Un grupo de países acreedores de la Argentina se manifestó conforme
con la oferta de reestructuración que presentó dos semanas atrás el
Gobierno al Club de París por la deuda que permanece en default desde
2001. El plan de pagos, según revelaron a BAE Negocios fuentes
diplomáticas, consiste en un monto inicial de u$s2.000 millones dentro
del año posterior a la firma del acuerdo, al que seguirían cuotas
anuales a cubrir en un plazo de cinco años, en función del flujo de
divisas que ingrese entretanto al país. El entendimiento con el Club es
uno de los requisitos que exigen los bancos para reactivar el crédito
internacional en dólares para el Estado y compensar la caída de reservas
del Banco Central de los últimos dos años.
Tal como informó este diario en su panorama semanal del 27 de
diciembre pasado, el Gobierno reformuló en las últimas semanas de 2013
su oferta al Club, que por primera vez considero que los delegados
argentinos se estaban “tomando en serio” las tratativas para la
regularización de la deuda, estimada en u$s9.000 millones entre capital e
intereses caídos. El 20 de enero, el ministro de Economía, Axel
Kicillof, viajó a la capital gala y comentó que su encuentro con los
representantes de los acreedores había sido “muy positivo”. Pero la
vocera del Club, Clotilde L’Angevin, aclaró que las negociaciones “no
comenzaron formalmente” y que era “demasiado temprano” para responder a
la propuesta argentina.
Tras la visita de Kicillof, los acreedores se reunieron en privado y
ambas partes mantuvieron un total hermetismo ante la prensa. Pero en ese
encuentro, según las fuentes diplomáticas consultadas, los enviados de
un grupo de países consideraron que la oferta era aceptable. Fueron los
enviados de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
Otros gobiernos acreedores, como el de Japón, se mostraron
indiferentes. Más duros fueron los gobiernos de Holanda y España, que
figuran entre los principales acreedores. La deuda con el Club de París
tiene origen mayoritariamente en créditos que pidió la última dictadura a
empresas europeas para armas (que en algunos casos ni siquiera
llegaron) y obras de infraestructura (que, como un gasoducto faraónico,
tampoco se llevaron a cabo), pero también figuran allí créditos que
extendió Madrid en plena crisis de la convertibilidad.
Según las fuentes de los países acreedores, la oferta argentina consiste en:
- Reconocer el total de la deuda sin quitas sobre el valor presente,
más allá del debate sobre el monto efectivamente adeudado
(“conciliación”, en la jerga técnica) entre capital e intereses.
- Pagar todo en un plazo máximo de 5 años desde la firma del acuerdo,
o en menos tiempo en caso de que las empresas con sede en los países
acreedores traigan dólares al país.
- Hacer un pago inicial de u$s2.000 millones dentro del año posterior
a la firma del acuerdo. Sería la única cuota a cubrir por Cristina
Kirchner.
- Cancelar el remanente en cuotas anuales, la primera de las cuales debería girarse dentro del año posterior al primer pago.
El monto de las cuotas, a su vez, dependería de las inversiones
privadas que destrabe el acuerdo por parte de compañías radicadas en los
países acreedores. Pero a diferencia de lo que había propuesto el
Gobierno a fines del año pasado, el pago no se concretaría a través de
un fideicomiso en Londres a constituirse con esas divisas sino
directamente a los gobiernos de esas naciones. Otro cambio importante
respecto de ofertas anteriores es que los giros se harían en función del
monto que reclama cada una y no de los dólares que ingresen desde cada
una, como quería inicialmente Kicillof.
Escudados en el pedido de reserva que hizo el propio Club, en el
Palacio de Hacienda se negaron a confirmar ni desmentir el contenido de
la propuesta. Desde el Gobierno sólo dijeron a BAE Negocios que “el
proceso continúa” y que “no hay rechazo de los acreedores, porque si
hubiera un factor que afectara un eventual acuerdo, las discusiones se
cortarían”.
El entendimiento, admiten en el Gobierno, es imprescindible para
volver a tomar deuda (ver aparte). Pero el pliego de condiciones de los
mercados internacionales no se termina allí. Con el Club, además, uno de
los escollos que resta salvar es si el FMI retomará sus supervisiones
periódicas de la economía local, que el Club reclama como garantía y a
lo cual el Gobierno se negó hasta ahora.
El objetivo: u$s 10.000 millones antes de fin de año
El Ministerio de Economía busca volver a emitir deuda este año para
reforzar las alicaídas reservas del Banco Central, que perdieron
u$s2.499 millones sólo durante enero y que no frenaron su desplome con
la devaluación de hace diez días. Para hacerlo, empezó a sondear a
bancos nacionales y extranjeros que podrían acercar ofertas de fondos de
inversión que en los últimos años se mantuvieron lejos de la Argentina,
pero que aceptarían volver a prestarle en caso de que se cumplan una
serie de condiciones. Una de ellas, el meneado acuerdo con el Club de
París.
Hasta el año pasado, la idea de cerrar un entendimiento con el Club
apuntaba a reactivar los créditos subsidiados y ayudas que los gobiernos
de Europa, Japón y Estados Unidos otorgan a sus multinacionales para
hacer negocios en otros países. Esos créditos, por el default, estaban
vedados para emprendimientos en Argentina. Pero en rigor, las mismas
empresas habían cortado sus inversiones por la crisis que azota a esos
países desde 2008. Ahora la meta es otra: reabrir la canilla del crédito
estrictamente financiero para intentar devolver confianza a los
inversores en que el Gobierno no se verá forzado a devaluar todavía más
el peso.
"Antes, los gobernadores opositores hacían marchas federales, ahora
están sometidos al gobierno nacional; antes, los sindicalistas hacían 13
paros generales y paraban el país, en la actualidad, la mayoría son
amigos del gobierno y los que no son amigos hacen asados de verano; en
otras épocas, la soja no valía lo que vale hoy, ni había un viento a
favor en toda América Latina como ahora", agregó.
