Los ni-ni: una visión mitológica de los jóvenes latinoamericanos


Por María del Carmen Feijoó

Los problemas de inserción educativa y laboral de los jóvenes son una preocupación constante en nuestra región. Quienes no trabajan, no estudian y no buscan empleo son fuertes candidatos a la exclusión. Para evitarlo, las políticas públicas deben apuntar a una mayor articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, donde el primero mire hacia afuera de las aulas y el segundo pueda explicitar claramente sus demandas. Solo así se podrá eliminar la transferencia generacional de la pobreza.


Socióloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex investigadora del CONICET, profesora titular de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Columbia en Nueva York. Experta del Grupo de Consulta de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Coordinadora de RedEtis en IIPE-UNESCO Buenos Aires www.redetis.iipe.unesco.org e investigadora de la Universidad Pedagógica (UNIPE)


La aparición de los Ni-Ni como un problema social de escala mundial obedece a dos grandes razones, los cambios que han tenido lugar en la economía y la producción en las últimas dos décadas y la construcción de agendas por los medios de comunicación, al producir un sentido común aparentemente inequívoco sobre una evidencia empírica de carácter estadístico u observacional. Así, los Ni-Ni son como sirenas o centauros contemporáneos, todos los conocemos aunque no existan como tales. Por eso, hablamos de una visión mitológica de los jóvenes latinoamericanos.
Además de la imprecisión, el concepto incorpora dos implícitos: el primero, que se es Ni-Ni por la voluntad de serlo; el segundo, que ese universo tiene propensión a incurrir en conductas desviadas de los comportamientos “normales” para ese grupo de edad.
Antecedentes

Los problemas de inserción educativa y laboral de los jóvenes, resultantes de crisis bien conocidas, son una preocupación tanto en Europa como en nuestra región. Es también un fenómeno de los adultos que enfrentan procesos de exclusión del mercado de trabajo de larga duración. Pero no es un fenómeno reciente ni nació en España a fines de los 2000 sino en Inglaterra a mediados de los ’90 bajo la denominación en inglés NEET (not in education, employment or training), para nombrar a los que no estaban ni en la educación, ni en el empleo, ni recibiendo formación. El término fue utilizado por primera vez en 1999 en un informe de la Unidad de Exclusión Social del Reino Unido, cuyo objetivo era caracterizar la magnitud y naturaleza del problema que afectaba a los jóvenes. El informe estimaba los costos sociales y económicos de vivir esa situación y delineaba intervenciones para apoyar a los jóvenes en su transición de la escuela al trabajo, focalizando en el grupo de edad de 16 a 18.

A comienzos del 2000, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) retomaron el tema, considerando un grupo de 15 a 24 años de edad y otro que alcanzaba hasta los 29 años. El diario El País de España retoma en el 2009 la denominación y ayuda a su extensión en los países de habla hispana. El interés se sostenía en la crisis socioeconómica de algunos países de la Unión Europea, especialmente España, donde en el 2012 el 25% de los jóvenes entre 15 y 29 años se encontraba en esa situación, en Turquía alcanzaba al 30% y en Italia era de menos del 25%. El alto nivel educativo de los jóvenes no limitaba el desempleo y los ocupados eran “mileuristas” por los bajos niveles salariales aun para títulos de nivel superior. En América latina, la denominación fue difundida por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Reconociendo que el uso facilista del término es un boomerang por la creación de obstáculos para abordar del problema, el BID ha dejado de lado su uso. En el reciente Desconectados: Habilidades, educación y empleo en América Latina, analiza los factores que inciden en la producción del fenómeno y avanza hacia una nueva caracterización de esos jóvenes enfatizando el desajuste existente entre sus habilidades y competencias, en lugar de sus carencias en términos de acceso al trabajo y educación, moviéndose hacia aspectos más relacionales que los enfoques tradicionales que depositan la explicación solo en las características de los sujetos. Una mesa de trabajo con actores, realizada en Buenos Aires en octubre de 2014, se enfocó en el proceso de transición entre educación y trabajo avanzando hacia la introducción del concepto de Sí-Sí. La OCDE, sin embargo, sigue utilizando esta denominación en su boletín Education Today del 2013 y aun hoy, el Blog Humanum del PNUD publica un artículo que lleva por título “La persistencia de ser Ni-Ni” sobre la encuesta CASEN 2011 de Chile.
Los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en la prensa de la región

El Cuaderno Nº 17 del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) analiza quiénes son junto con su presentación en la prensa. Según el estudio, para tratar el tema hay que abordar varios problemas, entre ellos, la precisión sobre el rango de edad, la incidencia de la normativa de regulación del trabajo infantil y el impacto del desempeño escolar sobre los diferentes grupos incluidos.

Pocas citas alcanzan para describir la caracterización que se hace de los mismos: desde “legión de inservibles” en el diario El País de Uruguay; “cuadrilla de zánganos en prime time” en El Diario de Bolivia; “masas de desempleados prematuros y estudiantes exiliados” según El Universal de México. Respecto de sus actividades, se los caracteriza en el mismo periódico como “vagando por las calles, avenidas y centros comerciales...”, ocupando “su tiempo libre en los videojuegos, ver televisión, tomar licor con sus amigos, navegar en Internet y chatear en las redes sociales”, según La Hora de Guatemala. En otros casos, se los considera integrantes de bandas, carentes de proyectos de trabajo o perspectivas de crecimiento personal…..” y en Cuba, como “drama social que afecta al planeta”.

El diagnostico pone énfasis en el debilitamiento del vínculo entre estudio y trabajo, la centralidad del rol del sistema educativo, la necesidad de la adecuación de su oferta a los contextos locales y la demanda –pocas veces destacada– de asumir una perspectiva de género sobre el problema. No están presentes los temas de acceso a la salud sexual y reproductiva y, a lo sumo, el tema aparece como el tiempo de cuidado en términos de responsabilidades inter e intrageneracionales.
¿Quiénes son los jóvenes Ni-Ni?

La construcción de la categoría Ni-Ni es resultado de la asociación de dimensiones de por lo menos dos variables, la del estudio y la de la inserción en el mundo del trabajo. Pero su complejidad interna es mayor. Desde el punto de vista del trabajo, las personas pueden ser activas o inactivas, esto es, pueden estar trabajando o buscando empleo si son activas –desocupadas– o pueden definirse como inactivas, esto es que ni trabajan ni buscan empleo. Desde la dimensión educativa, pueden estar estudiando o no. La noción Ni-Ni sin mayor calificación oscurece la relación con el mundo del trabajo y opaca la pertenencia al sistema educativo. Ese híbrido binario no da cuenta de que la combinación de ambas variables arroja por lo menos seis categorías distintas que surgen de las combinaciones de ocupado, desocupado o inactivo con las de estudia o no estudia. Como decíamos en un artículo con L. Bottinelli, las categorías deben diferenciar por sector social y por sexo, pues ser mujer o varón, pobre o rico, tiene una alta incidencia, en una sociedad que conserva una fuerte división sexual de roles. La OIT complejiza el análisis incorporando a los Ni-Ni a los que no buscan, pues deja de considerarlos inactivos porque no buscan dado que la conducta socialmente esperada para ese grupo de edades activas incluye incorporarse al mercado de trabajo. Los llama entonces, Ni-Ni-Ni.

La referencia a los jóvenes como Ni-Ni supone que serlo es una decisión de carácter personal. Lo es, en la decisión de dejar o seguir en la escuela o incorporarse al mercado de trabajo. Pero esta decisión se subordina a los ciclos de obligatoriedad escolar de los países, las necesidades propias o del hogar y las oportunidades del mercado de trabajo. Es decir que no hay decisión subjetiva al margen de las condiciones sociales propias de cada contexto. Por otra parte, la categoría convierte la situación de Ni-Ni en una condición ontológica que no da cuenta del pasaje por situaciones cambiantes en el tramo de edad, vínculo familiar y oportunidades. No considera la disminución del número de jóvenes Ni-Ni por las malas razones, como cuando resulta del desestímulo por la falta de oportunidades. Es necesario revisar los supuestos que constituyen las dos categorías críticas, los desocupados que buscan trabajo y no estudian y los que son inactivos y no van a la escuela. Además, si el trabajo que las mujeres inactivas realizan en los hogares fuera considerado “trabajo”, como reclama la economía feminista, estas inactivas en realidad serían ocupadas en las tareas del cuidado.
¿Cuántos y quiénes son los Ni-Ni?

Un reciente estudio de SITEAL de V. D’Alessandre sobre adolescentes y jóvenes que no trabajan ni estudian en América latina con foco especial en las mujeres, brinda información con datos provenientes de las rondas de encuestas de hogares de 18 países cercanas al año 2010. Para el tramo de edad de 15 a 17 la información sobre adolescentes que no estudian ni trabajan muestra como valor más bajo al Estado Plurinacional de Bolivia con un 4,6% y con el valor más alto a Honduras con 20,9%, o sea, una de cada cinco personas del grupo. En otros países de América Central como Guatemala y Nicaragua los valores son del 17% y 19%, respectivamente. Por otro lado la tasa de escolarización para estas edades tanto en Honduras, Guatemala y Nicaragua es la más baja de la región (entre 50% y 60% en cada uno de estos tres países). Finalmente, el promedio de adolescentes que no estudian ni trabajan para el total de los 18 países de América latina es de 10,6 por ciento.

El informe presenta importantes diferencias por sexo. El mejor valor para los varones corresponde a la República Bolivariana de Venezuela donde alcanza a 2,5%, seguido por el Estado Plurinacional de Bolivia con 2,9%, el más alto corresponde a Uruguay con el 11,3%. Nicaragua y Honduras lo siguen con una proporción de varones que no estudian y son inactivos mayor al 10%. Finalmente, el promedio para el conjunto de los 18 países de América latina es de 6,8%. Por su parte para las mujeres, el mejor dato corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia con 6,3% y el valor más alto a Honduras con 32,3%, es decir, existe una correspondencia con lo que se observa en los totales sin discriminar por sexo. Finalmente, el promedio de los países es de 14,8%, esto es, 8 puntos porcentuales mayor a lo que ocurría entre los varones. Se evidencian importantes brechas por género pero en los países del cono sur estas son muy bajas. En Argentina, Uruguay y Chile las brechas relativas son menores a 20% (1,1 y 1,2%) mientras que en países de América Central la proporción de mujeres que no estudian ni trabajan triplica a la de los varones.

Para el tramo de edad entre 18 y 24 años, el valor más bajo del total de los países estudiados corresponde a Uruguay con 11,1%, el más alto a Honduras, con 28.3%, y el promedio de los 18 países alcanza a 16,9%. Para los varones el mejor valor es el de Venezuela con 1,5% y el más alto el de República Dominicana con 14,5%; por último, para las mujeres, el valor más bajo es el de Venezuela con 13,6% y el más alto corresponde a Honduras con 47,1% así como Nicaragua y Guatemala con valores mayores al 40%. Por último, las brechas de género que se observan en este grupo de edad son aún más pronunciadas a las observadas entre quienes tienen entre 15 y 17 años.

Si, en cambio, para el tramo de edad de 18 a 24, analizamos la proporción de este segmento a nivel agregado de los 18 países, por máximo nivel de instrucción alcanzado, los datos muestran una consistente correlación para el total de mayor proporción que no trabajan ni estudian con los niveles educativos más bajos (29,8% con hasta primaria incompleta y 3,0% para nivel superior/universitario). Para los varones, el valor para primaria incompleta es de 5,9% y para el nivel más alto de 1,6% mientras que para las mujeres el nivel más bajo es de 56,9% y el más alto de 4,2%. Estos valores se modifican según la configuración familiar y su condición de jefes o cónyuges.

La publicación Trabajo decente y juventud señala que hay 108 millones de jóvenes de 15 a 24 años en América latina y el Caribe. De ellos, 37,2 millones solo estudia, 35,3 millones solo trabaja, 13,3 millones estudia y trabaja, 21,8 millones ni estudia ni trabaja. Entre estos últimos, 16,5 millones (75%) formarían parte del nuevo grupo caracterizado como Ni-Ni-Ni que tampoco busca trabajo.

La Población Económicamente Activa (PEA) está integrada por 56,1 millones de jóvenes, de los cuales 7,8 millones son desempleados y 48,3 millones están ocupados. Con déficit de empleo decente se encuentran 50 millones de jóvenes de los cuales los 16,5 millones Ni-Ni-Ni ya mencionados constituyen el núcleo duro, integrado por los jóvenes que no trabajan, no estudian y no buscan empleo, fuertes candidatos a la exclusión.

La ubicación de los que no estudian ni trabajan por quintiles de ingreso familiar per cápita evidencia que los mismos se concentran en los estratos de ingresos más bajos. Para el total de la población de los 18 países analizados, esos valores oscilan entre el 31,2% para el primer quintil hasta el 9% en el quintil más alto. Para los hombres, el 24% se encuentra en el primer quintil que se reduce al 6,6% en el quintil más alto mientras que las mujeres duplican la proporción de Ni-Ni de los hombres en el primer quintil pero también en el más alto, ascendiendo a 40,8% y 11,8%, respectivamente.
Nivel educativo de los jóvenes

La OIT informa sobre los jóvenes de 15 a 24 años por sexo según las actividades que realizan en el mercado de trabajo o su inserción en el sistema educativo. Para el total de la región en el año 2011, en el tramo de edad agregado, 34,5 del grupo de ambos sexos solo estudian, el 32,8% solo trabaja, el 12,4% estudia y trabaja y el 20,3% no estudia ni trabaja. Por sexo, las mujeres que solo estudian constituyen el 37,1% contra los hombres que son solo el 34,5%. Las mujeres que solo trabajan son el 23,7% contra el 32,8% de los hombres, los hombres que estudian y trabajan son el 14,2% y las mujeres el 10,6%, y en el grupo que nos interesa especialmente que no estudia ni trabaja, los hombres alcanzan al 12,0% contra un 28,6% de las mujeres. Es obvio que son mujeres que se dedican al cuidado, mostrando que esta clasificación invisibiliza dicho trabajo. En una perspectiva cronológica, el grupo de los que solo estudian ha aumentado desde el año 2005, ha disminuido levemente el grupo de los que solo trabajan, se mantiene estable el de los que estudian y trabajan y hay una mínima tendencia a la disminución de los que no trabajan ni estudian.
¿Qué hace este contingente de jóvenes en la región?

En la Conferencia de Población de América Latina y el Caribe de Montevideo una de las redes de jóvenes destacó la injusticia de que se estereotipen las condiciones de vida de los pobres de la región. Los jóvenes hicieron notar que los que no trabajan ni estudian son piezas fundamentales en las estrategia de los arreglos domésticos de sus hogares, desplegando actividades que van desde el cuidado de menores y ancianos, la atención de las tareas domésticas que los adultos no pueden cubrir, las pequeñas reparaciones en el hogar, los mandados y la articulación del mundo de los viejos con el nuevo mundo de los jóvenes. Describir ese despliegue cotidiano de actividades, del que hay poca información disponible, es una deuda pendiente con ellos que si no se salda, a su frustración objetiva puede sumar otra subjetiva consecuencia del hecho de que su caracterización como “Ni-Ni” los convierta en personas definidas más por la vida que no tienen que por la que tienen.

En este contexto, son relevantes los comportamientos por sexo determinados por la división sexual de roles sociales y, especialmente, por el papel que juegan las mujeres en el proceso reproductivo. Estas mujeres que no trabajan ni estudian, merodean continuamente alrededor de la maternidad, sea como evento reproductivo propio o por una maternidad social, que consiste en el cuidado de hermanos, hijos o sobrinos, que también se extiende en sus responsabilidades hacia otros miembros mayores de la unidad doméstica que necesitan cuidados. El paso de la maternidad social a la biológica se relaciona con la insuficiencia de políticas de salud sexual y reproductiva que les permitan decidir sobre su cuerpo aunque hay evidencia de que el embarazo adolescente es en muchos casos la búsqueda del único proyecto de vida posible y no solo resultado del desconocimiento o de la falta de acceso a recursos de salud.

El informe “Trabajo Decente y Juventud” de la OIT muestra algunas características de los jóvenes que no estudian ni trabajan según edad y sexo, focalizando en el tipo de desempleo que sufren y su dedicación a los quehaceres del hogar. Para el 2011, se puede ver que el desempleo alcanza al 24,6% (de los que 16,3% son cesantes, lo que señala que han estado previamente empleados) y 54,5% se dedica a quehaceres del hogar. Por sexo, el desempleo masculino total alcanza 41%, la situación de cesantía 28,7% y la dedicación a quehaceres 15% pero para las mujeres el desempleo alcanza al 17,5%, siendo cesantes el 10,9% mientras que la dedicación a los quehaceres del hogar alcanza a 71,4 por ciento.

La ocupación por ramas de actividad confirma la tendencia de la caída de la participación en la agricultura y en menor medida en la industria manufacturera, el crecimiento de la participación en construcción y sobre todo en el comercio. Estos datos dan pistas de los potenciales nichos ocupacionales para los que no trabajan ni estudian, en la medida en que la inserción en uno u otro sector de la economía requiere del desarrollo de diversas competencias. A nivel regional, el empleo de los jóvenes se concentra en tres ramas de actividad, 29,1% en comercio, 20,9% en servicios y 14,3% en industria. Estos datos son mucho más altos para las mujeres ya que solo 38% de los hombres se desempeñan en el sector terciario y esta proporción asciende a 69% de las mujeres. La mayoría de los jóvenes que trabajan lo hacen como asalariados en el orden del 65,7%, en segundo lugar, como trabajadores independientes en un 14% para los jóvenes y 12% para las mujeres, estas especialmente concentradas en la categoría de servicio doméstico. En materia de protección social, acceso a los sistemas de salud y previsionales, solo alrededor de 37% de los jóvenes ocupados son cotizantes en salud y 39,5% en sistemas de pensiones, con grandes diferencias entre los países. El 55,6% de los jóvenes ocupados tenía un empleo informal y esa proporción es mayor para las mujeres que para los hombres.

Por eso, las políticas públicas deben ser un haz diversificado de alternativas que den cuenta, a la vez, de los que no están todavía en el mercado de trabajo y de las condiciones vigentes en el mercado al que pretenden ingresar.
¿Qué políticas públicas para superar la condición de Ni-Ni-Ni?

La multidimensionalidad de las transiciones de la adolescencia y la temprana juventud en materia de articulación entre estudio o formación e ingreso al mercado de trabajo no pueden ser respondidas sólo desde los enfoques sectoriales tradicionales de las políticas educativas y laborales. La complejidad interna de la categoría indica que cada contingente de jóvenes tiene problemas distintos y requiere soluciones distintas. Sin poner en duda la centralidad de los dos primeros componentes, es notable la ampliación de demandas en materia de nuevas políticas que reclaman respuestas holísticas encarnadas en el diseño de políticas de juventud. En este sentido, la tarea de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) ha consolidado una importante tarea de investigación y cabildeo poniendo en primer plano las demandas del grupo etario que, por supuesto, exceden a las previsiones que pueden proveer los sectores tradicionales.

Desde el punto de vista educativo, y en relación con la situación de los niveles educativos en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso, la mayoría de los esfuerzos generaron planes y programas para la finalización de los niveles educativos formales, tanto primario como medio o secundario. En muchos países, estos esfuerzos tienen como canal principal de operación los programas de transferencias condicionadas que como condicionalidad para que los hogares sigan recibiendo la transferencia, requieren que se certifique la concurrencia de los jóvenes al sistema educativo. Casos como el Bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia o la Asignación Universal por Hijo de Argentina son ejemplos en esa dirección. No es que se trate de programas educativos para adolescentes o jóvenes con bajo capital escolar, sino que se trata de programas de lucha contra la pobreza que requieren como condición que los chicos vayan a la escuela. Sin embargo, esta herramienta se encuentra subutilizada por no producir sinergias más dinámicas entre lucha contra la pobreza e incremento de la participación plena en el sistema educativo. El tema también fue ampliamente discutido en el Seminario 2013 del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), cuyos debates quedaron plasmados en la publicación “Educación y políticas sociales: sinergias para la inclusión”. También se debe pensar cómo la focalización en mujeres puede convertirse en un desestímulo para convertirse en ocupadas.

En los casos de programas de acceso libre y universal, hay algunos como el Plan Fines en Argentina, donde se completan los ciclos escolares adeudados. También hay alternativas para grupos históricamente discriminados como los pueblos originarios o afrodescendientes, con discapacidades de distinto tipo o diversas identidades de género. Como señala la OIT, “América Latina, la región más desigual del mundo en términos socioeconómicos, se ha caracterizado por presentar una situación constante donde la relación entre los ingresos de la familia y la educación de sus miembros ha sido directamente proporcional. Así, la mayor y mejor educación se concentra en los sectores de mayores ingresos, mientras que la peor o más reducida se concentra de manera indeclinablemente marcada, en los sectores de menores ingresos”.

Además de su condición de derecho humano, la educación evita la transferencia generacional de la pobreza. Para eso, las políticas públicas deben reducir la brecha de nivel educativo entre quintiles con programas diversos, que superen el perfil de la oferta que previamente los expulsó. También la currícula de los distintos niveles debe incluir la formación para el trabajo, no como un elemento recursohumanista, sino rescatando su centralidad en la vida de los jóvenes, junto con la transmisión del estatuto de derechos y deberes que debe regir la vida laboral.

La OIT propone políticas diferenciadas según la situación de desempleo, empleo informal y los que denomina Ni-Ni-Ni desde políticas para capacidades de empleabilidad, incluyendo educación, formación y competencias, insumos para la transición entre escuela y trabajo y programas de inserción laboral como pasantías, aprendizaje y políticas de primer empleo para los que se encuentran ya en el empleo informal, programas de incentivos a la formalización que operen sobre los empleadores e incluyan educación, formación y competencias, desarrollo de los pisos básicos de protección social y políticas de mercado de trabajo, como iniciativas empresariales y desarrollo del empleo por cuenta propia de los jóvenes.

Por último, para el grupo que tiene las tres privaciones, si son mujeres en los quehaceres del hogar, el desarrollo de políticas de conciliación trabajo-familia, de cuidado y campañas de acceso a la salud sexual y reproductiva. Finalmente, para los inactivos que no buscan trabajo se trata de generar programas de segunda oportunidad, incluyendo formación y educación, transferencias condicionadas y programas de participación juvenil.

La OIJ, en su interés por alcanzar una definición transversal de políticas para la juventud, y promover una “agenda post 2015” propone políticas para jóvenes con un enfoque amplio y abarcativo más allá de las conocidas tradicionalmente como políticas de juventud. La propuesta es transcender a las que se dirigen al tramo etario y recuperar la integralidad del tema, en el marco de la enorme variación de las identidades de los jóvenes.
¿Qué habilidades necesitan desarrollar?

A pesar del aumento de la matrícula escolar en América latina, hasta los que fueron al secundario tienen dificultades para ocupar los puestos de trabajo disponibles. Una explicación es la calidad de la educación que reciben; otra, la poca pertinencia de las habilidades que forman las escuelas y las que demanda el mercado laboral. Este desacople requiere repensar la oferta educativa, superando las habilidades solo cognitivas y académicas dirigiéndose hacia las no cognitivas y socioemocionales, aspectos menos valorados en la oferta escolar tradicional. Los empleadores piden habilidades blandas, que incluyen habilidades sociales, de liderazgo, estrategias metacognitivas y autoeficacia o capacidad de percepción.

En síntesis, mayor articulación entre el sistema educativo y el mundo de trabajo. Esta convergencia de intereses y ofertas requiere el diálogo entre un sistema educativo que mire hacia afuera de las aulas, un mundo del trabajo que pueda explicitar claramente sus demandas y, por último, la participación de los jóvenes que expresen sus carencias, necesidades y deseos, todos ellos reforzados por políticas públicas orientadas al cumplimiento del objetivo del trabajo decente.

Si esta convergencia no se logra, buena parte de los jóvenes seguirán siendo estigmatizados como los Ni-Ni-Ni más allá de toda explicitación que podamos hacer revisando críticamente esa condición.

Jobs Destroyed Worldwide as Coronavirus Sparks Recession

World job losses could reach total of 25 million, ILO warns

Unprecedented since Great Depression, Deutsche’s Hooper says


Storefronts are seen closed as streets stand unusually empty in the Fashion District of Los Angeles, California, on April 1.
The world’s workers are reeling from the initial shock of the coronavirus recession, with job losses and welfare claims around the globe already running into the millions this week.

As the International Labour Organization warns of almost 25 million layoffsif the virus isn’t controlled, the cuts from Austria to the U.S. reflect the deepest peacetime recession since the 1930s as economies are frozen to beat the pandemic.

“We see unemployment rates in the U.S. and Europe getting up well up into the teens,” Peter Hooper, global head of economic research at Deutsche Bank AG, told Bloomberg Television. “Given the pain that we see near-term in the U.S. and Europe, this is unprecedented since the Great Depression, in terms of magnitudes.”


Rising unemployment will intensify pressure on governments and central banks to speed delivery of programs to either compensate workers who are made redundant, or try to persuade employers to hoard staff until the virus fades.

Failure would risk an even deeper recession or weak recovery that would require policy makers to consider yet more stimulus on top of that already deployed.

At JPMorgan Chase & Co., economists predict their measure of unemployment in developed markets will jump by 2.7 percentage points by the middle of this year, having started this year around its lowest in four decades. While there will be some healing as economies recover, they still predict elevated unemployment of 4.6% in the U.S. and 8.3% in the euro area by the end of 2021.
Stress Test

The shock to labor markets also marks a stress test for different social models. The U.S.’s more flexible culture means more will lose their jobs than in the euro area or Japan, where there is a greater onus on retaining staff during a shock.

A first glimpse of the U.S. devastation was apparent in its monthly labor report on Friday, showing employment fell last month for the first time in a decade. Payrolls slumped by more than 700,000, seven times as much as economists had forecast. Those figures are all the more worrying because they cover only the start of the labor-market damage in early March, prior to the biggest rounds of layoffs and closures.

A greater hit is coming therefore, not least since the number of Americans applying for unemployment benefits soared to a record 6.65 million last week, more than twice the record set in the prior week. The 9.96 million combined claims of those two weeks is equivalent to the total in the first 6 1/2 months of the 2007-2009 recession.


Goldman Sachs Group Inc. this week predicted unemployment there will soon spike to a record 15%.

In Europe, a report showed almost one million Britons applied for welfare payments in the space of two weeks, 10 times the normal amount. The country’s statistics office released a survey of businesses where 27% of them are reducing staff levels in the short term.

There was also a record jobless-claims surge in Spain, whose nearly 14% unemployment rate is already among the highest in the developed world. Austria’s rate jumped to 12%, the highest since the aftermath of World War II.

While German unemployment barely rose in March, like the U.S. report, that data was based on a cut-off date before most shutdown measures took effect. But Detlef Scheele, who runs the country’s labor agency, said next month’s data will show increasing joblessness.
Hours Cut

A record 470,000 companies applied for German state wage support in March -- a number that is likely to continue rising -- suggesting that so far around a fifth of the workforce could have working hours reduced.

French businesses have also rushed to benefit from government aid to keep workers on their payroll, while getting paid 84% of their salary by the state. As of Thursday, 400,000 companies applied for 4 million workers -- around 20% of the private sector labor force.

Nordic data already shows the region is suffering a major employment shock, with more than 800,000 people out of work there, including in excess of 620,000 on temporary furloughs in Finland and Norway, according to calculations by Bloomberg.

Jobless Spike

Unemployment forecast to surge from low base in U.S., tick higher in EU

Source: Estimates by JPMorgan economists as of March 27

In Asia, Japanese unemployment held at 2.4% in February, but there’s been a sharp drop in the ratio of available positions to the lowest level in three years. More recent developments showed a rapid taking up of emergency loans via a government program for people who have lost their jobs or face wage cuts.

Almost 23 million, or a third of Thailand’s population, registered for the government’s cash handout since it was made available on March 28. The grants are intended to cover only 9 million people, and will pay out 15,000 baht ($455) to each individual over three months.

Much focus will fall on China, whose economy is returning toward full capacity. Its rate of surveyed urban unemployment jumped to a record 6.2% in February as business shut down. Those interruptions threw an estimated 8 million people out of work, according to economists at Australia & New Zealand Banking Group.

As eye-watering as this phase of the global economic crisis may already be, Peter Hooper at Deutsche Bank says the outlook won’t seem as bleak when the virus outbreak ceases and demand rebounds.

“You should see a fairly quick drop from these very lofty levels of unemployment,” he said.

Trump se resiste a una cuarentena nacional



Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la rueda informativa.


El gobierno de Estados Unidos no dará una orden a nivel nacional de cuarentena obligatoria, el procedimiento queda librado a la decisión de cada estado, anunció hoy el presidente Donald Trump.

"Dejaremos la decisión sobre la orden de los ciudadanos de quedarse en casa para los gobernadores individuales, estado por estado", dijo el presidente.
De ese modo, descartó un orden nacional a pesar de la presión de muchos, incluso de los expertos que trabajan con la Casa Blanca como Anthony Fauci. "En Italia y España es diferente, tienen un problema mayor", deslizó Trump.

"No creo que vaya a usar la máscara", acotó el mandatario después de decir repetidamente que la recomendación de las autoridades federales de salud a todos los estadounidenses, para usar máscaras, es voluntaria. "Puedes hacerlo, no puedes hacerlo, es solo una recomendación", agregó. La prensa se preguntó hoy las razones de la ausencia del máximo experto en infecciones de Estados Unidos, Anthony Fauci, en la rueda de prensa diaria sobre el avance de la pandemia. "No lo sé! Cada vez que no él está aquí, los medios falsos me preguntan sobre él ...", respondió el presidente.

El número de muertes por coronavirus en los Estados Unidos ha superado las siete mil con un aumento de más de mil muertes en un solo día, un nuevo récord
abrumador Los casos comprobados en todo el país son 274 mil. Nueva York, el estado más afectado, alcanza las 3.000 muertes, el doble que hace tres días.

¿Quién gestionará políticamente el miedo? Entrevista a Bertrand Badie

Eduardo Febbro

La impotencia de las potencias, la disputa por capitalizar el miedo, la crisis de Europa, los esfuerzos de China por sacar provecho de su lucha contra la pandemia y la expansión del virus hacia el Sur: estos son algunos de los temas en juego en la «geopolítica del coronavirus». El destacado académico Bertrand Badie los analiza en esta entrevista.


El trastorno planetario provocado por la propagación del Covid-19 no tiene espejos en la historia. Siete años después de que China pusiera en marcha su programa más ambicioso de reconquista del mundo reactualizando el mito de la Ruta de la Seda, esa ruta se convirtió en un sendero de muerte. En 2013, Beijing desplegó una red de infraestructuras repartida por los cinco continentes mediante comunicaciones marítimas y ferroviarias entre China y Europa, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Portugal, Francia o el Reino Unido. El sueño de 1.000 millones de dólares dio lugar a la tercera extinción del siglo XXI: la primera fue financiera, con la crisis bancaria de 2008; la segunda fue la extinción de las libertades cuando el ex-analista de la Central de Inteligencia Americana (CIA) Edward Snowden reveló la extensión y la profundidad del espionaje planetario orquestado por Estados Unidos y sus agencias de seguridad; la tercera es sanitaria.

Ya nadie se pregunta hacia dónde va el mundo sino, más bien, si mañana habrá un mundo. Las máscaras del tecnoliberalismo y su construcción global, es decir, la globalización, se han caído. La máscara, ese objeto tan precioso para sobrevivir, se volvió el revelador del abismo mundial; sin máscaras se corrió el telón de la ausencia de consenso a escala europea para enfrentar la crisis sanitaria y financiera, o pactar ordenadamente el cierre de las fronteras; sin máscaras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), supuestamente a cargo de la salud del planeta, demostró que era un gigante burocrático sin incidencia en la realidad; sin máscaras, la cooperación internacional apareció como una ficción desesperada. Las divergencias entre estadounidenses y europeos nunca fueron tan insuperables, tanto como las que atraviesan a los Estados que componen la Unión Europea. Entre insultos, incomprensión, golpes bajos y visiones antagónicas entre la preservación de la vida o la salud o la de la economía y las finanzas, los dirigentes de las potencias sobresalieron por su incapacidad para diseñar un horizonte.

El mundo que existía desde la Segunda Guerra Mundial dejó de respirar. Donald Trump enterró el multilateralismo heredado del siglo XX, mientra el coronavirus ponía la cruz sobre un sistema internacional que de «sistema» solo tenía el nombre.

Muchos de estos acontecimientos han sido anticipados por Bertrand Badie a lo largo de una obra consagrada a las relaciones internacionales. Profesor en Sciences Po París y en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI), Badie desarrolló una obra del otro lado de los consensos. En 1995 se adelantó en La fin des territoires [El fin de los territorios], en 1999 exploró cómo sería Un monde sans souveraineté [Un mundo sin soberanía] y en 2004 empezó a tejer el análisis sobre la inercia de los poderosos, es decir, la impotencia de los potentes y publicó L'Impuissance de la puissance. Essai sur les incertitudes et les espoirs des nouvelles relations internationales. Los ensayos siguientes lo acercaron a la configuración actual: El tiempo de los humillados. Una patología de las relaciones internacionales y Diplomacia del contubernio. Los desvíos oligárquicos del sistema internacional (ambos editados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero). En esta entrevista, realizada en plena crisis mundial, el profesor le sigue los pasos a un mundo que se cae y esboza los contornos del próximo.

Hemos cambiado de paradigma con esta crisis sanitaria. Usted sugiere que, desde ahora, la seguridad de los Estados ya no es geopolítica sino sanitaria.

Así es, y hay un conjunto de cosas. Están la seguridad sanitaria, la seguridad medioambiental, la seguridad alimentaria y la seguridad económica. Conforman varias seguridades que ya no son militares sino de naturaleza social. Se trata de un gran cambio con respecto al mundo de antes. En este momento, por primera vez en la historia, estamos descubriendo la realidad de la globalización. Este descubrimiento no atañe a los Estados, sino que toca a cada individuo. Esto es lo nuevo. En la historia, es raro que los individuos aprendan en directo, en su propia carne, en su vida cotidiana, cómo son realmente las transformaciones de la vida internacional. Antes estaban las guerras para acercar este aprendizaje, pero las guerras afectaban indirectamente a la población. Aquí, todo el mundo está afectado. Podemos entonces esperar un cambio de la visión del mundo y de los comportamientos sociales. Esta tragedia puede conducir a una transformación brutal de la visión que tenemos del mundo y de nuestro medio ambiente. Tal vez, se dejarán de lado todos los viejos esquemas, es decir, los esquemas como el de la concepción militar y guerrera de la seguridad, entiéndase, un mundo fragmentado entre Estados-nación en competencia infinita y una concepción de las diferencias que remite siempre a esa dualidad de la vida entre amigos y enemigos. Hoy ya no hay amigo o enemigo sino asociados que están expuestos a los mismos desafíos. Esto cambia completamente la gramática de la sociología y de la ciencia de las relaciones internacionales. El otro ha dejado de ser un rival, el otro es alguien de quien dependo y que depende de mí. Esto nos debe conducir hacia otra concepción de las relaciones sociales y de las relaciones internacionales, en la que estoy obligado a admitir que, para ganar, necesito que el otro gane; tengo que admitir que, para no morir, necesito que el otro no caiga enfermo. Esto es algo completamente nuevo.

Sin embargo, los desacuerdos entre los Estados nunca habían sido tan abismales. Las relaciones entre Europa y Estados Unidos han empeorado con esta crisis sanitaria mientras que, dentro de la Unión Europea, los antagonismos se han profundizado en el momento más dramático de la humanidad.

En la situación actual nos encontramos con desacuerdos entre Estados Unidos y el resto del mundo a los que ya estamos acostumbrados. Pero también vemos profundos desacuerdos dentro de Europa con, por ejemplo, el rechazo de Alemania a los famosos «coronabonos», es decir, la mutualización de las deudas. Ese será justamente el gran enigma cuando salgamos de la crisis. Seguimos estando coyunturalmente en un esquema de desacuerdos enormes y de competencia tal vez más agudos que antes. Pero eso es porque estamos en una situación de urgencia y, en estos casos, el reflejo natural es esconderse detrás de un muro, cerrar las puertas y las ventanas. Podemos esperar que el miedo suscitado por esta crisis conduzca a que se reconozca que no será viable enfrentar en forma duradera este tipo de nuevo desafío sin una profunda cooperación internacional. Es comprensible que los desacuerdos y la competencia entre los Estados sean densos en medio del incendio. Sin embargo, es necesario entender que, a corto plazo, habrá que cambiar de programa.

Queda entonces la tarea de redefinir una nueva geopolítica.


La geopolítica ha muerto. La visión tradicional, geográfica, de las relaciones internacionales no vale más porque estamos en un mundo unido. La realidad ha dejado de ser la confrontación entre regiones del mundo y Estados para volverse la capacidad o la incapacidad de gestionar la globalización.

El colapso sanitario explotó en un mundo ya muy trastornado por el surgimiento casi planetario de movimientos sociales y por la redefinición de las propuestas políticas marcadas por la nostalgia nacionalista. Las tres figuras emergentes de este contexto son los negacionistas de la pandemia: Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro.

La pandemia intervino en un contexto doble que no se debe olvidar. El primero es el ascenso vertiginoso del neonacionalismo en diferentes latitudes: en Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Europa e incluso en los países del Sur. Ese nacionalismo lleva a los dirigentes en el poder a promover o halagar a las opiniones públicas fomentando la ilusión de una respuesta nacional o de protección frente a los peligros. Ello agrava la situación porque esta tentación demagógica viene a complicar la gestión multilateral de esta crisis. El segundo contexto remite a que recién salimos de un año 2019 absolutamente excepcional. 2019 fue el año en que se dieron una multitud de movimientos sociales a través del mundo: América Latina, Europa, Asia, África, Oriente Medio. Estos movimientos sociales reclamaban lo mismo: un cambio de políticas. Las revueltas sociales denunciaban el neoliberalismo y la debilidad de la respuesta de los Estados y, también, de las instituciones y de las estructuras políticas. Hoy, para los Estados, la gran dificultad se sitúa en el hecho de que tratan de responder a corto plazo y con un perfil nacionalista mientras que, al mismo tiempo, cuentan con muy poca legitimidad en el seno de sus sociedades. La consecuencia de este esquema han sido las dudas, los tanteos y la ineficacia demostrada por los gobiernos. Una situación semejante obligará a cambiar la gramática de los gobiernos.




Hay, en toda esta tragedia, una contradicción cruel: justo antes de la crisis sanitaria, China se encontraba en plena expansión. En 2013 empezó a reactualizar el mito de la Ruta de la Seda y para ello desplegó una impresionante red de comunicación y de infraestructuras a través del mundo. Pero esa Ruta de la Seda mutó en ruta de la muerte.

Es cierto y hay dos puntos esenciales. En primer lugar, esta crisis que se inició en Wuhan golpeó muy fuerte a la economía china y, diría, a la propia credibilidad de los políticos chinos y sus políticas. La crisis también reveló las debilidades del sistema chino. No olvidemos que el virus nació debido a la fragilidad del sistema sanitario y alimentario de China: el coronavirus nació en esos mercados que no responden a las reglas elementales de higiene. Fue la base de su propagación. La credibilidad china se vio disminuida debido a esta fragilidad sanitaria. Al mismo tiempo, hay una paradoja: China ingresó antes que nadie en esta crisis, pero también salió de ella antes que los demás y de forma eficaz. No estoy seguro de que Europa tenga la misma capacidad de reacción que China. Salvo si, por desgracia, China conoce una segunda ola de contaminación, es muy probable que esté de pie cuando Estados Unidos y los países de Europa sigan de rodillas. China está tratando de probarlo enviando médicos y equipos y ofreciendo ayuda a los países que están en plena tormenta. Esto puede significar que cuando nosotros continuemos peleando contra el virus China se habrá levantado y tendrá, entonces, una ventaja frente a las viejas potencias.

A lo largo de esta crisis hemos asistido a una suerte de geopolítica de chez zoi, es decir, una geopolítica de casa para adentro. Cada país se concentró en su problemática cuando el imperativo no era financiero como en la crisis de 2008, sino sanitario.

La urgencia es doble. Es sanitaria ahora y será económica y financiera muy rápidamente. El problema radica en que Europa ha sido la primera víctima del coronavirus. Europa fue el primer muerto. Todos los reflejos que se esperan de Europa están ausentes. La primera intervención de Christine Lagarde, la directora del Banco Central Europeo (BCE), fue catastrófica. Hasta llegó a invitar a los Estados a que se las arreglaran por su cuenta. Luego, la respuesta de la Comisión Europea resultó igualmente débil. El desacuerdo entre los principales países europeos (Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos) en torno de la gestión de la mutualización de las deudas muestra hasta qué punto se carece de un resorte europeo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa se construyó por primera vez en su historia porque los europeos tenían miedo de una tercera guerra mundial y sabían que no podría reconstruirse ni salir de las ruinas únicamente con el esfuerzo nacional. Por eso se eligió una reconstrucción colectiva. Hoy, como todas esas metas han sido alcanzadas, la dinámica europea ha dejado de existir. No obstante, es precisamente allí donde está la clave de su porvenir. El miedo que los europeos tenían en 1945 lo vuelven a sentir ahora con el coronavirus. Los europeos van a descubrir que esa necesidad de reconstrucción que había en 1945 persistirá en cuanto salgamos de este drama sanitario. Tal vez, la conjugación de estos dos factores conduzca a que Europa renazca al final de esta crisis. Pero claro, cuando llegue ese momento habrá que cambiarlo todo.

Aunque los paralelismos puedan resultar tramposos, muchos analistas trazan un paralelo entre la situación actual y la crisis de 1929. Luego de aquella hecatombe vino la Segunda Guerra Mundial y, justo antes, el ascenso del nacionalismo. ¿Acaso el virus no podría volver a fecundar un contexto semejante?


Es demasiado pronto para saber cómo serán las consecuencias. Las cosas pueden ir en los dos sentidos. Pero quisiera igualmente señalar que, antes del fascismo y el nazismo, el primer resultado de la crisis de 1929 fue el keynesianismo y Franklin D. Roosevelt, es decir, la reorientación de la economía mundial que permitió su salvación. No hay que tener una visión exclusivamente pesimista sobre los efectos de esta crisis. Creo que todo dependerá de la manera en que el miedo actual evolucione y de cómo ese miedo sea gestionado políticamente. Si el miedo desaparece rápidamente, se corre el riesgo de que volvamos a comenzar con el viejo sistema. Si el miedo perdura, tal vez esto nos conduzca hacia las transformaciones que necesitamos. Sin embargo, desde ahora, se plantea el gran problema de la gestión política del miedo. ¿Quién se hará cargo? Seguramente, la extrema derecha utilizará ese miedo como recurso electoral explicando que es urgente reconstruir las naciones, los Estados y restaurar el nacionalismo. No obstante, la extrema derecha no es la única oferta política existente.

Sí, pero ya antes de esta crisis la extrema derecha se erigió como planteo político reestructurado y con mucha legitimidad.

Hay mucho de eso. Si se observan los Estados europeos, todos tienen un sistema político descompuesto. En Francia no hay más partidos políticos, en Alemania la socialdemocracia no cesa de debilitarse mientras que los demócrata-cristianos de la canciller Angela Merkel están sumidos en una crisis, en Italia la democracia cristiana y el Partido Comunista desaparecieron, e incluso en Gran Bretaña el sistema partidario que antaño estaba tan bien estructurado ya no existe más. Estamos en plena recomposición política. La versión optimista quiere que esta recomposición política desemboque en el nacimiento de partidos con capacidades de llevar las riendas de la globalización. De hecho, actualmente, ningún partido político sabe qué es la globalización. Tal vez advenga un keynesianismo político. Por el contrario, el horizonte negativo sería que esa recomposición no se lleve a cabo.

En uno de sus últimos libros y, más recientemente, cuando estallaron las insurgencias sociales en 2018 y 2019, usted planteó que estábamos ingresando en el segundo acto de la globalización. ¿Acaso esta crisis no ha barrido con ese segundo acto?

No, para nada, es el mismo. No hay que disociar lo que ocurrió en 2019 de lo que está pasando ahora. Es lo mismo, es decir, el redescubrimiento angustiado de una urgencia social. Ese es el segundo acto de la globalización, el cual consiste en distinguir globalización de neoliberalismo, es decir, dejar de confiarle al mercado la gestión exclusiva de la globalización. En el curso de este segundo acto se trata de construir una globalización humana y social. Estas fueron las demandas de 2019 y los mismos reclamos vuelven ahora con urgencia ante la crisis del coronavirus. Si somos optimistas, podemos esperar que esta crisis termine por acelerar el advenimiento del segundo acto de una globalización humana y social. De lo contrario, cabría pensar que la catástrofe sanitaria no hizo sino complicar y atrasar la marcha hacia la segunda secuencia.

2019 nos mostró a una humanidad ligada por lo que usted llamó un perfil intersocial. ¿Persiste aún esa dimensión de conexión, de diálogo y de compenetración entre identidades sociales?


Sí, claro, tanto más cuanto que esta crisis nos revela que las relaciones intersociales se vuelven determinantes a través del planeta. Estas relaciones intersociales son incluso más importantes que las relaciones entre los Estados, los gobiernos o los militares. El porvenir del planeta está en las interacciones sociales, en la tectónica de las sociedades, es decir, en esa capacidad propia de las sociedades para interactuar entre ellas más allá de la voluntad de los gobiernos.

Uno de los ejes constantes de su reflexión ha sido plantear la forma en que, en las relaciones internacionales modernas, es el Sur quien fija la agenda del Norte y, también, cómo ello desembocó en una representación geopolítica marcada por la impotencia de los poderosos. El coronavirus ha dejado al desnudo esa impotencia.


¡Estamos más que nunca en ese esquema!. Estamos viendo cómo los instrumentos clásicos de la potencia no pueden hacer absolutamente nada frente al coronavirus. Estados Unidos, que es la superpotencia de las potencias, conoce una propagación de la infección superior a la de China y Europa. Hemos dejado de estar en el registro de la potencia. Los recursos clásicos de la potencia nada pueden hacer. Debemos pasar ahora de la potencia a la innovación. Solo ganaremos si convertimos la vieja concepción de la potencia en capacidad de innovación para encontrar nuevos tratamientos, una vacuna, así como los medios técnicos capaces de remodelar la globalización para que esta no sea, como hoy, una fuente de dramas. Estamos ante un nuevo umbral de la historia.

Un nuevo umbral con un interrogante dramático: ¿qué ocurrirá cuando el coronavirus se expanda en los países del Sur carentes de toda estructura sanitaria?

Esa eventualidad anuncia una catástrofe. Si la pandemia llega al Sur, será todavía más dramática y lastimará más profundamente al planeta entero. Ello prueba que los centros de gravedad de nuestra historia y de nuestro porvenir están en el Sur. El auténtico momento de la verdad se planteará cuando África se vea confrontada masivamente a esta tragedia.

Se han caído tantas máscaras con esta crisis global. La búsqueda de una vacuna, por ejemplo. Cada país la elabora por su cuenta: Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Cuba. Y en el medio está el espectáculo indecente de la OMS: no tiene voz, ni influencia, ni capacidad alguna de organizar acciones coordinadas. Se ve como un monstruo vacío y burocrático.

Este tipo de anarquías son frecuentes en las situaciones de urgencia porque se establece una competencia entre un conjunto de actores que trata, más o menos sinceramente, de encontrar un remedio. Es algo paradójicamente normal porque así se estimula y se aceleran las investigaciones. Ahora claro, si estuviésemos en un mundo ordenado, la OMS habría debido encargarse de la definición de los protocolos de investigación y de los protocolos terapéuticos. Pero la OMS se ha vuelto alguien que cada tarde lee comunicados carentes de interés. Pero la naturaleza humana termina siempre por triunfar. El problema consiste en saber qué sacrificio habrá que hacer para todo esto. Un muerto es un muerto de más y ahora vamos ya por miles de muertos. Pienso que la humanidad renacerá de todo esto más fuerte y más consciente.

We Need to Measure Lives Against Money. Here’s How

When can America reopen from its coronavirus shutdown? The answer depends how you weigh human health against the economy. We asked experts how to think about the tricky calculus.





After days of market freefall, President Donald Trump hinted two weeks ago that he was thinking about relaxing public-health restrictions for the sake of the economy—“WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF,” he tweeted, before promptly getting roasted by the public health world. Did he really want to sacrifice American lives to goose the Dow back up? It seemed inhumane.

Since then, the president has backed away from opening businesses up right away, but he also had a point: This cure is pretty bad. This week’s report that 6.6. million Americans had filed for unemployment insurance was double the previous record, which was set only last week. Analysts are predicting that GDP could shrink by double-digit percentages this quarter. That’s a lot of future unhappiness.

At the same time, the disease might be even worse. Trump’s coronavirus task force has said that 100,000 to 240,000 Americans could die from the virus, and that’s the best-case scenario.

So, what’s the right amount of economic pain to endure in order to save lives? The debate will only intensify over the next month, as we approach the April 30 endpoint Trump set for national social-distancing guidelines, and pressure builds to re-open businesses, despite the high likelihood the virus will still be spreading.

MARCA POLITICA turned to a handful of thinkers—people who have studied the impact of pandemics, recessions and more—to helps us understand how to even begin to think about the dilemma ahead. Do we really need to weigh lives against money? If so, how do you do it right?

Spoiler alert: No one offered us a hard date for when life will go back to normal. But there were some surprises. You’ll find a clear guide to making the lives-money tradeoff (and a good rationale for doing it), a surprising fact about the economics of the response to a past global pandemic, a suggestion for a surgical middle-ground approach to a reopening, and a strong argument that recessions actually save lives.


1. THE COST-BENEFIT ANALYSIS
2. HOW RECESSIONS AFFECT DEATH
3. WHAT THE SPANISH FLU TELLS US
4. WHAT IF THERE’S NO TRADEOFF?
5. THE QUICKEST FIX
6. MODELING THE COSTS OF SOCIAL DISTANCING


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Why Economists Measure Human Lives in Dollars

It’s a highly imperfect exercise—but could actually save more people. James Broughel is a senior research fellow and Michael Kotrous is a program manager with the Mercatus Center at George Mason University.

It might feel heartless when President Donald Trump muses about whether the “cure is worse than the problem,” as though a plunging stock market and a patchwork of business and travel shutdowns could possibly outweigh the lives saved by America’s response to the Covid-19 pandemic. And it might feel uncomfortable to think about the response as a tradeoff between saving the economy and saving lives.

But we really are facing that tradeoff, and, in fact, economists make a routine practice of comparing dollars with lives. There are costs and benefits to every policy decision, and by valuing human lives in dollar terms we can arrive at a way to measure those costs and benefits against each other.

As human beings, we tend to see life as having almost infinite value, but it’s also worth remembering that money spent to save one life has an opportunity cost: It could have been spent in another fashion and—if spent more efficiently—saved even more lives. Resources are never unlimited, and without assessing the dollars-to-lives tradeoff, it’s likely that policymakers will fail to save as many lives as they otherwise could.

When it comes to policy, and especially an urgent and life-altering policy issue like the current epidemic, the problem with this kind of cost-benefit calculation isn’t in the idea, it’s in the execution. Even for run-of-the-mill policies, it’s tricky to assess whether a policy does more good than harm. With respect to Covid-19, an exhaustive cost-benefit analysis is even harder because of limitations in our ability to track the disease’s spread, predict the human response to it and analyze the effects that policy will have in slowing its transmission.

Acknowledging these challenges, here’s what the numbers look like, as best we can determine.

On the cost side of the ledger, it is difficult to disentangle the costs of the shutdown policy from the costs of the coronavirus itself. Many of Trump’s supporters talk as though the economy would fully re-open if the restrictions were lifted. But even if governors around the country lifted their emergency orders overnight, would life return to normal, and the stock market revive fully? Likely not. There would still be a new and dangerous virus in the country. Aside from the thousands, maybe millions, who became sick, many more people would still stay home while the risk of infection remains high.

To get a handle on the costs of current policies, one must identify the elusive “counterfactual” scenario—what would happen if the government did nothing. If we assume that most people would choose to stay home regardless of any government action, then the costs of government orders to stay inside and close businesses could be close to zero. At the other extreme, Federal Reserve analysts have estimated that GDP could decline by as much as 50 percent in the second quarter of this year. If we assume that it’s really government orders driving this behavior, and otherwise people would be going about their business, then the cumulative cost of the government’s response is vast, as much as $2.5 trillion just in this quarter. The cost over the long-term would be even higher.

The true cost likely falls somewhere in between these extremes. The debate in Congress about the proper amount of stimulus might be instructive. One way to look at the $2 trillion stimulus package passed last week is as an attempt by the government to make Americans whole for the costs of being forced to stay home by government orders. Provisions of the stimulus bill directly address these costs—increasing unemployment benefits and broadening eligibility for millions of recently unemployed Americans, as well as loan and grant programs that may allow small businesses to make payroll during the shutdown.

Then there is the benefits side of the ledger, which is also difficult to gauge. A study from Imperial College London estimated that as many as 2.2 million Americans might die as a result of Covid-19, but this was an early estimate that basically assumes no behavioral responses from the public as the disease devastates the country. Even if we assume that number is a reasonable upper limit on how many people might die, there’s still the question of how effective government policy will be in changing the trajectory of the pandemic’s progression and saving lives. Some epidemiologists believe that as soon as the social distancing efforts end, the virus will return with a vengeance.

Here’s where assigning a dollar value to life-extending benefits enters the equation. One common way to do this is by using the “value of a statistical life,” or VSL, which reflects what current citizens are willing to pay to reduce their own risk of death. (It’s usually estimated by looking at how much extra compensation workers in dangerous professions get paid.) Estimates of the VSL vary, but tend to average about $10 million for Americans. If we assume, for example, that the government’s response to Covid-19 prevents an enormous death toll of 2 million citizens, the value of all those prevented deaths could be as much as $20 trillion.

However, the value of a statistical life is not universally accepted by economists. For one thing, what an individual is willing to pay to reduce risk might be very different from what society should pay. A person nearing the end of life might find it rational to expend all of his or her wealth on potential life-extending treatments. But society, which will endure past any of our individual lives, ought to be more frugal with its finite resources.

An alternative approach to the VSL is to consider the productive contributions associated with extending life—that is, the economic value people are expected to contribute. Such an approach is commonly employed when valuing the benefits of regulations that enhance our health. For example, an environmental policy that prevents asthma attacks or non-life-threatening illnesses might end up saving society money by reducing hospital stays or emergency room visits. Compared with the VSL, this approach provides more of an apples-to-apples comparison between benefits and financial costs. It accepts that the true value of a life is likely undefined, but we are at least able to estimate the economic value each person creates.

One 2009 study estimated the total value of worker production at different stages of life, including the value of “nonmarket” roles such as staying at home to raise kids. The authors estimated that the present value of future worker contributions ranged from about $91,000 to $1.2 million in 2007, depending on the age of the worker.

Age is an important factor in the coronavirus pandemic, too. The CDC has reported that, as of March 16, 80 percent of U.S. deaths from Covid-19 have been people ages 65 or older. Combining the CDC’s numbers with the aforementioned estimates of the value of worker production at various ages (and updating them for rising productivity and inflation since 2007), we end up with an expected value of forgone earnings for victims of Covid-19 of about $414,000 per person. Even this estimate of benefits—already drastically lower than the VSL at $10 million—likely overestimates the economic value of workers in cases when the cost of replacing them is relatively low.

In other words, the economic benefit of preventing all those potential deaths depends on which controversial measure you use: In this case, upper-bound estimates of mortality benefits associated with government interventions range between $20 trillion with the VSL approach and $828 billion if the worker production approach is extended to 2 million lives saved. Twenty trillion dollars is roughly the value of an entire year of the nation’s GDP; $828 billion is considerably less than the value of Congress’ latest economic stimulus bill.

There are other costs and benefits to account for as well. On the one hand, a prolonged shutdown of the economy could increase some health risks for those who lose their jobs, a knock-on cost of impoverishing so much of the citizenry. On the other hand, Covid-19 has been shown to cause significant lung damage among some of those who recover; reducing those cases is another potential benefit of government action. An economic shutdown could even have unexpected benefits—for example, a decrease in air pollution or the number of car crashes.

To go strictly by the numbers, Trump may well be right that the government “cure”—in the form of restrictions on commerce and movement—might be worse than the Covid-19 disease. But it’s also possible, given what we know, that everything the government is currently doing is worth it, and relatively inexpensive to boot.

Cost-benefit analysis can offer us a way to think about decisions, and put some boundaries around the likely outcomes. But even in simpler circumstances, it cannot always provide bright-line recommendations. And it can’t answer our deepest and most profound questions. In some cases, the calculus has to be driven not by a set of numbers, but by our values.

 


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Social Distancing Saves Lives. So Do Recessions.

If you’re weighing a recession versus a pandemic in terms of lives lost, there’s no contest. Contrary to popular belief, deaths go down during economic downturns.
Anne Case and Angus Deaton are economists at Princeton University. They are the authors of the recently published book Deaths of Despair and the Future of Capitalism.


When Donald Trump tweeted in late March, “WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF,” a lot of people had questions about what “worse than the problem” meant, exactly. “You’re going to lose more people by putting a country into a massive recession or depression,” he clarified a few days later in a Fox News town hall. “You’re going to lose people. You’re going to have suicides by the thousands.”

The assumption that people die more in recessions feels right, and so it seems like a good reason to suggest risking a more severe coronavirus outbreak with lighter restrictions on businesses and people, instead of inviting the worst economic crisis since the 1930s. There are, after all, a lot of reasons to imagine such a surge in deaths could happen: lost healthcare due to lost jobs, which would make people more vulnerable to otherwise preventable deaths and, of course, suicides.

But the assumption that people die more during recessions is wrong, at least in wealthy countries. Past economic downturns show that, in fact, mortality rates go down in recessions, for a number of reasons. If you’re weighing the human cost of a recession or depression against the human cost of illness and death from the virus itself, as Trump and policymakers across the country are doing right now, it’s important to keep in mind that the toll of a recession in terms of lives lost is not a factor.

It’s true that poor people die younger. That was true in France and Britain in the 19th century, and it is true in the United States today. People in their mid-40s in the top 1 percent of tax returns have about 15 more years to live than people in the bottom 1 percent. Yet is it not true that when people get poorer, they are more likely to die; annual death rates are lower in recession years than in boom years.

In our recent book, Deaths of Despair and the Future of Capitalism, we argue that the long-term, 70-year, slow-motion collapse of work, wages and community for working-class Americans is the root cause of the epidemic of drug overdose, suicide and alcoholism that has ravaged less-educated men and women. That epidemic, and those deaths, came after a slow and prolonged decline in the wages and jobs that supported working-class life—very different from the normal upswings and downswings of the business cycle. Despair came over years and decades, not from a short-term downturn in the economy.

One of the first studies of health and recession was published almost a century ago by sociologists William Ogburn and Dorothy Thomas (the first woman to be tenured at the Wharton School). They made the important distinction between “lasting changes in the economic order”—such as the Industrial Revolution or, to extend to our own work, the erosion of working-class life that underlies deaths of despair—and “brief swings in economic prosperity and depression, around the line of general economic trends,” such as the Great Depression.

They examined booms and busts from 1870 to 1920 and found, to their own astonishment, that death rates rose in good times and fell in bad times. They were careful not to overstate their findings—“we do not draw a definite conclusion”—so strong was the seemingly obvious presumption that bad times bring death. That presumption is widely held to this day.

One might think the pattern of recessions and death from a century ago is different from today. A century ago, pneumonia, influenza and tuberculosis were the leading causes of death, not cancer and heart disease. Deaths were “younger,” with death rates among infants higher than death rates among the elderly, the inverse of today’s pattern. Sixteen out of every 100 children did not live to see their first birthdays.

But the same pattern of recessions and deaths held throughout the 20th century. Mortality rates fell from 1930-33, the four worst years of the Great Depression; in the 1920s and 1930s, mortality rates were highest in the years of fastest economic growth. The same was true for the longer period from 1900 to 1996. Business cycles differ to some extent in different U.S. states, and mortality was lower in bad times state by state in the 1970s and 1980s. The same was true in England and Wales for economic fluctuations from 1840 to 2000. The relationship was stronger at some times than at others, but the pattern was consistent: Mortality declined more rapidly in bad times, and declined more slowly or even rose in good times. Europe and Japan show the same pattern.

What about the Great Recession after the financial crash in 2008? The economic effects were most severe in a few European countries, like Spain and Greece. Remember Greece? Its economy was so devastated that it threatened to crash out of the Eurozone. In the United States, it was used as the bogeyman, the perennial warning of what might happen to us if we did not get our fiscal house in order. Unemployment in Greece and Spain more than tripled, to the point where more than a quarter of the population was unemployed. Yet Greece and Spain saw increases in life expectancy that were among the best in Europe.

For the Great Recession in the United States, the story is more complicated, because the years after 2008 saw a large and growing epidemic of deaths of despair. But deaths of despair began to rise in the early 1990s and grew inexorably into the 2010s. They rose before the Great Recession, and grew during and after the Great Recession; the line of rising deaths shows no perceptible effect of the collapse of the economy.

The big question is: Why? And why is our intuition so wrong?

Many of us have the haunting vision of ruined financiers hurling themselves out of skyscrapers and off of bridges during the great crash of 1929. These accounts were doubtless exaggerated, but suicides did indeed increase during the subsequent Great Depression. Suicides, however, are the exception, not the rule, and they are a small share of total deaths. In 2018, there were 2.8 million deaths in the United States, of which 48,000 were suicides—less than 2 percent of the total. Each is a tragedy, but it takes very large changes in suicides before the suicide tail wags the mortality dog.

Why might the non-suicide deaths decline in recessions? High activity rates bring dangers. There are more traffic accidents. There are more occupational accidents when construction is booming and factories are running at full tilt. There is more pollution, a life-threatening danger for some infants. It is also possible that busier lives bring stress, and that stress brings heart attacks. Or that people have less time for exercise, healthy meals and self-care. In today’s rich economies, most deaths are among the elderly, and many older people are cared for by low-wage workers. When the economy is booming, when there are better paid jobs elsewhere, it is much harder to hire and retain these workers for nursing and elder-care homes. Care matters.

Which brings us back to suicides. Because suicides usually do rise in recessions, we think that there is a plausible case that the forthcoming recession will bring more suicides. But not inevitably.

Mass layoffs from plant closures have often brought suicides in their wake. Today, people are losing their businesses; workers and owners whose livelihoods and lives are structured and given meaning by what they have created—restaurants and coffee shops, bookstores, small businesses and non-profits of all stripes—may reasonably fear that they will never reopen, even if government packages provide some relief. They may feel shame that they did not make provision for such a calamity, shame unlikely to be shared by the managers of corporations who used their profits not to build a rainy day fund, but to buy back shares that enriched themselves and their shareholders, knowing that they would be bailed out in a catastrophe.

This recession, unlike others, involves social distancing or, for many and increasingly more as infection rates rise, isolation. Social isolation is a classic correlate of suicide. The United States has a suicide “belt” that runs north-south along the Rocky Mountains where population density is low. New Jersey, where we live most of the year, has the lowest suicide rate in the country; Montana, where we spend August, has the highest. Zooming in, Madison County, Montana, has a suicide rate that is four times higher than that of Mercer County, New Jersey. Isolation and depression can be deadly. Think, too, of the millions of people in recovery programs, like Alcoholics Anonymous, whose sobriety depends on community support. Social distancing will also bring more suicides this time around if hospitals are slow to respond, so that more attempted suicides may succeed.

Yet there is an important counterargument. Suicides tend to be low in wartime, especially when leaders can build social solidarity, the opposite of social isolation. Winston Churchill inspired the British in World War II. Governor Andrew Cuomo is inspiring New Yorkers (and many other Americans) who listen to his broadcasts. If the rhetoric of fighting the common enemy wins out against the possibility that Americans are jobless, alone, terrified and without meaning in their lives, even suicides could be low in the months ahead.

 



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Here’s What Happened When Social Distancing Was Used During the Spanish Flu

The economy took a hit during the 1918 influenza pandemic, but cities that intervened earlier and more aggressively fared better.Emil Verner is an assistant professor of finance at the MIT Sloan School of Management.


The Covid-19 outbreak has sparked urgent questions about the impact of pandemics on the economy. Will our effort to fight the disease by locking down citizens and businesses do more damage than the disease itself? Because pandemics are rare events, policymakers have little guidance on how to manage the crisis. But looking at past pandemics—both the public health responses and their economic impact—can provide some insights.

The most frequently cited comparison is the 1918 Spanish flu, which similarly swept across the world and triggered widespread shutdowns in response. In a recent research paper, Sergio Correia, Stephan Luck and I examined the impact of 1918 pandemic in the United States to answer two sets of questions. First, what are the real economic effects of a pandemic, and how long do they last? Second, do public health interventions meant to slow the spread of the pandemic, such as social distancing, have economic costs of their own?

Our research compared different areas of the United States that were more and less severely affected by the 1918 flu, as well as areas that were more and less aggressive in their use of public health tactics to slow it down. (The technical term for the tactics we measured is “non-pharmaceutical interventions,” or NPIs.) The public health measures implemented in 1918 resemble many of the policies used to reduce the spread of Covid-19, including closures of schools, theaters and churches, bans on public gatherings and funerals, quarantines of suspected cases, and restrictions on business hours.

We came away with two main insights. First, we found that areas that were more severely affected by the 1918 flu saw a sharp and persistent decline in real economic activity. Pennsylvania, for example, experienced a substantial fall in manufacturing employment and banking sector assets, compared with less affected states like Michigan. The decline in economic activity was large—with an 18 percent decline in manufacturing output for the typical state—and lasted for several years after 1918.

You can see the economic disruption reflected in newspapers of the time. On October 24, 1918, the Wall Street Journal reported: “In some parts of the country [the flu] has caused a decrease in production of approximately 50 percent and almost everywhere it has occasioned more or less falling off. The loss of trade which the retail merchants throughout the country have met with has been very large. The impairment of efficiency has also been noticeable. There never has been in this country, so the experts say, so complete domination by an epidemic as has been the case with this one.”

Second, we found that cities that implemented early and extensive public-health measures suffered no adverse economic effects from these interventions by 1919; in other words, the interventions did not make the economic impact of the flu worse. On the contrary, cities that intervened earlier and more aggressively experienced a relative increase in real economic activity after the pandemic subsided, compared with cities that intervened less aggressively.

Minneapolis and St. Paul, Minnesota, just across the river from each other, illustrate the difference clearly. In 1918, officials in Minneapolis quickly put restrictions into place and kept them for a relatively long 116 days. Officials in St. Paul acted much more slowly and only kept public health measures in place for 28 days. The death rate from influenza in 1918 was 24 percent higher in St. Paul (481 deaths compared with 388 deaths per 100,000 residents, respectively). And Minneapolis’ economy didn’t suffer from the restrictions. On the contrary, employment growth was twice as high in Minneapolis in 1919 as it was in 1914, when the previous manufacturing census was taken. These findings suggest that, at least in the medium term, there was no tradeoff between implementing public health measures and economic activity.

This result might be hard to grasp at a time when millions of Americans are currently filing for unemployment amid the coronavirus pandemic. How can it be that shutdown tactics like school closures and restrictions on business hours could actually benefit the economy?

The reason is that pandemic economics are different from ordinary economics. In ordinary times, business shutdowns and other restrictions are bad for the economy, as they limit economic activity. But it’s important to remember that in a pandemic, the disease itself is extremely disruptive to the economy. Households do not want to spend money or go to work if it involves a major health risk, and businesses do not want to invest because economic conditions are so uncertain. The alternative to these public-health restrictions is not a normal functioning economy, but rather a widespread, debilitating outbreak of disease that causes major economic disruption in the short and medium term. As a result, measures to fight the pandemic can actually benefit the economy in the medium term, as they target the root of what is ailing the economy—the pandemic itself.

Of course, there are a number of important differences between the 1918 flu and the current Covid-19 pandemic—most importantly, that the 1918 flu was significantly more deadly for healthy, working-age adults. But our research suggests that public health interventions such as social distancing should not be viewed as economically costly. Doing nothing could be far worse.

 

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There’s No Tradeoff Between the Economy and Our Public Health

Both are measures of human wellbeing. That’s what we should maximize right now.Will Wilkinson is vice president for research at the Niskanen Center.

In light of political pressure and expert estimates that the Covid-19 pandemic could now rack up a six-digit American death toll, President Donald Trump has (for now) backed down from his threat to ease off social distancing measures, reopen the economy and “fill the pews” on Easter. But he has suggested nonetheless that efforts to protect the health of the American people undermine the vitality of the economy.

The physical separation that is now necessary to contain the Covid-19 pandemic does come with a shocking price tag. Because we’re paying so dearly to limit the risk of mass sickness and death, it can be tempting take the next step and imagine that if we were to toughen up and bear a bit more risk, we could maintain a much healthier economy with only a bit more suffering and loss.

Considering the tradeoffs of one kind of suffering against another, weighing their relative costs and benefits, seems reasonable. But it can also lead us into error. The tradeoff Trump has alleged between “the economy” and “public health” conceives of them as something like knobs you can’t turn up without turning the other down. But they are, in fact, mere abstractions, intellectual tools for inspecting different aspects of the same thing: the well-being of the population. Economic indicators measure well-being (very roughly) in one way; public health indicators measure it in another. But their common subject is how well people are doing.

Wealth and health go hand-in-hand at both the individual and the collective level. Because healthier populations are more productive, and wealthier societies can afford better measures to protect the health, safety and environment of their people, there’s generally little tradeoff between the public health and economic performance. Tradeoffs are rife in public policy, but the tradeoffs involved in public health initiatives around, say, seatbelts, smoking, guns and food generally have more to do with individual autonomy and wariness of nanny-state paternalism.

Formal economic models abstract away from other aspects of human wellbeing when they conceive of money as a proxy for “utility,” or the value of consumption. More money lets you consume more (or forego less) of what you want. A higher level of consumption, enabled by a less constrained budget, generates a higher level of “utility” or “welfare” in economic models simply because that’s how “utility” and “welfare” are defined in the models. But this doesn’t necessarily tell us what we want to know—especially when we’re struggling to contain deadly mass contagion. “Utility,” in the economist’s formal sense, doesn’t refer to a subjective experience of pleasure, happiness or satisfaction with life, and “welfare” doesn’t refer to objective human health and flourishing.

None of this is to say the means to buy the necessities and pleasures of life is not an absolutely essential element of wellbeing. Poverty does cause misery, sickness and death, and measures of wealth are still incredibly valuable. But they’re valuable because we value our lives and how well they go. Viruses don’t discriminate between rich and poor, and the “utility” and “welfare” of economic production and consumption are worth rather less to people struggling to breathe, and worth nothing at all to people who are dead.

Once we acknowledge that the epidemic and the economic slowdown aren’t really two problems, but simply two aspects of a threat to our population’s wellbeing, the policy response becomes clearer. Letting the epidemic rip without mitigating measures would eventually take a catastrophic toll on the economy anyway, in addition to the atrocity and trauma of an overwhelming level of sickness and death. The economic cost of idling the economy to contain the spread of the virus is more immediate than that long-term cost, so it’s the one we are thinking about—but incurring it now better protects the overall wellbeing of the population by minimizing the total loss to health, life and economic capacity.

The danger of fixating on narrow economic indicators of wellbeing, and the need to take a more holistic perspective, has led a number of economists and social scientists to advocate replacing measures like GDP with something like “Gross National Happiness.” Bobby Kennedy captured the spirit of this thinking when he famously complained that it’s confused to treat a metric like GDP, which fails to capture “the health of our children, the quality of their education or the joy of their play,” as the master indicator of our society’s wellbeing. GDP does tell us roughly how much wealth our economy produces, and how much the population has to spend, which is something we need to know. However, as Kennedy rightly observed, “it measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile.”

Another reason that we can’t turn to economic measures alone to understand how to respond to this crisis is that standard economic models are upended by epidemics. These models assume that physically proximate economic production and exchange generally leave us, and the economy as a whole, better off. But epidemics transform “brick and mortar” workers and customers into vectors of viral transmission, rendering economies based on integrated networks of physical nearness vulnerable to exponential growth in rates of deadly infection. Dead people don’t buy anything, and rampant illness hammers the productivity of workers and the profits of firms. Which is just to say, in the language of economics, that contagious virulence creates a “negative externality,” or harmful spillover effect, from physically proximate labor and market exchange. Simply showing up for your shift at Starbucks, or strolling in to grab a latte, means that you might be, or might become, the living, breathing equivalent of a factory belching toxic sludge into the drinking water.

If the risk of dangerous infection is high, the total harm to health, life, productivity and consumption imposed by the bustle of normal low-distance economic activity can easily exceed its usual economic benefits. When that’s the case, the level of spatial distancing needed to ensure that each infection leads to less than one new infection is economically efficient; it’s the best we can do given the constraints. Economic growth may be impossible in the context of a galloping pandemic. The best we can hope for is to suppress it in a way that minimizes the severity of the economic Ice Age.

It’s crucial to grasp the main constraint within which we are currently forced to optimize is that, thanks to the Trump administration’s slow and hapless response, we don’t know the real rates of infection. If we could better estimate the risk of showing up at Starbucks, we could determine the epidemiologically necessary and economically optimal level of social distancing. If we knew which workers and patrons are most likely to be infected, we could usefully surmise who can safely go on as usual and who should stay home.

For now, all we can do is focus on how to keep as many people well as possible. In the end, measures of economic performance alone—whether GDP or the Dow Jones—don’t always track the things we cherish most. My wife’s mother, and my children’s one living grandmother, is a respiratory therapist in Connecticut. We’re worried sick about her, because we all love her, and she desperately loves my children. Money is great, but it isn’t everything. It would be a cosmic tragedy if we were forced to trade love against prosperity. But we aren’t. Failing to protect the people we love won’t leave more money in our pockets. It will leave them even emptier, and with holes in our lives that we can never fill.
 
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With a Little Ingenuity, We Can Reopen Much of the Economy Right Now

A large swathe of jobs somewhere between “essential” and “optional” could be reengineered so people can go back to work soon and safely.Jonathan Caulkins is professor of operations research and public policy at Carnegie Mellon University’s Heinz College.

The Covid-19 debate about when and how to reopen the economy has become dangerously binary. Yes, “life-sustaining” sectors like hospitals and electric utilities must operate unimpeded, and optional, public-facing ones like concerts, dine-in restaurants and theme parks likely aren’t worth the risks for now.

But keeping Americans safe doesn’t require shuttering the rest of our jobs. It does, however, require re-thinking how people do them. There’s a large swathe of jobs, somewhere between essential and optional, that could be reengineered to allow many to get back to work soon and safely.

The logic for all-but shutting down the economy is that doing so will stop the virus’ spread and allow mass testing to catch up. But even with all-out shelter-in-place efforts, we will likely still be living in the age of Covid for the rest of this year at least. Keeping businesses’ doors completely closed will have huge costs. Given this possibility, we need to figure out how to work sustainably in this new reality.

The stakes are enormous. In February, the leisure and hospitality sectors together employed 16 million Americans, and fewer than 6 million Americans were unemployed across the entire economy. Soon, because of limitations on social gatherings, those figures could be reversed. That is a steep but necessary price to pay; gatherings at bars, theaters and other public venues, are inherently dangerous right now.

We’ve already figured out how to protect many white-collar jobs—just work from home online. But we also can and should reengineer some blue-collar jobs—on-premise, physical work—so it can get done while maintaining social distancing.

Manufacturing is a prime candidate. Major automakers have closed their plants in North America, putting their laborers out of work. But these companies could be allowed to reopen if they can demonstrate that they have developed safe operating practices. True, factories involve people working together, but so do hospitals and grocery stores. And factories aren’t at all like bars or nightclubs: Already, the general public isn’t allowed inside, and many are large facilities with relatively low densities of employees because so much of the work involves heavy machinery. China is pioneering ways of getting factories back online while having workers practice social distancing. Those practices are now a crucial competitive advantage that U.S. workers need to catch up to. To take just one small example, painted lines could be used to define specific pathways where people can walk on factory floors.

Like manufacturing, construction does not directly involve the public, and is capital-intensive. Extended hours on construction sites could let the same work get done with fewer people on premises at any given time. Keeping just these two sectors—manufacturing and construction—alive could spell the difference between severe recession and depression. Together, they employ more people in the United States (20 million) than leisure and hospitality, and their share of economic output (23 percent) is even greater than their share of employment (12.4 percent).

Conceivably, there are even ways that furniture, clothing and other general stores could reopen on a limited basis, with employees but not customers allowed on site. Knowledgeable clerks literally walking through store displays with customers on FaceTime might have a chance to compete, at least in some instances, with Amazon. Shutting down stores altogether denies them that chance. If letting employees into a furniture store seems dangerous, note that anyone can now walk into Target or Walmart to buy a lamp or a chair right now. Those stores remain open because they also sell groceries, even though the furniture stores with which they compete at lamp-selling are forced to sit idle.

In addition to opening up more of these kinds of jobs and businesses, we should also think differently about some of the industries that are deemed “life sustaining.” Right now, those industries can basically operate as they see fit. That makes sense for hospitals—but not gas stations or grocery and convenience stores.

Of course, gas stations should remain open, but self-service involves scores of people touching the same pump handle every day. With so many people needing work, why not require gas to be pumped by gloved attendants with payments made online? That’s feasible; New Jersey bans self-serve stations, and until recently so did Oregon. Gas would be a little more expensive, but these days people are generally willing to pay a little more for safety.

Many grocery stores are taking steps to make their spaces safer, by sanitizing shelves and shopping carts more frequently or capping the number of shoppers at a given time, but they could do more. Making aisles “one-way” would ensure that shoppers never pass each other face to face. Produce could be pre-bagged so customers are not touching three tomatoes before taking one, and “comparison shopping” could be discouraged for the same reason. Before coronavirus, there was “you break it, you buy it”; now maybe it’s “you touch it, you buy it.” At checkout, cashiers could replace paper receipts with e-mails. (Speaking of which, credit card companies are allowed to operate right now, but why not push them to replace swipe cards with contact-less “tap and pay” cards?)

It’s not that companies viewed as essential have made no changes, but they are haphazard and undirected. A concerted and systematic effort to reengineer public-facing essential businesses would almost certainly cut virus transmission by more than would reengineering and reopening shuttered sectors that don’t inherently involve so much person-to-person interaction.

The original idea of two-week shutdown wasn’t long enough to eradicate the virus, and a two-month shutdown will do permanent damage to the economy. Neither protects against Covid returning in the fall or some other pandemic striking next year. Instead of seeing only two possible options—reopening the economy as before or keeping it closed until further notice—we need to be more flexible. We can start by inventing ways to reengineer the vast middle of the U.S. economy so that it can operate sustainably in the Covid age.

 
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We Were Skeptical Social Distancing Was Worth the Economic Cost. Then We Modeled It.


The costs of slowing the economy are high. But they are worth it from an economic perspective.
Linda Helena Thunstrom, Jason F. Shogren, David Finnoff and Stephen C. Newbold are professors in the Department of Economics at University of Wyoming. Madison Ashworth is a graduate student in the university's Department of Economics. and public policy at Carnegie Mellon University’s Heinz College.

Should we think about the economic costs to saving lives as Covid-19 sweeps through the United States? It seems cold-hearted to do so in the midst of a pandemic that has already claimed more than 5,000 lives in the United States and puts millions of others at risk. Yet we consider costs to most of the actions we take, small and large, in our daily lives. And as the extent of lost jobs, missed rent payments and lost healthcare from those lost jobs comes into view, we have a responsibility to assess that damage, too.

Because no vaccine or effective treatments are yet available for Covid-19, the only way to slow the spread and reduce the severity of the outbreak is to implement a strict form of social distancing. In the United States, this has meant temporarily closing schools, universities, daycare centers and tourist attractions, cancellations or suspensions of national sports leagues, shelter-in-place orders and travel restrictions. These are unprecedented measures that come at a large economic cost.

We’re a team of economists at the University of Wyoming, and from the first days of social distancing, some of us were publicly wondering if the preventive measures taken to slow the spread of the virus would incur costs that might make us regret those measures in the long run.

So, we decided to run the numbers for a scientific article that’s currently under peer review. And we found, using a figure known as the “value of a statistical life” (VSL), that the value of lives saved through distancing measures exceeds the value of lost GDP by almost $3.4 trillion. In other words, yes, social distancing is “worth it,” also from an economist’s point of view, based on the current information about the economic consequences and disease spread.

To come to this conclusion, we first estimated benefits from social distancing in terms of the value of lives saved. To do so, we used a standard epidemiological model designed to forecast the numbers of susceptible, infected and recovered individuals over the course of an infectious disease outbreak. Then, we compared the predicted disease spread and number of deaths in the United States in two scenarios: one with social distancing measures, in which the spread is slowed and the total number of infections is reduced, and one without social distancing measures, in which the virus spreads unabated. For the social distancing scenario, we assumed a contact rate between humans about 40 percent lower than that in in the scenario without distancing. In the model, we concluded that 1.2 million lives would be saved by social distancing measures.

Next, we used a standard estimate for the value people assign to reducing their personal risk of death, VSL. It’s a controversial figure among social and behavioral scientists, given the provocative idea of assigning values to human lives. Further, the appropriate value is continuously debated among economists. Nevertheless, the VSL is frequently used in official policy analyses, consistent with guidance by the White House Office of Management and Budget. In our analysis, we assigned a VSL of $10 million, based on the values used by federal agencies, which gives a total value of lives saved of $12.2 trillion for those 1.2 million people.

Next, we estimated the costs from social distancing, in terms of the value of lost GDP. To do so, we compared the GDP development with and without social distancing. We forecasted GDP growth this year and the next six years.

Our forecast with social distancing is based on macroeconomic reports by Goldman Sachs. With social distancing, we assume GDP will drop by 6.2 percent this year (Goldman Sachs’ forecast from March 31), and that it will take approximately three years until the economy has recovered from the recession. Our forecast of the baseline U.S. GDP growth this year without social distancing relies on recent macroeconomic research that predicts the short-run economic impact of a pandemic this year, without accounting for stringent social distancing, would cause a 2 percent decline in GDP.

We assumed the same proportional rate of recovery for the economy with and without social distancing, so GDP growth would return to a new steady rate after three years in both scenarios.

The difference in the GDP reduction of these two scenarios—the 2 percent decline in the scenario without social distancing, and the 6.2 percent with social distancing, with a three-year recovery time in both scenarios—is $8.8 trillion. That’s our estimate of the hit that the United State GDP will take over the course of three years from social distancing lasting into the summer months this year.

But remember, the value of lives saved was $12.2 trillion. This rapid benefit-cost analysis suggests the net benefits—benefits from lives saved minus costs from GDP loss—amounts to $3.4 trillion dollars. Our results suggest that social distancing passes a cost-benefit test.

The final outcome, however, could depend crucially on policy choices yet to be made. Much uncertainty surrounds both the trajectory of the disease in the coming weeks and months and that of the economy in the coming months and years. As an illustration, based on just a 10-day-older, and more optimistic, GDP forecast by Goldman Sachs, we found net social benefits of social distancing amounting to more than $5 trillion, as opposed to our current best estimate of $3.4 trillion. This illustrates an important point—we gather more data as time goes by, and we likely will not know with confidence the impact of social distancing on the economy or disease spread until after the crucial policy decisions need to be made.

Further, the public health response and the economic stimulus might determine whether the social distancing measures taken in these crucial weeks will be viewed as a difficult but necessary response, or instead as a gross over- or under-reaction. But that does not take away from the importance of doing our best to make rapid assessments that inform policy today. We will have to live with second-guessing our decisions, but first guesses without systematic comparisons of the benefits and costs will likely be regretted more.