Los organismos de Derechos Humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a un genocida condenado. La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, leyó un comunicado en el que denunciaron que la resolución del máximo tribunal “deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad”. Horacio Verbitsky, presidente del CELS y periodista de Página/12, dijo que se trata de "una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía" y "un operativo claramente coordinado con perfidia, mentira e hipocresía". Vinculó el fallo con el anuncio de la Iglesia de proponer una "reconciliación" entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.
“Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos”, señaló Carlotto y remarcó que la reducción de pena no es aplicable a las condenas por delitos de lesa humanidad. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, aclaró.
También recordó que los genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que algunas condenas no se encuentran firmes “por las propias dilaciones del Poder Judicial”. “El fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores”, añadió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y mencionó que si se aplica el nuevo criterio de la "ley más benigna" a este tipo de delitos, “los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión, que son de ejecución condicional”.
Por su parte, Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, insistió en que se trata de delitos de lesa humanidad y se lamentó: “Pensábamos que esto ya estaba aclarado, que ya estaba aceptado legalmente”. “Nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos, esto es demostrar que no tienen memoria, que no quieren tener memoria”, apuntó.
Carlotto hizo hincapié en que a los organismos les “llama la atención” que la jueza Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. "Para dar un ejemplo, en el fallo Magnacco de 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy", rememoró. “Votó en el sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes”, dijo la presidenta de Abuelas..
Charly Pisoni, de HIJOS, detacó que los dos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri votaron a favor de la aplicación del 2x1 al represor Luis Muiña. Sostuvo que eso demuestra que los organismos de derechos humanos no estaban equivocados cuando objetaron las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz porque “no tenían la idoneidad moral para ocupar esos cargos”. “Este fallo hace que nuevamente nos encontremos con los asesinos de nuestros padres en las calles”, señaló.
En la conferencia se trazó una línea entre el llamado a la “reconciliación” lanzado por las autoridades de la Iglesia esta semana y el fallo de la Corte de hoy. Horacio Verbitsky señaló que se trata de “un operativo claramente coordinado”. Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, le reclamó al papa Francisco “que tiene que decir una palabra” al respecto porque, a pesar de que anunció una apertura de archivos, “la autocrítica de la jerarquía no la hizo”.
Verbitsky señaló que no puede haber reconciliación porque ninguno de los genocidas admitió los crímenes, ni pidió perdón, ni buscó reparar el daño causado. “Es una enorme hipocresía que reitera el comportamiento que la cúpula eclesiástica católica ha tenido durante décadas”, manifestó el presidente del CELS. Taty Almeida también cuestionó la intención de la Iglesia y remarcó: “Jamás nos vamos a reconciliar. Ni perdonamos ni nos reconciliamos”.
“No claudicaremos en la lucha por la justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado”, cerró Estela de Carlotto, quien convocó a “todo el pueblo” a “defender los derechos conquistados que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.
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