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Macri le adjudicó a Nicky Caputo una obra de 800 millones de pesos
El Gobierno nacional le adjudicó a la empresa de Nicolás “Nicky” Caputo, el mejor amigo y principal consejero político del presidente Mauricio Macri, la construcción de una obra por 800 millones de pesos.
Se trata de una contratación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que había lanzado la licitación pública Nº129-15 el año pasado, cuando dependía del Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido. Ahora, la CNEA está bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren.
Aunque la licitación había sido lanzada por la gestión anterior, la construcción de la obra civil de los edificios del Reactor RA-10 fue adjudicada hoy. De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial, a “Caputo S.A.I.C y F” se le pagarán $ 796.728.583,06 por la obra.
El reactor de investigación multipropósito RA-10 tiene entre sus objetivos el aumento de la capacidad de producción de radioisótopos destinados al diagnóstico de enfermedades, entre otros. El RA-10 será construido en los próximos cuatro a cinco años en el Centro Atómico Ezeiza, junto al RA-3 que llega al término de su vida útil y será reemplazado por este.
En la compulsa lanzada por el gobierno de Cristina Kirchner también se habían presentado Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra el primo hermano de Macri, y Petersen Thiele y Cruz, la constructora del Grupo Petersen de Enrique Ezkenazi. La firma de Nicky Caputo habría presentado la mejor oferta, incluso bastante por debajo del presupuesto inicial (930 millones de pesos).
Lo que impacta es que se trata de la primera gran contratación del gobierno de Macri a su amigo Caputo, quien según dijo el propio presidente durante la campaña “no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí”. Efectivamente, Caputo S.A. recibió pagos del GCBA pero por obras licitadas en la gestión anterior a Macri, pero también Nicky ganó licitaciones millonarias con la empresa SES SA, que controla en un 50%, según reveló el portal Chequeado.com.
Caputo fue quien sugirió a Macri el desguace del gigantesco Ministerio de Planificación de De Vido, en una jugada pensada para atomizar la obra pública en distintos ministerios. El empresario buscó así no tener en el Gabinete el contrapeso de algún ministro en el manejo de la obra pública.
Luego Macri dispuso la creación de la secretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio del Interior y puso allí a Daniel Chaín, hombre cercano a Caputo durante toda su gestión como ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, la obra pública quedó diseminada en otras áreas como Transporte (con todas las obras viales), Energía y el Plan Belgrano, tal como deseaba Nicky.
Este medio reveló que incluso antes del ballotage Caputo había cumplido su primera tarea en el rol de ministro de obras públicas en las sombras, al negociar con las constructoras una quita del 25 por ciento en las deudas que le dejó Cristina a Macri, con atrasos de hasta 14 meses.
Más allá de su amigo Caputo, Macri también avaló esta semana el financiamiento, por unos 9 mil millones de pesos, para las obras de los gasoductos troncales en Córdoba, donde su primo Ángelo Calcaterra, de Iecsa, tiene adjudicadas obras por 2.500 millones.
How climate change could damage the middle class
'More fear, less fun' ... global warming and middle-class wealth are directly related, says UBS
The way the world’s middle class copes with climate change could present a risk to social stability and economic growth, according to a new study by Swiss bank UBS.
The year 2015 was a landmark for climate change, with the Paris Agreement seeing nations sign up to keep global temperature increases below 2 degrees Celsius. However, without the promised action, global warming will have far-reaching and significant effects on the world’s population. Estimated to be at least 1 billion strong, the middle classes represent a significant sector of this population.
UBS argues that the impact of climate change on the middle class is an understudied, but potentially important, area. They see this demographic as a dynamic social group, with significant assets but also willing to take action to protect their economic and social status. The report looks at how exposed they are to the risk of climate change, and how they are adapting.
What impact is climate change having on the middle classes?
The study takes a sample of 215 cities, in 15 countries, and at different stages of economic development. It examines the link between temperature-related mortality and flood risk in these cities, and the economic behaviour of middle-class households.
Middle-class spending patterns in cities that are more exposed to the risk of climate change are noticeably different. These cities includes major global centres from Los Angeles to Tokyo, Mumbai to Shanghai and Taipei. Here, the middle classes spend more of their household budget on housing, and less on leisure and recreation. In the United States, those living in the highest-risk cities can spend up to $1,600 more per year on housing.
This has the potential to significantly reduce the wealth of the middle class, as they have to spend more on protecting themselves, and recovering from, from the impacts of climate change.
As the report says, “more fear, less fun”.
The middle class is also making increasing use of air-conditioning. Sales of these units have doubled in China since 2010. This has the potential to create a vicious cycle, as energy consumption and emissions from increased usage add to climate change.
Source: The Economist
Increasing temperatures also carry the risk of increasing mortality. Research suggests that by 2050, the average American will experience 27-50 days over 35 degrees Celsius every year. As the global population ages, this is of particular concern.
Why are the middle classes so important?
As middle-class wealth erodes, there could be a significant impact on the global economy. The report sees cities as future centres of middle-class populations. Today, cities generate around half of global GDP. However, as the risks faced by urban middle-class populations increase, so too does economic instability.
This risk will be particularly keenly felt in Asia, where rates of urbanization are highest. Asian nations are among the most affected by weather-related disasters. However, levels of insurance remain low. Between 1980 and 2014, just 9% of losses in Asia were insured. Even in the US, a third of losses were uninsured.
Source: UBS
Lack of protection increases the economic consequences of disasters caused by climate change. This risk could be felt not only locally, but also on a global level. Equally, economic development will increase the volume and value of infrastructure, especially as the middle-class population increases. In turn, this will increase financial losses.
However, there are potential positive outcomes. A Pew Research Centre study has shown that globally, people are concerned by climate change, and believe they will need to change. UBS cite the relative political and social power of the middle class, which could see them increase calls for climate action. Pressure applied to governments and other organizations could increase efforts to limit emissions.
Festa saca chapa de candidato y reclama que se adelanten las elecciones del PJ bonaerense
El intendente de Moreno, que competirá por la Presidencia del partido, le pidió una renuncia a su competidor director Fernando Espinoza. “El objetivo es darle una nueva cara al peronismo”, señaló el jefe comunal de la primera sección.
La guerra entre el intendente de Moreno, Walter Festa, y el actual titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, va en aumento. En ese contexto, el alcalde bonaerense volvió a cuestionar a su competidor directo por la conducción del justicialismo provincial, a quien le pidió que “renuncie” a sus aspiraciones, al tiempo que reclamo que se adelanten las elecciones del partido.
“Vemos que lo de Espinoza es una instancia agotada, ha sido responsable de la derrota por utilizar el partido sólo para candidatearse y ahora otra vez lo utiliza para volver a la carga por el mismo lugar", indicó Festa, quien además pidió que "se adelanten las elecciones del PJ" provincial (cuyos mandatos vencen el próximo año) para "contribuir a la construcción de un partido que se renueve, esté a la altura de las circunstancias y sea la columna vertebral del Frente para la Victoria para ganar en el 2017".
Sobre la gestió de Espinoza al frente del PJ, sostuvo: "Vemos que lo de Espinoza es una instancia agotada, ha sido responsable de la derrota por utilizar el partido sólo para candidatearse y ahora otra vez lo utiliza para volver a la carga por el mismo lugar".
Por último, indicó que "tiene que haber, para el bien de todos los peronistas, una renuncia de Espinoza, reconociendo sus errores, dejando atrás esta utilización del partido para ser gobernador, y por supuesto que nosotros nos postulamos y estamos seguros que le vamos a ganar".
La guerra entre el intendente de Moreno, Walter Festa, y el actual titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, va en aumento. En ese contexto, el alcalde bonaerense volvió a cuestionar a su competidor directo por la conducción del justicialismo provincial, a quien le pidió que “renuncie” a sus aspiraciones, al tiempo que reclamo que se adelanten las elecciones del partido.
“Vemos que lo de Espinoza es una instancia agotada, ha sido responsable de la derrota por utilizar el partido sólo para candidatearse y ahora otra vez lo utiliza para volver a la carga por el mismo lugar", indicó Festa, quien además pidió que "se adelanten las elecciones del PJ" provincial (cuyos mandatos vencen el próximo año) para "contribuir a la construcción de un partido que se renueve, esté a la altura de las circunstancias y sea la columna vertebral del Frente para la Victoria para ganar en el 2017".
Sobre la gestió de Espinoza al frente del PJ, sostuvo: "Vemos que lo de Espinoza es una instancia agotada, ha sido responsable de la derrota por utilizar el partido sólo para candidatearse y ahora otra vez lo utiliza para volver a la carga por el mismo lugar".
Por último, indicó que "tiene que haber, para el bien de todos los peronistas, una renuncia de Espinoza, reconociendo sus errores, dejando atrás esta utilización del partido para ser gobernador, y por supuesto que nosotros nos postulamos y estamos seguros que le vamos a ganar".
A los 11.000 obreros de la construcción despedidos se suman viviendas, escuelas y rutas paralizadas
Obras de viviendas, escuelas y rutas se paralizó en los últimos tres meses en el Chaco, denunciaron ayer titulares de empresas constructoras locales y dirigentes de la Uocra. Aseguran que la paralización de los trabajos ya generó deudas por 1.200 millones de pesos.
Según Héctor Chaquires, presidente de la filial local de la Cámara Argentina de la Construcción, los constructores se reunieron a principios de la semana con el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey. En ese encuentro se habría determinado el monto total de fondos nacionales que dejaron de ser girados a partir de octubre.
“La situación que atraviesa el sector es bastante conflictiva”, aseguró Chaquires. Detalló que ni las empresas constructoras ni la Uocra tienen certezas sobre el momento en que se reactivarán las obras que se paralizaron progresivamente desde el mes de octubre.
“Se han parado los pagos y esto genera un panorama de mucha incertidumbre en el plano laboral, tanto de los obreros de la Uocra como en las empresas constructoras”, señaló.
Chaquires aseguró que el sector que él encabeza pretende que el gobierno provincial, mientras gestiona los fondos nacionales retenidos, declare la “emergencia” en el sector de la construcción.
Como parte de la misma pretenden financiación y apoyo desde el sector provincial. Más precisamente del Nuevo Banco del Chaco y la Fiduciaria del Norte. Como también la eximición de otros gastos impositivos que “se cobran incluso a las obras paradas”.
“Sólo por certificados de viviendas de planes nacionales, existiría una deuda de 300 millones de pesos. También está parado Procrear, tanto en créditos individuales y desarrollos urbanísticos. Están detenidas la construcción de escuelas y obras viales”, aseguró.
“En total, habría un total de 1.200 millones de pesos de deuda por obras iniciadas, según las certificaciones generales que faltan remitir de Nación a Chaco”, contó Chaquires.
“La construcción es una cadena que abarca muchísimos rubros, desde el que kiosquero que vende pan o alimentos para la obra, hasta los corralones o los importadores de materiales específicos. Y con obras paralizadas se hace mucho daño a la economía en general”, dijo.
Según precisó, de 14.500 trabajadores de la construcción registrados en el Chaco, sólo unos 3.000 son ocupados por privados. “Y que el resto está desocupado”.
“Hablamos de empleados que en octubre estaban bancarizados, tenían obra social, tenían capacidad de ahorro para comprarse una moto o un plan de pago. Hoy eso se corta todo. Se genera un efecto muy nocivo para la economía”, estimó.
Y advirtió que incluso las consecuencias se dan en otro nivel: “Esto deriva en familias que no mandan a sus hijos a la escuela porque no tienen dinero con qué mandarlos, y ahí tenemos que hablar de más delincuencia, usurpaciones y otros elementos de marginalidad que ya conocemos”.
11.000 despidos en tres meses
Roberto Medina, uno de los máximos referentes de la Uocra a nivel local, explicó que tomando en cuenta a las tres instituciones que aglutinan empresas constructoras en Chaco (la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Constructoras y el Centro de Empresas Constructora), en los últimos tres meses hubo 11.000 despidos.
Hasta octubre había una cantidad de trabajadores que rondaba los 14.500. Desde ese momento, se generó un “punto de inflexión” y una curva descendente que llegando al final de enero marca sus picos más altos.
“De 14.500 en octubre, hoy entre las tres instituciones sólo hay 3.500 trabajadores ocupados. Es decir, 11.000 trabajadores están fuera del sector formal de la construcción”, señaló Medina.
Estos trabajadores desocupados, son sólo los formales o “conveniados” con las empresas constructoras, pero se cree que el número de desocupados aumentaría considerablemente si se incluyen a obreros de coperativas y los del sector informal.
“Si comparamos la situación actual con la que ocurrió en 2001, vemos que en aquel momento de 6.500 empleados registrados (que era la media del momento), sólo mantuvieron su trabajo 650. Es decir, un 10%. Actualmente, de 14.500 quedaron 3.000. Que es lo mismo que decir que ya estamos con menos del 20% de obreros ocupados, comparando con octubre”, afirmó.
“Es claro que no hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en 2001 con lo que está ocurriendo en los últimos tres meses, entre noviembre y enero. La pendiente es muy pronunciada, la caída del trabajo es muy marcada y los niveles de desocupación son alarmantes”, sintetizó.
Finalmente, consideró que si “automáticamente” no se revierte esa tendencia, para llegar a abril o marzo con otra expectativa, “difícilmente en marzo podramos mejorar el esquema de generación de obras”.
Chaqueños que fueron al sur vuelven sin trabajo
Tiburcio Fernández, además de realizar un marcado reclamo al gobierno nacional por la paralización de obras, contó una situación que marca para “crisis nacional” en el sector de la construcción. Contó que trabajadores que se habían mudado al sur del país, más específicamente a trabajar en Austral Construcciones con el empresario santacruceño Lázaro Báez, debieron regresar al Chaco.
“Volvieron con su liquidación, con la obra social suspendida. Están cesanteados y vinieron a pedir trabajo. Son soldadores y obreros de mano calificada que fueron despedidos”, apuntó.
Esta situación para Fernández también podría derivar en medidas de reclamo a nivel nacional. “Nosotros, en la Uocra Chaco, no queremos ni hacer paro ni hacer piquetes, pero no sabemos qué va a pasar”, apuntó.
Según Héctor Chaquires, presidente de la filial local de la Cámara Argentina de la Construcción, los constructores se reunieron a principios de la semana con el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey. En ese encuentro se habría determinado el monto total de fondos nacionales que dejaron de ser girados a partir de octubre.
“La situación que atraviesa el sector es bastante conflictiva”, aseguró Chaquires. Detalló que ni las empresas constructoras ni la Uocra tienen certezas sobre el momento en que se reactivarán las obras que se paralizaron progresivamente desde el mes de octubre.
“Se han parado los pagos y esto genera un panorama de mucha incertidumbre en el plano laboral, tanto de los obreros de la Uocra como en las empresas constructoras”, señaló.
Chaquires aseguró que el sector que él encabeza pretende que el gobierno provincial, mientras gestiona los fondos nacionales retenidos, declare la “emergencia” en el sector de la construcción.
Como parte de la misma pretenden financiación y apoyo desde el sector provincial. Más precisamente del Nuevo Banco del Chaco y la Fiduciaria del Norte. Como también la eximición de otros gastos impositivos que “se cobran incluso a las obras paradas”.
“Sólo por certificados de viviendas de planes nacionales, existiría una deuda de 300 millones de pesos. También está parado Procrear, tanto en créditos individuales y desarrollos urbanísticos. Están detenidas la construcción de escuelas y obras viales”, aseguró.
“En total, habría un total de 1.200 millones de pesos de deuda por obras iniciadas, según las certificaciones generales que faltan remitir de Nación a Chaco”, contó Chaquires.
“La construcción es una cadena que abarca muchísimos rubros, desde el que kiosquero que vende pan o alimentos para la obra, hasta los corralones o los importadores de materiales específicos. Y con obras paralizadas se hace mucho daño a la economía en general”, dijo.
Según precisó, de 14.500 trabajadores de la construcción registrados en el Chaco, sólo unos 3.000 son ocupados por privados. “Y que el resto está desocupado”.
“Hablamos de empleados que en octubre estaban bancarizados, tenían obra social, tenían capacidad de ahorro para comprarse una moto o un plan de pago. Hoy eso se corta todo. Se genera un efecto muy nocivo para la economía”, estimó.
Y advirtió que incluso las consecuencias se dan en otro nivel: “Esto deriva en familias que no mandan a sus hijos a la escuela porque no tienen dinero con qué mandarlos, y ahí tenemos que hablar de más delincuencia, usurpaciones y otros elementos de marginalidad que ya conocemos”.
11.000 despidos en tres meses
Roberto Medina, uno de los máximos referentes de la Uocra a nivel local, explicó que tomando en cuenta a las tres instituciones que aglutinan empresas constructoras en Chaco (la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Constructoras y el Centro de Empresas Constructora), en los últimos tres meses hubo 11.000 despidos.
Hasta octubre había una cantidad de trabajadores que rondaba los 14.500. Desde ese momento, se generó un “punto de inflexión” y una curva descendente que llegando al final de enero marca sus picos más altos.
“De 14.500 en octubre, hoy entre las tres instituciones sólo hay 3.500 trabajadores ocupados. Es decir, 11.000 trabajadores están fuera del sector formal de la construcción”, señaló Medina.
Estos trabajadores desocupados, son sólo los formales o “conveniados” con las empresas constructoras, pero se cree que el número de desocupados aumentaría considerablemente si se incluyen a obreros de coperativas y los del sector informal.
“Si comparamos la situación actual con la que ocurrió en 2001, vemos que en aquel momento de 6.500 empleados registrados (que era la media del momento), sólo mantuvieron su trabajo 650. Es decir, un 10%. Actualmente, de 14.500 quedaron 3.000. Que es lo mismo que decir que ya estamos con menos del 20% de obreros ocupados, comparando con octubre”, afirmó.
“Es claro que no hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en 2001 con lo que está ocurriendo en los últimos tres meses, entre noviembre y enero. La pendiente es muy pronunciada, la caída del trabajo es muy marcada y los niveles de desocupación son alarmantes”, sintetizó.
Finalmente, consideró que si “automáticamente” no se revierte esa tendencia, para llegar a abril o marzo con otra expectativa, “difícilmente en marzo podramos mejorar el esquema de generación de obras”.
Chaqueños que fueron al sur vuelven sin trabajo
Tiburcio Fernández, además de realizar un marcado reclamo al gobierno nacional por la paralización de obras, contó una situación que marca para “crisis nacional” en el sector de la construcción. Contó que trabajadores que se habían mudado al sur del país, más específicamente a trabajar en Austral Construcciones con el empresario santacruceño Lázaro Báez, debieron regresar al Chaco.
“Volvieron con su liquidación, con la obra social suspendida. Están cesanteados y vinieron a pedir trabajo. Son soldadores y obreros de mano calificada que fueron despedidos”, apuntó.
Esta situación para Fernández también podría derivar en medidas de reclamo a nivel nacional. “Nosotros, en la Uocra Chaco, no queremos ni hacer paro ni hacer piquetes, pero no sabemos qué va a pasar”, apuntó.
El Grupo Clarín anunció la compra total de Nextel
Sin medidas regulatorias que le impidan controlar la cuarta empresa de telefonía móvil del país, gracias al DNU 267/2015 del presidente Mauricio Macri, el multimedio informó ante la Bolsa de Comercio la adquisión del total del paquete accionario. En septiembre, el grupo mediático había informado la compra del 49 por ciento, pero había sido objetada por la Aftic, organismo disuelto por el decreto. Ahora, la compra deberá ser aprobada por el directorio de la Enacom, que cuenta con mayoría automática del Ejecutivo. Todavía está pendiente la decisión de la Justicia sobre la validez del decreto de Macri.
La compra se hizo a través de Cablevisión, que hoy comunicó a la Bolsa de Comercio la adquisición del 51 por ciento del paquete accionario, y de esta manera el multimedio ingresó al mundo de la telefonía móvil. Nextel controlaba un 3 por ciento del mercado, por debajo de Claro (33 por ciento), Telecom (32 por ciento) y Telefónica (32 por ciento).
La compra había sufrido escollos juidiciales cuando aún estaba vigente la Aftic, organismo de aplicación de la ley Argentina Digital, que la objetó porque el grupo no solicitó previa autorización.
"Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Grupo Clarín de preservar su competitividad en el campo de las comunicaciónes y desarrollar su oferta de servicios en a distribución de contenidos. La operación se realiza en absoluto cumplimiento del marco jurídico vigente", sostuvo el grupo en un comunicado.
Con esta compra, uno de los más grandes conglomerados de medios de Latinoamérica hace provecho de las modificaciones realizadas por el presidente Macri, vía DNU, sobre artículos claves de las leyes de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, con el objetivo de liberar el negocio de la telefonía, internet y televisión.
De todas formas, los decretos presidenciales recibieron dos fallos en contra de dos jueces federales, por lo que el gobierno apeló y continúan vigentes, aunque resta la definición de las instancias judiciales superiores.
El segundo paso para el tarifazo
El Gobierno dispuso que el ENRE aplique un "ajuste del valor agregado" en los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor y Edesur, en un nuevo paso hacia el aumento de la electricidad que regirá desde febrero. Mañana se darán a conocer las nuevas tarifas. La resolución aclara que es "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que adelanta que habrá más subas.
El Gobierno nacional amplió las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y que haya una tarifa social. El ajuste tarifario se establece a cuenta de la revisión integral, que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de este año.
La medida lleva la firma del ministro Juan José Aranguren, y dispone también el cese de “la aplicación de los mecanismos que impliquen la transferencia de recursos” para financiar planes de obra de Edenor y Edesur. Según los considerandos de la norma, “se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor S.A. y Edesur S.A., a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación”.
A través de la Resolución 7/2016 del ministerio de Energía y Minería publicado hoy en el Boletín Oficial, se instruye al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires. Esto se suma a lo dispuesto ayer por el Gobierno que determinó los nuevos precios "de verano" en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril, con incrementos de hasta el 345 por ciento.
El artículo 1° de la Resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos. La Resolución deja también sin efecto en su artículo 6 el PUREE, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, adelantó esta mañana que el Gobierno dará a conocer mañana el nuevo cuadro tarifario para los usuarios de energía eléctrica de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. "Entiendo que mañana va a haber una información detallada sobre este tema. Pero prefiero que los detalles los dé el ministro" de Energía, Juan José Aranguren, señaló Frigerio en declaraciones a radio La Red.
El Gobierno nacional amplió las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y que haya una tarifa social. El ajuste tarifario se establece a cuenta de la revisión integral, que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de este año.
La medida lleva la firma del ministro Juan José Aranguren, y dispone también el cese de “la aplicación de los mecanismos que impliquen la transferencia de recursos” para financiar planes de obra de Edenor y Edesur. Según los considerandos de la norma, “se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor S.A. y Edesur S.A., a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación”.
A través de la Resolución 7/2016 del ministerio de Energía y Minería publicado hoy en el Boletín Oficial, se instruye al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires. Esto se suma a lo dispuesto ayer por el Gobierno que determinó los nuevos precios "de verano" en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril, con incrementos de hasta el 345 por ciento.
El artículo 1° de la Resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos. La Resolución deja también sin efecto en su artículo 6 el PUREE, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, adelantó esta mañana que el Gobierno dará a conocer mañana el nuevo cuadro tarifario para los usuarios de energía eléctrica de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. "Entiendo que mañana va a haber una información detallada sobre este tema. Pero prefiero que los detalles los dé el ministro" de Energía, Juan José Aranguren, señaló Frigerio en declaraciones a radio La Red.
Iglesias a Felipe González:"Algo está cambiando en la fuerza si Felipe González lee a Zizek"
Iglesias y el leninismo 3.0: “Algo está cambiando en la fuerza”
El líder de Podemos responde con sorna a las críticas de Felipe González a su formación
El líder de Podemos, Pablo Iglesias ha recurrido al filósofo esloveno Slavoj Žižek para responder a través de la red social Twitter al expresidente socialista Felipe González, que ha calificado de "puro leninismo 3.0" a Podemos en la entrevista publicada por EL PAÍS este jueves . "Algo está cambiando en la fuerza si Felipe González lee a Slavoj Zizek (leninismo 3.0)", ha señalado con ironía a través de la red social. Ha acompañado el texto de un enlace a un artículo del pensador, autor del ensayo titulado Repetir Lenin, y partidario de actualizar el legado del líder soviético. Iglesias lo ha ilustrado con una interpretación artística de un retrato de Lenin con un aspecto poco habitual, tatuado y con pendiente, firmado por el israelí Amit Shimoni.
González se ha mostrado muy crítico en dicha entrevista con la actitud de los dirigentes de Podemos: "El comportamiento arrogante de los líderes de Podemos, con humillaciones que ponen al descubierto cuáles son sus verdaderas intenciones, no se debe aceptar. Esos dirigentes, con el debido respeto que merecen sus votantes y los grupos que se han sumado a las distintas plataformas, quieren liquidar, no reformar, el marco democrático de convivencia, y de paso a los socialistas, desde posiciones parecidas a las que han practicado en Venezuela sus aliados. Pero lo ocultan de manera oportunista. Del mismo modo, dejaron de hablar de Grecia cuando más lo necesitaron sus amigos. Son puro leninismo 3.0".
En una entrevista en la revista Jot Down en octubre del pasado año, Pablo Iglesias aseguraba que se considera marxista, pero se mostraba pragmático sobre su significado hoy: "Decir 'yo soy marxista-leninista…' es como ser punky. ¿Eso qué traducción tiene en tu praxis política? ¿Qué vas a hacer, te vas a montar una guerrilla y te vas a ir al monte a pegar tiros?", afirmaba.
En el artículo de Žižek compartido por Iglesias, titulado Un Lenin ciberespacial ¿por qué no? puede leerse: "Es verdad que la izquierda de hoy está sufriendo una experiencia fulminante del fin de toda una época del movimiento progresista, cuya experiencia la empuja a reinventar incluso las coordenadas básicas de su proyecto, no obstante que fue precisamente una experiencia homóloga la que alumbró al leninismo".
GDP a poor measure of progress, say Davos economists
Three leading economists and academics at Davos agree: GDP is a poor way of assessing the health of our economies and we urgently need to find a new measure.
Speaking in different sessions, IMF head Christine Lagarde, Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz, and MIT professor Erik Brynjolfsson stressed that as the world changes, so too should the way we measure progress.
A country’s GDP is an estimate of the total value of goods and services they produce. But even when the concept was first developed back in the late 1930s, the man behind it, Simon Kuznets, warned it was not a suitable measure of a country’s economic development: “He understood that GDP is not a welfare measure, it is not a measure of how well we are all doing. It counts the things that we’re buying and selling, but it’s quite possible for GDP to go in the opposite direction of welfare” Brynjolfsson told participants.
Today, with the changes brought on by the Fourth Industrial Revolution, the measure is even less of a reflection of the things that really matter: “We need a new model for growth. Just as we’re reinventing business, we need to reinvent the way we measure the economy,” the MIT professor added.
Speaking in another session, Lagarde made almost exactly the same argument: “We have to go back to GDP, the calculation of productivity, the value of things – in order to assess, and probably change, the way we look at the economy,” she said.
It builds on a point made by Stiglitz earlier in the week: “GDP in the US has gone up every year except 2009, but most Americans are worse off than they were a third of a century ago. The benefits have gone to the very top. At the bottom, real wages adjusted for today are lower than they were 60 years ago. So this is an economic system that is not working for most people,” he said.
Speaking in different sessions, IMF head Christine Lagarde, Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz, and MIT professor Erik Brynjolfsson stressed that as the world changes, so too should the way we measure progress.
A country’s GDP is an estimate of the total value of goods and services they produce. But even when the concept was first developed back in the late 1930s, the man behind it, Simon Kuznets, warned it was not a suitable measure of a country’s economic development: “He understood that GDP is not a welfare measure, it is not a measure of how well we are all doing. It counts the things that we’re buying and selling, but it’s quite possible for GDP to go in the opposite direction of welfare” Brynjolfsson told participants.
Today, with the changes brought on by the Fourth Industrial Revolution, the measure is even less of a reflection of the things that really matter: “We need a new model for growth. Just as we’re reinventing business, we need to reinvent the way we measure the economy,” the MIT professor added.
Speaking in another session, Lagarde made almost exactly the same argument: “We have to go back to GDP, the calculation of productivity, the value of things – in order to assess, and probably change, the way we look at the economy,” she said.
It builds on a point made by Stiglitz earlier in the week: “GDP in the US has gone up every year except 2009, but most Americans are worse off than they were a third of a century ago. The benefits have gone to the very top. At the bottom, real wages adjusted for today are lower than they were 60 years ago. So this is an economic system that is not working for most people,” he said.
Hollande perdió a su ministra progre
Christiane Taubira renunció a su cargo como ministra de Justicia por su "gran disenso político" ante la proyectada reforma de la Constitución que incluye el estado de emergencia y la retirada de la ciudadanía francesa para las personas con doble nacionalidad encontradas culpables de crímenes terroristas. La funcionaria era considerada una figura icónica del ala izquierda en el Gobierno del Partido Socialista.
"Decidí mantenerme fiel a mí misma y mi compromiso", afirmó Taubira en París. La política señaló que la creciente amenaza terrorista no puede tener consecuencias militares, diplomáticas, políticas o simbólicas. Coincidió con el presidente François Hollande en la necesidad de abandonar su cargo al comenzar el debate en la Asamblea Nacional sobre la reforma constitucional, precisó el Elíseo.
En varias ocasiones Taubira había manifestado públicamente su rechazo a los planes del Gobierno de retirar la ciudadanía francesa a aquellos terroristas que hayan sido condenados y que tengan también otra nacionalidad. Hollande había anunciado esta medida a raíz de los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre en París.
"A veces, resistir significa quedarse, a veces resistir significa irse", escribió Taubira en Twitter. "Por lealtad a uno mismo, a nosotros, para que la ética y el derecho tengan la última palabra", agregó la ahora ex ministra.
Hollande nombró como sucesor de Taubira al socialista Jean-Jacques Urvoas, hasta ahora presidente de la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional. Urvoas, de 56 años, desempeñó el año pasado un papel clave en la aprobación de la nueva ley sobre los servicios de inteligencia.
La ministra saliente era considerada una figura icónica del ala izquierda en el Gobierno. De 63 años y natural de la Guayana francesa, Taubira, mujer de gran cultura, de fuerte personalidad y excelente oradora, era uno de los blancos favoritos de las críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha desde que hizo adoptar la ley sobre el matrimonio homosexual, y fue objeto a menudo de insultos racistas por ser negra.
Respecto a la proyectada reforma constitucional, la ahora ex funcionaria había afirmado que retirar la ciudadanía francesa a terroristas que poseen una doble nacionalidad no sería conveniente porque su eficacia sería "absolutamente ridícula". No obstante, siempre había asegurado que defendería el proyecto en el Parlamento en nombre del Gobierno.
La Pampa advirtió que irá a la Justicia si el Gobierno no corrige la coparticipación
Carlos Verna, gobernador de la provincia que hoy participó del encuentro en la Casa Rosada, afirmó: "Si no hay avances, voy a demandar a la Nación". Y adelantó que lo anunciado por Rogelio Frigerio "no nos conviene"
Carlos Verna junto a Rogelio Frigerio
Tanto Rogelio Frigerio por el lado del gobierno nacional como Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey por el lado de las provincias coincidieron, en conferencia de prensa, en que la reunión por la devolución del 15% de coparticipación y las deudas por obras públicas fue positiva y que se esperan avances en ambas materias. Luego del encuentro, Carlos Verna, gobernador de La Pampa, coincidió con el diagnóstico pero dejó un mensaje de advertencia.
"Si no hay avances, como gobernador voy a demandar a la Nación. La Pampa fue discriminada por el gobierno anterior", sentenció. El mandatario hizo hincapié en el pago de 4 mil millones de pesos de deuda con la caja de previsión civil, la policial y el 15% de coparticipación: "Vinimos a plantear que se pague el 15% que la Corte declaró inconstitucional luego de la presentación realizada por tres provincias, y a reclamar que se igualaran las condiciones para los veinticuatro distritos".
A pesar de todo, reconoció "la voluntad del ministro Frigerio de corregir las inequidades que tiene la distribución de fondos entre las provincias".
"Lo que el ministro ha ofrecido es la inversa. Ellos están recuperando el stock de la deuda, están pagando el atraso que tiene la obra pública, Vialidad, vivienda, los planes sociales, de tal manera que en cinco semanas se van a poner al día, haciendo efectivo el pago de alrededor de 10 mil millones de pesos", explicó.
En cuanto a la aplicación de esa medida en La Pampa expresó: "Eso a nosotros no nos conviene porque no tenemos demasiada obra pública. De Vialidad Nacional podemos tener el acceso a Castex que está parado por falta de pago y se podría reanudar; lo mismo pasaría con el tramo de reparación entre El Carancho y Puelches, pero no mucho más de eso. Y en vivienda nos deben algo de 40 millones de pesos, o sea que para nosotros no es una suma tan significativa", dijo.
"El ministro Frigerio reconoció que La Pampa es una de las provincias más discriminadas, teniendo en cuenta que cedimos el 15 por ciento, no transferimos la caja y nunca acordamos con Nación
renunciar a los derechos", concluyó.
La posibilidad de recurrir a la Justicia si el Ejecutivo no hace lugar al pedido por la coparticipación surgió en primer lugar de la cumbre de gobernadores que se hizo el sábado en San Juan. En principio se especuló que semejante advertencia podría haber sido motorizada por las provincias controladas por el kirchnerismo, pero Verna (PJ) y el correntino Ricardo Colombi (UCR) han sido los que alzaron su voz con más énfasis al respecto.
Carlos Verna junto a Rogelio Frigerio
Tanto Rogelio Frigerio por el lado del gobierno nacional como Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey por el lado de las provincias coincidieron, en conferencia de prensa, en que la reunión por la devolución del 15% de coparticipación y las deudas por obras públicas fue positiva y que se esperan avances en ambas materias. Luego del encuentro, Carlos Verna, gobernador de La Pampa, coincidió con el diagnóstico pero dejó un mensaje de advertencia.
"Si no hay avances, como gobernador voy a demandar a la Nación. La Pampa fue discriminada por el gobierno anterior", sentenció. El mandatario hizo hincapié en el pago de 4 mil millones de pesos de deuda con la caja de previsión civil, la policial y el 15% de coparticipación: "Vinimos a plantear que se pague el 15% que la Corte declaró inconstitucional luego de la presentación realizada por tres provincias, y a reclamar que se igualaran las condiciones para los veinticuatro distritos".
A pesar de todo, reconoció "la voluntad del ministro Frigerio de corregir las inequidades que tiene la distribución de fondos entre las provincias".
"Lo que el ministro ha ofrecido es la inversa. Ellos están recuperando el stock de la deuda, están pagando el atraso que tiene la obra pública, Vialidad, vivienda, los planes sociales, de tal manera que en cinco semanas se van a poner al día, haciendo efectivo el pago de alrededor de 10 mil millones de pesos", explicó.
En cuanto a la aplicación de esa medida en La Pampa expresó: "Eso a nosotros no nos conviene porque no tenemos demasiada obra pública. De Vialidad Nacional podemos tener el acceso a Castex que está parado por falta de pago y se podría reanudar; lo mismo pasaría con el tramo de reparación entre El Carancho y Puelches, pero no mucho más de eso. Y en vivienda nos deben algo de 40 millones de pesos, o sea que para nosotros no es una suma tan significativa", dijo.
"El ministro Frigerio reconoció que La Pampa es una de las provincias más discriminadas, teniendo en cuenta que cedimos el 15 por ciento, no transferimos la caja y nunca acordamos con Nación
renunciar a los derechos", concluyó.
La posibilidad de recurrir a la Justicia si el Ejecutivo no hace lugar al pedido por la coparticipación surgió en primer lugar de la cumbre de gobernadores que se hizo el sábado en San Juan. En principio se especuló que semejante advertencia podría haber sido motorizada por las provincias controladas por el kirchnerismo, pero Verna (PJ) y el correntino Ricardo Colombi (UCR) han sido los que alzaron su voz con más énfasis al respecto.
El PJ nacional se reunirá el 3 de febrero para convocar a elecciones internas
El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunirá el primer miércoles de febrero para convocar de forma oficial a las elecciones internas que definirán a las nuevas autoridades partidarias, en el marco del proceso de reorganización que atraviesa el justicialismo luego de la derrota electoral.
El apoderado del PJ, Jorge Landau, señaló a DyN que la cita del Consejo Nacional se fijó para el miércoles 3 de febrero, a las 18.00 horas, en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en el barrio porteño de Once.
Ese encuentro convocará formalmente al Congreso Nacional partidario y fijará una fecha para los comicios internos, que deben realizarse antes de mayo, cuando vencen los actuales mandatos.
Luego de la última derrota electoral, varios dirigentes justicialistas se anotaron en la lista para intentar presidir al partido, aun así, no se descarta que finalmente se acuerde una “lista de unidad” que proclame un candidato de “consenso”, para evitar el desgaste político que podría ocasionar la disputa interna.
De todos modos, si se avanza por el camino de la competencia directa, los dirigentes con mayor adhesión son la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli; el actual mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey; el vicepresidente del PJ, Jorge Capitaniche; y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
Asimismo, el ex gobernador de San Juan y actual diputado José Luis Gioja es considerado un postulante que sintetiza las distintas corrientes en pugna, una posición que fue ratificada por los mandatarios provinciales tras la reunión que compartieron el sábado último en ese distrito.
Por otra parte, ese mismo día está previsto que una veintena de intendentes del Frente para la Victoria se reúnan en la sede del sindicato de las telecomuicaciones FOETRA para ratificar "la conducción" de Cristina Fernández en el "movimiento nacional y popular justicialista". Es posible que la denominada "contracumbre" kirchnerista se meta de lleno en la contienda interna del PJ a nivel nacional, por lo que se estima será trascendental la postura que tomarán en ese cónclave.
El apoderado del PJ, Jorge Landau, señaló a DyN que la cita del Consejo Nacional se fijó para el miércoles 3 de febrero, a las 18.00 horas, en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en el barrio porteño de Once.
Ese encuentro convocará formalmente al Congreso Nacional partidario y fijará una fecha para los comicios internos, que deben realizarse antes de mayo, cuando vencen los actuales mandatos.
Luego de la última derrota electoral, varios dirigentes justicialistas se anotaron en la lista para intentar presidir al partido, aun así, no se descarta que finalmente se acuerde una “lista de unidad” que proclame un candidato de “consenso”, para evitar el desgaste político que podría ocasionar la disputa interna.
De todos modos, si se avanza por el camino de la competencia directa, los dirigentes con mayor adhesión son la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli; el actual mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey; el vicepresidente del PJ, Jorge Capitaniche; y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
Asimismo, el ex gobernador de San Juan y actual diputado José Luis Gioja es considerado un postulante que sintetiza las distintas corrientes en pugna, una posición que fue ratificada por los mandatarios provinciales tras la reunión que compartieron el sábado último en ese distrito.
Por otra parte, ese mismo día está previsto que una veintena de intendentes del Frente para la Victoria se reúnan en la sede del sindicato de las telecomuicaciones FOETRA para ratificar "la conducción" de Cristina Fernández en el "movimiento nacional y popular justicialista". Es posible que la denominada "contracumbre" kirchnerista se meta de lleno en la contienda interna del PJ a nivel nacional, por lo que se estima será trascendental la postura que tomarán en ese cónclave.
La FEB anticipa que no aceptará propuestas salariales inferiores a los "cinco dígitos"
Lo marcó la titular del gremio, Mirta Petrocini, que anticipó un camino "complicado" si es que el ministro Esteban Bullrich lleva una propuesta de recomposición salarial de 20 a 25 por ciento, como ya anticipó.
De cara a lo que serán las próximas reuniones para definir las recomposiciones salariales para los docentes bonaerenses, la titular de FEB, Mirta Petrocini, planteó que el Frente Gremial que conforma junto a SUTEBA no aceptará un salario básico por debajo de los "cinco dígitos".
Petrocini confrontó los dichos del Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que anticipó que buscarán acuerdos en torno al 20-25 por ciento de incremento, y anticipó: “si empezamos una negociación con esos porcentajes vamos a transitar un camino complicado, aún entendiendo la necesidad de un normal inicio del ciclo lectivo”.
“Los docentes necesitamos de manera urgente una recomposición salarial. Nuestro poder adquisitivo esta corriendo muy por detrás de los últimos aumentos y de la inflación anual de 2015”, indicó.
“Sin dudas no puede haber una recomposición de nuestro salario docente sin llevar a cabo un fuerte incremento que impacte sobre nuestro básico. Esta suma debe crecer exponencialmente para que impacte en el bolsillo, en la carrera docente y en los jubilados” señaló Petrocini.
Y acentuó la dirigente de FEB “para nosotros el salario básico es una lucha y una reivindicación que exponemos en cada una de las negociaciones paritarias desde hace años.”
De cara a lo que serán las próximas reuniones para definir las recomposiciones salariales para los docentes bonaerenses, la titular de FEB, Mirta Petrocini, planteó que el Frente Gremial que conforma junto a SUTEBA no aceptará un salario básico por debajo de los "cinco dígitos".
Petrocini confrontó los dichos del Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que anticipó que buscarán acuerdos en torno al 20-25 por ciento de incremento, y anticipó: “si empezamos una negociación con esos porcentajes vamos a transitar un camino complicado, aún entendiendo la necesidad de un normal inicio del ciclo lectivo”.
“Los docentes necesitamos de manera urgente una recomposición salarial. Nuestro poder adquisitivo esta corriendo muy por detrás de los últimos aumentos y de la inflación anual de 2015”, indicó.
“Sin dudas no puede haber una recomposición de nuestro salario docente sin llevar a cabo un fuerte incremento que impacte sobre nuestro básico. Esta suma debe crecer exponencialmente para que impacte en el bolsillo, en la carrera docente y en los jubilados” señaló Petrocini.
Y acentuó la dirigente de FEB “para nosotros el salario básico es una lucha y una reivindicación que exponemos en cada una de las negociaciones paritarias desde hace años.”
Los gobernadores no cederán ante Macri hasta recuperar el 15% de la coparticipación
Judicializarán el reclamo para sumarle un conflicto en la Corte. El plan para no depender de fondos discrecionales.
Los gobernadores peronistas continuarán en conflicto con Mauricio Macri al menos hasta recuperar el 15% de coparticipación federal, como había dispuesto el decreto firmado por Cristina Kirchner pocos días antes de irse y derogado luego por el presidente.
Esa decisión ocasionó el primer cortocircuito entre los mandatarios peronistas y la Casa Rosada, acrecentado con el decreto que casi triplicó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires con la excusa del traspaso de la policía federal.
Rogelio Frigerio los recibió este mediodía y si bien prometió ajustar el aporte extra al gobierno porteño al costo de la fuerza, quedó pendiente definir si habrá aumento para el resto de las provincias.
Los gobernadores peronistas no abandonarán ese reclamo. Es más: en la reunión de San Juan se comprometieron a multiplicar las presentaciones judiciales para exigir ese dinero, un paso que ya dieron los fiscales de Estado de Catamarca, La Rioja y Entre Ríos.
Fue ese camino el que tomaron hace años Córdoba, Santa Fe y San Luis y tuvo un final feliz en noviembre, cuando la Corte Suprema obligó al Poder Ejecutivo a restituirles el 15% de coparticipación que se gira a la Anses. En el resto de las provincias creen que les cabe el mismo derecho y así lo plantearán en Tribunales.
La decisión de no frenar la vía judicial suma un escollo a Macri en su conflictiva relación con Ricardo Lorenzetti, quien se niega a tomarles juramento a Horacio Rosatti y Carlos Rosankranz, nombrados en la Corte Suprema por decreto presidencial.
El futuro de Rosatti y Rosankranz también está en manos de los gobernadores por la cercanía que tienen con los senadores peronistas, que tienen mayoría propia para rechazar los pliegos.
Volverán a dejarlo claro mañana, con un almuerzo entre el salteño Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y otros referentes de los senadores del FpV.
Si los procesos judiciales siguen, tarde o temprano la Corte deberá decidir si vuelve a darle una mala noticia a Macri. El planteó de los gobernadores es simple: le conviene una negociación a largo plazo que esperar otro guadañazo de Lorenzetti y compañía.
“Macri y Frigerio dicen que antes había unitarismo, cuando lo que había era discrecionalidad, porque recibíamos obras y fondos extras todo el tiempo. Ahora sigue la misma discrecionalidad pero ese dinero va a las provincias centrales”, diferenció el ladero de un gobernador.
De ahí la bronca del radical Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes. Sus 6 años de convivencia de Cristina se basaron en un tire y afloje que le permitió sumar obras y exprimir todo su presupuesto en pagar sueldos.
Además, fue uno de los beneficiados con el fondo sojero, que repartió el 30% de la recaudación de las retenciones a la soja entre las provincias según el índice de coparticipación que, por su naturaleza solidaria, beneficia más a las provincias pobres que no producen soja.
El aumento de la coparticipación a la Ciudad restaba a las provincias una parte de este beneficio y Frigerio se comprometió a evitarlo en el almuerzo de este mediodía. Otra promesa en carpeta. Una situación similar se da con el reparto del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Con este panorama, los mandatarios saben que si suman 15% de asignación directa tendrán más autonomía y hasta podrían planear obras públicas con fondos propios. Santiago del Estero, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos distritos que nunca dejaron de hacerlo.
El resto dependió siempre de la ayuda de la presidenta para sumar infraestructura. Desde que asumió Macri frenó todos esos proyectos a la espera de una negociación con los gobernadores y hoy Frigerio prometió retomarlos en cinco semanas.
Por las dudas, la mayoría fue desde la Casa Rosada a la Secretaría de Obras Públicas para saber cuándo reactivarán los obradores y recordar que si siguen parados puede haber hasta 100 mil despidos en la construcción.
Pero no se conformarán con que todo vuelva a la normalidad. Quieren más coparticipación directa. Que no es otra cosa que una mayor autonomía ante un gobierno que ya no es de su signo político.
Los gobernadores peronistas continuarán en conflicto con Mauricio Macri al menos hasta recuperar el 15% de coparticipación federal, como había dispuesto el decreto firmado por Cristina Kirchner pocos días antes de irse y derogado luego por el presidente.
Esa decisión ocasionó el primer cortocircuito entre los mandatarios peronistas y la Casa Rosada, acrecentado con el decreto que casi triplicó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires con la excusa del traspaso de la policía federal.
Rogelio Frigerio los recibió este mediodía y si bien prometió ajustar el aporte extra al gobierno porteño al costo de la fuerza, quedó pendiente definir si habrá aumento para el resto de las provincias.
Los gobernadores peronistas no abandonarán ese reclamo. Es más: en la reunión de San Juan se comprometieron a multiplicar las presentaciones judiciales para exigir ese dinero, un paso que ya dieron los fiscales de Estado de Catamarca, La Rioja y Entre Ríos.
Fue ese camino el que tomaron hace años Córdoba, Santa Fe y San Luis y tuvo un final feliz en noviembre, cuando la Corte Suprema obligó al Poder Ejecutivo a restituirles el 15% de coparticipación que se gira a la Anses. En el resto de las provincias creen que les cabe el mismo derecho y así lo plantearán en Tribunales.
La decisión de no frenar la vía judicial suma un escollo a Macri en su conflictiva relación con Ricardo Lorenzetti, quien se niega a tomarles juramento a Horacio Rosatti y Carlos Rosankranz, nombrados en la Corte Suprema por decreto presidencial.
El futuro de Rosatti y Rosankranz también está en manos de los gobernadores por la cercanía que tienen con los senadores peronistas, que tienen mayoría propia para rechazar los pliegos.
Volverán a dejarlo claro mañana, con un almuerzo entre el salteño Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y otros referentes de los senadores del FpV.
Si los procesos judiciales siguen, tarde o temprano la Corte deberá decidir si vuelve a darle una mala noticia a Macri. El planteó de los gobernadores es simple: le conviene una negociación a largo plazo que esperar otro guadañazo de Lorenzetti y compañía.
“Macri y Frigerio dicen que antes había unitarismo, cuando lo que había era discrecionalidad, porque recibíamos obras y fondos extras todo el tiempo. Ahora sigue la misma discrecionalidad pero ese dinero va a las provincias centrales”, diferenció el ladero de un gobernador.
De ahí la bronca del radical Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes. Sus 6 años de convivencia de Cristina se basaron en un tire y afloje que le permitió sumar obras y exprimir todo su presupuesto en pagar sueldos.
Además, fue uno de los beneficiados con el fondo sojero, que repartió el 30% de la recaudación de las retenciones a la soja entre las provincias según el índice de coparticipación que, por su naturaleza solidaria, beneficia más a las provincias pobres que no producen soja.
El aumento de la coparticipación a la Ciudad restaba a las provincias una parte de este beneficio y Frigerio se comprometió a evitarlo en el almuerzo de este mediodía. Otra promesa en carpeta. Una situación similar se da con el reparto del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Con este panorama, los mandatarios saben que si suman 15% de asignación directa tendrán más autonomía y hasta podrían planear obras públicas con fondos propios. Santiago del Estero, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos distritos que nunca dejaron de hacerlo.
El resto dependió siempre de la ayuda de la presidenta para sumar infraestructura. Desde que asumió Macri frenó todos esos proyectos a la espera de una negociación con los gobernadores y hoy Frigerio prometió retomarlos en cinco semanas.
Por las dudas, la mayoría fue desde la Casa Rosada a la Secretaría de Obras Públicas para saber cuándo reactivarán los obradores y recordar que si siguen parados puede haber hasta 100 mil despidos en la construcción.
Pero no se conformarán con que todo vuelva a la normalidad. Quieren más coparticipación directa. Que no es otra cosa que una mayor autonomía ante un gobierno que ya no es de su signo político.
Argentina Succumbs to Bond Turmoil as Macri Euphoria Cast Aside
Fuente: Bloomberg
Carolina Millan
Argentina managed to sidestep an emerging-market bond rout late last year on optimism newly elected President Mauricio Macri will end the nation’s isolation. But now, the deepening selloff roiling global markets is proving to be too much for investors to ignore.
The country’s dollar-denominated notes have lost 3.9 percent this month, more than three times the average in emerging markets, data compiled by JPMorgan Chase & Co. show. Its benchmark bonds due in 2033 have slid 4.1 percent from a nine-year high reached Dec. 30 and are now trading at the lowest price since Macri was elected Nov. 22.
While Macri has followed through on promises to dismantle currency controls and start negotiations with disgruntled creditors since taking office last month, the turmoil in global markets fueled by plunging commodity prices upended a plan to sell local notes and fueled the decline in overseas notes as investors dumped risky assets. Argentina’s foreign debt is rated Caa2 by Moody’s Investors Service, eight levels below investment grade. Standard & Poor’s has a SD, or selective default, grade on the debt.
“There’s been a strong risk-off in emerging markets, and even if Argentina has been separate from other global trends, it’s not immune,” said Joaquin Almeyra, a fixed-income trader at Bulltick LLC. “You’ve seen a lot of pain across Latin America and this was a question of contagion.”
Carolina Millan
Argentina managed to sidestep an emerging-market bond rout late last year on optimism newly elected President Mauricio Macri will end the nation’s isolation. But now, the deepening selloff roiling global markets is proving to be too much for investors to ignore.
The country’s dollar-denominated notes have lost 3.9 percent this month, more than three times the average in emerging markets, data compiled by JPMorgan Chase & Co. show. Its benchmark bonds due in 2033 have slid 4.1 percent from a nine-year high reached Dec. 30 and are now trading at the lowest price since Macri was elected Nov. 22.
While Macri has followed through on promises to dismantle currency controls and start negotiations with disgruntled creditors since taking office last month, the turmoil in global markets fueled by plunging commodity prices upended a plan to sell local notes and fueled the decline in overseas notes as investors dumped risky assets. Argentina’s foreign debt is rated Caa2 by Moody’s Investors Service, eight levels below investment grade. Standard & Poor’s has a SD, or selective default, grade on the debt.
“There’s been a strong risk-off in emerging markets, and even if Argentina has been separate from other global trends, it’s not immune,” said Joaquin Almeyra, a fixed-income trader at Bulltick LLC. “You’ve seen a lot of pain across Latin America and this was a question of contagion.”
How religious will the world be in 2050?
Reports of the death of organized religion have been exaggerated. According to recent research, the growth of religious populations worldwide is projected to be 23 times larger than the growth of the unreligious between 2010 and 2050.
The report Changing religion, changing economies, which draws on a 2015 global study published in Demographic Research and its connected Pew Research Center report, has profound implications for the global economy.
Today, seven of the G8 nations have Christian-majority populations. But by 2050 only one of the leading economies is projected to have a majority Christian population – the United States. The other mega economies in 2050 are projected to include a country with a Hindu majority (India), a Muslim majority (Indonesia), and two with exceptionally high levels of religious diversity (China and Japan).
As religious diversity and religious populations grow, so does their potential impact, creating new challenges and opportunities for societies, governments and economies.
The impact of religion is on the rise on a global scale. By the middle of this century, the number of people affiliated with a religion is expected to grow by 2.3 billion, from 5.8 billion in 2010 to 8.1 billion in 2050. By contrast, the number of people unaffiliated with any religion (including those who say their religion is “nothing in particular” as well as self-identifying agnostics and atheists) is projected to increase by only 0.1 billion, from 1.13 billion in 2010 to 1.23 billion in 2050. In terms of population shares, this is significantly lower than the peak in the 1970s under communism when nearly one in five people worldwide were religiously unaffiliated, according to the World Religion Database.
The growth of religious populations also has implications for how the world’s wealth will be spread about. The economic transformations of China and India are common knowledge. But what is less well known is that the five leading economies of 2050 are projected to represent one of the most religiously diverse groupings in recent memory.
Below are the main takeaways of global religious and economic change, ordered by the projected size of religious groups in 2050.
Christianity
The growth of the global Christian population is projected to be about the same rate as overall global population growth between 2010-2050.
The largest share of the world’s Christians lived in the Americas as of 2010, while the largest share of Christians is expected to be in Sub-Saharan Africa by 2050.
Economic growth among the global Christian population is expected to increase, but be significantly less than economic growth in the world as a whole.
In the years ahead, the global distribution of economic influence associated with Christian populations is expected to remain largely dominated by the Americas, with Europe slightly decreasing in influence and Sub-Saharan Africa and Asia-Pacific regions slightly increasing.
Islam
The number of Muslims in the world is expected to nearly double between 2010 and 2050 and Muslims are expected to lead the world in population growth compared with other religious groups.
The largest share of the world’s Muslims lived in the Asia-Pacific region as of 2010 and will continue to live in this region in the decades ahead.
Economic growth among the global Muslim population is expected to significantly outpace global economic growth.
India is expected to have the largest Muslim population of any country in the world by 2050, surpassing Indonesia.
In the years ahead, slightly more than half of the economic influence associated with Muslim populations is expected to be in the Asia-Pacific region, with India’s economic overall growth also helping to add some to the global economic resources of Muslims.
Religiously Unaffiliated
The growth of the global religiously unaffiliated population is slowing at a much faster rate than global population growth.
The largest share of the world’s religiously unaffiliated population lived in the Asia-Pacific region as of 2010 with over half of the entire world’s unaffiliated people living in China. Population growth of the religious unaffiliated population in the Americas is expected to be substantially higher than growth in other regions of the world.
Economic growth among the global religiously unaffiliated population is expected to be on par with global economic growth in the years ahead.
The global distribution of economic influence associated with religiously unaffiliated populations is expected to grow in the Asia-Pacific region, with economic influence decreasing slightly in Europe and the Americas.
Hinduism
The number of Hindus in the world is expected to grow by 400 million people between 2010 and 2050, but is projected to remain about the same share of the world’s population in the decades ahead.
The largest share of the world’s Hindus lived in the Asia-Pacific region (notably India) as of 2010 and will continue to live in this region in the decades ahead.
Economic growth among the global Hindu population is expected to significantly outpace global economic growth, mostly led by the rising economy of India.
The vast majority of economic resources available to Hindus lies in India, but Hindus in the United States and the United Kingdom also contribute significantly to the global economic resources available to Hindus.
Buddhism
The number of Buddhists in the world is expected to remain at nearly 500 million between 2010 and 2050, but is projected to decrease as a share of the world’s population.
The largest share of the world’s Buddhists lived in the Asia-Pacific region (notably China) as of 2010; they are estimated to continue to live in this region in the decades ahead.
Despite the stagnation of population growth among Buddhists, economic growth among the global Buddhist population is expected to be on par with global economic growth, largely due to China’s economic rise.
China and Japan jointly hold nearly all of the world’s economic resources available to Buddhists, but this study estimates that Buddhists in the United States also contribute significantly to the global economic resources available to Buddhists.
Judaism
The growth of the global Jewish population is slowing more quickly than the world overall; however, the number of Jews is still anticipated to be about two million more in 2050 than in 2010 (increasing from about 14 million in 2010 to slightly more than 16 million worldwide in 2050).
The largest share of the world’s Jews lived in the Americas (mostly in the United States) as of 2010, while the largest share of Jews is expected to be in the Middle East-North Africa region (namely Israel) by 2050.
Economic growth among the global Jewish population is expected to increase, but be significantly less than economic growth in the world as a whole.
In the years ahead, the global distribution of economic influence associated with Jewish populations is expected to slightly decrease in the Americas with corresponding slight increases among Jewish populations living in the Middle East- North Africa region.
Other religions*
The number of people belonging to other religions in the world is expected to grow by about 30 million people between 2010 and 2050, but is projected to decrease as a share of the world’s population.
The largest share of the world’s other religious populations lived in the Asia-Pacific region (notably China) as of 2010 and will continue to live in this region in the decades ahead.
Despite its slow population growth, economic growth among people belonging to other religions is expected to outpace global economic growth, largely due to China’s projected economic growth.
China holds about two-thirds of the global economic resources available to other religions.
* Other religions include religious traditions not covered elsewhere in this report. Data limitations prevent their individual analysis on a global basis. They are included, however, to account for all people worldwide, recognizing that the results have limited information for any one particular group. These religions include folk religions often identified along ethnic lines and sometimes mixed with local beliefs of other major religions. Examples of these folk religions include traditional African religions and Chinese ancestral belief systems. The other religion category also includes groups like Baha’i, Jainism, Shintoism, Sikhism and Taoism that do not have sufficient data to have their own category across most country censuses and surveys.
El Gobierno aplica un primer aumento de más de 350% en la luz
La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece una tarifa social y reconocimientos a los usuarios que hagan uso racional de la energía
En una compleja resolución de diez páginas el Gobierno puso en marcha hoy los aumentos de tarifas que el kirchnerismo postergó durante 12 años. Si bien aún faltan pasos burocráticos, institucionales y precisiones con respecto a su aplicación, desde el 1° de febrero los consumidores del servicio eléctrico deberán pagar más de un 350% más por la energía que consumen. Ese incremento se utilizará para reducir susantialmente los subsidios del Estado hacia el sector, pero no contempla ajustes de tarifas en los servicios de transporte y distribución (en la zona metropolitana es una tarea a cargo de Edenor y de Edesur), por lo que es probable que las subas sean aún mayores.
A través de la resolución 6, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren , dispuso entre otras cosas que entre el 1° de febrero y el 30 de abril los denominados Precios de Referencia de la Energía en el Mercado para quienes no alcancen los 300 kW (una casa de clase media, por caso), en horas pico sea de 321,39. Según fuentes del mercado, ese valor era hasta ahora de poco más de $ 70. Una fuente del mercado que pidió no ser identificada sostuvo que el aumento coincide casi en su totalidad con el subsidio del Estado al sector de generación, el primer eslabón de la cadena eléctrica.
La norma también establece un precio diferencia para las horas pico y los momentos de menor consumo durante el día.
Por otro lado, la resolución estableció que los hogares de bajos recursos no pagarán por el servicio eléctrico hasta un consumo de 150 kWh/mes, como había anticipado el propio Aranguren incluso antes de que Mauricio Macri ganara las elecciones. El Estado cubrirá su costo.
Para justificar la suba de tarifas, la norma recuerda que "ante el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes y considerando las posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional, resulta necesario sancionar un precio estacional único a nivel nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) todavía sensiblemente menor al costo real de abastecimiento del sistema". Es decir, abre la puerta a nuevos aumentos en el futuro.
La precisión del aumento de luz se conocerá recién, sin embargo, cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad(Enre) publique el nuevo cuadro tarifario.
Which economies are being hit hardest by China's slowdown?
China’s economic slowdown and financial mayhem are fostering a cycle of decline and panic across much of the world, as countries on nearly every continent see escalating risks of prolonged slumps, political disruption and financial losses.
South Africa’s currency, the rand, plunged Monday after stocks once again sold off in China, which is the country’s largest trading partner. South Africa’s economy -- like those of many countries on the African continent -- had been fueled by China’s hunger for natural resources, but the slowing demand now threatens to compound its many other problems and worsen a food crisis.
Throughout South America, China’s declining appetite for commodities has led to deep recessions and talk of a “lost decade.” Venezuela is facing inflation in the double or triple digits, Brazil is experiencing rising unemployment, and both countries are confronting political upheaval as leaders strain to preserve public benefits.
And there are less direct effects. China’s slowdown is one of the big drivers of the massive fall in oil prices, which hit a 12-year-low on Monday of $31.56 for a barrel of Brent crude, and that is causing its own problems.
Petro-states Saudi Arabia and Russia have taken massive hits from the collapse in oil prices, and are facing serious domestic financial challenges as a result. The two countries each export about 14 percent of their oil to China, according the Energy Information Administration.
The United States economy, meanwhile, has proved to be fairly insulated so far, and some industries that operate in China, such as fast food and retail, are expected to remain so. Still, U.S. stock markets have struggled this year, and many economists warn job losses could begin occurring outside of those already seen in the mining and energy industries if China’s economy worsens.
Caterpillar, long a darling of China’s economic growth, selling both to China and to countries that have sold China commodities, has reported declining sales, and its stock price has fallen to its lowest level since 2010. On Monday, aluminum firm Sherwin Alumina filed for chapter 11 bankruptcy.
“A slowdown of half percentage point, or even a percentage point slowdown, is not going to have a very big impact on the U.S. economy. If you’re South Africa or Peru, Chile, Colombia, Malaysia, or Thailand, then it’s a different matter,” said Paul Sheard, chief global economist, Standard & Poor’s Ratings Services.
Stocks in Shanghai fell 5.3 percent Monday, and remained volatile Tuesday; the stocks are down 16 percent in the past six days. Analysts are not particularly worried about the ups-and-downs of the stock market in China, because it only has tangential connections to the economy, but say the volatility underscores deeper fears about whether China’s economic growth is worse than official statistics indicate.
After years of runaway growth, virtually all independent experts agree China’s economy was bound to slow. But the question now is how much the world’s second largest economy will decelerate, from double-digit growth to a stable 6 or 7 percent or a substantially worse 3 or 4 percent — or even lower.
Worldwide impact
Most hit are those countries that thrived on China’s seemingly insatiable demand for natural resources. Virtually no continent is being spared, and developed and developing countries alike are facing harsh consequences.
As China developed and built the world’s solar panels, laptops and iPhones, it sucked up oil, iron ore, copper and machinery and bid up the price for those raw materials. “So the end of China’s investment boom means the reverse,” says Patrick Chovanec, chief strategist at Silvercrest Asset Management.
In Asia, Indonesia saw coal exports plunge after China’s economic challenges began to surface last year. Brazil, Peru and Venezuela also have suffered from commodity price collapses.
“All those economies benefited greatly from China’s rise, and the flip side of that is they have been hit as China’s growth has slowed and prices have fallen,” says Neil Shearing, chief emerging markets economist at Capital Economics.
The pain has not been limited to the developing world. Australia’s exports of iron ore and other minerals to China, its largest trading partner, have declined, raising fears of a recession. Korea, Japan, Thailand and Taiwan could also be vulnerable.
“[T]he global spillovers from China’s reduced rate of growth, through its diminished imports and lower demand for commodities, have been much larger than we would have anticipated,” Maury Obstfeld, chief economist of the International Monetary Fund, said this month.
Obstfeld recently warned that China’s slowdown and wilder volatility in emerging markets are among the biggest threats to the global economy in 2016.
South Africa
South Africa is a case study in over-reliance on China, and the painful consequences that are now playing out.
On Monday, the South African rand fell by 10 percent compared to the U.S. dollar, reaching an all-time low before recovering some ground and ending the day at 16.57 rand per dollar. China is South Africa’s largest trading partner, exchanging about $20 billion in goods a year, and its thirst for South Africa’s natural resources had helped power the country’s economy. Iron ore, coal, gold, and other minerals are among South Africa’s largest exports.
The decline in the value of the rand could make it more expensive for South Africans to buy goods and services and harder to pay debts.
“There’s a pretty ugly mix really of political, economic and deep-seated structural problems exacerbated by the slowdown in China which made the rand pretty vulnerable,” Shearing said.
The timing of the economic slowdown and the currency dive could have drastic consequences for food security in South Africa. The country has faced a major drought recently and will likely have to import more food than it usually does — but a less valuable rand will make those imports expensive in some cases, analysts say.
Some have argued that South Africa and other countries on the continent are now paying the price for an excessive reliance on China. But the reality, some analysts said, is that commodity-exporting countries have had little choice as the Chinese import market expanded.
“It’s not really avoidable by diversification because [China] really is the market,” said Dennis Dykes, chief economist at South Africa’s NedBank.
The impact of Chinese volatility comes as South Africa is reeling from its own internal problems.
Last month, President Jacob Zuma fired the finance minister, Nhanhla Nene, but then struggled to replace him, first choosing the relatively unknown David van Rooyen and then removing him just days later, after the rand crashed. Zuma then settled on former finance minister Pravin Gordhan, but investors were already rattled by the confusion.
Bond ratings agency Fitch downgraded the country’s rating to BBB-, as the turmoil sparked concern among investors that the ruling African National Congress party was not up to the task of managing the economy, including such challenges as limiting the country’s deficit, alleviating electricity shortages, and raising spending on transport and education.
The rand has seen dramatic declines twice in the last two decades — in 2001 and 2008 — but both times it rebounded quickly thanks to an increase in Chinese demand and the growth of commodity prices. This time, analysts say, such a recovery is not as likely.
Moviliza la UOCRA por 30.000 despidos
Por problemas en la obra pública porteña con atraso de salarios y despidos injustificados, la UOCRA marchará hoy al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Los trabajadores nucleados en la seccional porteña de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se movilizarán hoy hacia el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo de “despidos injustificados”.
Fuentes gremiales de la organización que a nivel nacional conduce Gerardo Martínez señalaron a Télam que la marcha se realizará a partir de las 10 de mañana hacia en pleno centro donde el Instituto de la Vivienda tiene su sede.
“El sindicato porteño rechaza las cesantías injustificadas, el pago de salarios de forma atrasada y la paralización de obras del complejo habitacional Castañares, en el Bajo Flores”, aseguraron.
La protesta de la UOCRA se enmarca en un contexto de 30 mil despidos de obreros de la construcción en todo el país que dejó la paraización de pagos en la obra pública en el último mes.
El plan 70/30
Por Hernán Letcher y Julia Strada *
El plan económico del gobierno de Mauricio Macri significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como “levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional.
Aun con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esa comunidad reside en “ordenar” la relación capitaltrabajo en valores cercanos a una distribución del ingreso del 70/30. Es decir, condicionar a los trabajadores a quedarse con menos de un tercio de los ingresos nacionales. A ello se debe adicionar un dato clave: la propuesta del Ministerio de Trabajo para las paritarias apunta a regularlas a través de un cálculo de productividad, lo que en la práctica significa discutir el reparto del nuevo excedente creado, pero no la distribución de la masa de ingresos ya existente. Esto fue explicitado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña: “El mayor desafío de la Argentina es agrandar la torta. La lógica de que hay que repartir lo que hay y dividirlo, fue un fracaso”.
En virtud de lo mencionado, y ya concretada la transferencia principal, se abre una etapa de disputas entre las distintas fracciones por la conducción política del proceso, fundamentalmente de las decisiones en materia económica sobre precios relativos y políticas públicas.
Valorización financiera. Al inicio de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz decidió fijar salarios y liberar precios, derivando ello en una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional en aproximadamente 18 puntos porcentuales, generando de este modo un nuevo punto de partida (del 48,5 al 30,4 por ciento). Luego de ello, la valorización financiera tuvo un largo derrotero caracterizado por las disputas de las fracciones del capital dominante (acreedores externos, oligarquía diversificada y oligarquía agropecuaria pampeana) que durante casi treinta años (entre 1976 y 2001) pelearon por la porción del ingreso apropiada a los trabajadores.
Los ochenta. Durante la década de los ochenta, el claro predominio de los grupos económicos locales sobre los acreedores externos en la apropiación del excedente, se reflejó en políticas en favor de los primeros, a través de dos mecanismos privilegiados:
- Gastos fiscales: destinados a la promoción industrial y reembolso a las exportaciones, desgravaciones de derechos de importación a ciertas actividades, asunción de los pasivos de empresas quebradas, apoyo de actividades muy específicas (como siderurgia y petroquímica) y subsidios a los precios de venta o compra de bienes al Estado o del Estado, entre los principales.
- Gastos cuasi fiscales: régimen de Seguros de Cambio (81), estatización de la deuda (82), capitalización y cancelación anticipada (en el gobierno democrático), entre otros.
La crisis de 1989 fue resultante de ese esquema de reparto, que ya no era suficiente para contener a los acreedores, situación que se agudizó por la moratoria de hecho de la deuda externa declarada hacia mediados de 1988. Desde esa fecha los bancos acreedores no percibieron los intereses de deuda ni las amortizaciones y tampoco lograron avanzar en el esquema de privatizaciones para cobrarse la deuda con empresas públicas, como adelantaban los ejes acordados en el Plan Baker pactado en 1985.
Los noventa. A inicios de la década se conformó en torno a las privatizaciones una “comunidad de negocios” donde comulgaron la oligarquía diversificada, firmas extranjeras y los acreedores externos. ¿Cómo fue el reparto? A través del “saneamiento” previo de las empresas públicas, la subvaluación para su venta, la obtención entre 1994 y 1998 de una rentabilidad promedio del 15 por ciento sobre patrimonio y, en el caso de empresas de servicios públicos, la apropiación hacia 1999 de ganancias que superaron los 2000 millones de dólares sólo considerando los ajustes de tarifas a través de cláusulas de indexación. Otro negocio conjunto fue la reducción de aportes y contribuciones laborales y la privatización del sistema previsional concretada en 1994. Ello se tradujo en una transferencia hacia los grandes grupos concentrados para el período 19942000 de 22.372 millones de pesos por la reducción de aportes y 29.960 millones de pesos usufructuados por el sistema previsional privado (AFJP). Derivado de este importante costo fiscal, esas políticas significaron para el Estado un déficit de 54.446 millones de pesos, por lo que debió endeudarse beneficiando a la fracción acreedora externa. No casualmente los pagos de servicios de la deuda externa representaron una cifra similar, de 54.615 millones de pesos en el período.
La actual disputa. Un breve repaso de las políticas anunciadas e implementadas da cuenta de la vinculación de cada una de ellas con actores económicos concretos. Estos han sido beneficiados desde el comienzo en virtud de los “compromisos asumidos” por el macrismo y el frente Cambiemos, profundizando además su vínculo orgánico a través de la colocación de representantes gerenciales en cargos políticos del gobierno. Los importantes beneficios que se detallan contrastan indefectiblemente con el anuncio de la limitada transferencia por única vez de 400 pesos a los beneficiarios de la AUH y jubilados que perciben la mínima. Si ésta erogación asciende a 3000 millones de pesos –en un solo pago–, sólo el costo fiscal de las retenciones para la soja, maíz y trigo asciende a 30 mil millones de pesos en una cosecha anual.
Habiéndose establecido la principal quita de excedente, no está saldado su modo de reparto en el bloque hegemónico. Hace unos días, en la conferencia de la UIA, el Ministro de Producción, Francisco Cabrera anunció la quita de retenciones al agro. De inmediato Luis Betnaza, del Grupo Techint, inquirió: “Bueno, ¿y para nosotros cuándo?”. Poco después se anunció la quita de retenciones a las exportaciones industriales.
Otro caso fue el de Arcor. Macri había acordado entregar a Jorge Lawson, hombre de esa compañía, el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la presión de los gremios, entre ellos de Hugo Moyano, hizo dar marcha atrás la designación. Sintomáticamente unos días después, Luis Pagani dueño de Arcor, adquirió el 25 por ciento de La Serenísima y decidió sacar la empresa lechera de Precios Cuidados. Finalmente, Lawson terminó ocupando un lugar en el directorio del Banco Nación.
El caso de los despidos de Techint también es paradigmático. Luego de dos renovaciones de actas de suspensiones a lo largo del 2015, sin despidos, la primera semana del gobierno de Macri y frente a una nueva renovación de suspensiones, Techint deliberadamente despidió a 189 trabajadores de la planta de Siderca de Campana. Esa muestra de presión al nuevo presidente Macri tuvo como respuesta al día siguiente una reunión entre Rocca y Vidal con muestras de acercamiento mutuo.
En este marco, se abren interrogantes sobre el reacomodamiento de las fracciones del capital en esta etapa. Dada la representación corporativa de Prat-Gay respecto a la banca internacional (JP Morgan), del anunciado endeudamiento y de la fenomenal suba de tasas de interés locales: ¿significa esta nueva etapa económica la puesta en práctica de la especulación propia de la valorización financiera? O considerando la representación de entidades agrarias de grandes terratenientes con Ricardo Buryaile al frente del Ministerio de Agricultura, y del empresariado cerealero con Monsanto en la homónima cartera provincial, ¿se trata del retorno de un modelo de crecimiento con base agroexportadora pero sin distribución de ingresos?
Finalmente, a raíz de los acercamientos al Grupo Techint, la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y la entrega de la Secretaría de Empleo a un ex gerente de esa empresa, ¿ocupará la oligarquía diversificada un rol periférico en el nuevo bloque dominante o será un actor central?
“Perturba en el “círculo rojo” el apoyo del Gobierno al campo” reza el titular de una nota en el diario La Nación del 26 de diciembre. El gobierno de Macri tiene importantes compromisos asumidos con cada uno de los sectores que impulsaron y apoyan su actual gestión, en pos del objetivo concreto de alterar nuevamente la distribución de ingresos en Argentina. Pero este complejo equilibrio corre riesgo de romperse si el otorgamiento de mayores ventajas hacia una de las fracciones inclina la balanza.
* Centro de Economía Política Argentina-CEPA.
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El plan económico del gobierno de Mauricio Macri significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como “levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional.
Aun con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esa comunidad reside en “ordenar” la relación capitaltrabajo en valores cercanos a una distribución del ingreso del 70/30. Es decir, condicionar a los trabajadores a quedarse con menos de un tercio de los ingresos nacionales. A ello se debe adicionar un dato clave: la propuesta del Ministerio de Trabajo para las paritarias apunta a regularlas a través de un cálculo de productividad, lo que en la práctica significa discutir el reparto del nuevo excedente creado, pero no la distribución de la masa de ingresos ya existente. Esto fue explicitado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña: “El mayor desafío de la Argentina es agrandar la torta. La lógica de que hay que repartir lo que hay y dividirlo, fue un fracaso”.
En virtud de lo mencionado, y ya concretada la transferencia principal, se abre una etapa de disputas entre las distintas fracciones por la conducción política del proceso, fundamentalmente de las decisiones en materia económica sobre precios relativos y políticas públicas.
Valorización financiera. Al inicio de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz decidió fijar salarios y liberar precios, derivando ello en una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional en aproximadamente 18 puntos porcentuales, generando de este modo un nuevo punto de partida (del 48,5 al 30,4 por ciento). Luego de ello, la valorización financiera tuvo un largo derrotero caracterizado por las disputas de las fracciones del capital dominante (acreedores externos, oligarquía diversificada y oligarquía agropecuaria pampeana) que durante casi treinta años (entre 1976 y 2001) pelearon por la porción del ingreso apropiada a los trabajadores.
Los ochenta. Durante la década de los ochenta, el claro predominio de los grupos económicos locales sobre los acreedores externos en la apropiación del excedente, se reflejó en políticas en favor de los primeros, a través de dos mecanismos privilegiados:
- Gastos fiscales: destinados a la promoción industrial y reembolso a las exportaciones, desgravaciones de derechos de importación a ciertas actividades, asunción de los pasivos de empresas quebradas, apoyo de actividades muy específicas (como siderurgia y petroquímica) y subsidios a los precios de venta o compra de bienes al Estado o del Estado, entre los principales.
- Gastos cuasi fiscales: régimen de Seguros de Cambio (81), estatización de la deuda (82), capitalización y cancelación anticipada (en el gobierno democrático), entre otros.
La crisis de 1989 fue resultante de ese esquema de reparto, que ya no era suficiente para contener a los acreedores, situación que se agudizó por la moratoria de hecho de la deuda externa declarada hacia mediados de 1988. Desde esa fecha los bancos acreedores no percibieron los intereses de deuda ni las amortizaciones y tampoco lograron avanzar en el esquema de privatizaciones para cobrarse la deuda con empresas públicas, como adelantaban los ejes acordados en el Plan Baker pactado en 1985.
Los noventa. A inicios de la década se conformó en torno a las privatizaciones una “comunidad de negocios” donde comulgaron la oligarquía diversificada, firmas extranjeras y los acreedores externos. ¿Cómo fue el reparto? A través del “saneamiento” previo de las empresas públicas, la subvaluación para su venta, la obtención entre 1994 y 1998 de una rentabilidad promedio del 15 por ciento sobre patrimonio y, en el caso de empresas de servicios públicos, la apropiación hacia 1999 de ganancias que superaron los 2000 millones de dólares sólo considerando los ajustes de tarifas a través de cláusulas de indexación. Otro negocio conjunto fue la reducción de aportes y contribuciones laborales y la privatización del sistema previsional concretada en 1994. Ello se tradujo en una transferencia hacia los grandes grupos concentrados para el período 19942000 de 22.372 millones de pesos por la reducción de aportes y 29.960 millones de pesos usufructuados por el sistema previsional privado (AFJP). Derivado de este importante costo fiscal, esas políticas significaron para el Estado un déficit de 54.446 millones de pesos, por lo que debió endeudarse beneficiando a la fracción acreedora externa. No casualmente los pagos de servicios de la deuda externa representaron una cifra similar, de 54.615 millones de pesos en el período.
La actual disputa. Un breve repaso de las políticas anunciadas e implementadas da cuenta de la vinculación de cada una de ellas con actores económicos concretos. Estos han sido beneficiados desde el comienzo en virtud de los “compromisos asumidos” por el macrismo y el frente Cambiemos, profundizando además su vínculo orgánico a través de la colocación de representantes gerenciales en cargos políticos del gobierno. Los importantes beneficios que se detallan contrastan indefectiblemente con el anuncio de la limitada transferencia por única vez de 400 pesos a los beneficiarios de la AUH y jubilados que perciben la mínima. Si ésta erogación asciende a 3000 millones de pesos –en un solo pago–, sólo el costo fiscal de las retenciones para la soja, maíz y trigo asciende a 30 mil millones de pesos en una cosecha anual.
Habiéndose establecido la principal quita de excedente, no está saldado su modo de reparto en el bloque hegemónico. Hace unos días, en la conferencia de la UIA, el Ministro de Producción, Francisco Cabrera anunció la quita de retenciones al agro. De inmediato Luis Betnaza, del Grupo Techint, inquirió: “Bueno, ¿y para nosotros cuándo?”. Poco después se anunció la quita de retenciones a las exportaciones industriales.
Otro caso fue el de Arcor. Macri había acordado entregar a Jorge Lawson, hombre de esa compañía, el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la presión de los gremios, entre ellos de Hugo Moyano, hizo dar marcha atrás la designación. Sintomáticamente unos días después, Luis Pagani dueño de Arcor, adquirió el 25 por ciento de La Serenísima y decidió sacar la empresa lechera de Precios Cuidados. Finalmente, Lawson terminó ocupando un lugar en el directorio del Banco Nación.
El caso de los despidos de Techint también es paradigmático. Luego de dos renovaciones de actas de suspensiones a lo largo del 2015, sin despidos, la primera semana del gobierno de Macri y frente a una nueva renovación de suspensiones, Techint deliberadamente despidió a 189 trabajadores de la planta de Siderca de Campana. Esa muestra de presión al nuevo presidente Macri tuvo como respuesta al día siguiente una reunión entre Rocca y Vidal con muestras de acercamiento mutuo.
En este marco, se abren interrogantes sobre el reacomodamiento de las fracciones del capital en esta etapa. Dada la representación corporativa de Prat-Gay respecto a la banca internacional (JP Morgan), del anunciado endeudamiento y de la fenomenal suba de tasas de interés locales: ¿significa esta nueva etapa económica la puesta en práctica de la especulación propia de la valorización financiera? O considerando la representación de entidades agrarias de grandes terratenientes con Ricardo Buryaile al frente del Ministerio de Agricultura, y del empresariado cerealero con Monsanto en la homónima cartera provincial, ¿se trata del retorno de un modelo de crecimiento con base agroexportadora pero sin distribución de ingresos?
Finalmente, a raíz de los acercamientos al Grupo Techint, la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y la entrega de la Secretaría de Empleo a un ex gerente de esa empresa, ¿ocupará la oligarquía diversificada un rol periférico en el nuevo bloque dominante o será un actor central?
“Perturba en el “círculo rojo” el apoyo del Gobierno al campo” reza el titular de una nota en el diario La Nación del 26 de diciembre. El gobierno de Macri tiene importantes compromisos asumidos con cada uno de los sectores que impulsaron y apoyan su actual gestión, en pos del objetivo concreto de alterar nuevamente la distribución de ingresos en Argentina. Pero este complejo equilibrio corre riesgo de romperse si el otorgamiento de mayores ventajas hacia una de las fracciones inclina la balanza.
* Centro de Economía Política Argentina-CEPA.
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Metas de inflación que esconden metas de desempleo
La correlación inversa entre crecimiento de precios y desocupación no es nueva, sino que fue un hallazgo del economista William Phillips en el año 1958. A menor cantidad de despidos, mayor incremento de precios y salarios y a la inversa.
Pablo Chena
El nuevo gobierno plantea como eje de su política económica las denominadas metas de inflación, un eufemismo para no hablar de las metas de desempleo que son necesarias para disciplinar a los trabajadores y redistribuir ingresos a favor del capital concentrado.
Como sabemos, la inflación es una consecuencia de la puja distributiva al interior de la economía y el gobierno está dispuesto a frenarla debilitando a los trabajadores con la amenaza del despido.
La correlación inversa (o trade off) entre inflación y desempleo no es nueva, fue un hallazgo del economista William Phillips en 1958 y se conoció mundialmente con el nombre de "Curva de Phillips". En esencia dicha curva muestra que a menor desempleo mayor incremento de precios y salarios, y viceversa, a mayor desempleo menores son los aumentos de salarios y precios. Esto da sustento teórico a la idea de que las metas de inflación llevan implícitas metas de desempleo abierto. Desde esta perspectiva, el gobierno dio señales muy claras sobre su política anti-inflacionaria.
Primero, una ola de despidos masivos en el sector público. Hasta el momento se estima que la cifra asciende a 18 mil trabajadores, con una proyección de 65 mil en los próximos meses. Segundo, despreocupación absoluta por las suspensiones y despidos en el sector privado. En este sentido, el ministro de Hacienda expresó: "Es parte de la herencia. No creo que el empresario tome la decisión de un día para el otro. Se trata de sectores que vienen sufriendo hace tiempo. Si toman esa decisión es por los últimos cuatro años". Tercero, represión de la protesta social, como en los casos de Cresta Roja y de Milagro Sala. Cuarto, un mensaje amenazante para los dirigentes del movimiento obrero organizado rumbo a las paritarias: "Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos", declaró Prat-Gay. Al tiempo que sugirió negociar incrementos salariales inferiores a la inflación proyectada: "Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20% a un 25% de inflación para este año. Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado."Sin embargo, si tomamos en cuenta que las estimaciones privadas de inflación para el año 2016 rondan entre el 35% y 40%. El incremento salarial "sugerido" por el gobierno, implicaría una pérdida de poder adquisitivo del salario de entre el 10% y el 15% para este año.
Respecto a las metas de inflación de largo plazo, Prat-Gay declaró: "Para 2017, la inflación se ubicaría entre el 12 y el 17 por ciento, para concluir en 2019 con una inflación de un dígito."
Traducido en términos de metas de desempleo abierto esto implicaría niveles similares a los de 2006, cuando la inflación fue del 11% y la tasa de desempleo del 10,1 por ciento. Para el caso de la tasa de inflación de un dígito (2019) deberíamos extrapolarnos a las condiciones del años 2004, cuando los precios subieron un 4% y el desempleo se ubicó en el 13,5%, o al caso extremo de la década de los noventa, cuando el desempleo registró una cifra promedio del 15%, entre 1993 y 2001, con una inflación cercana al 0 por ciento. Con estos números, el objetivo del gobierno sería llegar, vía ajuste fiscal, importaciones yaltas tasas de interés, a generar 500 mil trabajadores desocupados nuevospara 2017 y otros 500 mil para 2019.
Recordemos que, según el último dato disponible del III trimestre de 2015, el desempleo abierto afectaba a 709 mil trabajadores a fines del año 2015.
Pablo Chena
El nuevo gobierno plantea como eje de su política económica las denominadas metas de inflación, un eufemismo para no hablar de las metas de desempleo que son necesarias para disciplinar a los trabajadores y redistribuir ingresos a favor del capital concentrado.
Como sabemos, la inflación es una consecuencia de la puja distributiva al interior de la economía y el gobierno está dispuesto a frenarla debilitando a los trabajadores con la amenaza del despido.
La correlación inversa (o trade off) entre inflación y desempleo no es nueva, fue un hallazgo del economista William Phillips en 1958 y se conoció mundialmente con el nombre de "Curva de Phillips". En esencia dicha curva muestra que a menor desempleo mayor incremento de precios y salarios, y viceversa, a mayor desempleo menores son los aumentos de salarios y precios. Esto da sustento teórico a la idea de que las metas de inflación llevan implícitas metas de desempleo abierto. Desde esta perspectiva, el gobierno dio señales muy claras sobre su política anti-inflacionaria.
Primero, una ola de despidos masivos en el sector público. Hasta el momento se estima que la cifra asciende a 18 mil trabajadores, con una proyección de 65 mil en los próximos meses. Segundo, despreocupación absoluta por las suspensiones y despidos en el sector privado. En este sentido, el ministro de Hacienda expresó: "Es parte de la herencia. No creo que el empresario tome la decisión de un día para el otro. Se trata de sectores que vienen sufriendo hace tiempo. Si toman esa decisión es por los últimos cuatro años". Tercero, represión de la protesta social, como en los casos de Cresta Roja y de Milagro Sala. Cuarto, un mensaje amenazante para los dirigentes del movimiento obrero organizado rumbo a las paritarias: "Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos", declaró Prat-Gay. Al tiempo que sugirió negociar incrementos salariales inferiores a la inflación proyectada: "Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20% a un 25% de inflación para este año. Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado."Sin embargo, si tomamos en cuenta que las estimaciones privadas de inflación para el año 2016 rondan entre el 35% y 40%. El incremento salarial "sugerido" por el gobierno, implicaría una pérdida de poder adquisitivo del salario de entre el 10% y el 15% para este año.
Respecto a las metas de inflación de largo plazo, Prat-Gay declaró: "Para 2017, la inflación se ubicaría entre el 12 y el 17 por ciento, para concluir en 2019 con una inflación de un dígito."
Traducido en términos de metas de desempleo abierto esto implicaría niveles similares a los de 2006, cuando la inflación fue del 11% y la tasa de desempleo del 10,1 por ciento. Para el caso de la tasa de inflación de un dígito (2019) deberíamos extrapolarnos a las condiciones del años 2004, cuando los precios subieron un 4% y el desempleo se ubicó en el 13,5%, o al caso extremo de la década de los noventa, cuando el desempleo registró una cifra promedio del 15%, entre 1993 y 2001, con una inflación cercana al 0 por ciento. Con estos números, el objetivo del gobierno sería llegar, vía ajuste fiscal, importaciones yaltas tasas de interés, a generar 500 mil trabajadores desocupados nuevospara 2017 y otros 500 mil para 2019.
Recordemos que, según el último dato disponible del III trimestre de 2015, el desempleo abierto afectaba a 709 mil trabajadores a fines del año 2015.
El "modelo ballena": Marcos Peña ordena a los ministros que no hablen del pasado
Les pidió que en sus discursos eviten hablar de la herencia y hablen sólo del futuro. La eliminación del prefijo “re”.
Marcos Peña junto a Frigerio y Patricia Bullrich.
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Marcos Peña les pidió a los ministros que no hagan revisionismo histórico en sus discursos y que eviten hablar de la herencia kirchnerista.
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En las reuniones en las que define la estrategia comunicacional del Gobierno, el jefe de gabinete planteó que la nueva administración debe referirse únicamente al futuro y no caer en el pantano de las discusiones sobre el pasado, una especialidad del relato kirchnerista.
En ese sentido, para simplificar la orden, Peña pidió a los funcionarios que eviten los vocablos con el prefijo “re”, como reivindicar, restaurar, rememorar o reconstruir.
El dictamen responde a lo que en el PRO ya llaman el “modelo ballena”, en referencia a los nuevos billetes que anunció el Banco Central, que eliminaron la figura de próceres como San Martín, Belgrano y Sarmiento para reemplazarlos por cetáceos, yaguaretés y guanacos.
“La idea es que es mejor hablar de un animal que querer imponer un prócer”, explicaron a LPO en el Gobierno y detallaron que el pedido también incluye terminar con el debate de la conveniencia de destruir bustos o cambiar el nombre de algunos edificios.
Peña debió esforzarse para imponer este mismo modelo durante la campaña presidencial de Mauricio Macri, cuando los dirigentes del PRO querían confrontar a toda costa con el kirchnerismo y el entonces jefe de campaña se los prohibía.
Marcos Peña junto a Frigerio y Patricia Bullrich.
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Marcos Peña les pidió a los ministros que no hagan revisionismo histórico en sus discursos y que eviten hablar de la herencia kirchnerista.
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En las reuniones en las que define la estrategia comunicacional del Gobierno, el jefe de gabinete planteó que la nueva administración debe referirse únicamente al futuro y no caer en el pantano de las discusiones sobre el pasado, una especialidad del relato kirchnerista.
En ese sentido, para simplificar la orden, Peña pidió a los funcionarios que eviten los vocablos con el prefijo “re”, como reivindicar, restaurar, rememorar o reconstruir.
El dictamen responde a lo que en el PRO ya llaman el “modelo ballena”, en referencia a los nuevos billetes que anunció el Banco Central, que eliminaron la figura de próceres como San Martín, Belgrano y Sarmiento para reemplazarlos por cetáceos, yaguaretés y guanacos.
“La idea es que es mejor hablar de un animal que querer imponer un prócer”, explicaron a LPO en el Gobierno y detallaron que el pedido también incluye terminar con el debate de la conveniencia de destruir bustos o cambiar el nombre de algunos edificios.
Peña debió esforzarse para imponer este mismo modelo durante la campaña presidencial de Mauricio Macri, cuando los dirigentes del PRO querían confrontar a toda costa con el kirchnerismo y el entonces jefe de campaña se los prohibía.
Scioli:"No me imagino a gremios aceptando propuesta que esté lejos de realidad"
El exgobernador bonaerense Daniel Scioli rechazó la propuesta del ministro de Educación, Esteban Bullrich, para cerrar las paritarias docentes entre el 20 y el 25 por ciento, y aseguró que no imagina a los gremios "aceptando una propuesta que esté lejos de la realidad". Más temprano el presidente Mauricio Macri también había pedido a gremios que "pongan el hombro".
Durante una visita al Centro Cultural de Avellaneda, Scioli marcó la importancia de "hacernos eco de lo que está pasando con el presupuesto de una familia" y dijo que espera que "el acuerdo entre los gremios y el Gobierno esté por arriba de la inflación para poder vigorizar el movimiento comercial".
Junto al intendente local, Jorge Ferraresi, Scioli compartió "la preocupación del sector industrial por la apertura de la economía" y agregó que "se están poniendo en riesgo los puestos de trabajo".
"Hay una gran preocupación en el sector industrial con la apertura económica, así que espero que se atiendan todas las necesidades, en especial las de los más humildes, con la misma voluntad que se atendió a sectores que necesitaban más productividad", apuntó.
Meet the new Bernie Sanders: he's now a real candidate, against Clinton's robot
Forget the poll leads: this socialist has a story to tell. And jokes! The latest debate showed that, one day at a time, the Sanders revolution is increasingly for real
When you come at Bernie Sanders on how old he is, you’d better, as they say in Brooklyn, come correct.
So when the CNN moderator sat down right next to the socialist turned real-life presidential frontrunner on Monday evening in Iowa and, after mistaking his age for 75, initially kind of half-joked – in that TV personality kind of way – that the 74-year-old senator was going on 75, well, the old man’s picked up some campaign-trail charm, now hasn’t he?
“I’m GOING on 75,” came the legitimately endearing faux-exasperation. “So are you!”
Then the moderator followed him across the stage at CNN’s faux-debate and purported to be tired. Sanders, as if inhabiting Larry David’s Saturday Night Live caricature because he smelled the votes a yuk away, deadpanned: “If you followed me around today, you’d be a lot more tired.”
Oh, yeah, the still-a-socialist candidate also lectured tirelessly about his hard-left agenda in first-in-the-nation flyover country. “We will raise taxes,” Sanders declared. “Yes we will.”
But meet the new Bernie Sanders: still lecturing, only now with a human course correction that could beat an increasingly robotic and vulnerable Hillary Clinton with less than a week to go before people actually – finally – start voting for a new American president.
This Bernie can ride the energy of a youthful, thousands-strong rally with the best of ’em. But this Bernie doesn’t need the kids any more. He’s got himself a brand new bag of trail-earned tricks, and it apparently involves wearing his Brooklyn heart right there on his rumpled, oversize jacket sleeve.
Of course, he had a one-liner for that one, too: “My wife told me to button my coat, but I think I’m too fat, so …”
Two very clear choices emerged from Monday’s Democratic forum – the last of at least 700 randomly timed televised “debates”, or town halls, or whatever you called them – between Clinton, Sanders and former governor Martin O’Malley, whose last hurrah even Rand Paul will no longer deign to live-tweet.
There was the softer, suddenly more endearing Old Man Sanders, and the sharp, energetic, Benghazi-proof Clinton. But with the polls and the momentum in both Iowa and New Hampshire on his side, this was a winning dichotomy for Sanders, who presented a side of himself that we haven’t really seen before: intimate, surprising, dynamic and, yes, a real boy!
When a town-hall participant asked Sanders a question about how his parents would feel about his campaign’s success, he was visibly – even honestly – moved. He said they never would have believed it. This was the foundational story that the second-generation Cubans Ted Cruz and Marco Rubio still haven’t been able to muster, that Clinton couldn’t dream of when her origin story is – at this point in the Iowa hive-mind – based out of 1600 Pennsylvania Avenue.
Plus, Bernie had jokes!
Hillary Clinton defends popularity among young voters at Iowa forum
For her part, Clinton came off as little more than condescending. “When I worked on healthcare back in ’93 and ’94, and I don’t know if you were born then, I can’t quite tell,” she charged at one questioner. “But, if you’d been around and had been able to pay attention, I was trying to get us to universal healthcare coverage, working with my husband.”
So, yeah, there was that.
Another time, when Clinton was asked to address her use of private email at the State Department, her answer seemed to amount to, well, um, you see: I did nothing wrong! Asked about her vote for the Iraq war, she wound her way down a long rabbit hole that ended somehow with a discussion of … internet freedom?
With Clinton and Sanders neck-and-neck, any big night at this point could set up Larry David incarnate to pull off a win in a state where, last spring, he was somewhere in the vicinity of 50 points down. What it will come down to, perhaps, is whether the enthusiasm of his voters can – uh – trump the superior voter operation drive of the Clinton machine.
Sanders has exhibited a tendency to veer too quickly toward stump-speech territory, even when circumstances call for something else entirely. But on Monday, the message always felt relevant, neatly catered to whatever had just been asked of him. You know, like a real person!
Sure, he enjoyed that extended riff on economic inequality and a plug for single-payer healthcare, but the way he worked it in, even that heavily trod material felt kinda fresh. His extended diatribe on why he’s a Democratic socialist, for instance, came only in response to an actual question about why he identifies as a socialist.
Sure, Barack Obama appears more supportive of Clinton. She’s got the newspaper endorsements and history on her side. But Clinton’s robotic performance – if still a chipper, come-and-take-it showing – proved that she may very well remain on the verge of turning into the Saturday Night Live caricature of herself.
Infinitely worse, from Clinton’s perspective, is the very real danger of ruining what she seems to have been working all her life to make come true: that she didn’t lose the best job in the world to some old dude making fat jokes.
Darío Lopérfido: "En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos"
El ministro de Cultura de la Ciudad hizo polémicas declaraciones sobre el terrorismo de Estado. Para el funcionario porteño, esa cifra "se arregló en una mesa"
El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, puso nuevamente en duda el número de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, al afirmar que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos".
Para Lopérfido, esa cifra "se arregló en una mesa cerrada". Las polémicas declaraciones del funcionario macrista fueron vertidas durante un encuentro organizado por el periodista Luis Majul, con su espacio itinerante Margen del mundo, que esta vez hizo su presentación en la ciudad balnearia de Pinamar.
Además, el marido de Esmeralda Mitre consideró que la "Argentina es un país con una historia violenta pero no más violenta que en otros países del mundo", y afirmó que "la historia dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron".
Al retomar un tema sensible para todos los argentinos, máxime por tratarse de un portavoz del gobierno de la Ciudad, Lopérfido despertó la reacción de diversas personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Una de ellas fue la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien salió al cruce de Lopérfido: "Qué maldad empezar a manejar esta cifra. Si este señor considera que ese no es el número que nos dé la lista de lo que él piensa que son”.
“Nosotros manejamos esa cifra porque los propios depredadores lo llevaron a 45 mil. Hay montones de denuncias que no han quedado registradas –recordó Carlotto- porque hubo familias enteras que fueron diezmadas. Se registraron las denuncias como se pudo y todavía seguimos recibiendo denuncias de nietos nacidos en cautiverio”.
La titular de Abuelas manifestó en una reciente entrevista su malestar por no haber sido recibida con la organización que preside por Mauricio Macri, quien ante un pedido de audiencia adujo problemas de agenda. "Nos dijo que no tenía tiempo", señaló Estela de Carlotto.
También el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel salió al cruce de las declaraciones de Lopérfido: "Le pediría que se informe. Soy un sobreviviente de la época de la dictadura", sentenció.
El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, puso nuevamente en duda el número de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, al afirmar que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos".
Para Lopérfido, esa cifra "se arregló en una mesa cerrada". Las polémicas declaraciones del funcionario macrista fueron vertidas durante un encuentro organizado por el periodista Luis Majul, con su espacio itinerante Margen del mundo, que esta vez hizo su presentación en la ciudad balnearia de Pinamar.
Además, el marido de Esmeralda Mitre consideró que la "Argentina es un país con una historia violenta pero no más violenta que en otros países del mundo", y afirmó que "la historia dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron".
Al retomar un tema sensible para todos los argentinos, máxime por tratarse de un portavoz del gobierno de la Ciudad, Lopérfido despertó la reacción de diversas personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Una de ellas fue la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien salió al cruce de Lopérfido: "Qué maldad empezar a manejar esta cifra. Si este señor considera que ese no es el número que nos dé la lista de lo que él piensa que son”.
“Nosotros manejamos esa cifra porque los propios depredadores lo llevaron a 45 mil. Hay montones de denuncias que no han quedado registradas –recordó Carlotto- porque hubo familias enteras que fueron diezmadas. Se registraron las denuncias como se pudo y todavía seguimos recibiendo denuncias de nietos nacidos en cautiverio”.
La titular de Abuelas manifestó en una reciente entrevista su malestar por no haber sido recibida con la organización que preside por Mauricio Macri, quien ante un pedido de audiencia adujo problemas de agenda. "Nos dijo que no tenía tiempo", señaló Estela de Carlotto.
También el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel salió al cruce de las declaraciones de Lopérfido: "Le pediría que se informe. Soy un sobreviviente de la época de la dictadura", sentenció.
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