
Carrió extendió a Gils Carbó y Casanello, fueron radicadas en el
tribunal del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y su fiscal es
Gerardo Di Masi. Ambas sostienen que los funcionarios encubrieron
delitos que habrían cometido el ministro Julio De Vido y el empresario
Lázaro Báez. Con cada nueva denuncia, Marijuan amplió su requerimiento y
llegó a pedir la indagatoria de Gils Carbó y de Gonella y que la
denuncia original se acumulara en el juzgado de Martínez de Giorgi, a
quien considera más permeable que Casanello. La versión del
encubrimiento surgió de trascendidos filtrados por Marijuan, que La
Nación y Clarín dieron por ciertos. Pero ambos diarios debieron publicar
extensas rectificaciones enviadas por Gonella, quien demostró con
documentos de la causa que nunca hubo ningún proyecto de dictamen que
incluyera al ministro y al empresario. Mientras Marijuán se encontraba
de licencia los dictámenes fueron firmados junto a Gonella por el fiscal
en el inicio de la causa Báez, Ramiro González, un subrogante que no
figura entre los acusados por Marijuan. La imputación inicial, girada a
Gonella por el secretario de la fiscalía interviniente, Carlos Alberto
Vasser, sólo mencionaba a Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Ante una
nota periodística, Gonella pidió informes a la Unidad de Información
Financiera (UIF) y al Banco Central de la República Argentina, y de allí
surgió la posterior imputación a Báez, también firmada por González,
quien desmintió en una nota a la Procuración haber recibido cualquier
presión de Gonella. También enfiló contra la Procuración el defensor de
Carlos Pedro Blaquier, Jorge Valerga Aráoz, quien pretendía el
apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Esto fue concedido por la
Cámara Federal de Salta, pero el fallo fue apelado ante la Cámara de
Casación, que ya rechazó un recurso similar contra Gonella. Quien lo
presentó fue el ex general Luciano Benjamín Menéndez, en la causa en la
que fue condenado por el asesinato en La Rioja de los sacerdotes Carlos
Murias y Gabriel Longueville, donde Gonella fue fiscal subrogante. El
voto del presidente de la Casación, Gustavo Hornos, fue explícito en la
defensa de la legalidad del acto por el que Righi designó a Gonella, lo
cual preanuncia el resultado en las causas pendientes, cuyo principal
efecto es el escándalo.