Rogelio Frigerio: “La economía argentina es más vulnerable, tiene más déficit y más deuda”

El ministro del Interior y Obras Públicas realizó un balance del 2018 del país y se refirió a la crisis económica. "Creo que fue un año intenso, difícil", sostuvo.


El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, realizó un balance del año en el marco de la crisis económica que atraviesa el país. En ese sentido, calificó como “intenso” al 2018.

En declaraciones a radio Mitre, dijo que “nos agarró peor parados a nosotros que al resto, porque la economía argentina es más vulnerable, tiene más déficit y más deuda, y no tenemos posibilidad de financiarnos internamente como, por ejemplo, lo hace Brasil, y necesitamos los dólares que vienen de afuera para financiarnos", explicó.

Entonces, expresó que "se depreció la moneda y comenzó la recesión" y el gobierno tuvo que "modificar la política económica, con una política fiscal más severa y una política monetaria más restrictiva".
Estas medidas, dijo Frigerio, fueron como "un torniquete" para impedir que Argentina "se siga desangrando".

"A medida que las cuentas públicas se vayan equilibrando, con la ayuda del presupuesto aprobado, vamos a ir aflojando el torniquete", aseguró.

Más adelante mencionó el haber puesto "la vara muy alta" en cuanto a objetivos y el "haber creído que temas complejos que se vienen arrastrando hace décadas se podían resolver rápidamente", como la inflación.

Trump: "El único problema que tiene nuestra economía es la Fed"

El presidente de EEUU utilizó la metáfora del "golfista poderoso" para describir a la Reserva Federal: "No puede anotar porque no tiene delicadeza -no puede con los golpes suaves!",




El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó estelunes a la Reserva Federal y la describió como "el único problema" que tiene la economía del país, en momentos en que funcionarios discutían una fuerte caída de los mercados bursátiles causada en parte por la disputa del mandatario con el banco central.

Las acciones cayeron nuevamente en la apertura del lunes en medio de preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento económico, la paralización de las operaciones del gobierno y reportes de que Trump ha discutido despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell.

Wall Street ha caído con fuerza en las últimas semanas ante los temores de la debilidad de la economía, con el índice S&P500 en camino a registrar su mayor declive porcentual en diciembre desde la Gran Depresión.

A través de un tuit que no hizo nada por aliviar las preocupaciones sobre la preciada independencia de la Fed, Trump culpó firmemente al banco central por los problemas que vive la mayor economía del mundo.

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen sensibilidad para el mercado", escribió Trump en Twitter. "La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene delicadeza -no puede con los golpes suaves!", agregó.

Trump ha criticado con frecuencia las alzas de tasas por parte de la Fed de este año.

Wall Street reaccionó a los reportes de que Trump ha discutido en privado la posibilidad de despedir a Powell. Mnuchin afirmó el sábado que el mandatario le aseguró que "nuca ha sugerido despedir" al jefe de la Fed.

Los mercados también están preocupados por la paralización parcial del gobierno que comenzó el sábado tras un punto muerto en el Congreso sobre la exigencia de Trump de más fondos para un muro en la frontera con México.

La renuncia el jueves del secretario de Defensa Jim Mattis tras la sorpresiva decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria también puso nerviosos a los inversionistas.

Colapso navideño en Wall Street: el Dow Jones sufrió la peor baja en 100 años

Una vasta ola vendedora se profundizó en la bolsa de Nueva York en una sesión acortada por Navidad. Fue luego de que la convocatoria del secretario de Tesoro a una reunión de un comité de crisis, junto a otros eventos políticos, asustara con fuerza a los inversores.



Foto: USA Today

Una vasta ola vendedora se profundizó el lunes en Wall Street en una sesión acortada por Navidad, luego de que la convocatoria del secretario de Tesoro a una reunión de un comité de crisis y otros eventos políticos asustaron a los inversores y acentuaron la tendencia bajista en todos los índices.


Según los últimos datos disponibles, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 653,1 puntos, o un 2,9% por ciento, a 21.972,27 unidades, lo que representa la mayor baja diaria en un siglo para una jornada en vísperas de Navidad, según el sitio especializado Barron.

Además, el índice S&P 500 cayó 65,32 puntos, o un 2,70 por ciento, a 2.351,3 unidades.

El índice Nasdaq Composite perdió 140,08 puntos, o un 2,26 por ciento, a 6.192,92 unidades.
Bolsas europeas

Las principales bolsas europeas cerraron este lunes en baja, con excepción de la de Fráncfort, que permaneció cerrada.

Londres perdió 0,5%, París 1,4% y Madrid 0,9%. Las tres plazas acortaron sus sesiones por ser víspera de Navidad

Los mercados siguen deprimidos ante la perspectiva de un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva federal (Fed) de Estados Unidos, según los analistas.

"Los mercados siguen presionados por un anuncio más agresivo (de lo esperado) de la Fed la semana pasada, lo que exacerbó los temores sobre la desaceleración del crecimiento", dijo Mike van Dulken, jefe de investigación de mercados de Accendo Markets.

Las acciones europeas han caído casi un 14% en lo que va del año y se encaminan a su peor desempeño anual desde 2008.

El complicado divorcio de Reino Unido y la UE, el impugnado presupuesto de Italia y una disputa comercial entre Washington y Pekín también han afectado a los mercados durante este año, obligando a los analistas a reducir progresivamente sus estimaciones de crecimiento de las ganancias para las empresas europeas.

Ni en vísperas de Navidad deja de subir el riesgo país: ya roza los 830 puntos

El índice que mide el JP Morgan llegó a tocar casi 1% más para llegar hasta las 829 unidades. Se trata de un nuevo máximo en más de cuatro años.



Ni en vísperas de Navidad deja de subir el riesgo país argentino. Pese a que el mercado local no opera por ser feriado nacional puente, el índice que mide el JP Morgan en EEUU - que tiene actividad reducida - no detiene su tendencia alcista y ya roza los 830 puntos básicos.

En medio de una mayor aversión al riesgo global, este indicador aumentó casi 1% hasta las 829 unidades, alcanzando así un nuevo máximo en más de cuatro años, impulsado por la desconfiaza que pesa sobre la deuda soberana entre los inversores.


De este modo, en lo que va del año el indicador registra un salto de casi el 137%, mientras que en el mes la suba acumulada roza el 18%.

"El mejor termómetro para medir la desconfianza inversora continúa siendo el riesgo país", explicó el economista Gustavo Ber, de la consultora Estudio Ber, quien añadió que esto "refleja claramente la actual imposibilidad de regresar a los mercados voluntarios de deuda, algo que deberá revertirse antes de agotarse los recursos aportados (a Argentina) por el FMI".

Bolsonaro promete un gobierno con "menos Estado"



Jair Bolsonaro


A ocho días de asumir como presidente de Brasil, el gigante económico de América Latina, Jair Bolsonaro prometió hoy un gobierno con "menos Estado" para facilitar el desarrollo y la actividad empresarial.
"Menos interferencia del Estado significa mejores condiciones de vida para el Brasileño (en mayúscula NDR)", destacó Bolsonaro en su perfil de Twitter.
Además prometió acabar con las "innumerable reglamentaciones que hay en todos los sectores que sólo sirven para recaudar y traban la economía, sin ningún beneficio para el ciudadano".
El excapitán del Ejército, que como diputado defendió durante casi tres décadas tesis estatistas, designó como futuro "superministro" de Economía a Paulo Guedes, un profesional graduado en la Universidad de Chicago conocido por sus posiciones neoliberales.
Bolsonaro, probablemente acompañado por Guedes, participará en enero en el Foro Económico Global de Davos donde brindará detalles de su programa de reformas que priorizará la del sistema previsional.

Israel va a elecciones anticipadas en abril


Elecciones anticipadas en abril de 2019

Benyamin Netanyahu en la Knesset
Los jefes de la coalición de gobierno decidieron llamar a elecciones anticipadas en Israel para abril del año próximo.
Lo reportan hoy los medios israelíes.

"En respeto a la responsabilidad nacional y de presupuesto -dice el documento de los partidos de coalición, incluido el Likud- se decidió por unanimidad disolver la legislatura en la Knesset e ir a nuevas elecciones a comienzos de abril, al término de un mandato de cuatro años completo".
Según los medios, la fecha podría ser el 9 de abril. El término natural de la legislatura era en noviembre de 2019.

Con Wall Street en caída y el gobierno paralizado, el Secretario del Tesoro llama a los bancos para intentar calmar las aguas

Wall Street cerró el viernes 21/12 su peor semana desde la crisis financiera. El Gobierno de Trump está paralizado por falta de presupuesto. Las acciones de USA han estado cayendo debido a la preocupación que genera la desaceleración económica. En este contexto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin -quien el sábado salió a desmentir que el Presidente, Donald Trump, considerase despedir al director de la Fed- aprovechó el fin de semana también para comunicarse con los CEO de los 6 bancos principales de USA, quienes le aseguraron tener "suficiente liquidez" como para operar. Un intento de llevar tranquilidad al convulsionado mercado.


Mnuchin procura evitar otro latigazo de Wall Street. /Foto:REUTERS/Leah Millis File Photo


La semana pasada, Wall Street cerró su peor semana en una década. Mientras tanto, la administración de Donald Trump está paralizada por falta de presupuesto, renunció su secretario de Defensa tras la decisión unilateral de abandonar Siria, y trascendió que el Presidente analizaba despedir al director del Banco Central estadounidense -la Fed-, Jerome Powell, luego de que esta aumentara las tasas de interés por cuarta vez bajo su liderazgo. Las acciones estadounidenses han estado cayendo debido a la preocupación que genera la desaceleración del crecimiento económico.

En este contexto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, buscó calmar las aguas llamando a los principales ejecutivos de los grandes bancos de USA, y haciendo planes para convocar a un grupo de funcionarios conocido como el "Equipo de Protección Plunge" a establecer mecanismos para prevenir que la situación siga un espiral descendente, explica el diario El Periódico. Lo reveló el domingo 23/12 el propio Mnuchin a través de un tuit. El Business Insider lo describe como un intento de calmar los nervios de los mercados financieros, que han estado inmersos en el caos durante el último mes.




"Hoy tuve llamadas individuales con los CEO de los 6 bancos más grandes de la nación", explicó el secretario del Tesoro a través de Twitter. Mnuchin aclaró que los banqueros le indicaron que están en buenas condiciones para mantener los mercados y su funcionamiento cotidiano. Se trata de una medida de precaución, explica Donna Borak de CNN, que busca evitar otro latigazo más del mercado cuando Wall Street abriese este lunes 24/12. Cada uno de los banqueros dijo tener "suficiente liquidez" como para otorgar préstamos a consumidores y empresas y llevar a cabo las operaciones del mercado, expresó el departamento del Tesoro en un comunicado el domingo por la tarde.

"Continuamos observando un fuerte crecimiento económico en la economía de USA, con una gran actividad de consumidores y empresas", dijo Mnuchin en el comunicado. El secretario del Tesoro tuvo conversaciones telefónicas con Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan Chase, Brian Moynihan, de Bank of America, Michael Corbat, de Citigroup, Tim Sloan, de Wells Fargo, David Solomon, de Goldman Sachs, y Jamie Gorman, de Morgan Stanley.

Este lunes, adicionalmente, el secretario del Tesoro va a hablar con los responsables de las agencias y organismos que regulan el sistema financiero. El sábado, Mnuchin también había tenido que salir a desmentir que Trump estuviese analizando despedir a Jerome Powell. Los futuros, explica Sandro Pozzi del diario El País, indicaban una ligera caída en el momento de publicarse el comunicado firmado por Mnuchin.

Arcor tiene que inyectar $1.000 millones en La Campagnola que multiplicó sus pérdidas por diez

La multinacional atraviesa pérdidas millonarias y su subsidiaria perdió $393 millones en 9 meses.

La multinacional argentina Arcor, que atraviesa una delicada situación financiera, deberá inyectar $1.000 millones a La Campagnola para cancelar su deuda porque el fabricante de mermeladas multiplicó sus pérdidas por diez desde 2016.

La decisión sobre La Campagnola, publicada por El Cronista, la tomó el directorio en su última reunión en la ciudad de Córdoba, encabezada por el presidente de la empresa, Luis Pagani, y cuya acta se informó una semana más tarde -este último viernes- a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).

Según estos datos, el pasivo de la Campagnola ascendía a $2872, 7 millones al 30 de septiembre. De ese monto, $1867, 4 millones correspondieron a préstamos. En el ejercicio de nueve meses cerrado hasta esa fecha, la empresa facturó $3345,7 millones (22% más que un año antes), con una pérdida neta de $393,2 millones. Es decir, $255 millones más que en igual período de 2017. La sociedad, según asentó en su último balance trimestral, registró una pérdida acumulada de $667,28 millones, "que insumen las reservas y más del 50 por ciento el capital".

El dueño de Arcor dice que no va a reestructurar su deuda, pese a las pérdidas multimillonarias

Los números son alarmantes porque reflejan que el resultado operativo de la compañía pasó de $59,45 millones positivo en 2016 a un negativo de $183,65 al año siguiente. El resultado neto fue una pérdida de $299,53 millones: un rojo cerca de 10 veces superior al de 2016.

Arcor, dueña del 99,6 por ciento de La Campagnola, también atraviesa un año muy complejo, como dio cuenta LPO. En rigor, Pagani debió salir a explicar en un comunicado que no estaba entre sus planes reestructurar su abultada deuda, luego que la devaluación hiciera que sus gastos financieros pasaran de los 2.000 millones de pesos que promediaba en el 2017 a más de 13.200 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2018. Se suma a esto una pérdida en lo que va del año que supera los 6.200 millones de pesos, lo que llevó a operadores del mercado a concluir que la reestructuración era el camino más probable.

La delicada situación financiera de una de las empresas emblemáticas del país fue revelada por LPO en base a la información que surge de los propios balances de la compañía. De acuerdo a sus estados financieros al 30 de septiembre de este año, la firma registraba una pérdida de $6.247 millones, cuando doce meses atrás mantenía una ganancia superior a los $1.000 millones.

La noticia, como era esperable y reconoció la propia compañía en su texto, tuvo una amplia repercusión. En el comunicado emitido, Arcor asegura que "no se encuentra en ningún proceso de reestructuración de sus pasivos, ya que cuenta con una sólida posición financiera". Sin embargo, de los propios estados contables de la compañía surge que sus pasivos se incrementaron principalmente porque sus gastos financieros crecieron un 563%, lo que revela que la compañía no se cubrió ante la devaluación.

Para tener una idea de la delicada situación que atraviesa, el año que viene enfrentará necesidades financieras por unos 40 millones de dólares y su patrimonio neto al 30 de septiembre era de unos 199 millones de dólares a la cotización actual. La empresa de Pagani contrajo entre 2016 y 2017, unos 500 millones de dólares de deuda con sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 9, que la obligan a desembolsar 30 millones de dólares al año hasta julio de 2023; luego tomó un crédito bancario en 2017 por otros 50 millones de dólares. Le esperan vencimientos muy exigentes en dólares y a tasas muy altas, dado el riesgo país de la Argentina. En lo inmediato, deberá cancelar 285 millones de pesos de las ON Clase 10 el próximo 3 de mayo.

Se perdieron 150 mil hectáreas de soja por "El Niño"

El exceso de lluvias provocó daños en siembras. Las zonas más golpeadas son el centro- sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.


La semana pasada  el fenómeno climático "El Niño" se intensificó trayendo lluvias muy por encima de lo normal en el mes de diciembre y complicando la evolución de la siembra de soja y la cosecha de trigo 2018/19.

En el último informe de la red GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al que accedió este medio, se confirmó lo que muchos preveían: se perdieron entre 100 y 150 mil hectáreas de soja en todo el territorio nacional.

Las lluvias en el mes de diciembre provocaron pérdidas en soja de segunda, aunque también impactaron en la siembra de primera causando que un 20% del total del área implantada se encuentre en condiciones "regulares" a "malas".

Un 55% de la soja se encuentra en estado "bueno" y un 25% "muy bueno". El 80% de los lotes sembrados están ahora en etapas vegetativas, al tiempo que un 13% está iniciando la floración y otro 7% está en plena floración.

"Las sojas de segunda que se sembraron en campos altos están bien, pero las que se encharcaron se perdieron. Hay muchos lotes embarrados a los que no se puede ingresar y se dan por perdidos", advirtió el documento de la BCR.

Las zonas con los mayores problemas hasta el momento son el centro-sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires donde se calcula que se resembraron la mayor parte de las 500 mil hectáreas por los temporales de noviembre y diciembre.

Si bien se espera que la cosecha de soja sea importante y muy superior a la del año pasado (cuando se produjeron 36 millones de toneladas), a la fecha la única estimación es la de la Secretaría de Agroindustria con 54,2 millones de toneladas.

José Luis Aiello, doctor en Ciencias Atmosféricas, dijo que "la combinación del Niño débil y el calentamiento del Atlántico generan flujos de humedad", para luego mencionar que "habrá continuidad de lluvias en el centro-este de la región pampeana".


El último Panorama Agrícola de la Bolsa de Cereales (BCBA) indicó que se sembró un 74% de las 17,9 millones de hectáreas implantadas. "En los últimos días se incrementó la proporción de superficie bajo condición de exceso hídrico", señaló la entidad porteña.

En el caso del maíz, la siembra cubrió un 60% de las 5,8 millones de hectáreas estimadas. "Nuevas precipitaciones mantuvieron las reservas hídricas, aunque las tormentas provocaron daños puntuales por granizo en el centro del país", informó la BCBA.

En cuanto a la cosecha de trigo, la Secretaría de Agroindustria redujo a 19,4 millones de toneladas su proyección, por debajo de las 20,1 millones pronosticadas al inicio de la campaña, y por encima de las 19 millones estimadas por la BCBA.

Un cruce de Larreta y Marcos Peña ante Macri revela las tensiones en Cambiemos

El jefe de gobierno contradijo a Peña en la reunión de gabinete ampliado. Ya hablan del "riesgo Marcos".

Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña tuvieron un inédito chispazo ante Mauricio Macri en la última reunión de gabinete ampliado del año, que confirma las tensiones que hay en el frente Cambiemos en vísperas del último año de mandato.

Las reuniones de gabinete ampliado del PRO no tienen la estética típica de una reunión de gabinete, sino que se asemejan a las charlas TED en las que los funcionarios hacen una exposición ante el auditorio colmado de funcionarios.

Delante del auditorio del CCK, el jefe de gabinete fue el primero en tomar y sugirió que había que mantener la paz y no "pelearse" con el prójimo, tanto en política como en la vida en general.

Lo que pareció otra muestra del discurso ligado a lo "zen" y alejado de la tradición política que acostumbra Peña, tuvo otra interpretación para Larreta, que cuando tuvo la palabra le respondió directamente.

"Discúlpame Marcos, voy a disentir: sí hay que pelearse", retrucó el jefe de gobierno porteño.

En el PRO interpretaron que Larreta hablaba de que con el discurso del optimismo y la buena onda no le está alcanzando al Gobierno para cumplir con las "luchas" que se propuso cuando asumió Macri.

El cruce, más allá de esa reunión, revela la tensión existente entre el sector de Peña y el que encarnan Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal, ya a esta altura constituidos como los dos polos de poder del Gobierno.

El principal punto de disputa entre estos polos se da porque Peña prohíbe la incorporación de otros sectores de la política, en especial del peronismo, y por eso logró agobiar a otras figuras importantes de Cambiemos como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

En este sentido muchos en el PRO ya hablan del "riesgo Marcos", para transpolar el riesgo país, la máxima preocupación de la Rosada del momento, al peligro que puede suponer para las elecciones una nueva cerrazón hacia otros sectores del espectro político, al fiel estilo Durán Barba.

Panorama Semanal: De humores, incertidumbres y una certeza

Imaginemos que estamos en marzo de 2019, y los que están colocados en Leliqs, plazos fijos y demás posiciones más o menos tradicionales del ecosistema financiero ( una masa impresionante de fondos) tienen que pensar en lo que se viene. Imaginemos un personaje para pensar cuales son las opciones que manejará. Nuestro personaje no sabe quien va a ganar las elecciones, ya que nadie le puede asegurar hoy eso. Nuestro personaje no sabe si sigue Macri y sigue todo igual (?) si vuelve Cristina, y con que onda vuelve, si Massa o los peronistas "razonables" podrán meterse en un balotaje y ganar.
En ese escenario, digamos marzo 2019, que imaginan que haría nuestro personaje con sus fondos en leliqs y parecidos o plazos fijos? a) los deja donde están b) se pasa a dólares.
La respuesta parece obvia. Las consecuencias de ese escenario también.

El FMI siempre apuesta por el soft landing. No es que el FMI puede evitar las explosiones, pero puede hacer que sean menos abruptas para que 1) los inversores puedan salir a tiempo 2) evitar el contagio regional 3)  que la política esté preparada para "atajar" a crisis y armar un esquema de contingencia y transición.

Recordemos que hace un año, en fin de año de 2017, el dólar estaba a 17 pesos, hoy está a 40.

Los empresarios requieren siempre adhesión y eficacia, y no obtuvieron ninguna de las dos.
Involucrados de manera bizarra en la causa de los cuadernos, su tranquilidad se vio alterada como nunca antes. Para colmo la situcación de sus empresas es quizás la peor en muchos años. No se vende, no se compra, no hay crédito, no hay perspectiva, el humor y la moral están por el piso.
Todo esto hace que el valor de las empresas caiga día a día, y muchos temen que las mismas sean compradas por "dos pesos" en ofertas públicas de adquisición,  simplemente por vendidas por "así no se puede seguir".


Nadie sabe aún quién pagará la campaña para esas elecciones que pueden marcar el rumbo del país por mucho más que un cuatrienio, el empresariado asiste perplejo a las idas y vueltas de las causas judiciales que, como nunca antes, involucran a algunos de sus pesos pesado.


En la calle Della Paolera, por ejemplo, se festejó el fallo de ayer de la Cámara Federal porteña como un gol: Luis Betnaza, el lobista en jefe de Techint, ya no está procesado por asociación ilícita sino por cohecho activo, un delito que por su rango de penas rara vez termina en prisión efectiva. Lo mismo ocurrió con el resto de los ejecutivos procesados excepto Gerardo Ferreyra, que no aceptó declarar como "arrepentido". Una Navidad sin presos del establishment. El jefe de Betnaza, Paolo Rocca, ni siquiera llegó a ser procesado tras su indagatoria.

Pero lo que miran los dueños de la Argentina no es solo esa causa. Horas antes cayó como una bomba en el universo contratista la ratificación de los procesamientos de Aldo Roggio (Roggio S.A.), Tito Biagini (Cartellone S.A.) y Carlos Wagner (ESUCO) que había dispuesto el juez Sebastián Casanello en la investigación sobre presuntas coimas en las obras de AySA donde participó el pulpo brasileño Odebrecht. Ni el equipo de Casanello esperaba semejante espaldarazo.

La misma sorpresa causaron los allanamientos simultáneos de anteanoche en el domicilio y las oficinas del zar aeroportuario Eduardo Eurnekian. No porque el arrepentido Claudio Uberti pueda probar fácilmente que le cobró coimas a cambio de mantenerle la concesión de dos corredores viales, sino por el riesgo de que la Justicia hurgue después en la prórroga de las concesiones de los 33 aeropuertos que administra. Si alguien en la policía o en Comodoro Py fue capaz de avisar a los canales de TV de los allanamientos y hasta de facilitarles la dirección de su mansión en Martínez ¿qué vendrá después?

Tal vez sea, como le dijo el prestigioso jurista Alberto Binder a la revista Crisis, "una operación pensada en algún lugar", porque "los empresarios son el único sector que quedaba por disciplinar en este país". Binder cree que "no hay que ser simplistas y pensar que Macri se reúne con cinco tipos y diseña todo", pero advierte que "hay problemas de competencias extranjeras que, sin ser muy conspirativos, son reales". Y subraya: "Odebrecht había generado un monopolio en la obra pública de la región que resultaba inadmisible para los actuales parámetros de orden comercial".

Paolo Rocca se mostró convencidísimo de que el Tío Sam no está detrás de sus desventuras. Pero una vez más, quizás no sea tan simple. Un fondo de créditos que depende del gobierno estadounidense, la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), advirtió por escrito ante una consulta de la agencia de información financiera REDD Intelligence que podría denegar préstamos blandos por más de US$ 800 millones que preveía otorgar a compañías argentinas a raíz de las causas de corrupción que se siguen contra sus ejecutivos. "Antes de que cualquier financiación se apruebe o se desembolse, los proyectos que buscan apoyo y sponsors deben pasar por varios niveles de aprobación que incluyen chequeos rigurosos", avisó la OPIC.

Además de Tecpetrol, de Rocca, el quite de créditos podría afectar a Transportadora Gas del Sur (del grupo Pampa, investigado por la compra de acciones de Petrobras a la ANSES) y a Genneia, una empresa de energía eólica donde la familia Brito posee un 25% de las acciones. Jorge Horacio Brito fue procesado a principios de mes en el caso Ciccone.


"Si fuera presidente indultaría inmediatamente a todos los empresarios de los cuadernos", dijo esta semana Eduardo Duhalde, el máximo impulsor de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, que entusiasma a más de un empresario pese a los 76 años del exministro. Con slogans así, si no fuera por la hiperpolarización entre Macri y Cristina que cantan todos los focus groups, la campaña mejor financiada sería seguramente la suya.

La Argentina iba a romper en 2018 la maldición de los años impares. Dos años consecutivos de crecimiento. No pasaba desde 2011. La inflación iba a cerrar debajo de 20 por ciento. La más baja desde 2009. El dólar no iba a ser una preocupación. Se iba a mantener estable en niveles cercanos a los 21 pesos. El panorama resume los pronósticos de los economistas del establishment para este año. Especialistas que se presentan como portadores del saber económico y quienes saben qué se debe hacer en materia económica. En general, son integrantes de la secta de la ortodoxia y de la heterodoxia conservadora. La tarea de revisar las cifras de las principales variables macroeconómicas los deja en ridículo. Una vez más. El PIB termina 2018 con una caída de más del 2 por ciento. El dólar rozando los 40 pesos. La inflación en 46 por ciento. Los denominados gurúes de la city volvieron a confundir deseos con realidad.


El 2018 termina siendo el peor año económico desde el 2002. En este período de diecisiete años hubo recesiones, como la del 2009 precipitada por la crisis internacional y las del 2014 y 2016 provocadas por fuertes devaluaciones. Pero ninguna de esas tres crisis tuvo resultados tan desastrosos en todos los frentes como ésta. No fueron sólo variables macroeconómicas con registros malísimos (inflación, crecimiento, producción industrial, reservas, tasa de interés, desempleo, pobreza), sino que la gestión de la cuestión económica ha sido mala, con tres presidentes del Banco Central en un mismo año (el tercero tecleando por razones ajenas al manejo de la entidad) y un ministro de Hacienda que tuvo que entregar la política económica a manos del FMI ante las varias muestras de deficiencias en su administración.


La dinámica del deterioro económico acelera cada vez a mayor velocidad el malhumor de unos y otros votantes, los que celebran el fracaso de Cambiemos -hoy ya solo PRO- y los que se decepcionaron por una gestión definitivamente muy mala.

No es casual que tengamos un diciembre tranquilo y sin saqueos. Nadie quiere ser tildado de golpista cuando, en realidad, ésta gestión es tan débil que va al fondo del mar por sus propios errores. Lo que el PRO vino a proponer, fracasó, si algunos trasnochados quisieran darle un empujoncito: se cae en cuestión de horas. Pero, por suerte, prima la cordura y el respeto por los tiempos democráticos.

En este punto trabajaron fuerte tanto María Eugenia Vidal como Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Según fuentes oficiales se destinaron más de $ 180 millones para repartir 1,2 millones de cajas navideñas y más de 400 mil juguetes por todo el país. Se trata de módulos alimentarios de cinco productos, que llegaron a los 24 ministerios de Desarrollo Social provinciales.

Solo en la provincia de Buenos Aires Vidal puso $ 66,1 millones para 300 mil cajas navideñas con ocho productos (pan dulce, turrón, garrapiñadas y cóctel de frutas, entre otros) más 50 mil juguetes. El conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca fueron los beneficiados en ONG, instituciones sociales, evangélicas, parroquiales y comedores comunitarios. También entre las dependencias municipales de acción social. La entrega terminó ayer y supuso, desde que comenzó en diciembre, el desembolso de $ 12,4 millones por día entre Provincia y Nación.


Fue clave para ello el trabajo de dos discípulos, de origen peronista, de Vidal: Carlos Pedrini (viceministro de Desarrollo Social) y Santiago López Medrano (su par bonaerense), la dupla anticonflictos que creció cuando la gobernadora bonaerense era ministra porteña de Desarrollo Social y ellos eran apenas dos muy jóvenes asesores.


Apenas terminado el G20, el gobierno de Mauricio Macri tenía un solo desafío en mente: garantizar la paz social de diciembre. Es ese miedo recurrente en la política argentina por el cual se cree que la gente se organiza y sale a delinquir y saquear supermercados ante la inminencia de las fiestas. Pasó más de una vez, pero el temor es que cada previa navideña se repita. Estos días, en la Casa Rosada, respiraban aliviados con lo que ya anticipaban como un diciembre tranquilo. “Toco madera”, expresó un funcionario de primera línea luego de decir “está todo bajo control”. Se agarró de una puerta dejando en claro la desesperación oficial para que ese desafío se cumpla.


En Desarrollo Social, en cambio, se mostraban más tranquilos. “Venimos trabajando desde hace varios meses para evitar un diciembre convulsionado”, explican. Ese trabajo implicó mantener negociaciones con los principales movimientos sociales, garantizando alimentos y dos bonos (uno en septiembre y otro en diciembre) para beneficiarios de planes sociales y AUH, además de un bono de fin de año que se pagó esta última semana.

Desde los movimientos sociales, por su parte, venían anticipando que no veían prudente agitar protestas en un contexto de crisis tan marcado. “Nadie quiere quedar pegado a situaciones de ese estilo”, comentaba hace ya un mes uno de los principales referentes. Agitar la calle, en ese sentido, podía ser visto como un caldo de cultivo para otro tipo de situaciones. La negociación viene dando resultados, pero nadie quiere cantar victoria. Por lasdudas, siguen tocando madera.

No queremos aburrirlos con el desagregado del balance del BCRA, la base monetaria existente, las Leliqs, los intereses a pagar de éstas y por la deuda asumida pre FMI. Pero una vez evaluadas, no queda ninguna duda acerca que la recuperación económica en 2019 es una utopía, aunque dupliquemos la cosecha agrícola. No hay chances de un salida en V, tampoco una salida en U, sino que nos depara es una larga L cuya parte inferior no será menor a los tres años.

La recesión llegó para quedarse por mucho tiempo, pero ese sería el menor de los males sino tuviéramos por delante la Estanflación primero y la HiperInflación después, para culminar con una reestructuración de deuda y un nuevo waiver por no menos de cinco años con el FMI.

Este Gobierno no les va a imponer de forma compulsiva un bono a los bancos para reemplazar la Leliqs, sino que va a emitir y tratará de absorber los pesos vía tasa, intentando mantener el tipo de cambio artificial y desquiciadamente bajo, como para que la inmensa masa de plazo fijo que no están destinados para capital de trabajo no fuguen al dólar previo a las PASO. Y de esta estrategia se desprenden una vez más varios errores de diagnóstico.

No están contemplando la coyuntura mundial sumamente adversa para los mercados emergentes los próximos años.

Subestiman la memoria inmunológica del inversor de plazo fijo: a mayor tasa, más rápido irán en búsqueda de un dólar barato.

Y si decidieran finalmente reeditar un Plan Bonex para los bancos y permitirles usarlos como encaje, la tasa al público caería de manera drástica y generaría la corrida cambiaria con mayor velocidad.

La idea generalizada de la inevitabilidad de turbulencias cambiarias que predomina entre jugadores y consultores de la city está sostenida en una serie de indicadores financieros: riesgo país superando los 800 puntos (nivel récord en tres años de gobierno de Macri), una muy débil demanda de dinero, tasas de interés reales elevadas que el Banco Central no puede seguir bajando, aumento de la fuga de capitales y dolarización de carteras en años electorales. Sólo los fanáticos del macrismo mencionan la competitividad electoral de CFK como explicación determinante de un riesgo país tan alto.



La caída del consumo producto a la crisis económica le puso un freno al alza de precios minoristas y, en menor medida, mayoristas. Esto evidencia una modificación de la estructura de precios relativos en el corto plazo en detrimento del comercio minorista.


Esta semana el gobierno anunció la suspensión del programa de participación público-privada (PPP) que, según nos habían explicado el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el todavía ministro de Finanzas Luis Caputo al anunciar su lanzamiento el año pasado, sería “el plan más ambicioso de infraestructura” de la historia argentina y permitiría aumentar un 60% la inversión en obra pública en 2018 sin generar déficit fiscal porque “hay muchas ansias de financiamiento de los fondos internacionales en activos argentinos de largo plazo”.

La primicia la tuvo el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo cuando aterrizó en Buenos Aires para acordar la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento mediante el sistema de PPP y, en cambio, se volvió a su provincia con la promesa del ministro del Interior Rogelio Frigerio de que el gobierno nacional solventaría la obra como resarcimiento de una deuda judicial que mantenía con la provincia.

El motivo de la decisión no es misterioso: la suba inexorable del riesgo país, que el viernes llegó a los 821 puntos básicos (un nuevo récord para la gestión de Macri), convierte en una quimera la pretensión de que las empresas privadas obtengan crédito internacional en dólares a largo plazo para fondear las obras, una de las obligaciones que les corresponden bajo el sistema de PPP. Y con esa imposibilidad se esfuma la principal ventaja aducida por el gobierno para justificar el descarte del método tradicional para construir obra pública.

El anuncio afecta proyectos de obras por unos US$ 21.000 milones en redes eléctricas, vías ferroviarias, energías renovables, sistemas de saneamiento, hospitales, viviendas y cárceles, que el gobierno prometía completar entre 2019 y 2023.







María Eugenia Vidal lo negaría en público si alguien se atreviera a preguntárselo, pero en la intimidad asegura que preferiría evacuar su despacho de La Plata (y también el que acaba de estrenar en el Museo Ferroviario) antes que ser reelecta si Cristina Kirchner le arrebata la banda presidencial a Mauricio Macri. Tras haber hecho trascender dos meses atrás su malestar por el ajuste que descargó el Presupuesto sobre su provincia, la gobernadora archivó la idea de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y empezó a pedirles a los suyos que se preparen para los comicios más polarizados de la historia. Ahora vela sus armas para librar junto a su jefe el combate a todo o nada que Cambiemos prefigura para todo 2019.

Así se votará en cada provincia en 2019

El cronograma de elecciones provinciales para 2019


Verna (La Pampa), Gutiérrez (Neuquén), Schiaretti (Córdoba), Arcioni (Chubut), Uñac (San Juan) y Bordet (Entre Ríos).


El 2019 será un año cruzado por un disperso y extenso cronograma electoral, que arrancará en febrero en La Pampa y culminaría el 24 de noviembre, si hay ballotage presidencial. De 22 provincias que el año próximo eligen gobernador, 17 lo harán de forma anticipada de la elección nacional que definirá al futuro Presidente. Por ahora, sólo 5 distritos (Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Formosa, Salta y Jujuy) adherirían al calendario nacional, aunque ninguno de ellos lo ratificó formalmente. En la estratégica provincia de Buenos Aires, abundan los sondeos de opinión del gobierno de María Eugenia Vidal sobre la posibilidad de desdoblar o no la elección, lo que definirá el camino a seguir por el oficialismo.

Adelantados

Unas siete provincias, la mayoría en manos del peronismo, ya tienen confirmada su propia fecha de elección, lejos de las nacionales. La Pampa abrirá la disputa electoral 2019 con el adelantamiento de las primarias para el 17 de febrero. Ya se definió el cierre de listas: el diputado nacional Sergio Ziliotto es precandidato a gobernador de una lista de unidad del peronismo; en Cambiemos habrá disputa entre el secretario de Deporte, el macrista Carlos Mac Allister y el diputado radical Daniel Kroneberger. Quienes resulten electos disputarán la gobernación en las generales del 19 de mayo, en la que el PJ aspira a retener la provincia.

La seguirá Neuquén, aunque definirá antes su futuro gobernador: el 10 de marzo, en una elección sin primarias y con Boleta Unica Electrónica, donde se pondrá en juego la hegemonía histórica del Movimiento Popular Neuquino.

En Córdoba, el gobernador peronista Juan Schiaretti –que irá por su reelección–, fijó la elección para el 12 de mayo. Una semana después, de no haber novedades en la disputa política provincial, Chubut, elegirá su gobernador el 19 de mayo, entre los candidatos surgidos de las primarias del 17 de marzo, de acuerdo a lo que fijo el gobernador Mariano Arcioni (que suplantó al fallecido Mario Das Neves). Aunque la Legislatura anuló por ley el decreto, el mandatario provincial la vetó y ratificó su calendario electoral.

En San Juan, el mandatario provincial, Sergio Uñac, fijó un cronograma con primarias abiertas para el 31 de marzo y generales el 2 de junio. Entre Ríos tendrá las suyas el domingo 14 de abril y el 9 de junio, según el decreto firmado por Gustavo Bordet.

El gobernador socialista Miguel Lifschitz –que no tiene reelección ya que la Constitución provincial autoriza un solo mandato– cumplió con la tradición santafesina de adelantar los comicios locales al primer semestre: Santa Fe elegirá a su sucesor en la Casa Gris el 16 de junio, entre quienes surjan de las primarias del 28 de abril.

Sin fecha

Otras 10 provincias también tienen previsto adelantar sus elecciones locales. Tierra del Fuego y Tucumán lo tienen establecido en sus respectivas constituciones. De acuerdo a los plazos legales, los fueguinos irían a las urnas en mayo y los tucumanos no mas allá de junio. Pero ni Rosana Bertone ni Juan Manzur han definido aún la fecha. En el caso de Tucumán la ley electoral de la provincia no incluye la realización de primarias.

Lo mismo sucede en Chaco, donde la elección provincial tiene que ser desdoblada de la nacional. El gobernador peronista Domingo Peppo ha manifestado su intención de no modificar la legislación chaqueña y su probable convocatoria sería en junio.

Habitualmente, Catamarca era la encargada de abrir tempranamente –en febrero– el calendario electoral para elegir a su gobernador en los años de elección presidencial. Pero está vez la gobernadora peronista Lucía Corpacci se tomó su tiempo y por ley puede establecer la fecha dos meses antes de la convocatoria. De todas maneras, llamaría a elecciones anticipadas, probablemente para marzo, aunque no habrá PASO: la Legislatura provincial suspendió la realización de primarias por “única vez”.

La lista de los adelantados sin fecha se extiende a otras provincias con gobierno de distintos signos políticos. Misiones, en manos del Frente Renovador por la Concordia, también se pronunció a favor del adelantamiento de las elecciones en la provincia, pero el gobernador Hugo Passalacqua (que cumple su mandato constitucional) recién confirmaría en febrero la fecha del comicio provincial que se realizaría en Mayo.

En San Luis, la disputa interna entre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá complica el escenario. Ambos podrían competir por la gobernación. Alberto, el actual gobernador puntano con aspiraciones presidenciales, jugaría sus cartas en una elección anticipada –que sería posiblemente en junio–, donde un triunfo contundente podría catapultarlo a la disputa nacional.

Urnas y tribunales

Otras tres provincias que adelantarían sus elecciones están envueltas en disputas judiciales para dirimir la posibilidad de que sus gobernadores puedan ir por un nuevo mandato. En La Rioja, el gobernador peronista Sergio Casas promovió una enmienda constitucional –que aprobó la Legislatura– para acceder a un nuevo mandato (ya que fue vice durante el periodo 2011-2015) y ahora deberá llamar en 45 días a un plebiscito que la refrende. Desde Cambiemos anticiparon que apelarán judicialmente la convocatoria porque el plebiscito debería llevarse a cabo con la elección provincial y Casas –que pretende adelantar la elección provincial a mayo– ya no podría presentarse como candidato.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, tiene el mismo problema que su par riojano para acceder a un nuevo mandato (fue vice del fallecido Carlos Soria antes de ganar en 2015), pero manifestó su intención de postularse en las elecciones que convocaría para junio: “técnicamente es mi primer mandato”, dijo el mandatario de Juntos Somos Río Negro, de excelente sintonía con el gobierno nacional. Desde el peronismo ya anticiparon que rechazarían cualquier intento de Weretilneck de presentarse como candidato.

El radical Alfredo Cornejo tampoco tiene reelección en Mendoza (la Constitución provincial faculta un solo mandato). Cornejo, que no quiere atar la suerte de la provincia a las nacionales, adelantaría la elección de su sucesor para junio. Las PASO deberían ser en abril, pero aun no hay fecha precisa. En tanto, buscó limitar la reelección de los intendentes un solo período y promulgó una enmienda provincial que los inhabilita a un tercer mandato. Los jefes comunales peronistas de San Martín, San Rafael, Tunuyán y Lavalle presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Mendoza para anular la decisión.

Otra resolución judicial, esta vez de la Corte Suprema nacional, destrabó otra disputa en Santa Cruz al convalidar allí la ley de Lemas. Esa causa que la había iniciado el candidato a gobernador santacruceño de Cambiemos, el senador radical Eduardo Costa, que había sido el candidato más votado en 2015, pero que la suma de lemas del peronismo terminó ungiendo a Alicia Kirchner, que tiene intención de adelantar la elección santacruceña para junio.
Atados a las nacionales

Apenas cinco distritos electorales atarían su suerte a la elección nacional. Uno sería Formosa, donde el gobernador peronista Gildo Insfran ira por su séptimo mandato. Otra de ellas sería Salta, donde el peronista Juan Manuel Urtubey (que no tiene reelección) quiere que la provincia vote de acuerdo al calendario electoral nacional para buscar fortalecer su aspiración presidencial como precandidato del peronismo federal.

El mismo objetivo busca Cambiemos –con menos suerte por ahora– para fortalecer las aspiraciones de reelección del presidente Macri. En CABA, la Legislatura porteña habilitó al jefe de Gobierno macrista, Horacio Rodríguez Larreta, a unificar la elección en la Ciudad con las presidenciales. Lo mismo quiere para la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal como candidata a la reelección. Pero por estas horas, la gobernadora macrista satura los teléfonos de los bonaerenses con encuestas para sondear la opinión de los ciudadanos con preguntas sobre el posible desdoblamiento de la elección y la suerte de Vidal si va a no pegada a la boleta presidencial de Macri. Aquí, tampoco hay definición todavía.

En otra provincia en manos de Cambiemos, Jujuy, el radical Gerardo Morales irá por su reelección junto con Macri. De todos modos dejó abierta la puerta para adelantar las elecciones. Esa decisión se tomaría dentro de Cambiemos pero también pesará la alianza provincial que encabeza Morales con sectores del peronismo y el massismo.

Las únicas que miran de lejos el panorama son Corrientes y Santiago del Estero, que tras sus respectivas intervenciones federales quedaron desfasadas de las nacionales.

El gobierno prepara un tarifazo de luz, gas y transporte para principios de año para que "no le afecte en las elecciones"

Agua, luz, gas y transporte: las tarifas que aumentarán en la primera mitad de 2019

Se estima que las subas serán de entre 30% y 45%. Los servicios quedaron atrasados por la suba fuerte que el dólar registró en 2018.


Macri junto al secretario de Energía, Javier Iguacel.

Al Gobierno le falta una última ronda de subas en las tarifas de los servicios públicos y transporte. La implementará durante la primera mitad de 2019, bajo la premisa de tratar de alejarla de las elecciones y para que no disminuya las chances del oficialismo.

El servicio de agua y cloacas tendrá dos incrementos: del 17% en enero y del 27% en mayo. En tanto, la distribución eléctrica (luz) subirá en febrero. Según fuentes oficiales, acompañará el ritmo de la inflación entre agosto y enero. Hasta noviembre, ya acumula un 20%, pero aún falta conocerse el costo de vida de diciembre y enero que tallarán en esa recomposición. Además, habrá que recortar alguna tajada de las subvenciones a la generación eléctrica y es probable que eso se traspase a los usuarios.

Las tarifas de gas, por su parte, tendrán un aumento en abril como parte de la revisión semestral del período octubre 2018/marzo de 2019. Está previsto que esa suba refleje la inflación de ese período. Además, el gas del invierno es más caro que en verano. Por esa razón, aparece inevitable que las próximas tarifas sean entre 30% y 35% más altas que las actuales.


En Transporte, los dueños de las empresas de colectivos creen que habrá otra suba de los boletos. Aún con las correcciones de 2018, los subsidios estatales serían insuficientes para cubrir la mayor erogación por combustibles y aumentos salariales. En el Gobierno son silentes sobre el asunto, pero admiten que deben resolverlo antes que se avecine la carrera electoral.

En el marco del préstamo contraído con el FMI, el organismo multilateral también sugirió una disminución de las subvenciones estatales. Esto implica que los usuarios (hogares, comercios e industrias) deberán aportar de su bolsillo por alguna parte del dinero que el Estado dejará de aportar.



El agua, el primero del año

Aysa debutará con los aumentos: el de enero será de 17% y estará vigente desde el primer día de 2019 hasta el 30 de abril. La siguiente corrección será de otro de 27% desde mayo de 2019 a abril de 2020, para cubrir la inflación prevista para el año próximo.

La tarifa de Aysa aumentó 26% desde el 1 de mayo. Cuando se decidió ese incremento, la pauta de inflación anual del Gobierno era 15%. Pero la devaluación les cambió los números. El costo de vida de este año superará el 45%. Por ese motivo, al 26% ya aplicado entre mayo y diciembre se le agregará otro 17% desde enero.

Una familia tipo pasará a pagar $ 274 mensuales en enero y $ 348 desde mayo, según estimaciones hechas por la empresa en relación al servicio de agua potable. Por cloacas se paga otro tanto. Desde mayo de 2019 las boletas llegarán en forma mensual, dejando el formato bimestral que se usa ahora.

Las tarifas eléctricas se modificarán desde el 1 de febrero. Según el secretario de Energía, Javier Iguacel, el incremento estará en línea con la inflación acumulada en los seis meses que van desde agosto hasta enero de 2019. Con noviembre incluido, el costo de vida ya acumula un 20% de aumento. Faltan diciembre y enero.

Pero, además, el último aumento de tarifas -de agosto- no llegó a reflejar el impacto de la devaluación posterior. En ese momento, el dólar estaba a $ 28. Ahora, está en $ 38. Por esa razón, aun para mantener el mismo nivel de subsidios, los cargos eléctricos deberían subir.

Fuentes oficiales admiten que aún se subsidia, al menos, 40% del costo eléctrico para los hogares. En el Gobierno les gustaría reducir ese porcentaje. De allí a que el aumento de febrero oscilará entre 30% y 35%.

Aunque no tiene fecha definida, entre la luz (en febrero) y el gas (en abril), podría colarse el incremento en transporte. Las empresas de colectivos señalan que es necesaria una recomposición.

Los subsidios al transporte de 2019 serán diferentes a los de 2018. Serán otorgados por la provincia y la ciudad, aunque la Nación se guardó una tajada para los colectivos que pasan por ambas jurisdicciones.


Christine Lagarde junto a Mauricio Macri. El FMI pide que se mantengan los ajustes en las tarifas.

El ministerio de Transporte subsidia una parte del gasoil que utilizan los colectivos. Desde el año que viene, planea dirigir esos fondos directamente a las petroleras. Esa modificación ya despertó resistencia por parte de las firmas que trasladan pasajeros.

El ministro Guillermo Dietrich siempre fue renuente a avisar sobre los aumentos en trenes y colectivos. Los aplicó en 2016 y 2018, es decir en años no electorales. Para disponerlos en 2019, la recomendación que le hicieron desde el sector es que sea antes de marzo, ya que tendrá menos impacto tanto en la opinión pública como en el bolsillo.

En abril viene otro turno de gas. El Poder Ejecutivo va por el mismo sendero que en la luz: evolución de la inflación. En este caso, entre octubre de 2018 y marzo de 2019. A diferencia del incremento para el período estival -en que el precio del gas cae por menor demanda-, las tarifas del próximo invierno tienen otro comportamiento.

El país importa gas durante los meses más fríos y la producción local también se paga a un precio superior. Eso implicará que el costo del gas será más caro. A la inflación habrá que sumarle ese adicional propio de la estacionalidad. En las boletas, el aumento también transitará en una zona del 30% al 35%.

Según la CNN Donald Trump analiza despedir al jefe de la Fed tras suba de tasas

El presidente cree que un alza reducirá el crecimiento económico.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de despedir al presidente de la Reserva Federal (Fed, el Banco Central de ese país), Jerome Powell, después de que el organismo elevara esta semana las tasas de interés, informó este sábado la CNN, que cita a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La CNN asegura que Trump está "furioso" con la Fed y ha pedido consejo a sus asesores sobre la posibilidad de expulsar a Powell, específicamente sobre si, como presidente, puede legalmente deponer al máximo responsable de la política monetaria estadounidense.

Powell fue elegido por Trump como presidente de la Fed y asumió el cargo en febrero de este año con un mandato de cuatro años.



El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, no le hizo caso al presidente Donald Trump

Esta semana, de manera unánime, la Fed decidió aumentar un cuarto de punto las tasas, de manera que el precio del dinero en Estados Unidos se ubicó entre el 2,25 % y 2,50 %, con lo que se sitúan a niveles no vistos en más de una década en la primera economía mundial.

El Banco Central norteamericano tomó esa medida desoyendo a Trump, quien había pedido a la Fed que no cometiera un "nuevo error" con la suba de tasas.

El mandatario se ha quejado de manera reiterada de que el gradual ajuste monetario defendido por el organismo liderado por Powell supone una amenaza para la aceleración de la economía estadounidense.

Las críticas del mandatario a la entidad quiebran el tradicional respeto por la independencia de la política monetaria desde la Casa Blanca, y han sorprendido a los mercados y analistas.

  Por su parte, Powell ha evitado responder al mandatario y ha insistido en que el buen momento económico que vive el país con una tasa de desempleo del 3,7 %, en mínimos de casi medio siglo, y una inflación cercana a la meta anual del 2 %.

En los últimos meses, sin embargo, Wall Street ha dado muestras de debilidad, y el Dow Jones, su principal indicador, ha caído un 12 % desde octubre.

  El miércoles pasado, la Fed subió el rango de tasas 0,25 puntos porcentuales –el cuarto aumento en el año- y la colocó a un rango de 2,25- 2,5%, algo que los economistas daban casi por descontado. Sin embargo, avisó que en el futuro será cuidadosa porque el año próximo, en principio, las subiría solo dos veces.

Desde diciembre de 2015, el Banco Central ha subido ocho veces su principal tasa, llevándola a 2,50% tras casi ocho años en casi cero, para ayudar a EE.UU. a salir de la Gran Recesión de 2008-2009. Esta política dio sus frutos y la economía se recuperó. De hecho, ahora crece a un ritmo de 3,5% anual, mientras que el desempleo cayó a niveles históricos de 3,7% y el consumo está pujante. La Fed entonces comenzó a elevar las tasas de forma sostenida para evitar que la economía se sobrecalentara y subiera la inflación más allá del 2% anual.





Pero en los últimos meses, Estados Unidos enfrenta potenciales problemas que van desde los posibles efectos de las guerras comerciales de Trump hasta el enlentecimiento del crecimiento chino y las turbulencias que genera el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea (Brexit). Numerosas señales indican que el crecimiento económico estadounidense habría alcanzado su máximo. Esa percepción hizo tambalear a los mercados en las últimas semanas y Wall Street perdió lo ganado en el año.

Qué es el Riesgo País, cómo se mide y por qué impacta tanto en la Argentina


El riesgo país se mantiene con una tendencia a la alza desde principio de diciembre, acumulando una suba de 14% en el mes


Luego de llegar a un nivel de 821 puntos este viernes, el riesgo país ya registra una suba de 14% en el mes, y respecto de principio de año el salto es de 130%. Es una de las variables que más alertas despierta tanto en el sector privado como en el público. En concreto, el índice impacta en las capacidades de financiamiento de un país.


Se trata de un índice que arma el banco JP Morgan que funciona como un punto de referencia a la hora de medir el rendimiento total de los bonos gubernamentales internacionales emitidos por países emergentes. Usando el EMBI o Emerging Bonds Market Index, tal el nombre oficial del indicador, los operadores e inversores globales tienen una referencia a partir de la cual exigir cierto nivel de retorno a los bonos soberanos que se emiten en moneda extranjera, normalmente en dólares o euros.


Esa exigencia parte desde un piso establecido por el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. El mismo es considerado a nivel global como el más seguro del mercado, y en ese sentido se puede considerar como el "riesgo país cero".


En términos interpretativos, el riesgo país "contiene distintos significados en distintos momentos", explica Sebastián Maril, director de Research for Traders. Hoy, señala el economista, "el contenido político es altísimo comparado con otros años, y principalmente se resume en un posible regreso al poder de Cristina Fernández el próximo año".


Para Maril, "Wall Street le tiene mucho más miedo a un año bueno en 2019 y una derrota de Macri,que a cinco años malos en materia económica, pero con una figura política estable".


En esa línea, Federico Furiase, director de Eco Go, considera que "hacia adelante dada la incertidumbre puede seguir habiendo presión sobre el riesgo país, con la misma fluctuando en línea con la evolución de las encuestas políticas".



Nominalmente, el riesgo país mide los puntos porcentuales que los países soberanos deben sumarle a la referencia base del bono del Tesoro a sus tasas de interés si quieren emitir deuda nueva. Es decir, los 700, 800 o 900 puntos que se deberían sumar a la tasa que paga el bono estadounidense.

El Gobierno confía que sumando los fondos depositados en 2019 del acuerdo stand-by con el FMI y una renovación de Letras del Tesoro por arriba del 60%, sus necesidades de financiamiento en el corto plazo están cubiertas


Para calificar dentro del EMBI, la deuda emitida debe tener más de un año a fecha de vencimiento, al menos USD 500 millones de valor nominal pendiente a pagarse, y cumplir con otras condiciones en la regulación bursátil para poder ser operados en un mercado secundario.


El primer impacto de las subas y bajas del índice vienen del lado del financiamiento: con un riesgo país más alto, más difícil es conseguir fondos para un país. Si bien los analistas explican que en términos absolutos el mercado de crédito nunca se cierra del todo, el costo de hacerlo puede ser tal que un gobierno prefiera no asumir una obligación tan costosa como pagar elevadas tasas de dos dígitos en dólares.


En ese sentido, a pesar del que el Gobierno confía en un escenario en el que los fondos para 2019 del acuerdo con el FMI y una renovación de Letras del Tesoro por arriba del 60% cubren su programa financiero, el crecimiento del riesgo país podría complicar las posibilidades de financiamiento para los años siguientes.También tiene impacto en el corto plazo y el ejemplo más reciente es la decisión del Gobierno de frenar las nuevas obras públicas licitadas a través de Participaciones Público-Privada (PPP).


El factor financiero también pesa en el nivel actual del riesgo país e impacta en los ingresos futuros del Gobierno. Furiase asegura que "la recesión consume capital político del Gobierno y afecta a la recaudación fiscal, lo que genera perspectivas a la baja de la capacidad de mantener el camino del ajuste actual".

Trump cierra parcialmente el Gobierno porque no le aprueban fondos para el Muro

El Senado no logró aprobar los $5.6 mil millones que demandaba. 800,000 trabajadores federales serán afectados.


El presidente Trump discute con el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Tras horas de negociación fallida entre los líderes republicanos y demócratas del Congreso y la Casa Blanca, en punto de la media noche del sábado, hora de Washington DC, partes del Gobierno Federal de EU entraron en suspensión.

Alrededor de 800,000 empleados federales son afectados por la suspensión, la tercera que ocurre en lo que va del año, un récord para el gobierno de EU.

La Asamblea anunció cerca de la media noche que ya no iba a realizar otro voto y levantaron la sesión.

De acuerdo con reportes, el vicepresidente Mike Pence, el nuevo jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, y el yerno y asesor presidencial Jared Kushner intentaron negociar con los congresistas para alcanzar un acuerdo y evitar la suspensión.

Trump intentó convencer a los líderes demócratas en el Senado de aprobar el muro a través de un video en su cuenta de Twitter.

"Nuestro gran país necesita seguridad fronteriza", pidió el presidente. En el video aparecen miembros de la caravana migrante irrumpiendo una frontera en Guatemala. "Drogas están entrando, tráfico de personas. Tantos otros problemas, como la pandilla MS13. No los queremos en Estados Unidos".

Trump aseguró que lo único que los iba a detener era "un muro, o una barda, o como le quieran llamar. Pero necesitamos una gran barrera".


Días atrás el presidente dijo que estaba orgulloso de provocar una suspensión del gobierno, sin embargo, hoy responsabilizó a los demócratas del fracaso legislativo.

"Depende del Senado, y de los demócratas, necesitamos sus votos. Vamos a tener una suspensión. No hay nada que podamos hacer al respecto porque necesitamos los votos demócratas. Llámenlo la suspensión de los demócratas o como quieran, pero necesitamos su ayuda para aprobar esto", agregó el presidente.

Trump se mantuvo firme. Rechazó cualquier medida presupuestaria que no incluyera los $5.6 mil millones de dólares que quiere para construir el muro en la frontera con nuestro país.

El miércoles el Senado pasó una resolución de continuidad que extendería el presupuesto actual hasta febrero. En un principio Trump habría apoyado la medida, sin embargo, antes de que entrara a votación en la Cámara Baja el presidente reculó y dijo que no iba a firmar nada sin el dinero para el muro.

Ayer, ante la presión del presidente, los republicanos de la Asamblea de Representantes pasaron una resolución con los $5 mil millones que exigía Trump, misma que fracasó hoy en el Senado, donde necesitaba por lo menos 60 votos. El senado actualmente tiene 51 senadores republicanos.

Trump instó al líder del Senado Mitch McConnell a que reformara las reglas de votación, la llamada "opción nuclear", y aprobara la resolución con una mayoría simple. McConnell se negó a hacerlo.

El líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, dijo: "Como le dijimos al presidente Trump hace una semana, su muro no tiene 60 votos en el Senado, ni siquiera tiene 50 votos. Estamos dispuestos a continuar las negociaciones".

El senador republicano Jeff Flake dijo desde el pleno que no había un camino para aprobar la propuesta de la Asamblea. "El único camino hacia adelante es con una ley que cuente con un acuerdo entre el presidente y ambas cámaras del Congreso", advirtió. "La próxima vez que votemos será en ese acuerdo, no para otro voto de prueba".

18 striking findings from 2018

By Abigail Geiger

Pew Research Center takes the pulse of Americans and people around the world on a host of issues every year. We explore public opinion on topics ranging from foreign policy to cyberbullying, as well as demographic trends, such as the emergence of the post-Millennial generation and changes in the number of unauthorized immigrants in the United States. Here are 18 of this year’s standout findings, taken from our analyses over the past year.

1Post-Millennials – today’s 6- to 21-year-olds, also known as Generation Z – are on track to be the most racially and ethnically diverse generation yet. A bare majority of post-Millennials are non-Hispanic white (52%), while a quarter are Hispanic. And while most post-Millennials are still pursuing their K-12 education, the oldest members of this generation are enrolling in college at a significantly higher rate than Millennials were at a comparable age.



2There were 10.7 million unauthorized immigrants in the U.S. in 2016, down from a peak of 12.2 million in 2007. The total is the lowest since 2004 and is tied to a decline in the number of Mexican unauthorized immigrants during this time. Meanwhile, unauthorized immigrants are increasingly likely to be long-term U.S. residents: Two-thirds of adult immigrants without legal status have lived in the country for more than 10 years.

3Younger Americans are better than their elders at separating factual from opinion statements in the news. About a third (32%) of Americans ages 18 to 49 correctly identified all five factual statements they were asked to categorize in a Pew Research Center survey, compared with 20% of those 50 and older. Younger adults (44%) were also more likely than older Americans (26%) to accurately classify all five opinion statements. These patterns persisted regardless of the ideological appeal of the statements.

4Americans generally agree on the democratic ideals and values they see as important for the U.S. – but they say the country is falling short in living up to them. For example, while 84% of Americans say it is very important that the rights and freedoms of all people are respected, 47% say this describes the country well. And while 83% say it’s very important that elected officials face serious consequences for misconduct, just three-in-ten say this describes the country well. Despite these criticisms, many Americans say democracy is working well in the United States (58%).

5About six-in-ten women in the U.S. (59%) say they have been sexually harassed. Women with at least some college education are far more likely than those with less education to say they have experienced harassment. Non-Hispanic white women are also more likely than women in other racial and ethnic groups to cite such experiences. Around a quarter of men (27%) say they have been sexually harassed.

A separate Pew Research Center analysis of publicly available English-language tweets found that the #MeToo hashtag had been used on Twitter more than 19 million times between October 2017 – when actress Alyssa Milano first urged sexual abuse victims to share their stories and the hashtag first went viral – and Sept. 30, 2018.

6Young adults who use Facebook are particularly likely to have deleted the Facebook app from their phone at some point in the past year. While about a quarter of all U.S. Facebook users ages 18 and older (26%) say they have deleted the Facebook app from their phone, this share increases to 44% among Facebook users ages 18 to 29. In comparison, just 12% of users 65 and older say they have deleted the app in the past year. A majority of Facebook users ages 18 to 29 (64%) also say they have adjusted their privacy settings in the past year, while 47% have taken a break from checking the platform for several weeks or more.

7A declining share of U.S. Catholics say Pope Francis is doing a good or excellent job addressing the church’s sex abuse scandal. About a third say this (31%), down from 55% in June 2015. The decline in confidence has occurred across age groups, among both men and women and even among those who attend Mass weekly. And while Francis is still widely popular overall among U.S. Catholics, there is evidence that positive views of him are eroding.

8The number of refugees resettled in the U.S. decreased more than in any other country in 2017. That year the U.S. resettled 33,000 refugees, the lowest total since the two years after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, and a steep drop from 2016. Non-U.S. countries resettled more than twice as many refugees as the U.S. in 2017, marking the first time since the adoption of the 1980 U.S. Refugee Act that America’s total fell below the combined total from the rest of the world.

Americans’ opinions on whether the U.S. has a responsibility to accept refugees have grown even more partisan than they had been. While nearly seven-in-ten Republicans and Republican-leaning independents (68%) say the U.S. does not have a responsibility to take in refugees, nearly three-quarters of Democrats and Democratic-leaning independents (74%) say it does have such responsibility. Overall, about half (51%) of Americans say the U.S. has a responsibility to accept refugees.

9A majority of U.S. teens ages 13 to 17 (57%) fear a shooting could happen at their school, and most parents of teens share their concern. Nonwhite teens express greater concern over the possibility of a shooting at their school than white teens, and girls are more likely than boys to cite such concern. Most parents also share the concern of a shooting at their children’s school. More than eight-in-ten teens and adults say preventing people with mental illnesses from purchasing guns and improving mental health screening and treatment would be effective at preventing school shootings.

10A majority of U.S. teens (59%) have experienced some form of cyberbullying. About four-in-ten teens ages 13 to 17 (42%) say they have been called offensive names online or on their cellphone, 32% say they have had false rumors spread about them and one-quarter report that they have received explicit images they didn’t ask for. At the same time, nine-in-ten teens say online harassment is a problem that affects their peers. And while a majority of teens think parents are doing a good job addressing the issue, they are critical of the way teachers, social media companies and politicians are tackling cyberbullying.

11Most people around the globe say China plays a more important role in the world today than it did a decade ago – but most also say it’s better for the U.S. to lead the way. A median of 70% across 25 countries say China is playing a more important role today compared with 10 years ago, while 31% think the same about the U.S. At the same time, a median of 63% believe it would be better to have the U.S. as the world’s leading power, but just 19% say this about China. When it comes to which of the two nations is currently the world’s leading economic power, a median of 39% point to the U.S., while 34% name China.

12Democrats are far more likely than Republicans to favor making it easy for every citizen to vote. More than eight-in-ten Democrats and Democratic leaners (84%) say everything possible should be done to make it easy for everyone to vote, compared with a smaller share of Republicans and Republican leaners (48%). A majority of Republicans and GOP-leaning independents (57%) say changing rules to make voting easier would make elections less secure, while 76% of Democrats say this would not be the case.

13Almost seven-in-ten Americans (68%) feel worn out by the amount of news there is these days. While members of both parties say this, Republicans are feeling it more: Roughly three-quarters (77%) of Republicans and GOP-leaning independents feel worn out over how much news there is, compared with 61% of Democrats and Democratic leaners.

14Income inequality in the U.S. is greatest among Asians. Asians near the top of the income ladder earned 10.7 times as much as Asians near the bottom in 2016, a ratio that has nearly doubled since 1970. Asians have displaced blacks as the most economically divided racial or ethnic group in the U.S. Overall, Americans near the top of the income ladder had 8.7 times as much income as those near the bottom in 2016.

15Nine-in-ten Americans believe in a higher power, but just a slim majority (56%) believes in God as described in the Bible. Belief in a higher power is even common among religious “nones,” or those who identify as atheist, agnostic or “nothing in particular.” Meanwhile, about half (48%) of U.S. adults say that God or another higher power directly determines what happens in their lives all or most of the time, and three-quarters say they try to talk to God or another higher power.

16Most Americans (59%) say climate change is affecting their local community at least some, especially those who live near a coast. Two-thirds of those who live within 25 miles of a coastline (67%) say this, compared with 59% of those who live 25 to 299 miles from a coast and half of those who live 300 miles or more from a coast. These geographical differences exist within the parties too: Democrats and Democratic-leaning independents who live within 25 miles of a coastline are more likely than those who live at least 300 miles inland to say climate change is affecting their local community. The same is true among Republicans and Republican leaners.

17Most Central and Eastern Europeans oppose same-sex marriage, while most Western Europeans favor it. In some cases, these views are almost universally held: Nine-in-ten Russians, for instance, oppose legal same-sex marriage, while similarly lopsided majorities in Denmark, the Netherlands and Sweden favor allowing gay and lesbian couples to marry legally. The East-West gap is large even among young people: Central and Eastern Europeans ages 18 to 34 are far more likely than their counterparts in Western Europe to oppose same-sex unions. East-West differences are evident on numerous other issues, too, including measures of religious observance and attitudes toward minorities.

18“Bots” on Twitter may be behind more link sharing than human beings. An estimated two-thirds of tweeted links to popular news and media websites (66%) are posted by automated accounts, while around a third (34%) are posted by human accounts, based on a sample of tweets from 2017. A relatively small number of highly active bots appear to be responsible for many of those links.

Most Voters Have Positive Views of Their Midterm Voting Experiences

After record high turnout, most nonvoters wish they had voted

Voters approached the 2018 midterm elections with some trepidation about the voting process and many had concerns that U.S. election systems may be hacked. After the election, however, most say it was “very easy” to vote and confidence in election security has increased.

About three-quarters of those who report casting ballots in the midterm elections (76%) say that voting was “very easy.” In a survey conducted in October, just 44% of those who planned to vote expected that the process would be very easy.

Prior to the election, fewer than half of Americans (45%) were confident that elections across the U.S. would be secure from hacking and other technological threats; 55% said they were not too confident or not at all confident that elections would be secure.

After the election, a majority of Americans (64%) say they are confident that the elections were secure from hacking, though about a third (35%) still have little or no confidence in the security of the elections.

The national survey by Pew Research Center, supported by a grant from the Democracy Fund, was conducted Nov. 7-16 among 10,640 adults, including 8,579 who say they voted in the midterm elections. This survey compares attitudes about the elections and voting process with a survey conducted before the elections (Sept. 24-Oct. 7).

As the pre-election survey found, Americans have more positive views of their local election officials than those who run elections in their states or across the U.S.

Majorities say that poll workers in their community and officials who run elections locally (68% each) did a very good job during the elections.

However, a smaller majority (55%) say the officials who run elections in their state did a very good job, and just 23% give election officials across the United States very high job ratings.

Still, large majorities say both state officials and election officials across the U.S. did at least a somewhat good job. Relatively few (10%) say state officials did not do well, while 18% say the same about officials across the country.

An estimated 50.1% of the voting-eligible population voted in the midterms, according to the United States Election Project, making it the highest turnout congressional election in more than a century. Still, about half of those who were eligible to vote did not do so.

A majority of those who say they did not vote (61%) also say they wish they had voted in the midterms; 38% say they do not wish they had voted.

Asked about some possible reasons why they did not vote, no single factor stands out among nonvoters: 26% say “I don’t like politics” is a major reason they did not vote. Among other major reasons, 21% say they did not think their vote would make a difference; 20% say it was too inconvenient; 19% say they were not registered; 12% say they “didn’t care” who won their local elections for Congress; and 7% say they forgot to vote.
Was voting easy or difficult?

About three-quarters of self-reported voters (76%) say it was “very easy” for them to vote in the November elections. Another 16% say voting was “somewhat easy.” Just 8% say voting was very or somewhat difficult.

Before the election, registered voters who said they planned to vote were somewhat less confident voting would be easy for them personally. In October, just 44% said they expected it to be very easy and 40% said they expected it would be somewhat easy for them to vote.
How voters cast their ballots

The share of the electorate that votes early has increased significantly over the past two decades. This year, the share of voters who report casting their ballots before Election Day (45%) is only 10 percentage points lower than the share that reports voting on Election Day (55%).

Older voters are more likely to report voting early: 54% of those age 65 and older say they voted before Election Day, compared with 44% of those ages 50 to 64 and 38% of those under 50.

White and black voters are more likely to say they turned out to vote on Election Day than beforehand (56% of white voters and 59% of black voters say they voted on Election Day). About half of Hispanic voters report voting on Election Day, while half say they voted early (49% vs. 50%).

A similar share in both parties say they voted early, with 43% of Republicans and Republican leaners and 46% of Democrats and Democratic leaners saying this.

While voting by mail has become more common in recent elections – including in three states where elections are conducted entirely by mail – most voters (73%) still say they cast their ballots in person this fall.

Black voters (85%) are more likely than white (72%) or Hispanic voters (68%) to report having voted in person.

Voters over the age of 65 are the most likely to say they voted by mail, with 35% saying this. Roughly a quarter of those under 65 say they voted by mail.

Three-quarters of Republicans and Republican leaners report having voted in person; a similar share of Democrats (72%) say the same.

There are large differences in how and when Americans vote across regions of the country. Some regions have embraced early voting and voting by mail, while others largely vote in person and on Election Day.

Today, most voters in the Western U.S. (70%) vote before Election Day. By comparison, almost nine-in-ten voters in the Northeast (88%) say they voted on Election Day. In the South, voters are evenly split between voting early or on Election Day, while a majority in the Midwest (68%) voted on Election Day.

Most Americans still vote in person, but in the West that is no longer the norm. About seven-in-ten Western voters (69%) cast their ballots by mail, compared with fewer than two-in-ten in the other regions. (The West contains three states that conduct their elections entirely by mail: Colorado, Oregon and Washington.)

A wide majority of voters say voting was “very easy” for them personally, regardless of how or when they voted.

Overall, 77% of those who voted in person say voting was very easy for them. Slightly fewer of those who report voting by mail say the same (72%). There is little difference between the two groups in the share saying it was difficult.

Voters who cast their vote before Election Day are just as likely as those who voted on Election Day to say the experience was easy: 75% of early voters say it was very easy for them compared with 77% of those who turned out on Election Day.
Many voters said their polling place was not crowded

Most voters who cast ballots in person say that their polling place was not too (28%) or not at all (41%) crowded. About three-in-ten say it was somewhat (24%) or very (6%) crowded.

Younger in-person voters are more likely than others to report that it was crowded when they went to vote. Almost four-in-ten adults under age 30 (37%) say it was crowded, including 13% who say it was very crowded. In contrast, about three-in-ten voters in other age groups say it was crowded.

Though majorities of white, black and Hispanic in-person voters say their polling places were not crowded, Hispanic voters are more likely than white and black voters to report that their polling place was crowded.

Among Hispanic voters, 13% say that when they went to vote it was very crowded. In contrast, 5% of white voters and black voters say their polling place was very crowded.

Roughly half of in-person voters (47%) say they did not have to wait in line to cast their ballots (47%), while a third (33%) say they had a wait of less than 10 minutes. Two-in-ten say they waited in line for 10 minutes or more, including 6% who report having waited for more than a half-hour (1% of in-person voters say their wait exceeded an hour).

Half of whites who voted in person (50%) say they did not have to wait at all to vote. By comparison, black (43%) and Hispanic (39%) in-person voters are less likely to report not having waited at all.

Among black in-person voters, 27% say they waited for at least 10 minutes, including 9% who say they waited over 30 minutes to vote. Hispanic in-person voters report similar wait times (29% say they waited 10 minutes or more, including 9% who waited over a half-hour). A smaller share of white in-person voters report long wait times – 18% say they waited for 10 minutes or more, including only 5% who report waits in excess of 30 minutes.

Similar shares of in-person voters in the Northeast (52%), Midwest (50%) and West (53%) say they did not have to wait in line to vote. Southern voters, however, are somewhat more likely to report having to wait in line. A quarter of Southern in-person voters (26%) say they waited in line at least 10 minutes, including 8% who say they waited over 30 minutes to vote. This is larger than the share of Northeastern (11%), Midwestern (19%) and Western (18%) in-person voters who say they waited in line at least 10 minutes. Within the South, there are no significant differences in reported wait times between white and black in-person voters.

In-person voters in rural areas are more likely than those in suburban and urban areas to say they did not have to wait to vote: 51% say this, compared with 46% of urban and 45% of suburban in-person voters. And while 8% of those in urban areas and 6% in suburban areas say they waited 30 minutes or more; just 4% of those in rural areas say the same.
Few midterm voters say this was their first time voting

Just 3% of self-reported voters in the 2018 election say it was the first time they had ever voted; 97% say they had participated in elections before this year.

However, 27% of midterm voters under age 25 say it was their first time voting. First time voters make up just 5% of voters ages 25 to 29 and 4% of those 30 to 39. Just 1% of those 40 and older say this.

About one-in-ten Hispanic voters (12%) say this was the first election they had participated in; by comparison, just 4% of black voters and 1% of white voters say this.

Among those who cast their ballots for Democratic candidates for the House, 4% were first time voters; 2% of GOP voters say that this was the first time they had voted.
Nonvoters’ reasons for not voting

There are various reasons why nonvoters decide not to vote. Nearly half (49%) say not liking politics was either a major reason (26%) or minor reason (23%) they did not vote.

A similar share (44%) said believing that their vote would not make a difference was at least a minor reason why they did not vote.

About four-in-ten (41%) cite inconvenience as a reason, while 30% say not being registered or eligible to vote was a reason for not voting.

About a third (35%) say not caring who won their district was a major or minor reason for not voting, while 22% cite forgetting to vote as a reason for not casting a ballot.

Among nonvoters who wish they had voted in the midterms, no factors particularly stand out as major reasons for not voting. But nonvoters who do not wish they had voted generally point to disliking politics and skepticism that their vote would matter.

Nonvoters who do not wish they had participated in the congressional elections are significantly more likely than those who wish they had voted to say they did not vote because they do not like politics (45% vs. 14%).

And while a third of nonvoters who do not wish they had voted (33%) say not believing their vote would make a difference was a major reason why they did not vote, only 14% of nonvoters who wish they voted say the same.

However, a little less than a quarter of nonvoters who wish they had voted either say they did not vote due to the inconvenience of voting (23%) or being unregistered or ineligible to vote (22%). In contrast, just 15% of nonvoters who do not wish they voted say the same for each.
Views of election officials

Voters offer highly positive evaluations of election workers – especially those in their local communities – following the midterm elections. Nearly seven-in-ten (68%) say that poll workers in their community and officials who ran elections in their local area did their jobs very well. More than nine-in-ten say they did their jobs at least somewhat well.

While public confidence in local election workers and officials was high in the weeks before the election, voters’ retrospective evaluations are even more positive.

Across the board, voters express more satisfaction with local workers and officials than those at the state and federal level. Still, 89% say their state’s election officials did their jobs at least somewhat well, including 55% who say they performed very well.

And while only 23% say election officials across the country did their jobs very well, an additional 57% say they did at least somewhat well. In contrast to views of local and state officials and workers, evaluations of the performance of election officials across the country are only modestly higher than pre-election confidence levels among the general public.
Confidence in accuracy of the vote count linked to the outcome

Americans are generally confident that votes were counted as voters intended in the November elections. But voters who backed winning congressional candidates in their district are more likely than those who backed losing candidates to express confidence in the accuracy of the vote count.

In districts where GOP candidates for the House prevailed, 65% of Republican voters say they are very confident votes in their community were counted as intended, while 53% of Democratic voters in these districts say the same. And the pattern is reversed among voters in districts where Democratic candidates won: 62% of Democratic voters in these districts say they are very confident in the vote count in their community; 48% of GOP voters in these places say the same.

These differences are not found in voters’ views of the accuracy of the vote count across the nation.
Views of election security

The public expresses considerably higher levels of confidence that the security of the election systems in their state and around the nation were secure from hacking than it did before the election. About three-quarters (77%) say they are very or somewhat confident that their state’s systems were secure from hacking and other technological threats, up 11 percentage points from the share saying this before the election (66%). And while just 45% expressed confidence in the security of systems in the U.S. before the election, more than six-in-ten (64%) now say this.

Confidence has risen among both parties, but the shift is particularly pronounced among Democrats. About three-quarters of Democrats and Democratic leaners (76%) are either very or somewhat confident that systems in their state were secure – a month before the election, just 60% said this. Republicans express even higher levels of confidence in the security of their state’s systems (81% now say this, up from 75% pre-election).

Before the election, just 34% of Democrats said they were at least somewhat confident election systems in the U.S. were secure from hacking and other technological threats. That has risen to 60% following the election.

Among Republicans, 72% say they are confident systems around the country were secure, up from 59% before the election.

Among the 66% of Americans who before the elections said they were very or somewhat confident that state election systems were secure, nearly nine-in-ten (88%) continue to express confidence, while a 60% majority of those who were not too or not at all confident in the security of these systems before the elections now say they are at least somewhat confident they were secure.

Similarly, 86% of those who expressed confidence in election systems across the country in October say they are confident these systems were secure. Among the 54% who were not confident in national election systems before the midterm elections, about half (51%) now say they are confident that election systems in the United States were secure from hacking and other technological threats, while 49% continue to express little confidence in election security around the country.
Democrats more likely than Republicans to see foreign influence in midterm elections

About four-in-ten (38%) Americans say that Russia or other foreign governments definitely (9%) or probably (30%) influenced the congressional elections, while six-in-ten say foreign governments probably (44%) or definitely (16%) did not influence the elections.

In October, about two-thirds (67%) said it was very or somewhat likely that Russia or other foreign governments would attempt to influence the U.S. congressional elections, including roughly a third (32%) who said this was very likely.

Democrats are more likely than Republicans to say they think there was foreign influence in the congressional elections: 53% say this, compared with 21% of Republicans. This is similar to the partisan divide in expectations before the election, when 80% of Democrats and 53% of Republicans said it was at least somewhat likely that there would be foreign attempts to influence the election.