El representante de los docentes bonaerenses advierte sobre la posibilidad de un escenario de conflicto luego del rechazo a la primera oferta del gobierno de María Eugenia Vidal. Los despidos y la criminalización de la protesta.
“Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política”, advierte el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, luego de rechazar el 23,6 por ciento de aumento que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció en la primera reunión de la paritaria docente bonaerense. Miembro de la junta ejecutiva de Ctera nacional, Baradel repudia los despidos de estatales, destaca que “bajo el argumento del reordenamiento el gobierno ha hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía”, señala que “como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero” y manifiesta su preocupación por lo que advierte como “una estrategia (de la gestión Cambiemos) de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear y luchar ante el conjunto de la sociedad, mentir para tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos”. “Creo que el gobierno está tomando una línea absolutamente peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir”, dice.
–¿Qué balance hace de la primera reunión de la paritaria?
–Primero, que la negociación debió haber empezado en enero. Las primeras propuestas de los gobiernos siempre son bajas pero en este caso además de insuficiente (por el porcentaje) es inconsistente por la forma de pago: 4 por ciento en enero y 6 por ciento en marzo significan 434 pesos hasta agosto, cuando pasarían a 610 pesos más un plus que llevarían el porcentaje el 23,6. Si la boleta de luz va a venir con aumentos del 500 o 600 por ciento y el aumento es de 400 pesos la oferta es inconsistente. Y es insuficiente porque no recupera el poder adquisitivo del salario. El Gobierno se tiene que dar cuenta de esa realidad. Entiendo que pretenden establecer un techo del 25 por ciento y más allá de que (el jefe de gabinete) Marcos Peña lo desestimó a nosotros nos dicen que la pauta de Economía es que no pueden superar el 25 por ciento.
–Lleva años negociando paritarias con gobiernos peronistas. ¿Encuentra diferencia en los nuevos interlocutores?
–No, en términos de negociaciones todos los gobiernos cuando asumen intentan tener diálogo con los docentes. En particular en esta gestión tanto la Dirección General de Cultura y Educación como el ministerio tienen predisposición al diálogo, que de alguna manera se contradice con las propuestas que hacen en materia económica. Han dicho que la educación y los docentes son prioridad pero estas propuestas no demuestran lo expresado en campaña. Ahí vemos que se plantea una negociación compleja, seguramente por las pautas que establece la estrategia política del gobierno nacional. Eso le da mayor complejidad a la discusión.
–El Gobierno instaló como parámetros aumentos del 20 al 25 por ciento, lejos de las expectativas de los sindicatos. ¿Qué escenario imagina para el mediano plazo teniendo en cuenta que la paritaria docente suele convertirse en referencia?
–Nosotros estamos pensando en el 12 de febrero (la segunda reunión) más que en el 29 (cuando deben comenzar las clases) y esperamos que presenten una propuesta consistente. Es clave que el gobierno entienda que tiene que priorizar la educación pública y que el salario docente se debe tomar seriamente, como los salarios de todos los trabajadores. Si el gobierno dice priorizar a los docentes y está en búsqueda de una educación de calidad lo primero debe ser el reconocimietno salarial por la tarea. En ese punto el escenario que pensamos debería ser de razonabilidad, de racionalidad, que permita avanzar en la negociación colectiva. Obviamente si el Gobierno persiste en una propuesta que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los docentes en particular, eso hacia adelante significará un escenario de conflicto.
–Uno de los sellos distintivos de la gestión Macri son los despidos de empleados públicos. ¿Teme por el gremio docente?
–Ante todo rechazamos en forma categórica los despidos de empleados públicos y la adjetivación de “ñoquis” porque bajo el argumento de que “no quieren ñoquis” buscan producir un fuerte ajuste en el Estado. En provincia de Buenos Aires, más allá de algunas dependencias, no se dio en forma tan masiva como en Nación. En el caso de los docentes hace tres años logramos en paritarias la estabilidad de 370 mil docentes en todo el país. Han quedado afuera, como precarizados en algunas provincias, docentes de los programas socioeducativos que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación, como el plan Fines, las orquestas juveniles, el programa de formación docente, entre otros. Le planteamos como prioridad al gobierno nacional que estos programas continúen y (el ministro Esteban) Bullrich garantizó que iban a continuar. Por supuesto aspiramos a poder avanzar en la estabilidad y en la paritaria actual vamos a reclamar que los aumentos se trasladan a estos programas.
–El viernes, cuando se concrete la segunda reunión, van a faltar sólo 17 días para el inicio de clases. ¿Es optimista en llegar a un acuerdo antes de esa fecha?
–Más que optimista soy prudente en imaginar escenarios. Prefiero la prudencia porque creo que hay gran expectativa del conjunto de la sociedad para que se inicie el ciclo lectivo, todos los papás lo quieren. Pero también saben de los aumentos, saben que la pérdida del poder adquisitivo no es del 20 por ciento y que los docentes necesitamos salarios justos. Estamos poniendo la mejor predisposición al diálogo para resolver esta situación en la mesa de paritarias. Es más, venimos reclamando desde diciembre, con la debida antelación. Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política. Así como no han tenido reparos en tomar decisiones políticas como la devaluación, la quita de retenciones (que no benefició sólo a pequeños productores sino a los sectores más concentrados), los aumentos de combustibles (cuando el precio del barril de petróleo baja a nivel mundial acá lo aumentan), aumentos de tarifas de entre un 500 y un 700 por ciento para una gran fraja de la población, y están pendientes aumentos del transporte público y gas, entonces de ninguna manera el gobierno puede pedirle a los docentes que con 400 pesos en marzo hagamos frente a todas estas obligaciones. Porque tenemos familias y debemos sostener las cuentas como todo trabajador. En el caso mío y de muchísimos docentes mandamos a nuestros chicos a la escuela pública. Tengo cuatro hijos, una nena que empieza el jardín y me encantaría que el 29 empiecen las clases. Pero también que el gobierno sea consciente de la situación de los trabajadores de la educación a partir de las medidas que tomaron y den respuestas positivas.
–Le iba a preguntar justamente sobre su balance de las primeras medidas del Gobierno, pero es claro que es negativo.
–Es que bajo el argumento del reordenamiento han hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía en perjuicio de los trabajadores. Si no hay paritarias libres, si intentan poner un techo y perdemos poder adquisitivo van a perjudicar también a las pequeñas y medianas industrias ya que eso deriva en caída del consumo, parate de la producción, suspensiones y despidos no sólo en el sector estatal sino también en el privado. Es un camino que lleva a enfriar la economía y de alguna manera a avalar la estrategia de Prat-Gay cuando plantea que los sindicatos saben dónde aprieta el zapato, si defienden puestos o salarios, en función de que si hay un ejército de desocupados se sabe que la discusión salarial va a la baja. Muchas veces las patronales extorsionan con esas palabras del ministro, “aumentos o despidos”, y no estamos dispuestos a que esto vuelva a suceder en el país porque acá algunos viven bien y la mayoría mal.
–Como dirigente de la CTA, ¿piensa que es posible un mayor acercamiento entre las centrales sindicales en este escenario?
–Creo que sí y propicio la unidad del movimiento obrero. Como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero. Cuando se llevan adelante políticas que afectan los ingresos de los trabajadores, lo más inteligente y lo más correcto es unir fuerzas en función de defender los intereses de la clase trabajadora. No hay posibilidad de defender a los trabajadores si no se avanza en niveles de unidad y organización, por eso es clave un acercamiento entre las centrales. Esto no quiere decir que de un día para el otro se van a fusionar, porque hay diferentes expresiones, diferentes trayectorias, eso hay que entenderlo, pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico: defender el trabajo de los argentinos, los salarios y la continuidad de políticas públicas que vayan en el sentido de terminar con la pobreza y la indigencia y tener un país con una justa distribución de la riqueza, no con más concentración en algunos sectores en detrimento del conjunto de la sociedad.
–Usted estuvo en Jujuy tras la detención de Milagro Sala para denunciar la criminalización de la protesta y antes en La Plata repudiando la represión a los municipales. ¿Cómo imagina la respuesta del gobierno ante un escenario de movilizaciones y reclamos crecientes?
–¿Cómo debería ser la respuesta del gobierno? Debería aceptar que las organizaciones sociales, sindicales y diferentes instituciones tenemos derechos legítimos a la protesta y a la huelga cuando hay políticas que afectan los intereses del conjunto. ¿Cómo la imagino? Lamentablemente no son para nada alentadoras las respuestas que han dado primero con Cresta Roja, con represión. Con Milagro Sala, un encarcelamiento por montar un campamento y una acusación de tumulto e instigación al delito. En Río Negro, con la detención de compañeros de la CTA autónoma Y en La Plata, cuando los trabajadores salieron a reclamar por 4500 despidos y los reprimieron brutalmente. El gobierno tiene que aceptar el juego democrático en cuanto a que la protesta es legítima y el derecho de huelga es constitucional. ¿Cómo lo imagino? Lamentablemente en una estrategia de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear, mentir sobre esos dirigentes, tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos. El gobierno está tomando una línea peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir. Es uno de los temas que las centrales sindicales deberían hablar con el gobierno: los despidos, cómo se sostiene el trabajo, como se recupera el poder adquisitivo, y plantear que no se pude criminalizar la protesta social, que es un derecho de los trabajadores, de los movimientos sociales y de los ciudadanos.
