Manifestantes arremeten contra el auto de la policía que trasladó al exgobernador a la prisión de Bangu 8.
El exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, uno de los dirigentes más importantes del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del presidente Michel Temer, fue detenido acusado de desviar recursos de obra pública, en un capítulo más de la crisis política y económica cruzada con las investigaciones de corrupción que atraviesa Brasil.
Cabral fue arrestado en su vivienda del barrio carioca de Leblon apenas un día después de la detención de otro exgobernador del estado de Río, Anthony Garotinho, sospechoso de haber participado en una trama de corrupción electoral.
La decisión fue tomada por el juez Sergio Moro, que investiga la corrupción entre la administración pública y la financiación de la política por parte de empresas de ingeniería que participan de licitaciones.
La caída de Cabral en la Operación Lava Jato coincide con la crisis que su ahijado político, el gobernador Luiz Fernando Pezao, atraviesa a partir de declarar el estado de calamidad pública en el estado de Río de Janeiro, sometido a un proyecto de severo ajuste fiscal que replica lo que impulsa Temer en el plano nacional para reducir el déficit de las cuentas públicas.
Incluso el magistrado, conocido por su severidad en decretar prisiones y denegar excarcelaciones, argumentó que pidió la prisión del dirigente "frente a la notoria situación de ruina de las cuentas públicas del gobierno de Río de Janeiro".
"Sería una afronta permitir que los investigados disfruten en libertad de los millones recibidos por sus delitos, adquiriendo bienes de lujo, mientras la gestión gubernamental aparentemente comprometida por corrupción e ineptitud impone sacrificios", escribió Moro.
La Justicia estima que Cabral, gobernador entre 2007 y 2014 que hizo campaña para la victoria de Río como sede de los Juegos Olímpicos 2016, participó en una red de desvío de fondos que movió unos 65 millones de dólares en sobornos en obras realizadas en el estado, entre ellas varias del polo petroquímico de Petrobras.
Además del ex gobernador, que estuvo al frente del Estado entre 2007 y 2014, la policía detuvo a su más estrecho colaborador, Wilson Carlos, y a varios de sus asesores, acusados de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
La detención de Cabral coincide con la crisis que sacude al estado de Río y con una ola de protestas de los empleados públicos contra los recortes que pretende realizar el gobierno estatal para equilibrar las cuentas.
Otro carioca del PMDB está detenido por participar de negociaciones para obra pública en el estado de Río: se trata de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados que le allanó el camino a Temer para su llegada al poder con el juicio político que le impulsó a Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto.
Según la acusación, directivos de las empresas constructoras Andrade Gutiérrez y Carioca Engenharia confesaron ante la justicia, a cambio de reducción de penas, que le pagaron a Cabral unos 10 millones de dólares, muchas veces en cuotas mensuales y en gastos para su esposa.
La investigación apunta a obras monumentales impulsadas por el gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores, y ejecutadas por la gobernación de Cabral, como el programa de aceleración del crecimento, la urbanización de favelas y la reforma del estadio Maracaná antes de ser privatizado para el Mundial 2014.
El fiscal Lauro Coelho Junior informó que las empresas de ingeniería pagaban sobornos luego de que el Estado de Río de Janeiro las favorecía facilitando la creación de un cártel que cometía fraudes en las licitaciones.
"La detención de Cabral puede abrir otra nueva fase de la Operación Lava Jato y el Petrolao, con gobernadores y ex gobernadores", dijo una fuente del Palacio del Planalto cercana a Temer citada por la prensa local.
Fiscales de la Operación Lava Jato en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, comenzaron a investigar supuestos actos de corrupción como pagos de sobornos a agentes de contralor en la construcción de nuevas líneas del metro del estado de San Pablo durante la gobernación en 2009 del quien es actualmente canciller José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Otro denunciado por la fiscalía en la Operación Lava Jato por obstrucción de la justicia ante la corte suprema -que debe resolver la situación- es el senador Romero Jucá, presidente en ejercicio del PMDB y quien fue designado en el Boletín Oficial de hoy por Temer como el líder del gobierno ante la Cámara alta, es decir, su principal negociador.
Jucá fue grabado por un arrepentido diciendo que el juicio político a Rousseff y la asunción de Temer era necesaria para detener "la sangría" de la clase política frente a las investigaciones de corrupción.
Este audio escandaloso le causó la renuncia al Ministerio de Planificación en la primera semana de Temer como presidente.
"Espero que la fiscalía llegue al fondo de la investigación porque soy inocente", dijo Jucá, quien deberá articular los grandes proyectos de ajuste económico en la cámara alta, dominada por el PMDB y sus nuevos aliados surgidos en la caída de Rousseff.
El Senado, a fin de mes, debe tratar la enmienda constitucional con media sanción en Diputados para congelar por 20 años el presupuesto nacional y apenas actualizarlo con la inflación del año anterior, que encuentra resistencias en los movimientos sindicales.
Temer ofreció en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial de Brasilia, una cena a más de cuarenta senadores para pedirles el voto de la reforma constitucional, mientras en el lado de afuera cientos de personas protestaban contra la medida. En su discurso, Temer citó los "remedios amargos" para salir de la recesión.
La senadora Gleisi Hoffman, del Partido de los Trabajadores (PT) e investigada por supuestas contribuciones ilegales en su campaña, propuso que la enmienda constitucional sea sometida a un plebiscito "ya que se trata de la reforma más importante que se le va a realizar a la Constitución de 1988".
• Prisión domiciliaria para principal delator del caso Petrobras
El hombre que entregó la punta del ovillo de la red de corrupción de Petrobras, Alberto Youssef, salió de la cárcel el jueves para cumplir cuatro meses de prisión domiciliaria antes de quedar en libertad, como "recompensa" por su colaboración con la justicia brasileña.
Youssef, de 49 años, fue detenido en marzo de 2014 y condenado a más de 120 años de cárcel (aunque las penas efectivas máximas sean de 30 años en Brasil) por su participación clave en el esquema que drenó miles de millones de dólares de los cofres de la petrolera estatal.
Pero gracias al régimen de "delación premiada" habrá pasado un total de tres años en reclusión: dos años y ocho meses tras las rejas en Curitiba (sur) y cuatro meses en su domicilio de Sao Paulo, con una tobillera electrónica, indicó la Policía.
