Detuvieron al titular de ATE y CTA de Río Negro en una protesta por despidos


El secretario general de ATE y de la CTA Autónoma en Río Negro, Rodolfo Aguiar, fue detenido hoy cuando encabezaba una movilización de protesta frente a la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahue (UNCo) para reclamar la reincorporación de doce trabajadoras tercerizadas despedidas en diciembre.

Un comunicado de ATE Río Negro denunció "la injustificada y violenta detención" de Aguiar por parte de más de 70 policías, que lo esposaron y dijo que acompañó el operativo un representante de la empresa contratista de limpieza Litoral Cleaning causante de los despidos al que identificó como Santiago Fernández.
Aguiar y otros dos integrantes de la CTA detenidos quedaron a disposición del juez Juan Carlos Chirinos, en un hecho que el secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti, consideró ”otro caso de criminalización de la protesta social, muy parecido al de Milagro Salas en Jujuy”.
"La noticia ya llegó a la conducción nacional de ATE y si Aguiar no sale en las próximas horas puede haber una movilización regional”, añadió Capretti en inmediaciones de la comisaría donde permanecía detenido esta tarde el titular de ATE y la CTA rionegrina.
Por su parte, las conducción nacional de la CTA Autónoma exigió "la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social" y se solidarizó "con los trabajadores en lucha por su inmediata reincorporación".
También Mario Floriani, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) se acercó a la comisaría y dijo a la prensa que “es un atropello contra la libertad de reclamo sindical”.
La protesta de ATE en las puertas de la facultad de Derecho, en Roca, se inició ayer por la mañana en reclamo de la reincorporación de 12 trabajadoras tercerizadas que cumplían funciones de limpieza en esa casa de estudios a través de la empresa Litoral Cleaning SRL, con sede en Santa Fe.
Manifestantes de ATE y la CTA reclamaban esta tarde la libertad de Aguiar y sus compañeros frente a la comisaría donde estaban detenidos, mientras que integrantes de ATE Capital Federal realizaban una protesta similar frente a la Casa de Río Negro, en Tucumán al 1900.
















Verónica Magario;"el panorama es “explosivo"


Verónica Magario: “No entiendo cómo Macri no defiende a Vidal”

La intendenta de La Matanza mostró su preocupación por la falta de apoyo del Gobierno Nacional a la Provincia de Buenos Aires y sostuvo que el panorama es “explosivo".

En diálogo con Abrir el Juego Verónica Magario, habló sobre el panorama político y social en la provincia. Señaló su preocupación por la situación que se está dando a partir de los aumentos de precios y pérdidas de empleos.

Además criticó la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional respecto a cómo van a continuar las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en territorio bonaerense y explicó que “esperamos 45 días, empezamos a exigir”.

En este marco también mostró su desacuerdo con el aumento de la coparticipación en la Ciudad: “No entiendo cómo es posible que Mauricio Macri no cuide y no defienda a María Eugenia Vidal, su gobernadora más importante y de su propio partido”.

“Necesitamos una oposición que salga a defender al conjunto del pueblo, no hay que hacerle el juego a los que van en contra de los intereses del pueblo”, concluyó Magario.

No hay acuerdo con los petroleros en Chubut, 5000 perderían su trabajo

Los petroleros aún no consiguieron el acuerdo. Foto: DyN
El gobierno nacional, la provincia del Chubut y los sindicatos y las empresas que explotan los yacimientos en el Golfo San Jorge, se reunieron hoy y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, al no encontrar soluciones, para la mejora del precio de exportación del petróleo escalante, un tipo de crudo pesado que la Argentina no tiene capacidad instalada para procesar.

"Nos vamos más contentos que en otras reuniones y con la posibilidad concreta de una solución en el corto plazo", reconoció el gobernador de Chubut, Mario das Neves, al retirarse de la reunión que se realizó en las oficinas del Ministerio de Interior, encabezada por el titular del área, Rogelio Frigerio, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

De acá al lunes, el gobierno mantendrá reuniones con las operadoras privadas para avanzar posiciones, y luego definir con las autoridades provinciales y el sindicato de petroleros, en base a una propuesta para "todos los sectores aporten".

Acá es la perinola, acá ponen todos, nosotros ponemos plata, inversión

En este sentido, el empresario Carlos Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE), afirmó que "es un tema complejo" pero reconoció que se está en "camino a solucionarlo. Creo que en los próximos días la solución va a estar al alcance de las manos; acá es la perinola, acá ponen todos, nosotros ponemos plata, inversión". Sin embargo, a la fecha PAE tiene su producción parada y más de 3000 trabajadores que dependen de Bulgheroni no saben si el mes próximo tendrán trabajo.

Por su lado, el secretario general de los trabajadores petroleros de Chubut, Jorge Avila, calificó el encuentro como "muy duro, muy tenso", y señaló que todavía "soluciones no hay". Criticó al gobierno nacional porque "hay un sector que es duro y que no quiere ceder", en relación al ministro de Energía, Juan José Aranguren, al tiempo que descartó la posibilidad de que el sindicato realice un paro por el momento para poner paños fríos.

Más temprano, su par del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, advirtió que en caso de tomar acciones de fuerza (a nivel nacional), en el sector industrial la falta de gas o petróleo "sin ninguna duda" se sentiría y estimó que ante una acción sindical "las plantas regasificadoras no las van a poder sustituir" para abastecer plantas industriales de Bahía Blanca y de todo el Interior del país.

Das Neves, además, manifestó tras la reunión que solicitó al Estado "consideración con una provincia que ha aportado muchos recursos durante muchos años", consideró que la "situación es difícil", y coincidió con Bulgheroni: "es la perinola, todos ponen, el Estado nacional, las operadoras, y nosotros haremos el aporte con los gremios y lo que podamos aportar dentro de nuestras posibilidades".

Por último, y en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada, el gobernador provincial añadió que se reunió también con el jefe de Gabinete, Marcos Peña: "Ya debe estar en conocimiento el presidente, esperemos que se resuelva, hay todo un pueblo, una provincia detrás de esto".




La perinola: los números en juego

En Argentina el desplome del precio del petróleo no tuvo un impacto masivo porque durante el gobierno de Cristina Fernández, mediante las resoluciones 14/2015 y 33/2015, el crudo de consumo local quedó subsididado con precios de US$ 63 a US$ 77. A la vez se fijaron US$ 6 de estímulo a la exportación del crudo. En ese entonces el crudo aun no perforaba la barrera de los US$ 40.

Con el nuevo gobierno y el petróleo en caída libre, el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, negoció una reducción de estos precios subsidiados que pasaron a ir desde US$ 54,90 a US$ 63,50 por barril. Pero el precio había caído por debajo de los US$35 por lo que el monto a subsidiar no se redujo sustancialmente. No obstante, los tres dólares de subsidio a la exportación del crudo no son suficientes para mantener la producción a flote. Además con los impuestos y el pago de regalías, a las empresas les quedan cerca de US$ 23 por barril.

Por eso las tres operadoras grandes en la región, YPF, Tecpetrol y PanAmerican Energy (PAE), decidieron parar la explotación hasta que el precio repunte y dieron progresivamente vacaciones a sus trabajadores para frenar sus actividades sin causar despidos. A PAE las vacaciones ya se le terminaron y los trabajadores quedaron en "stand-by". Por eso está en conciliación obligatoria con sus trabajadores. En los próximos días podría suceder lo mismo con las demás. Y son casi 5.000 puestos de trabajo en cuestión.

Como pudo saber LPO, de los 69 equipos de torre que tiene la industria en la provincia, 51 están parados. 18 dependen de YPF y, de estos, solo 4 están en "stand-by", lo que representa unos 300 trabajadores de las empresas de servicios qu YPF contrata para hacer perforaciones y work-over. 41 de esos equipos dependen de PAE y están todos momentáneamente paralizados.

La que tiene el problema más grande es PAE, que exporta el 84% del total de crudo del país y tiene el grueso de los trabajadores en conflicto. Son más de 3.000 trabajadores que dependen de la decisión de los hermanos Bulgheroni.

Tecpetrol exporta la totalidad de su producción y a este precio no cubre los costos, por lo que su situación es tal vez más extrema, pese a que solo exporta el 12,58% del crudo del país y tiene el 4% de los equipos activos. Y en último lugar queda Petrobrás, que ya anunció su interés en vender sus activos en el país, en línea con su política de contracción mundial.

Por su parte, YPF es la mejor parada porque exporta menos del 10% de su producción de crudo y destina casi el total del crudo pesado a su refinería de La Plata, la única en el país capaz de procesar escalante. Sin embargo, es la principal petrolera del país y tiene interés en que se llegue a un acuerdo en el conflicto en breve. Los trabajadores del sector amenazan con paralizar la producción de todo el país, lo que para la petrolera de bandera significaría pérdidas millonarias. Además de que, como dijo Llugdar, paralizarían a la industria de todo el país.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el gobernador Das Neves temen por la paz social. Por eso hace una semana elevaron un documento al Ejecutivo nacional. La movilización de cerca de 20.000 petroleros de la semana pasada tuvo buen cauce por la buena voluntad de todos. No hay fuerzas de seguridad suficientes en la provincia para encausar esa cantidad de manifestantes en caso de que algún grupo optara por causar disturbios y la marcha se desmadrara. Para la próxima movilización, Jórge Ávila, delegado del Sinidcato de Petroleros, adelantó que esperan multiplicar los participantes invitando a las familias.

El temor hizo que viajaran a Buenos Aires esta semana a pedir el auxilio de la Nación. "Hace un siglo que producimos petróleo y pucha que hemos aportado a la Nación" dijo Das Neves en referencia a las retenciones que cobra Nación por la exportación de la producción chubutense. Sin más, 14 mil millones de pesos en 2014.

Para dimensionar los montos, señaló que la pérdida anual que le genera a la provincia este precio del crudo en concepto de regalías es del orden de "los 80 millones de dólares" y aclaró que es muy difícil proveer educación y salud sin ingresos.

El Estado Nacional tampoco está bien parado frente a esta negociación. Estimaciones propias indican que con los actuales precios y a los subsidios convenidos, para el Estado el subsidio al petróleo de consumo interno ronda el 1,12% del PBI, unos 60 mil millones de pesos al año.

Dado que el déficit fiscal creciente es difícilmente sostenible como indicó el mismo ministro de Hacienda Prat-Gay, el gobierno va a quitar el subsidio a la energía eléctrica y el gas para ahorrarse una suma muy similar, el 1,5% del PBI. Para entender el volumen del conflicto, en 2015 el golfo de San Jorge produjo 1.855.612,5 metros cúbicos de escalante para exportación, subsidiarlo implica otra partida multimillonaria, lo que demandaría unos 500 millones de pesos más.

YPF puede aportar una solución muy parcial. Para el tercer trimestre de este año planea inaugurar una planta de procesamiento del escalante conocido como "coke". YPF, según su vocero, no estaría en condiciones de autoabastecer la planta, por lo que podría comprar la mitad de la producción de Tecpetrol y evitar su cierre. De todos modos, esa solución no llegaría por los próximos 7 meses.

No les estamos pidiendo que nos subsidien toda la vida. Lo que les estamos diciendo es que nos ayuden en este momento que creemos que va a ser difícil


"No les estamos pidiendo que nos subsidien toda la vida. Lo que les estamos diciendo es que nos ayuden en este momento que creemos que va a ser difícil", aclaró Ávila. Los trabajadores varias veces han dejado en claro que no les interesa que las empresas recuperen márgenes de ganancias. Saben bien que el subsidio a la producción le saldría más caro al gobierno nacional que simplemente subsidiar a los trabajadores. Por eso antes del encuentro, Ávila sostuvo que "no hay muchas alternativas", y agregó que en el caso de no llegar a un acuerdo "dejaremos el petróleo y el gas bajo tierra hasta que esto mejore y tengamos una mejor oportunidad para sacarlo".

Para Ávila, la posición de Aranguren es en exceso rígida. Hoy a radio 10 dijo "la única manera de arreglarlo es que el Gobierno entienda que tiene que ayudarnos" y "Que el Ministerio actúe como un ministerio y no como un grupo de CEO. Nosotros siempre le hemos dado una mano al Gobierno nacional".

Capitanich y Urtubey cierran filas para enfrentar a Macri


A la búsqueda de consenso interno

Tanto el gobernador salteño como el intendente de Resistencia descartaron a Sergio Massa como posible contendiente. Capitanich dijo que el peronismo “no puede permanecer callado ante los despidos y la represión”.



El Partido Justicialista comienza a perfilar su rol de oposición frente a la alianza oficial Cambiemos, y los posibles candidatos a la presidencia del partido llamaron a “buscar un consenso” interno para elegir a las próximas autoridades, además de descartar al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para ocupar el puesto. “Quiero un partido conducido por un dirigente que no tiene instrucciones en otro lado, que tenga autonomía y dominio político propio”, señaló ayer el gobernador salteño y posible candidato Juan Manuel Urtubey. Por su parte el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, aseguró que “los peronistas no podemos quedarnos callados frente a los despidos y frente a la represión”.

“La unidad básica de Davos no está inscripta en el Consejo Nacional del partido”, ironizó ayer Capitanich apuntando al anuncio que realizó el presidente Mauricio Macri su viaje al Foro Económico Mundial donde señaló a Massa como el líder de la oposición y posible futuro presidente del peronismo. El PJ se encuentra en medio de un proceso de reacomodamiento interno después de las derrotas electorales en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, un territorio que había mantenido bajo su ala durante 24 años. El mandatario salteño –que busca mostrarse como uno de los candidatos a renovar las autoridades del partido– indicó que la interna del PJ debe resolverse bajo una “lógica de consenso”, evitando entrar en una “discusión de nombre propio”.

El PJ busca darle una identidad a su rol en la oposición después de doce años en el gobierno nacional y para posicionarse frente a la alianza de centroderecha encabezada por Macri y secundada por el radicalismo. Durante el fin de semana se reunieron los gobernadores del Pj en San Juan para fijar una posición común frente al gobierno de Cambiemos, y otra del PJ bonaerense en Santa Teresita con el mismo objetivo. En la cúpula del PJ barajaban que la reunión del Consejo Nacional del partido se realizará en febrero, donde los congresales de todo el país le pondrían fecha a la elección interna. Por primera vez el sistema de elección será a través del voto directo de los afiliados.

“No se puede estar de todos lados del mostrador. No podes liderar un partido político que compite contra el PJ y aparte presidirlo”, aseguró Urtubey en respuesta a la postulación que realizó Macri de Massa para el PJ en Davos, tomando distancia del gobierno nacional, y agregó que “no ponía el peronómetro para saber si Sergio es más o menos peronista. Lo que sí sé es que no está militando en el espacio político del PJ”. Curiosamente, Urtubey y el diputado Diego Bossio participaron de un asado en Pinamar que organizó Massa días atrás para mostrar su intención de reinsertarse en el peronismo. Acerca de su plan partidario, Urtubey señaló que quería “un PJ institucionalizado, que sea una herramienta que permita a la Argentina que le vaya bien”, En declaraciones radiales, el gobernador salteño –reelecto en las elecciones del año pasado– destacó que quería “un partido conducido por dirigente que no tiene instrucciones en otro lado, que tenga autonomía y dominio político propio”.

El ex gobernador chaqueño Capitanich afirmó que “el peronismo tiene que ir unido, los diputados, senadores y gobernadores no se tienen que cortar solos”, enviando un mensaje hacia los sectores que se reunieron en territorio sanjuanino y en la costa atlántica. El ex jefe de Gabinete señaló que “lo mejor que le puede pasar al justicialismo es que haya internas, porque eso implica discusión política y la construcción de una nueva agenda”, y agregó que para asumir el rol opositor del Pj “hay que ser una oposición democrática y garantizar gobernabilidad sin quedarse callado”. El intendente de Resistencia no confirmó su candidatura, confirmó que le gustaban “los desafíos”, y dejó entrever que se encontraba trabajando “hasta que no tenga el consenso necesario y suficiente”.

Capitanich se mostró firme contra las políticas que desplegó el macrismo en su primer mes de gobierno y lo emparentó con la conducción partidaria al destacar que no estaba “dispuesto a avalar una conducción política (del PJ) que manifiesta debilidad o ser pusilánimes con este proceso, que pretende reinstalar lo peor del neoliberalismo”.

Frenaron los pagos de obra pública y se perdieron 30.000 trabajos en construcción

Empresas que hacen infraestructura y viviendas no cobran desde octubre. Vialidad paga en cuotas deuda de $ 13.500 millones. Advierten que puede haber más despidos

por ESTEBAN RAFELE

 El freno que sufre la obra pública impacta de forma directa en los trabajadores

El Estado pisó los pagos a contratistas de obras públicas y 30.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos entre noviembre y diciembre, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). La mora viene desde octubre y las cesantías se habrían profundizado este mes, afirmó el presidente de la entidad, Juan Chediack, en diálogo con El Cronista.

Los empresarios comprenden que la gestión de Mauricio Macri repartió la administración de la obra pública en tres ministerios y que cada cartera se tomó un tiempo para evaluar proyectos y pagos. "Pero la transición nos está costando mucho; la situación es muy grave", admitió Chediack.

El presidente de Camarco confirmó que se perdieron empleos. "Entre noviembre y diciembre hubo 30.000 bajas de obreros registrados en Uocra (el gremio de la Construcción), sobre una plantilla de 430.000. Pero el promedio del año fue de 411.000", afirmó. "Todavía no tenemos los números de enero, pero creemos que también continuó la pérdida de empleo", prosiguió. "Si esto sigue así, al 31 de marzo habrá 100.000 despedidos", alertó otro empresario que ganó importantes contratos de energía, caminos y viviendas. Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, no respondió los llamados de El Cronista.

Según dos empresarios consultados, el Ministerio de Interior y Obra Pública de Rogelio Frigerio es el más demorado con los pagos. "Lo que está muy parado es vivienda; no han pagado nada", dijo Chediack. A eso se suma que el Gobierno frenó el plan Procrear. "Vivienda venía pagando $ 2300 millones por mes y cortó a cero; y lo mismo pasó con Procrear, que tiene contratos firmados por más de $ 18.000 millones", agregó el presidente de Camarco.

La Cámara adelantará su reunión de Consejo Ejecutivo, antes prevista para el 24 de febrero, al martes 2 de ese mes. Se reunirán representantes de todas las provincias para analizar "la transición". Extraoficialmente, un miembro adelantó que reclamarán celeridad al Gobierno.

La Secretaría de Vivienda, dependiente de Interior, quedó a cargo de Domingo Amaya. Daniel Chain desembarcó en la Secretaría de Infraestructura. Ellos administran obras financiadas por el Estado Nacional, otras de fondeo mixto (Nación y la provincia en cuestión) y otras con financiamiento de organismos internacionales de crédito. Según un empresario del sector, los gobernadores transmiten a Frigerio la preocupación por el freno de las obras y el ministro los deriva a los secretarios, que vagamente prometen regularizar cuanto antes.

Según voceros del Ministerio de Interior, los pagos están pisados desde octubre y la cartera lleva adelante un "proceso de evaluación de todos los programas y las licitaciones" y los fondos comenzarán a liberarse "en las próximas semanas". "Asumimos hace un mes y medio y encontramos obras que se autorizaron y no se enviaron fondos, buscamos los programas de financiamiento para cada uno de las obras y hay créditos de organismos multilaterales que nunca se utilizaron", explicaron. "El Presidente tiene la obsesión de construir un millón de viviendas en cuatro años", dijo Frigerio el jueves.

La Dirección Nacional de Vialidad quedó bajo la órbita del Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich. Según Chediack, el Estado acumula con los constructores de caminos una deuda de $ 12.700 millones, que voceros de Transporte elevaron a $ 13.500 millones. "Es una deuda que heredamos", insistieron en esa cartera.

Dietrich y los constructores avanzaron en un plan de pagos. El Estado comenzó a pagar en diciembre el 30% de esa deuda. Chediack detalló pagos acordados por $ 1200 millones este mes, $ 1500 millones en febrero y otro tanto en marzo. El resto se saldaría con un bono o en cuotas. Y Transporte se comprometió a pagar los nuevos certificados en 60 días. Mientras, se redefinen prioridades para ejecutar las obras. Un importante constructor estimó que recién el año entrante podrá ponerse en marcha el plan de rutas y que, mientras tanto, proseguirán las obras en curso.

Dos constructores afirmaron que el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren no cortó los pagos, aunque, como el resto de las carteras, demora las redeterminaciones de contratos (actualizaciones por inflación). La principal obra que se se lleva adelante en estos momentos es el gasoducto del Noreste, en la que participan nueve consorcios.

El Parlamento Europeo le reclama a Argentina la liberacion de Milagro Sala


Milagro Sala presa: Europa expresó su "rechazo" por la detención de la líder de la Tupac Amaru

27 representantes pidieron al presidente Mauricio Macri y al gobernador jujeño, Gerardo Morales la liberación de la diputada del Parlasur, detenida hace dos semanas.






Un grupo de diputados del Parlamento Europeo envió una nota al presidente Mauricio Macri y al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en la que expresa su "rechazo y preocupación" por la detención de la dirigente social Milagro Sala. "Implica una clara violación de derechos humanos en Argentina", afirma el documento, firmado por 27 representantes de España, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda, Portugal y Grecia.

"El juez Raúl Gutiérrez imputó a la Sra. Sala por instigación al delito y tumulto en concurso real por ejercer su derecho a manifestarse, representando además, a los y las ciudadanas que la eligieron como parlamentaria del Mercosur. El abogado del estado provincial Dr. Mariano Miranda declaró que “mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”, lo que significa una extorsión a los movimientos sociales que tienen derecho a manifestarse hasta que se obtenga una solución real al conflicto. Además cabe destacar que el gobierno de Jujuy no pudo probar un solo desmán sucedido en 34 días de acampada", dice el texto firmado por los parlamentarios, dirigido al Presidente y al gobernador.

El ex ministro de Defensa y parlamentario del Mercosur, Agustín Rossi, fue quien inició las gestiones ante sus pares del Parlamento Europeo para lograr la declaración contra la detención de Sala. Así, el organismo se suma a los pronunciamientos que hicieron en las útimas semanas Amnistía Internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. “Nos dirigimos a ustedes a fin de expresar nuestro rechazo y preocupación por la situación en que se encuentra la dirigente de la agrupación Tupac Amaru”, comienza el escrito rubricado por 27 eurodiputados de los grupos políticos Verdes/ALE, Socialistas y Demócratas, y de la Izquierda Unitaria.

"La detención de la Sra. Sala es una violación a los derechos de libertad de expresión y manifestacion de una representante del pueblo que forma parte del Parlasur. Es por eso que exigimos que liberen inmediatamente a la Sra. Sala e invitamos a abrir el diálogo social para que se acabe la persecución a dirigentes y activistas", dicen los diputados en el texto.

Los firmantes son: Ernest Urstasun, Verdes/ELA, España; Molly Scott Cato, Verdes/ALE, Reino Unido; Jude Kirton-Darling, S&D, Reino Unido; Jordi Sebastia, Verdes/ELA, España; Bart Staes, Verdes/ALE, Bélgica; Merja Kyllönen Merja , GUE/NGL, Finlandia; Paloma Lopez Bermejo, GUE/NGL, España; Gabriele Zimmer, GUE/NGL, Alemania; Tania González Peñas, GUE/NGL, España; Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL, España; Miguel Urban Crespo, GUE/NGL, España; Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL, España; Takis Hadjigeorgiou, GUE/NGL, Chipre; Josep-Maria Terricabras, Verdes/ALE, España; Igor Soltes, Verdes/ALE, Eslovenia; Bodil Valero, Verdes/ALE, Suecia; Sven Giegold, Verdes/ALE, Alemania; Martina Anderson, GUE/NGL, Reino Unido; Matt Carthy, GUE/NGL, Irlanda; Liadh Ní Riada, GUE/NGL, Irlanda; Lynn Boylan, GUE/NGL, Irlanda; João Ferreira GUE/NGL, Portugal; Inês Zuber, GUE/NGL, Portugal; Miguel Viegas, GUE/NGL, Portugal; Ana Gomes , S&D, Portugal; Marina Albiol Guzman , GUE/NGL España; Nikolaos Chountis, GUE/NGL, GreciaDescargar el documento:
Carta

Gobernadores del PJ pedirán al Gobierno una respuesta "inmediata" por los fondos

Lo adelantó el chaqueño Domingo Peppo. El sábado advirtieron que irían a la Justicia si el Ejecutivo no aplica el DNU que firmó Cristina Kirchner sobre la coparticipación. El miércoles se reunirán con Frigerio

  José Luis Gioja (centro), la alternativa que manejan para lidera el PJ y evitar una ruptura Crédito: Gobierno de San Juan

Aunque rescata los buenos reflejos del Gobierno, el peronismo está dispuesto a presionar cuanto pueda para obtener mejoras en el reparto de fondos coparticipables. Así lo dejó en claro el sábado, cuando advirtió que apelaría a la vía judicial si Mauricio Macri no da marcha atrás con la anulación del decreto que firmó su antecesora que anuló el descuento del 15% a las provincias.

La amenaza de los gobernadores del PJ traspasó fronteras y encontró aliados incluso en las filas de Cambiemos. Con quejas a quienes "durante ocho años fueron sumisos con un gobierno dictatorial", el correntino Ricardo Colombi se plegó al ultimátum.

La Casa Rosada no demoró ni un día en hacer lugar a los pedidos. El mismo sábado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, convocó a una comitiva de gobernadores para abordar el asunto en la Casa Rosada. Pero más allá de la predisposición, al funcionario le espera un debate arduo.

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, señaló que en la reunión van a plantear "un tratamiento inmediato de los aportes de la Nación y respuestas concretas" para atender las dificultades de las provincias. "Pretendemos una atención integral y en ese esquema tuvimos una respuesta rápida del ministro. Eso abre un buen escenario", indicó.

Peppo explicó por radio Cadena ECO que los gobernadores van a pedir que se les transfiera el 15% que lograron tres provincias primero (Santa Fe, San Luis y Córdoba) por un fallo de la Corte Suprema y luego todas las demás, a partir de un decreto firmado por la presidente Cristina Fernández, anulado por otro de Mauricio Macri, porque "lo fundamental es mantener la gobernabilidad en el país, pero también la de nuestras provincias" y basados en el concepto de "igualdad".

(De izquierda a derecha) Juan Manuel Urtubey, Carlos Verna, José Luis Gioja, Alicia Kirchner, Domingo Peppo, Sergio Uñac, Eduardo Fellner, Lucía Corpacci, Marcelo Lima, Sergio Casas y Miguel Pichetto



Para el chaqueño, los fondos que recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso parcial de la Policía Federal no avanzan "en este último sentido". "Que la coparticipación se vuelque a la Capital es darle a un distrito que tiene ventajas comparativas y competitivas muy importantes con respecto a otras y, por eso, pedimos un trato más igualitario", sintetizó.

Peppo alegó que "como una revisión de todo el sistema (de coparticipación) sería muy largo, pedimos habilitar ese 15 por ciento, pero para todas las provincias argentinas y, desde allí, generar una agenda de trabajo con otros temas".

Fuentes que participaron de la cumbre del sábado deslizaron a la agencia NA que la idea general es alcanzar un acuerdo de gobernabilidad dentro del cual el peronismo aceptaría la devolución de un 10% de esos fondos con una ventana para negociar en el tiempo el 5% restante. A ese punto se le suman otros dos: la continuidad de las obras públicas que ya están incluidas en el Presupuesto 2016 que diseñó la administración de la ex presidente y la definición de una agenda parlamentaria con temas concretos que puedan ser consensuados.

El jefe de gabinete de Patricia Bullrich fue defensor de los líderes de la represión


Un amigo de los represores

Se trata del abogado Pablo Noceti. Ex socio del defensor de Galtieri, también defendió represores en La Pampa y Entre Ríos. Escribió que los juicios sobre la represión eran “la legalización de una venganza”.



Cuestionar la imprescriptiblidad de los delitos de lesa humanidad o haber actuado como abogado de militares procesados por secuestros y torturas durante la dictadura no serían obstáculos para ejercer altos cargos en el gobierno de Mauricio Macri. El primer caso que pone a prueba a la alianza Cambiemos, integrada también el radicalismo, es el de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y ex socio del abogado del dictador Leopoldo Galtieri durante el Juicio a las Juntas que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín. Antes de sumarse a la gestión PRO y convertirse en mano derecha de Patricia Bullrich, Noceti puso su pluma al servicio de represores de La Pampa y Concepción del Uruguay. A fines de 2003, mientras se reabrían las causas en todo el país, llegó a escribir que los procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político”, en referencia al gobierno de Néstor Kirchner que había asumido seis meses antes.

Noceti entró al Poder Judicial a los 22 años, mientras estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires, y cumplió tareas en San Isidro, Bariloche, San Martín y Capital Federal hasta que en 1994 fue designado secretario del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Tres años después decidió ejercer la profesión en forma independiente y en 2001 se incorporó como socio al estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, miembros de la Corporación de Abogados Católicos que supo calificar a los procesos por delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”. Battaglia fue camarista durante la dictadura y defendió a Galtieri durante el juicio a los ex comandantes.

En diciembre de 2003 Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 y máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa, a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. Según Noceti, la decisión estaba “sustentada en ligerezas e imperdonables desprolijidades” propias de “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”. Alertó sobre el peligro de que los “nuevos vientos políticos” demarcaran “los destinos del poder judicial, que aparece al servicio de estos vaivenes”. “El poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario fundamentarlo”, escribió, y consideró “imprescindible hacer un llamado a la institucionalidad de la República”, caballito de batalla del PRO hasta el momento de asumir el gobierno.

En línea con los abogados que descartaron la posibilidad de hacer una defensa técnica de sus clientes, Noceti afirmó que los juicios implicaban la “manipulación del poder judicial orquestada desde el poder político de turno” y pronosticó que “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” a partir de “la violación de las reglas elementales del proceso”, diagnóstico refutado hasta el hartazgo por los tres poderes del Estado y hasta por el Pro, que manifestó públicamente su respaldo a los juicios. El actual funcionario no dudó en afirmar que “todos los testigos (citados en la resolución) faltaron a la verdad al declarar, quizá por presiones, instigaciones, extorsiones o sencillamente por ignorancia”, y cuestionó también la decisión que ya habían tomado varios jueces federales y que en 2005 haría propia la Corte Suprema de Justicia de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Para Noceti, son “delitos que siempre fueron prescriptibles”. La ley del Congreso que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los juristas serios de la República”, reclamó sin suerte.

Su defensa de Iriart fue un fracaso. La Cámara Federal refutó sus argumentos, el juez federal Daniel Rafecas elevó la causa a juicio a fines de 2007 e Iriart logró evitar una condena segura (como comandante de la subzona 14 era el superior del resto de los imputados) gracias a los dictámenes de peritos médicos que establecieron que estaba convaleciente y no podía afrontar el juicio.

Abogados de organismos de derechos humanos recuerdan también escritos de Noceti como abogado del coronel Néstor Omar Greppi, ex secretario general del gobierno de facto en La Pampa, y del ex policía Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que actuó en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Greppi fue condenado en 2010 a veinte años de prisión junto con otros ocho represores de La Pampa. Cruz está procesado pero todavía no fue juzgado gracias a que estuvo varios años prófugo. En 2004 Noceti incursionó también en causas en Concepción del Uruguay. Junto a sus socios Battaglia-Velasco y al abogado Gerardo Ibáñez, histórico defensor de represores, plantearon los habituales recursos para dilatar los procesos, cuestionando la ley que había declarado la nulidad de las leyes de impunidad y sugiriendo que ya existía “cosa juzgada”.

Lombardi censura a Liliana Herrero en Cosquín

No es la primera vez que el Festival de Cosquín trae complicaciones con los comentarios de los artistas, lo que pasa es que esta vez no te vas a enterar que pasó.
Este año Cosquín se transmite en diferido y con el suficiente tiempo para meter tijeras y cortar.
Así fue como Liliana Herrero terminó su actuación hablando en nombre de ella y de su grupo y deseando “Una patria justa, sin despidos sin violencia, sin represión, ni presos políticos” y cerró recordando que “Hay que salir a las calles a defender lo logrado”.
Los simpatizantes macristas que se encontraban en el espectáculo comenzaron a insultarla y gritarle que se calle y se vaya.. actitud sin precedentes en Cosquín. De este grupo de personas, el que más llamó la atención fue el reproche ampuloso de un señor mayor, sentado en las primeras filas, que desesperada e indignadamente le gritaba “callate, hija de puta”…
Por la obra y gracia de Hernán Lombardi y sus tijeras mágicas la actuación de Liliana cierra 5 segundos antes de terminar el último acorde.
Cuando cerró Falú dijo que hacía suyas las palabras de Liliana y que a la Patria la deseaba Libre Justa y Soberana. Nuevamente hubo algunos gritos de protesta e insultos...

Colombi, un aliado del PRO, que irá a la Justicia por la coparticipación

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El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostuvo que reclamar el 15 por ciento que el Estado nacional retiene de las provincias para fondear la ANSES es "uno de los caminos" que su provincia tiene para recuperar recursos propios y exigió "respuestas urgentes" por ser "el único gobernador del país" que apostó "al cambio".

"El 15 por ciento es plata nuestra", sentenció Colombi y precisó que recuperar esos fondos significaría un ingreso anual para Corrientes de 1500 millones de pesos. En diálogo con radio Mitre, el gobernador argumentó que su provincia "vive con lo suyo, no tenemos crédito y no tenemos deuda", por lo que pidió que el gobierno nacional tenga "consideraciones" con quienes "administramos bien".


El mandatario radical, que respaldó la alianza Cambiemos, se mostró de acuerdo con el reclamo unificado de los gobernadores del Frente para la Victoria, aunque les criticó que "durante ocho años fueron sumisos", en referencia a los dos mandatos de Cristina Kirchner.

"La discriminación a Corrientes fue absoluta. Nuestra provincia fue discriminada en los últimos años, no tuvimos fondos ni obras públicas. Ahora nuestro esfuerzo debe ser correspondido", exigió Colombi a la Casa Rosada y agregó: "Quiero respuestas urgentes. Fui el único gobernador del país que aposté al cambio".

El presidente Mauricio Macri anuló por DNU la devolución de los fondos coparticipables a todas las provincias y una semana después firmó otro decreto con el que incrementó el porcentaje que recibe la Ciudad.

Rodríguez Larreta no entiende la reacción de los gobernadores

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Larreta: “No sé por qué reaccionaron como reaccionaron”

El jefe de gobierno porteño reiteró que el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires es “presupuestariamente neutro” y defendió el aumento de fondos coparticipables resuelto por Macri para la CABA. Rodríguez Larreta consideró que los cuestionamientos de los gobernadores del PJ son para "volver a movilizar el peronismo".

“El traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aire es presupuestariamente neutro. La ciudad no gana ni pierde un peso, la Nación no gana ni pierde un peso y las provincias no pierden un peso con esto. Nos pasan el gasto y nos pasan el recurso”, aseguró Rodríguez Larreta en una entrevista con radio Mitre.


Este fin de semana trece gobernadores del Partido Justicialista se reunieron en San Juan y emitieron un documento en el que advirtieron al Gobierno nacional que recurrirán a la Justicia para lograr recursos por un 15 por ciento de los fondos nacionales que corresponden a la coparticipación federal y cuestionaron el incremento de fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires como consecuencia del traspaso de la policía.

“No sé por qué reaccionaron como reaccionaron. No puede ser una sorpresa para nadie el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Lo habíamos prometido durante la campaña tanto Mauricio Macri como yo. Incluso, fue también una promesa de candidatos de otros partidos políticos”, dijo el jefe de gobierno porteño.

Agregó que “cada gobernador puede tener su reclamo”, pero consideró que lo que hizo el PJ fue “reunirse, para volver a movilizar el peronismo, discutiendo el liderazgo, o la posibilidad de elecciones”.

El texto consensuado entre los mandatarios peronistas señala, entre otros puntos, “una situación de profunda inequidad” en la distribución de los recursos. También critica la decisión del presidente Mauricio Macri de anular una decreto de Cristina Kirchner para devolver el 15 por ciento de coparticipación a todas las provincias, con base en un fallo de la Corte Suprema.

España con un formato de gobierno de coalición mucho más europeo

España ya no es diferente: consejos daneses y belgas para formar una coalición


Sólo quedan tres países en la UE donde gobierna un partido en solitario. En seis Estados miembros, el primer ministro no es de la lista más votada.


El Congreso de los Diputados.


España era una excepción. La coalición es la forma más común de Gobierno en Europa y el hecho de que el primer ministro no pertenezca a la lista más votada es una variable cada vez más repetida.

Entre los 28 estados miembros de la Unión Europea, sólo quedan tres donde gobierna un partido en solitario: Reino Unido, Eslovaquia y Malta. Mariano Rajoy repite que “la democracia” es que gobierne la lista más votada y que él sea el presidente, pero los gobiernos del resto de vecinos europeos no funcionan así.
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En seis de los 24 países con coaliciones o gobiernos en minoría con el apoyo externo de un partido el líder no es del partido que ganó más votos en las elecciones: sucede en Bélgica, Portugal, Croacia, Dinamarca, Letonia y Rumanía. Entre los 51 países de Europa, una docena tienen primeros ministros de listas que no son las más votadas.

En los casos en los que no gobierna el partido que ha recibido más votos, además, no se trata sólo del segundo partido con más apoyos sino de otros con menos votos pero con más capacidad de llegar a compromisos.

En Bélgica, el primer ministro, Charles Michel, pertenece al quinto partido en votos en las elecciones de 2014, el de los liberales francófonos. En Dinamarca, el partido del actual premier, Lars Løkke Rasmussen, el liberal Venstre, fue el tercero más votado en los comicios del año pasado. En Rumanía gobierna un independiente.
La experiencia autonómica

En España, hay menos tradición de pactos de gobierno nacional, pero, como subraya Pablo Simón, profesor de la Carlos III y miembro de Politikon, existe mucha experiencia de coaliciones de mayoría y minoría en las comunidades autónomas.

La Universidad de Barcelona ha creado un observatorio de las coaliciones de gobierno en España. Después de los comicios de mayo de 2015, sólo hay tres gobiernos autonómicos que sean unipartidistas minoritarios. En 11 casos la lista más votada ha decidido gobernar en minoría con apoyos externos. En otros cinco, ha formado una coalición. Mirando hacia atrás, la forma más habitual de Gobierno es en minoría o en coalición. Que gobierne una lista en solitario con mayoría sólo ha sucedido en el 35% de los 234 gobiernos examinados desde 1980.

“Pactar para gobernar. Ésa es la normalidad política europea. Parte de la opinión pública y de la élite política considera que es un signo de debilidad. Pero es la esencia del parlamentarismo multipartidista”, explica el director del observatorio, el profesor Josep María Reniu, que lleva desde 2001 estudiando este campo político y se autodefine como “evangelista de las coaliciones”.

Los grandes pactos se han multiplicado en Europa en ocasiones por la fragmentación del Parlamento y en otras por las dificultades para aprobar reformas o recortes. “Es uno de los resultados de la crisis. Hay más situaciones donde las decisiones son difíciles”, explica Marco Incerti, del Centro de Estudios de Política Europea, el gran think-tank de Bruselas.

Lo que hace que las coaliciones funcionen es el consenso sobre las políticas, como en Alemania, donde hay acuerdos muy detallados sobre el mercado de trabajo, los impuestos o el medioambiente. Las que menos funcionan son las que dependen de partidos que quieren llegar al poder, pero comparten poco, como ocurre en Grecia. “Aquí se ve una gran diferencia entre norte y sur”, dice Incerti.

La preferencia de las instituciones europeas suele ser cualquier opción que lleve a la estabilidad. “En Bruselas, lo que se quiere es un interlocutor. La crisis parece que ha pasado, pero está. Hay cosas que decidir sobre los refugiados o el Brexit [la salida del Reino Unido de la UE]”, comenta.




Albert Rivera y Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. Efe
GOBIERNOS DE SEGUNDOS

Los motivos por los que en Europa se forman coaliciones lideradas por partidos que no son los más votados tienen que ver con la fragmentación parlamentaria, el modelo de Estado y la cultura política.

Así, en Bélgica gobierna el quinto partido más votado (el tercero en escaños) por los equilibrios entre los partidos neerlandófonos (los que representan a más votantes, en Flandes) y los partidos francófonos.

La tradición danesa del consenso, sublimada en la serie Borgen, nació del llamado Acuerdo Kanslergade, un pacto entre cuatro partidos firmado en 1933 para legitimar los derechos sociales y reafirmar el modelo de Estado en un momento de ascenso del populismo.

Cuestionar la legitimidad de gobiernos que no estén encabezados por el partido con más votos es “una falacia interesada”, según el profesor Reniu, que refleja la falta de “pericia política” del partido con más escaños.

“Como decía Robert Axelrod, ‘las elecciones no forman gobiernos, quien lo hace son los partidos’”. Los pactos para gobernar producen, según Reniu, “un proyecto mucho más rico” donde hay más votantes representados y que tiende “a la moderación”. “Los gobiernos de coalición son también más transparentes que los unipartidistas”.
CONSEJOS DANESES

La vida en coalición es lo normal en Europa, pero no es fácil, especialmente si la suma de escaños está justa. La Dinamarca de la vida real es mucho más compleja que la de Borgen, sobre todo después de las elecciones de mayo de 2015, en las que el ascenso del partido euroescéptico y anti-inmigración complicó la formación de Gobierno.

Venstre, el partido de centro-derecha que inspiró a "Los Moderados" de Borgen y que podría asimilarse a Ciudadanos, gobierna en minoría buscando el apoyo del partido a su derecha y de otros grupos en cada votación. El partido anti-inmigración ganó en votos, pero declinó intentar formar Gobierno.

El Gobierno dice que ya tiene los votos suficientes para aprobar la ley que obligará a los refugiados a pagar su estancia en Dinamarca con objetos personales como móviles, ordenadores y joyas. La medida contenta a los diputados anti-inmigración necesarios para gobernar. Pero el futuro está poco asegurado. El partido liberal, otro de los apoyos del Gobierno, amenazó esta semana con retirar el respaldo si no hay una reforma fiscal.

"Hay debate porque nadie quiere entrar en el Gobierno. El precio es demasiado alto", explica Mads Brandstrup, editor político del diario danés Borsen.

Pese a las dificultades del actual Ejecutivo, Dinamarca tiene una larga tradición de pactos. En el siglo XX, sólo hubo dos gobiernos en solitario. Forjar acuerdos es casi cultural. "En Dinamarca se da por descontado que el compromiso es bueno. A la gente no le gustan los extremos. Es un país de medias tintas que se gobierna desde el centro", dice Brandstrup.

Una de las lecciones de la experiencia danesa es la transparencia ante los electores. Los posibles acuerdos se anuncian en campaña. “Los votantes nunca aceptarían apoyar a un partido que no les dijera antes de las elecciones qué coalición quiere y a quién respaldará como primer ministro”, explica el editor político.

Otro factor clave suele ser la capacidad de los políticos de hablar con naturalidad y de modo directo, más allá de la retórica. Brandstrup dice que ése es uno de los aspectos que cuenta mejor la serie de intriga política danesa de moda: "Borgen ofrece una pincelada de la realidad. Lo que retrata bien es que aquí los líderes de los partidos charlan tranquilamente sin asesores, tomando un café informal. Se sientan y se ponen a pactar para conseguir cosas concretas".
CONSEJOS BELGAS

La formación de Gobierno en Bélgica es el ejemplo extremo de hasta dónde se pueden llevar las negociaciones. El país tiene el récord de días con Gobierno en funciones: 589. Es decir, un año y medio desde las elecciones de 2010. El caso es distinto respecto al español al tener dos sistemas de partidos, pero puede dar pistas de qué hacer y qué no.

El que Rajoy haya renunciado tan rápido a la primera opción de ser presidente podría crear un problema de legitimidad para Pedro Sánchez. Así sucedió en Bélgica en 2010, cuando se multiplicaron las críticas por el poco tiempo que se le había dado para formar Gobierno al partido con más votos, los nacionalistas flamencos de la NVA.

“Se quitó demasiado pronto la iniciativa a la NVA. Es muy importante para el público que al ganador de las elecciones se le de una oportunidad justa para que lo intente”, explica Bart Maddens, politólogo de la Universidad de Lovaina. “Es verdad que en el caso de España no hay un ganador tan obvio porque aunque el PP es el más votado ha perdido muchos votos y Podemos o Ciudadanos siguen siendo pequeños. En cualquier caso, es muy peligroso saltarse esta fase. Puede crear problemas de legitimidad al PSOE o al siguiente que pueda liderar una coalición”.

La experiencia belga también puede ser una alerta para la monarquía. Tanto en Bélgica como en España el rey tiene capacidad política para elegir el orden en que llamar a los líderes, pero no hay reglas escritas. Lo que le salva en Bélgica es la invención de una figura intermedia, el llamado “informador”. Es decir, una figura política de peso no partidista y que no quiera ser primer ministro para explorar las posibilidades de acuerdo.

Sólo después de las charlas del “informador”, el rey elige a un “formador”, que es el encargado de intentar formar un Gobierno encabezado por él mismo. “Esto ayuda a que el rey no se queme”, explica Maddens.

Las negociaciones belgas también muestran que un Gobierno en funciones puede hacer casi todo. Como en España, los límites de su capacidad no están claros. En el año y medio en funciones, el Ejecutivo belga de transición asumió cada vez más poder. Acabó aprobando el presupuesto, nombrando al nuevo gobernador del banco central y bombardeando Libia.

Cumbre de París acordó “cero emisiones netas”

La fuerte inversión hacia las energías alternativas ocurre cuando la demanda energética global se duplica en 20 años.





La Convención de París de 196 países sobre cambio climático (COP21) acordó mantener el alza de la temperatura global por debajo de 2°C con relación a los niveles preindustriales, y procurar limitarla a 1,5°C por encima de esos niveles, en el sobreentendido de que es ineludible luego “cero emisiones netas” de dióxido de carbono (CO2) a partir de 2030.

En los próximos 15 años, el objetivo de la sociedad global es necesariamente “cero emisiones netas” de CO2, lo que obliga a eliminar de la actividad productiva a vastos sectores que queman combustibles fósiles – carbón, petróleo, gas – y a convocar a los inversores para que se vuelquen a los sectores de bajo contenido carbónico (solar, eólica, mareomotriz).

Equivale a desatar una gigantesca transición histórica que exige inversiones por US$13 billones en 2030 (Banco de Inglaterra), acompañada por la clausura de un tercio, o más, de las actuales reservas de carbón, petróleo y gas.

El vuelco de la inversión hacia las energías alternativas tiene lugar cuando la demanda energética global se duplica en 20 años, y los combustibles fósiles cubren todavía 80% de la oferta mundial. Las plantas de carbón construidas o planeadas en este momento –2/3 en Asia– agregarán 1.800 millones de productos carboníferos adicionales en 2030, con un aumento de la emisión de CO2 de un tercio o más.

La temperatura mundial aumentó 1°C desde la primera revolución industrial (1780-1840). Implica que, aun logrado el objetivo de 2°C por debajo de los niveles preindustriales, alcanzaría a 3°C en 2050. Se ingresaría entonces en una crisis sistémica, que golpearía ante todo a Africa Subsahariana y Sur de Asia.

Moody’s señala que tres industrias –generación de energía, carbón, terminales carboníferas– poseen deuda por US$512.000 millones sometida a “… un inmediato y elevado riesgo de cambio climático”; y que otros 8 sectores (encabezados por automotrices, mineras, refinerías de petróleo) están endeudados en US$1,5 billones con “ … alto y creciente riesgo climático”, y que otros 18, con deuda por US$7 billones, enfrentan “… riesgos climáticos de mediano término”.

Allianz – mayor grupo asegurador alemán – ha resuelto “… no invertir en compañías que deriven más de 30% de sus ingresos de la industria del carbón”, lo que obliga a una desinversión inmediata de US$238 millones.

Las energías alternativas generan ya la mitad de la generación adicional (sería 70% en 2030). Las pérdidas por el cambio climático se han triplicado desde 1980; eran US$10.000 millones anuales y aumentaron a US$50.000 millones en la última década. Lloyd’s advierte que el cambio climático puede aumentar 30% el riesgo de la seguridad alimentaria a fin de siglo.

El calentamiento de la atmósfera está más allá del ciclo de los negocios (3 / 5 años) y del crédito (10 / 15 años). Pero después de la COP21 se ha convertido en la cuestión fundamental de la estabilidad financiera global. La nueva direccionalidad de las inversiones globales hacia las energías alternativas obliga a revaluar a todos los activos, y fijar costos y oportunidades acordes con la nueva situación. “El pasado no es prólogo”, dice el Banco de Inglaterra, y el futuro presenta riesgos catastróficos sin precedentes.

La Cumbre de París es un ejemplo extraordinario de gobernabilidad del sistema mundial. Es una decisión política, no técnica. El siguiente paso –“emisión cero”– obliga a establecer un Estado mundial, una autoridad política capaz de conducir a la sociedad global en la resolución del cambio climático, el daño principal infligido al planeta por el desarrollo industrial de los últimos 200 años.
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Argentina's Fix-It Man Is Slowing Down and Investors Are Worried

Fuente Bloomberg

Charlie Devereux charliedevereux




When it comes to fixing Argentina’s ailing economy, Mauricio Macri has presented himself as a man in a hurry. In the month since he became president, he has dismantled currency controls and export tariffs, started an overhaul of the discredited statistics bureau and announced plans to resolve the country’s decade-old debt dispute within weeks.

QuickTake Argentina

Yet his timeline for fixing a gaping budget deficit, another key obstacle to a more stable and robust economy, is a lot slower, with aides targeting only a minor reduction this year. This go-slow approach is stirring concern among many of the same analysts and investors who lauded his earlier moves.

“I would fast-forward the whole damned lot and do it all in six to nine months - go for shock therapy,” said Tim Love, investment director for emerging-market equities at Gam UK Ltd. which manages $130 billion in assets. “They’re missing an opportunity and running a bigger risk.”

He and others argue that the government can rely on public goodwill for a limited time and must distinguish Argentina from its neighbors in this commodities bust. Emerging-market investors, they say, need to be lured now. The 2017 mid-term elections will likely constrain efforts to cut energy subsidies that are a main component of the deficit.

Some of these jitters have crept into the bond market. After soaring to a price of 115 cents per dollar of face value in early January, Argentina’s benchmark bonds due 2033 have since slid below 110 cents. While those losses reflect in large part the global tumble in high-risk assets, they also underscore the sense that investors are anxious to see more from the Macri administration.
Trains and Planes

In a Bloomberg interview at Davos, Macri laid out his ambitions, saying, “We need important companies of the world to finance and construct roads, ports, waterways, energy, trains.”

Macri inherited a budget shortfall of 5.8 percent -- 7.1 percent when tax rebates payable in March are included -- Finance Minister Alfonso Prat-Gay said. Inflation was 27 percent last year, according to the Buenos Aires city index.

The government says it wants to cut the shortfall to 0.3 percent and annual inflation to 5 percent by the time Macri’s term ends in 2019. But for 2016, the target is a mere 1 percentage point reduction of the fiscal gap and slowing inflation to 20-25 percent.

“We were convinced that the only way to lift currency controls without drama was with a shock therapy strategy,” Prat-Gay said. “In other fields such as lowering inflation and putting the fiscal accounts in order, the strategy we believe is viable is more gradual.”

Central Bank President Federico Sturzenegger was quoted by La Nacion as saying that the bank will, to some extent, continue the previous government’s policy of transferring funds to the Treasury. The bank moved 78 billion pesos ($5.8 billion) to the Treasury last year to help fund the deficit, according to Prat-Gay.
$3 Electricity Bills

To close the deficit, Macri will need to hike Argentines’ electricity bills which have been heavily subsidized since 2001. Some households, many of them middle class, pay as little as $3 per month for electricity.

According to a report by the Argentine Budget Association and the country’s Energy Institute, nearly 3 percent of GDP has been devoted to subsidizing domestic energy consumption.

Some analysts said they understood the more cautious approach in a country where protests and strikes are prevalent.

“There are two benefits from a more gradual fiscal adjustment: on the one hand you don’t affect growth so much and on the other by not cutting subsidies so much prices won’t rise as much and therefore your inflation targets are more achievable,” Andres Borenstein, an analyst for BTG Pactual in Buenos Aires, said.
Credibility

The government hasn’t outlined its plan to accelerate the reduction of the deficit to 1.5 percentage points per year from 2017. It’s likely that it’s betting on an increase in revenue from a pick-up in economic growth, said Mauro Roca, a senior economist at Goldman Sachs & Co. in New York.

“The risk from starting slowly is that due to political resistance - which isn’t going to diminish and may well increase - the projection of an acceleration in the deficit reduction doesn’t materialize from 2017,” Roca said by phone. “That will obviously affect credibility on other policies.”

The government will begin closing the gap by cutting subsidies by 1.5 percent of GDP and reducing spending by 0.8 percent this year, Prat-Gay said. The new government has moved to improve efficiency by removing what it calls “gnocchis” - government supporters who were paid by a state institution without ever turning up for work.

But so far, most of Macri’s moves have been in the opposite direction. He has pledged to double the threshold at which Argentines begin to pay tax to 30,000 pesos ($2,230) a month and said he will raise income tax brackets that haven’t been adjusted in a dozen years, despite rampant inflation.
Vulnerable Families

Removing export tariffs on most agricultural products and reducing the levy on soybean exports to 30 percent have already boosted the country’s diminished foreign reserves. But it’s also another fiscal gap to be filled.

The government will need to find an additional 100 billion pesos ($7.4 billion) in lost revenue due to the tax cuts and some additional benefits it has granted to vulnerable families, Prat-Gay said.

It is banking on access to cheaper credit from capital markets to fund part of the deficit, said Goldman’s Roca. He calculates if the government reduces the primary deficit to virtually zero, the overall deficit will still be about 2.5 percent.

“The interest and appetite for Argentina will depend on the advances on the reforms, and credibility will be crucial,” Roca said. “That appetite is not unlimited.”

Los EE.UU. ante la campaña más disruptiva que vimos

Una campaña que desafía toda categorización

Los estadounidenses podrían presenciar la primera convención de nominación verdaderamente abierta en 40 años, posiblemente incluso la ruptura de un otrora gran partido político.


El candidato Donald Trump le apunta al del establishment, Jeb Bush, durante un debate en Ohio.

Hay elecciones statu quo. Hay elecciones decisivas. Y luego está la elección de Estados Unidos de 2016, que desafía toda categorización. Un magnate inmobiliario de Manhattan que se hizo famoso en un reality show de la televisión puede convertirse en el hombre más poderoso del mundo; un socialista confeso podría hacerse cargo en el hogar espiritual del capitalismo. Los estadounidenses podrían presenciar la primera convención de nominación verdaderamente abierta en 40 años, posiblemente incluso la ruptura de un otrora gran partido político. Y 2016 podría producir –qué banal parece este pensamiento ahora– la primera presidenta del país.

¿Entonces qué está pasando? El calendario oficial es el que se conoce, comenzando dentro de ocho días, cuando los votantes del pequeño, blanco, rural estado de Iowa, tan poco representativos, tomen parte en los caucus (elecciones indirectas) que señalan el comienzo de las elecciones primarias. Luego vienen las votaciones en New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, seguidas de una acelerada cascada de elecciones primarias. En julio comienzan las convenciones. Y finalmente el gran día, el 8 de noviembre, cuando Estados Unidos elegirá a su presidente número 45, una rutina de cerca de 18 meses desde que se declaró la primera candidatura. Pero la normalidad termina con el calendario, para el Partido Republicano, por lo menos.

Los demócratas no han sido inmunes a las crisis, pero su campaña hasta ahora sigue un patrón familiar. No por primera vez, un candidato del establishment –en este caso, Hillary Clinton– es desafiada por la izquierda, en la persona de Bernie Sanders. A veces el insurgente incluso gana la candidatura, como lo hizo George McGovern en 1972, año marcado a sangre por la guerra de Vietnam.

Y la carrera de este año está ahora mucho más cerca de la coronación de Clinton de lo que parecía probable incluso hace dos meses. Sanders bien podría prevalecer en Iowa y New Hampshire, pero la expectativa actual es que eventualmente perderá.

En cambio la batalla republicana se encuentra en un territorio completamente desconocido. El votante promedio se ha amotinado. La elite republicana, los magnates del Congreso, los donantes ricos, y los jefes nacionales y estatales del partido, han perdido por completo el control de los acontecimientos. La dirección del partido, incluso su propia existencia, está cuestionada. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado a esto? La respuesta, en un nivel, es muy sencilla. El tumulto es el equivalente político de la perfecta alineación de las fuerzas meteorológicas detrás de la tormenta de nieve gigantesca que inundó a la costa este el fin de semana. A diferencia de la tormenta de nieve, sin embargo, la crisis republicana ha tardado años.

Los votantes del partido se rebelan contra un sistema y un establishment que los ha traicionado. Las semillas de la crisis se encuentran en las manipulaciones de los distritos del Congreso (cometidos, hay que decirlo, por ambas partes), como resultado de los cuales el 90 por ciento de los escaños en la Cámara de Representantes, la base de poder de los republicanos en Washington, están seguros. Así, el verdadero peligro para la mayoría de los legisladores republicanos es un desafío desde la derecha. Esa amenaza a su vez ha impulsado a las bancadas del partido en el Congreso hacia la derecha. De ahí la polarización, y la desaparición de los moderados dispuestos a llegar a un acuerdo, la única manera de hacer las cosas en un sistema político construido sobre pesos y contrapesos. Pero el partido continuó vendiendo la falacia de que, incluso cuando un demócrata ocupara la Casa Blanca, una mayoría republicana podría crear un gobierno reducido, conservador y valiente, que podrían deshacerse de Obamacare, y echar a los inmigrantes. Finalmente los votantes han visto la estafa, y están furiosos.

Luego está el problema de dinero. Los obreros y la clase media que votan a los republicanos se han despertado al hecho de que el sistema político de Estados Unidos es el mejor que el dinero puede comprar. Y no sólo está en el límite de lo corrupto. El Congreso parece no responder a las necesidades de las personas, sino a los intereses de los de las corporaciones y grupos de presión que financian las campañas de sus miembros. No es de extrañar que “Washington” es la palabra más sucia en el léxico político, o que el Congreso es menos popular que el comunismo y las colonoscopías.

Y en este brebaje venenoso hay un tercer ingrediente. Las elecciones estadounidenses son generalmente festivales de esperanza y optimismo. Salvo para los republicanos, que temen a las leyes, temen a los inmigrantes; temen al terrorismo; temen a la pérdida de empleos y al declive económico; temen, para decirlo en pocas palabras, de que Estados Unidos se vaya a pique. Combine todos estos elementos, y ¿qué se obtiene? Donald Trump.

Cuando Trump se anotó en la carrera presidencial en junio pasado, parecía ser una candidatura de vanidad, un ejercicio de relaciones públicas narcisista y de corta duración que mantendría su nombre, y sus intereses empresariales, en las luces. En cambio, él dominó la campaña y su ventaja en las encuestas está creciendo. Su talento para el espectáculo y la propensión a hablar de lo indecible le ganaron una cobertura mediática por la que morirían sus rivales. Y a medida que los demás contendientes se fueron desgastando, él fue mejorando su actuación.

Lo más importante es que tocó la fibra sensible. No sólo porque él entiende la creencia de los votantes republicanos blancos que ellos, la sal de la percepción subjetiva de la tierra americana, estaban siendo marginados y olvidados, perdidos en un país cada vez más multicultural, donde las minorías de súper ricos y advenedizos eran las prioridades. El hombre que articulaba sus preocupaciones era, además, alguien que había prosperado poderosamente dentro del sistema. Si él arremetió contra el statu quo es que realmente debe saber por qué. Al hacerlo, Trump rompió las reglas. Después de la innecesariamente prolongada y cruel primaria republicana de 2012, que hirió gravemente al eventual candidato Mitt Romney, el partido cambió las reglas de sus primarias con la esperanza de asegurarse un candidato temprano en el proceso. En lugar de eso, generaron un caos.

Una plétora de candidatos dignos entró en la carrera. Sin embargo, si un candidato se impone rápidamente, esa persona, tal como están ahora las cosas, es probable que sea o bien el no-político Trump o su más cercano rival, el senador archiconservador Ted Cruz de Texas, un saboteador del establishment desde adentro. La jerarquía republicana está desconcertada todavía no sabe qué pensar de Trump. Pero sabe exactamente lo que piensa de Cruz. Lo detesta. Si ninguno gana, una convención abierta es una posibilidad, una receta para el caos en que los únicos beneficiarios serían los demócratas. La última vez que esto sucedió fue en 1976, cuando ni el presidente Gerald Ford ni su rival Ronald Reagan tuvieron una mayoría de delegados, y la convención eligió a Ford. En ese entonces este tipo de eventos se denominaba convenciones negociadas. En estos días, sin embargo, el establishment republicano no está en condiciones de negociar nada. En un año normal, los candidatos que fueron o son gobernadores de los estados serían los que se beneficien, no contaminados por Washington y dotados de una verdadera experiencia ejecutiva. Pero no ha sucedido. Cualquiera de los tres gobernadores que se postulan –John Kasich de Ohio, Chris Christie de Nueva Jersey y Jeb Bush, ex gobernador de Florida– sería un presidente posible.

Pero incluso si se incluyera Marco Rubio, un senador, pero también un candidato del establishment, sumados los cuatro sumados obtienen un apoyo del 30 por ciento en las encuestas nacionales. La brigada de demolición de Trump, Cruz y el neurocirujano retirado Ben Carson (que al igual que Trump no ha pasado un día en el cargo electivo en su vida) tienen 60 y pico por ciento.

Para los demócratas simplemente aún se aplican las reglas estándar. Si Clinton, por poco inspiradora que sea como candidata, es la favorita, es porque se espera que los votantes premien su experiencia, su dominio de los temas, su competencia manifiesta. No así los republicanos. Sus propuestas políticas no se extienden mucho más allá de los sonidos espeluznantes o los insultos personales. La ortodoxia no existe, la experiencia política real es una descalificación. Cuanto más rudo es Trump, más popular se vuelve. La supuesta lección de la derrota de Romney en 2012, elaborada en diversas autopsias oficiales, fue que el partido tenía que ser más amable con los inmigrantes, las minorías y las mujeres, electorados que dominan los demócratas.

Está ocurriendo lo contrario. Trump ha ido más lejos, por supuesto, con su llamado a prohibir a todos los inmigrantes musulmanes, pero la mayoría de los otros candidatos está siguiendo su línea (con la honrosa excepción de Jeb Bush).

El dinero y los malos Super-PAC (comités de apoyo fininanciero) no parecen importar mucho. Bush recaudó más de U$S 100 millones, incluso antes de declarar su candidatura, y no le ha servido mucho. Multimillonarios como los hermanos Koch y Sheldon Adelson, el magnate de los casinos de Las Vegas, se supone que son los titiriteros de la elección de 2016. Pero Charles y David Koch, quienes planeaban invertir U$S 900 millones en la campaña, han lamentado públicamente su falta de influencia en los procedimientos. La operación Trump básicamente se autofinancia, mientras que por el lado demócrata, Sanders está rompiendo todos los récords de pequeñas donaciones.

En cierto sentido, Trump no es nada nuevo. Allá en la década de 1850, el Partido Know-Nothing en Estados Unidos criticó a la inmigración irlandesa. En Europa hoy, los partidos populistas, desde Ukip en Gran Bretaña al Frente Nacional de Francia, el Partido de la Libertad de Austria y muchos otros, han creado un curso que Trump está siguiendo. Todos ellos movimientos de derecha y de clase trabajadora, que se alimentan del miedo y desilusión con una orden político establecido que los ha defraudado.

Trump le dio al proceso una pizca de arrogancia estadounidense, pero su mensaje es el mismo. “Tenemos U$S 18 mil millones en deuda. No tenemos nada más que problemas. Tenemos perdedores. Tenemos personas que son moralmente corruptas. Tenemos personas que están vendiendo este país, tirándolo por el desagüe...El sueño americano está muerto.” Y el mensaje apela no sólo a los republicanos, sino a todo un estrato de la población. De hecho, no es poco lo que Sanders y Trump tienen poco en común. Tomemos el arrebato de Sanders en su último debate con Clinton. “El pueblo estadounidense quiere que aumente el salario mínimo a 15 dólares la hora (que hoy está en U$S 7,15).”, declaró Sanders. “Reconstruir nuestra infraestructura en deterioro, crear de 13 millones de puestos de trabajo, eso quiere el pueblo estadounidense. Exigir que los ricos empiecen a pagar su parte justa de impuestos. El pueblo estadounidense lo quiere. El problema real es que el Congreso es propiedad de millonarios y se niega a hacer lo que el pueblo estadounidense quiere que haga”.

A gran parte de eso, uno sospecha, Trump diría amén. De hecho, toma lo que dice Sanders, sólo que desde una perspectiva diferente. El tiene dinero, y por lo tanto es independiente. El conoce la venalidad del sistema desde su interior, como donante político que espera algo a cambio de los impuestos que paga.

Esta superposición de extremos ayuda a explicar por qué la campaña 2016 es tan estimulante. Los consultores y los expertos ya no tienen las respuestas. Por una vez, una campaña está siendo dirigida por los votantes. Preguntas que fueron tabú durante mucho tiempo ocupan el centro del escenario: el papel del dinero, la necesidad de reformar el sistema político, lo que la gente realmente piensa acerca de los inmigrantes, los méritos de un sistema de salud único, entre muchos otros.

¿Cómo terminará todo esto? Nadie tiene ni idea. Tal vez el Partido Republicano se recuperará de sus divisiones, como lo hizo después de la pérdida con Barry Goldwater en 1964, que allanó el camino para los años de gloria de Reagan. Quizás Trump y Cruz se autodestruyan, como eséra el establishment, y surja un candidato “razonable” y la agitación de hoy será tan pasajera como una tormenta de nieve en Washington. Pero uno sospecha que no.

El Salario perdió 10% de poder adquisitivo en los últimos 2 meses

LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO EN LOS ULTIMOS DOS MESES SERIA DEL 10 POR CIENTO

Nubarrones sobre el horizonte laboral

Un estudio preliminar del centro de investigación de la CTA señala que el impacto de las nuevas políticas sobre la inflación le asestó el mayor golpe al salario real desde 2002. Se prevé un deterioro aun mayor y caída del empleo.

Por Tomás Lukin

El poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado retrocedió entre 7,6 y 10,1 por ciento entre noviembre y enero. La aceleración en la inflación que precedió y acompaña al combo de políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri asestó el mayor golpe al salario real de los últimos trece años. Sólo la megadevaluación de 2002 supera la magnitud de la actual caída en la capacidad de compra de los asalariados por los aumentos de precios en los bienes de consumo masivo, fundamentalmente los alimentos. Las estimaciones realizadas por los investigadores de Cifra, el centro de estudios de la CTA que coordina el economista Eduardo Basualdo, son las primeras en ofrecer una aproximación cuantitativa a las consecuencias de la gestión económica de la alianza Cambiemos. Los datos son provisorios y recién serán publicados en febrero, pero los guarismos arrojados por los índices de precios provinciales para el mes de diciembre y mediciones realizadas durante las primeras dos semanas de enero inclinan la balanza hacia el escenario de máxima. Los indicadores de San Luis y Capital Federal, muletos recomendados por las autoridades del Indec para atravesar el apagón estadístico, arrojaron subas de 3,9 y 6,5 por ciento en diciembre, respectivamente. Desde Cifra advierten que, si bien resta conocer cómo reaccionarán los sindicatos en las discusiones paritarias, la transformación macroeconómica en marcha requiere una contracción todavía mayor del salario real y un incremento en el desempleo.

La historia de los ajustes en la Argentina evidencia que, si no median mecanismos compensatorios para los sectores de ingresos fijos (trabajadores, jubilados, AUH), la reorientación de la política económica se traduce en una importante transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la exportación y el sistema financiero, con impacto fuertemente regresivo. El combo de devaluación, desregulación financiera, reducción del gasto público, minimización del rol del Estado en la economía, endeudamiento externo, suba de tarifas y liberalización comercial implementado por el trío Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas), Federico Sturzenegger (Banco Central) y Francisco Cabrera (Producción) apunta en esa dirección.

La potencia de esa combinación de política económica reside en su capacidad de disciplinamiento. No se trata solamente de minimizar las demandas salariales de los trabajadores y contener el conflicto social. La apertura comercial cumple un rol fundamental en la nueva política anti-inflacionaria: permite desarticular reclamos desde los segmentos de la burguesía industrial que requieren del dinamismo de la demanda doméstica (textiles, metalmecánicos, química básica, caucho, madera y muebles, calzado y juguetes, entre otros). Como advierten desde Cifra, buscan desarticular la herencia más pesada del kirchnerismo: el mercado interno, principal motor del crecimiento económico a lo largo de la última década.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el salario real de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado registró una mejora significativa, incluso en el período de intensificación de la puja distributiva y aceleración del proceso inflacionario. De todas formas, el período no estuvo exento de caídas considerables, como sucedió con la devaluación registrada a comienzos de 2014. En ese momento, la reducción alcanzó el 4,5 por ciento (entre diciembre de 2013 y abril de 2014). Sin embargo, los datos de Cifra señalan que “desde entonces, la recomposición salarial fue casi sistemática, recuperando el valor real de diciembre de 2013, hacia mediados de 2015”.

La capacidad de respuesta de los sindicatos, el activismo estatal en los conflictos laborales y la política de estímulo al mercado interno fueron pilares fundamentales para lograr esos resultados. “En la actualidad, las perspectivas son absolutamente distintas a la devaluación de comienzos de 2014. La actual caída del salario real se inscribe en un plan de ajuste económico cuyo equilibrio sólo se consigue controlando la inflación a través de reducir el consumo y los costos salariales. De alguna manera, el nuevo equipo económico parece considerar que ese combo es condición suficiente para reimpulsar la inversión y el crecimiento económico”, explicó Pablo Manzanelli, miembro de Cifra-CTA a cargo de las estimaciones.

A pesar de los pagos extraordinarios negociados, como sucede todos los años, por algunos gremios poderosos entre los que figuran camioneros, aceiteros y bancarios, esos elementos defensivos están (todavía) ausentes. “A la caída del salario de estos primeros meses, como parecen confirmar nuestras hipótesis, la van a intentar sostener con otras decisiones de política económica durante el resto del año. La posibilidad de éxito de esa reorientación dependerá de correlación de fuerza y activación de las organizaciones sindicales”, sostuvo el investigador de Cifra. Antes de finalizar su viaje a Davos, el presidente Macri reclamó la colaboración de Hugo Moyano y el resto de la dirigencia sindical para lograr que la inflación se ubique en torno al 20 por ciento, un escenario improbable según indican los propios dirigentes que acompañan al camionero.

“No parece haber fundamentos económicos que posibiliten el proceso pretendido por el nuevo Gobierno. Es difícil que se radiquen nuevas inversiones si cae el consumo interno en un escenario donde las exportaciones se estancan por la crisis mundial, la recesión en Brasil y la desaceleración china. Es complejo que, con este planteo económico, se revierta la recesión inicial de la devaluación y el ajuste”, advirtió Manzanelli.
Precisión metodológica

Cifra elaboró una estimación preliminar sobre la contracción del salario real desde que comenzó la gestión económica de Macri. Como el dato de inflación del IPC-9 Provincias utilizado por ese centro de investigaciones no está terminado, para diciembre y enero se utilizan dos hipótesis de aumentos en los precios. El primero es un escenario de “mínima” donde la inflación mensual en cada uno de los últimos dos meses llega al 4 por ciento. En el segundo escenario, “de máxima”, la pauta de precios llega a 5 por ciento en diciembre y 6 por ciento en enero. Con ese panorama y en base a las series de salario nominal del SIPA-Anses y el Indec (cuya serie desestacionalizada alcanza a noviembre de 2015 y se la supone constante hasta enero), el ingreso real de los trabajadores del sector privado registra entre noviembre y el actual mes un descenso entre el 7,6 y 10,1 por ciento. La aceleración inflacionaria exhibida por los índices provinciales, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, permite anticipar que el impacto inicial sobre el poder adquisitivo se ubicará en el margen superior de las proyecciones de Cifra.

“El nuevo esquema no presenta fundamentos económicos para recuperar el crecimiento. Sostienen que restaurando un equilibrio macroeconómico en cuentas fiscales y externas se recuperará la confianza y llegarán las inversiones. Eso es lo que fue a hacer el presidente Macri al Foro Económico Mundial de Davos. Pero para que haya un incremento relevante en la inversión, tiene que existir un buen nivel de consumo además de rentabilidad. Con su paquete de medidas el Gobierno golpea al consumo interno cuando la demanda externa no da indicios de crecimiento”, concluyó Manzanelli.

British parliament to consider motion on universal basic income





MPs in the British Parliament are being asked to consider the question of introducing a universal basic income paid unconditionally to all citizens.

An Early Day Motion on the policy, tabled by Green Party MP Caroline Lucas, calls on the Government to commission research into the idea’s effects and examine its feasibility to replace the UK’s existing social security system.

The motion, which raises the profile of the idea but is very unlikely to be adopted into law, says the policy “has the potential to offer genuine social security to all while boosting entrepreneurialism”.


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Scrap benefits and bring in 'citizens wage' for all, Government told


A universal basic income is the idea of paying all citizens a flat, unconditional income, unusually instead of existing policies like means-tested benefits.

Proponents of the idea say it would save on welfare administration costs, reduce the poverty traps of traditional welfare states, be fair to people who have jobs, and give people more autonomy in general.

Opponents of the income have raised concerns including work disincentives, lack of targeted support for those most in need, and the size of the spending commitment required.

The motion, launched on Wednesday, has so far been backed by one other MP, Neil Gray of the Scottish National Party. MPs add their name to the motion in order to indicate support and build the profile of the issue, but a vote will not be taken.

The proposal notes the “growing crisis of low pay and precarity in the labour market”, says the existing social security system is unable to provide proper income support to people on low incomes, calls for research into basic income’s potential, and welcomes previous research taken by non-government organisations.

The motion was tabled by Caroline Lucas, the Green MP for Brighton Pavilion (PA)

Ms Lucas, whose party has long supported a variant of the idea, told the Independent that there were hurdles to introducing the policy but that it deserved more research as an option.

“The basic income offers genuine social security to everyone and sweeps away most of the bureaucracy of the current welfare system. Fundamentally it would allow people the freedom and flexibility to do more of what they want to do - as well as supporting them in the caring roles they might need – or choose – to do,” she said.

“A basic income would also protect people from rising insecurity in our increasingly ‘flexible’ labour market and help rebuild our crumbling welfare state. I also know from speaking to people in my own constituency that the stability of a basic income could be a real boost to freelancers and entrepreneurs who need support to experiment, learn and take risks, while keeping their heads above water.”

“It’s crucial that any shift towards this bold new policy protects and increases the income for the poorest and those who aren’t able to work. A universal payment for all must not undermine additional help for those who need it most.

Finland's Government has already launched a feasibility study into the policy

“I’m not for a second pretending that shifting to basic income would be simple. But with a rapidly changing economy the Government should be urgently exploring ways to offer people the security they need. I hope that MPs from across the House of Commons will join me in calling for more research into this bold new policy.”

The motion comes a week after French MPs were asked to consider a similar amendment to the country’s Digital Republic Bill calling for more research into the basic income idea.

Interest in the proposed policy, which has support on both the left and right of politics, has surged in recent months.

Finland has launched similar feasibility study to the one proposed in France, and Switzerland rejected a proposal for a very high basic income in a recent national referendum.



Last month the respected think-tank the RSA suggested that the UK adopt a universal basic income of £71 a week for all adults, with children also getting a payment similar to child benefit.

“The welfare state has become incredibly complex whilst locking those it seeks to help in a vicious circle of low pay, insecurity and an intrusive state. The RSA doubts the current system can be fixed,” said Anthony Painter, the report’s author.

“A system of universal basic income is the best alternative to help people improve their own lives over time – it provides better security to support people’s needs to work, learn, set up a business or care for their family.”

During the Labour leadership contest Jeremy Corbyn, who now leads the party, said he was interested in the idea of a “guaranteed social wage” – a similar proposal – but that he believed there were issued that had to be worked through.

Hasta acá llegamos

El puerto y el país

Con las reuniones de gobernadores en San Juan y del PJ bonaerense en Santa Teresita, el peronismo se mostró unido para enfrentar la “profunda inequidad” de Macri en la distribución de los recursos. La ostensible inconstitucionalidad de los decretos sobre coparticipación endurece los reclamos. Amenazan con recurrir a la Justicia.
El que parte y reparte

Los encuentros de San Juan y Santa Teresita revelan la agitación del avispero federal por los decretos tributarios de CFK y de Macrì. La equidad distributiva se cruza con los alineamientos políticos. El centralismo porteño, reforzado por un decreto de ostensible inconstitucionalidad, fastidia a las provincias. Alfonsín compró gobernabilidad desprotegiendo a la Provincia de Buenos Aires, un lujo que Macrì no puede permitirse porque allí se juega su futuro. Emergencia en seguridad y negocios.

 Por Horacio Verbitsky


El decreto 194 que casi triplicó la coparticipación primaria de impuestos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires favorece al distrito que el ahora presidente Maurizio Macrì gobernó durante ocho años y que sigue al mando de su Alianza Cambiemos. Constituye un avance brutal sobre el federalismo, como denunciaron de inmediato los gobernadores Carlos Verna, de La Pampa, Juan Manzur, de Tucumán, y Juan Urtubey, de Salta, y el diputado José Luis Gioja. El tema se analizó en la reunión que un alto número de gobernadores celebraron ayer en San Juan y en el encuentro de dirigentes del justicialismo bonaerense en Santa Teresita. La justificación oficial sólo agregó escarnio. Horacio Rodríguez Larreta pretendió que era la transferencia constitucional de recursos que acompañaba el traspaso a la Ciudad de una parte de la Policía Federal, cuando la mejora en la coparticipación duplica el costo de esa readecuación. Si se le suma el decreto de necesidad y urgencia 73, que anuló la devolución del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a todas las provincias, se aprecia mejor la magnitud (enorme) y el alcance (extenso) de la crisis que se está incubando.

El decreto 194 se presenta como una simple reglamentación del artículo 8 de la ley de coparticipación 23.548 por el cual el Poder Ejecutivo fijaba el monto de la coparticipación de la Capital, que por entonces sólo era un ente administrativo de la Nación. Pero a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando la Capital adquirió entidad política y el Congreso la facultad de fijar la coparticipación de la Ciudad Autónoma, es evidente que no se trata de un decreto reglamentario sino de uno delegado, sólo admisible de existir necesidad y urgencia y nunca en materia tributaria. El artículo 75.2 de la Constitución también dice que la coparticipación “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, progresividad imposible si se favorece al distrito de mayor ingreso per cápita.

En el encuentro de Santa Teresita, del que participaron intendentes y legisladores de distintas líneas internas de la oposición justicialista, sobrevoló el recuerdo de aquella ley 23.548, que estableció un “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, a partir del 1º de enero de 1988”. Raúl Alfonsín la impulsó cuando el gobernador era el inesperado gobernador radical Alejandro Armendáriz, porque derrotado en las elecciones de 1987 y sin los votos de la mayoría peronista en el Senado hubiera debido renunciar aún antes a la presidencia. Desde entonces, la provincia de Buenos Aires recibe un porcentaje menor que el de su población, por el que no han dejado de quejarse los sucesivos gobernadores, con excepción de Eduardo Duhalde, quien como condición para dejar la vicepresidencia y presentarse como candidato a gobernador consiguió que el gobierno de Carlos Menem le compensara esa pérdida con el famoso Fondo del Conurbano. El presidente Fernando de la Rúa congeló esa suma y hoy María Eugenia Vidal sólo puede paliar esas penurias con endeudamiento, que es pan para hoy y calamidades para mañana. Las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces ni siquiera resultan útiles. Macrì no está en el ocaso de su mandato, acaba de iniciarlo. Luego de haber conseguido romper el confinamiento de su partido PRO dentro de los límites de la Capital Federal y haber obtenido una victoria que ni él esperaba en la Provincia de Buenos Aires, sabe que el futuro de su gobierno no se juega del lado porteño del linde. También lo sabía Néstor Kirchner cuando persuadió a Daniel Scioli a dejar el Abasto y postularse para gobernar la provincia. El mapa electoral de 2016 muestra una simbólica franja amarilla que cubre el centro del país, desde el puerto hasta la Cordillera, flanqueada por dos bandas azules al norte y al sur, donde predomina el azul justicialista o kirchnerista, con las excepciones radicales de Jujuy y Corrientes. Las veleidades políticas de un juez santafesino y otro cordobés devolvieron a sus respectivas provincias el 15 por ciento de la coparticipación que habían resignado para sustentar el régimen previsional, y la inquina entre la anterior presidente y el actual (con sus decretos contradictorios sobre la extensión de ese beneficio al resto de las provincias) terminó por agitar el avispero federal. Pero el gobierno amarillo de Vidal puede confiar en que el gobierno central no lo dejará desamparado, porque allí se juega su propio futuro. Los que están embromados son los azules, que deberán ganarse a como dé lugar cada peso adicional que reclamen. Se verán episodios asombrosos.
Poder de veto

La reforma constitucional de 1994 agregó una dificultad insalvable al atribuir poder de veto a todas las provincias en la coparticipación ya que ningún cambio podrá sancionarse “sin la aprobación de la provincia interesada”. Por eso han pasado 28 años y siete presidencias en las que se aplicaron un centenar de parches a esa ley pero no fue posible modificarla. Esto sin duda ha reforzado la discrecionalidad de la Nación. Quien lo explica con conocimiento y precisión es Jorge Gaggero, el experto en temas impositivos para quien “el federalismo fiscal argentino es un nudo gordiano difícil de desatar”. En un trabajo con ese título, Gaggero cita a su colega canadiense Richard Bird para quien “antes que los tecnicismos y los artificios de corto alcance, lo verdaderamente importante es el difícil y lento proceso de construcción institucional que hace posible los cambios y les da estabilidad en el tiempo”. Es decir, todo lo contrario de lo que viene ocurriendo en la Argentina, y no sólo con este gobierno. Gaggero remonta su análisis a los tres siglos iniciales desde los primeros asentamientos españoles, cuando la única jurisdicción existente fue la municipal. A partir de la independencia ganan fuerza las provincias y a partir de 1880, el joven Estado nacional. “Las distintas jurisdicciones municipal, provincial y nacional se ordenan hoy exactamente a la inversa de su secuencia histórica de desarrollo. La institución más débil es la municipal; le sigue la provincial, que ha perdido mucha fuerza relativa y –de acuerdo con los últimos números fiscales y evidencias políticas– sigue retrocediendo; y, por último, la nacional, que se proyecta con gran potencia relativa (y absoluta) a costa de las dos primeras”, dice. A principios del siglo XX, las provincias financiaban con tributos propios el 80 por ciento de su presupuesto. Al mediar el siglo, ya con el régimen de coparticipación bien asentado, esa autonomía se había reducido al 50 por ciento. Era del 35 por ciento cuando Menem y Domingo Cavallo impusieron los Pactos Federales Fiscales, y en la actualidad ronda el 30 por ciento. Este es el trasfondo contra el que debe analizarse la situación actual.

El gobierno cree que puede hacer un reparto discrecional, porque la ley de coparticipación es anterior a la reforma constitucional de 1994, pero este es un argumento leguleyo, que prescinde de la realidad política y constitucional. Una hipótesis que podría sondearse ante este jaque perpetuo es la sanción de una ley común que enmiende la transitoria de 1988 y no reglamentaria del 75. 2 de la Constitución.
Un fondo insolidario

Macrì incurrió en una grosería similar con el decreto 133/15 que eliminó o disminuyó retenciones. Lo justificó en una facultad que el artículo 755 del Código Aduanero delegó en el Poder Ejecutivo y que el anterior gobierno invocó al aumentarlas con la resolución 125 de 2008. La diferencia es que entonces esa delegación estaba vigente, pero hoy no. La cláusula transitoria octava de la Constitución estableció que toda la legislación delegada que no tuviera plazo establecido para su ejercicio caducaría en cinco años, salvo que el Congreso la ratificara con una nueva ley. Luego de una década de prórrogas anuales, la ley 26.519 de 209, impulsada por la oposición de entonces, le puso punto final, con la idea de escasearle recursos al gobierno de Cristina. Por eso la delegación del Código Aduanero caducó en agosto de 2010 y su invocación por Macrì es insostenible, de modo que el decreto 133 es nulo por inconstitucional. La transferencia de miles de millones de dólares a un pequeño grupo de empresas exportadoras, sin siquiera control de que el beneficio llegue a los productores, se agrava por el efecto que tiene sobre el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por el decreto de necesidad y urgencia 206, con el 30 por ciento “de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja” para financiar la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. A su vez, un 30 por ciento de la transferencia automática de la Nación a las provincias se destina desde entonces a los municipios. Sólo la convalidación del decreto por la Comisión Bicameral Permanente con competencia para pronunciarse sobre los decretos emitidos por delegación legislativa y su posterior ratificación por el Congreso podrían dar validez a una decisión que hasta hoy es legalmente nula.