Trump cumple su amenaza y firma la orden ejecutiva
En algún punto intermedio entre la libertad de expresión y el derecho a una información veraz se ubica una ley estadounidense hasta ahora poco conocida y sobre la cual se han erigido las grandes redes sociales tal y como las conocemos ahora. Molesto porque dos de sus mensajes en Twitter han sido etiquetados como falsos, el presidente Donald Trump ha iniciado una reforma de esa ley de internet, que en última instancia puede transformar profundamente y en todo el mundo esas plataformas que han llegado a tener un papel tan predominante en la política, la prensa y la comunicación de hoy en día.
La pregunta que hoy plantean los portavoces de Trump en la Casa Blanca es clara. ¿Por qué se etiqueta como engañosas las opiniones de Trump sobre voto por correo, pero no los mensajes del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pidiendo la destrucción de Israel? ¿Por qué siguen intactos los mensajes de Nicolás Maduro en Venezuela acusando a EE.UU. de promover golpes de estado? ¿Y los de funcionarios y diplomáticos chinos acusando de forma indisimulada a EE.UU. de ser el creador secreto del coronavirus?
El jueves el presidente Trump aceleró la reforma de esas leyes de internet. Durante muchos años, políticos y editores de medios de todo signo han venido pidiendo precisamente eso. En el centro de la polémica está la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, la prehistoria de internet. Esta reza: «Ningún proveedor o usuario de un servicio de informática interactiva podrá ser tratado como editor o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo».
En jurisprudencia norteamericana, esto significa que las redes sociales no son responsables del contenido que se publica en ellas, por falso, injurioso o delictivo que sea. Pueden publicar cualquier cosa, con todos los privilegios y ninguna obligación. No es de extrañar que se hayan escrito abundantes artículos y libros que afirman que la Sección 230 contiene «las 26 palabras que crearon internet».
Hasta ahora había cierto consenso, fuera de Silicon Valley, en que una reforma era necesaria. «Esa sección 230 debería revocarse». Así de claro lo dijo en enero no Trump, sino Joe Biden, vicepresidente entre 2009 y 2017 y candidato a la presidencia este año. En una conversación con «The New York Times», el demócrata afirmó que a la ciudadanía debería preocuparle «la concentración de poder» de esas plataformas. «Debe ser revocada, tanto para [Mark] Zuckerberg [fundador de Facebook] como para otras compañías».
Incontables son los editoriales de la prensa norteamericana que han pedido, año tras año, una reforma de esa Sección 230, uno de los más recientes, el de «The Seattle Times» en marzo, que decía abiertamente que «dado el dominio de algunas plataformas gigantescas, sus fallos de autorregulación y el daño que están causando, es hora de reconsiderar las leyes que les otorgan ventajas. Eso incluye la Sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, que exime a servicios de internet de responsabilidad civil por contenido que otros publican en ellos».
La razón de muchos medios para criticar esa regulación es clara. Cabeceras de todo el mundo llevan largos años regalando sus contenidos a las grandes plataformas de internet, sobre todo a Google y Facebook, y pagan además por ello con el elevado precio de ver su circulación y publicidad dramáticamente reducidas, con efectos catastróficos para el periodismo.
De momento, esa ley se ha modificado una vez, también bajo la presidencia de Trump y la tutela de las dos cámaras del Capitolio, para que las plataformas de internet sean al menos responsables si lo que se publica en sus servidores son mensajes que incitan a la trata de blancas y explotación sexual de menores. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado esa reforma tuvo el apoyo casi unánime de demócratas y republicanos.
Censura partidista
Pero, el problema para una reforma integral que políticos y editores de medios consideran necesaria hace años es que hoy la defiende Trump. El presidente pide reformar la Sección 320 no por solidaridad con la prensa, a la que considera su enemigo, sino para poder denunciar a Twitter por censura contra él y los activistas conservadores que le apoyan.
Sólo si la red social fuera considerada legalmente una editora de contenidos podría quedar probado ante un juez que ejerce la censura. Como suele suceder en la era de Trump en Washington, basta con que el presidente proponga algo para que la oposición se alinee justo en todo lo contrario, como está sucediendo en este caso.
Aun así, el presidente defendió las reformas propuestas en términos que en otra época hubieran sido de consenso en Washington. «Un pequeño puñado de poderosos monopolios de redes sociales controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas en EE.UU. Y sabemos quienes son; no tenemos que nombrarlos», dijo en jueves.
