Luego de un leve repunte en el inicio de la pandemia, la administración de Sebastián Piñera vuelve a caer a niveles críticos de adhesión, equiparables al peor momento de la crisis de las movilizaciones del 2019.
El último trabajo de la encuestadora Plaza Pública Cadem revela que la adhesión a la administración de Piñera cae al 16%, un punto menos al anterior sondeo. Un rechazo que se extiende a su gabinete: 14 de sus 18 ministros acumulan más rechazo que aprobación. Cae en negativo incluso Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, que habitualmente siempre había sido bien valorado.
Esta encuesta ha sido señalada en numerosas ocasiones desde fuentes cercanas a la oposición como un instrumento propagandístico del gobierno, por lo que el registro difundido alimenta la especulación sobre una situación real incluso más crítica para el gobierno de derecha.
La encuestadora Plaza Pública Cadem ha sido señalada como muy cercana al gobierno de Piñera, de ahí que las cifras que presentó alimenten las especulaciones sobre una caída incluso mayor en la adhesión del gobierno, que ya es el más impopular desde el regreso de la democracia a Chile.
Piñera enfrenta un escenario muy complicado: Al hartazgo social que se expresó en las históricas movilizaciones del año pasado se suma la mala gestión de la pandemia que ubica a Chile entre los países con mayor cantidad de muertos por habitantes.
La crisis obligó a Piñera a cambiar a su ministro de salud y amigo, Jaime Mañalich, luego de sostenerlo pese al fracaso evidente de su estrategia de "cuerantenas inteligentes" que disparó los casos en Chile. Acorralado, tuvo que ceder y poner a la región metropolitana y otras áreas del país en cuarentena estricta, que ya lleva en algunos casos cuatro meses.
Se suma a esto una serie de escándalos de corrupción y tráfico de influencias, que revelan los nexos de Piñera, su familia y varios de sus funcionarios con negocios que debe supervisar el Gobierno. El caso más flagrante es la quiebra de Latam, la antigua Lan Chile, que podría recibir un multimillonario rescate público.
Piñera es un histórico accionista de esta compañía desde sus inicios, en una controvertida privatización durante la dictadura de Pinochet. Si bien el presidente vendió sus acciones a la familia Cueto y recibió al menos 300 millones de dólares, toda la operación es sospechada de irregularidades y abre enormes interrogantes sobre la posibilidad que Piñera o sus allegados se estén enriqueciendo con un rescate con fondos públicos que define él mismo. Un escándalo que llega hasta los hijos del Presidente.
Un cruce de intereses concentrados surgidos al calor de la dictadura pinochetista y perpetuados y acrecentados durante las décadas de democracia, que volvieron a salir a la superficie durante el reciente debate sobre una modificación al sistema de administradoras privadas de fondos de pensión (AFP) para que los aportantes puedan retirar el 10% de sus ahorros para enfrentar la elevada pobreza que está dejando la crisis del Covid. Un debate que dejó muy expuesto a Piñera que se puso personalmente al frente de las negociaciones con el Congreso para impedir la reforma y fracasó.
La iniciativa produjo un quiebra en la coalición que supuestamente lidera Piñera y lo enfrentó con el dirigente de centroderecha con mejor imagen de Chile, el alcalde Joaquin Lavin. Además, de dejar a su ministro del Interior, Gonzalo Blumen, al borde de la renuncia.
De nuevo, la discusión llevó a conectar al actual gobierno con la dictadura de Pinochet. Durante el debate público por la reforma, apareció liderando la defensa de las administradoras, José Piñera, hermano del presidente y creador del sistema como ministro de Trabajo y Previsión Social de Pinochet.
Un caso más que refleja la extrema concentración, hasta familiar, de las elites chilenas. Como se vio en el caso del fiscal general, Jorge Abott, quien decidió sobre las acusaciones de corrupción del caso Penta contra su primo hermano, el poderoso ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Chade, quien por supuesto fue exonerado.
