Hay preocupación por el revés que sufrió el Gobierno en la Cámara. Los posibles escenarios.
El blanqueo de capitales que lanzó el Gobierno en 2016 volvió a entrar en zona de turbulencias. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó este jueves un recurso de la Procuración del Tesoro para evitar que Felipe Solá pueda seguir reclamando la inconstitucionalidad del decreto de Mauricio Macri que permitió a familiares de funcionarios ingresar en el blanqueo de capitales.
La decisión de la Sala V de la Cámara generó ruido y cierta paranoia no sólo en la Casa Rosada, también en el ambiente empresarial (los principales beneficiados por el blanqueo), por las posibles consecuencias que podría traer el proceso judicial en contra del decreto mediante el cual Macri avaló que cónyuges, padres e hijos de funcionarios puedan blanquear activos, pese a que la ley aprobada por el Congreso lo prohibía.
Solá presentó el amparo en diciembre del 2016, pero en marzo de 2017 la jueza María Alejandra Biotti lo rechazó bajo el argumento de que no tenía legitimidad para actuar, ni como ciudadano ni como legislador. La "falta de legitimidad" es una formalidad bastante habitual entre los magistrados para sacarse de encima temas complejos.
Ocho meses después, la Cámara revirtió ese fallo y le dio la razón a Solá, al tiempo que ordenó que se sortee un nuevo juez y que se cite a la AFIP para que intervenga en el proceso. Ante esto el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, presentó recurso extraordinario federal que ayer fue rechazado por la Sala V por considerar que la resolución anterior no es una sentencia definitiva.
Fuentes de la Procuración consultadas anticiparon que se presentarán en recurso de queja ante la Corte Suprema, en rechazo a la decisión de habilitar al diputado Felipe Solá a ser parte del juicio.
En ese sentido, el abogado de Solá, Martín Yañez, aseguró que lo más probable es que el Gobierno presente un recurso de queja ante la Corte Suprema. "Pero ese recurso no tiene efectos suspensivos, por lo tanto debe cumplirse con la sentencia de Cámara. Es decir, se debe sortear un nuevo juez para que entienda en el caso, para que decida", detalló el letrado.
Yañez explicó que la Corte puede aceptar o no el recurso de queja, y no tiene un tiempo para definirlo, por lo que mientras tanto debe seguir el trámite. "Lo más importante es que le reconocieron a Solá la legitimidad para actuar porque muchas veces los casos mueren ahí", comentó el abogado. "El próximo juez debe decidir, debe fallar, no se puede escudar en que Felipe no tiene legitimación", agregó.
El objetivo ahora de Solá es que la Justicia determine que el artículo 6 del decreto 1206/2016 (de reglamentación del blanqueo) es inconstitucional porque contradijo el espíritu de la ley aprobada por el Congreso. ¿Pero qué efectos podría tener esto en la práctica?
El Gobierno en sus presentaciones judiciales sostuvo que el blanqueo ya se cerró y quienes ingresaron tienen derechos adquiridos, por lo que no se podría volver para atrás. En cambio, Yañez sostuvo que la AFIP cuenta con los medios técnicos suficientes para retrotraer la situación en cada caso y, si corresponde, multar o sancionar a los familiares que hayan logrado blanquear activos gracias a ese decreto.
"Si resulta que el decreto es anticonstitucional, la AFIP tiene que cobrarle a todos los parientes incluidos en la ley como prohibidos. Es mucha plata, es la plata que les robaron a los argentinos. Si ganamos esto vamos a poder saber quiénes son los familiares", declaró por su parte Solá.
Yañez admitió que ese objetivo es bastante complejo y aún si la Corte les diera la razón, podría derivar en múltiples juicios de los beneficiados. Pero también tiene un costado político relevante y es sentar un precedente sobre este tipo de maniobras mediante la reglamentación de leyes. "Que no sea tan fácil que con un decreto se altere o modifique el espíritu de la ley", resumió.
