La llegada del coronavirus mostró distintas recetas para enfrentarlo, en muchos casos con ingentes esfuerzos de los Estados para sostener a los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia.
Con la extensión de la enfermedad en el tiempo, los gobiernos empiezan a ver de dónde sacar recursos adicionales para afrontar la post pandemia y poner de nuevo en marcha las economías nacionales. Y en este intríngulis también las recetas a aplicar se muestran heterogéneas.
En este marco, el World Economic Forum (WEF) plantea un camino de sostenibilidad para Europa que bien podría replicarse en América Latina, con las consabidas diferencias de módelos sociales, políticos y económicos, pero apuntando en el sentido de una mayor progresividad y un rol protagonista del Estado en la formulación y seguimiento de los instrumentos a aplicar.
El organismo que nuclea a representantes empresariales, gremiales y gubernamentales, considera que se debe empezar a reorientar las políticas para tener en cuenta una crisis más larga, en especial las políticas fiscales nacionales.
Reseña que al inicio de la pandemia, el confinamiento fue una herramienta vital para salvar vidas, que llegó de la mano de políticas fiscales que se flexibilizaron sensiblemente para que la capacidad económica sobreviviera una interrupción breve, aunque extrema, y que después la actividad pudiera recuperarse con rapidez. Pero ahora, varios meses después, el apoyo fiscal sigue siendo tan vital como al principio, aunque advierte que las perturbaciones continúan y los recursos serán insuficientes.
En vista de esta realidad, el organismo resalta que "ahora es el momento de anticiparse y volver a revisar cuál es la mejor manera de utilizar un espacio fiscal limitado sin que los futuros contribuyentes tengan que soportar demasiado la carga". Y puntualiza que cuanto más larga sea la caída, mayor será la necesidad de focalizar con atención el apoyo a las empresas y los hogares, sobre todo en los países con altos niveles de deuda.
Opciones
A medida que los países se esfuerzan por responder al impacto económico de la pandemia global, muchos ya han puesto la atención en los sistemas impositivos.
Subir el impuesto a las grandes fortuna o patrimonio de los más ricos por una sola vez, como una especie de "tasa solidaria" frente a la pandemia, es una de las propuestas que deslizaron en las últimas semanas.
En el Reino Unido, el grupo de expertos del Instituto de Estudios Fiscales dijo que los impuestos más altos son inevitables para una gran parte de la sociedad, no solo para los más ricos.
En tanto que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, indicó que su gobierno evalúa introducir impuestos más altos, aunque no en forma de un gravamen de emergencia sino en la forma de una mayor progresividad en el esquema tributario. El presidente ruso, Vladimir Putin, también se mostró a favor de mayores tributos para las personas físicas o jurídicas con mayor capacidad contributiva, destinados puntualmente al sector sanitario.
Arabia Saudita ya decidió aumentar el IVA para compensar los efectos económicos de la pandemia y la caída en los precios del petróleo.
En América Latina, en tanto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), junto a otras organizaciones empresariales e instituciones, propusieron al gobierno de Iván Duque establecer un impuesto a la nómina de sus empresas, para poder ampliar el Ingreso Solidario que alcanza hoy a unos 2,6 millones de hogares, a un millón y medio más de beneficiarios.
El impuesto consistiría, según la propuesta que hizo la ANDI al Gobierno, en una recaudación de los recursos de las empresas a través de una sobretasa de 0,75% sobre la nómina, la cual se les aplicaría por dos años a partir de enero de 2021. "Estamos proponiendo una acción de solidaridad desde el empresariado colombiano hacia las familias con mayor necesidad en este momento que requiere que nos unamos todos en un propósito general que es Colombia", sostuvo Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
En Argentina, en los próximos días podría retomar impulso el proyecto para un impuesto por única vez que se aplicaría a las principales fortunas del país, como forma de recaudar fondos para las políticas contra el coronavirus. Iniciativa que, a diferencia de lo ocurrido en Colombia, no fue bien recibida por el sector empresario.
En Chile en tanto, la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados una iniciativa que generó tanto respaldo como rechazo en la clase política de ese país, y que ahora debe definir el Senado. Se trata de un proyecto que permite el retiro anticipado por parte de los afiliados del 10% del dinero ahorrado en sus cuentas individuales de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). El monto de retiro máximo sería de 4.3 millones de pesos chilenos (5.500 dólares) y el mínimo de 1 millón de pesos (1000 dólares). Todas las personas que tengan cuentas podrían acceder al retiro anticipado de sus ahorros jubilatorios.
De aprobarse, se habilitaría el retiro de unos USD20 mil millones desde las AFP. Sin embargo, no hay definiciones sobre los mecanismos de restitución del dinero. Por otro lado, desde el cuestionado Poder Ejecutivo que encabeza Sebastián Piñera no descartaron un posible veto presidencial o un pedido al Poder Judicial para que declare la inconstitucionalidad de la ley.
