Donald Trump abre la puerta para reforzar los controles sobre la venta de armas, tras la enésima matanza escolar en Florida por las crecientes protestas de los estudiantes, que hoy por primera vez aparecieron frente a la Casa Blanca.Se trata de un anticipo de la "marcha por nuestras vidas" prevista para el próximo 24 de marzo en Washington y en otras ciudades estadounidenses, que podría dar vida a un movimiento similar a aquel de #Metoo.
En tanto otras circunstancias inquietantes surgen sobre Nikola Cruz, el joven de 19 años que la pasada semana mató a 17 estudiantes y docentes de su ex escuela de Parkland: en el último año habría comprado legalmente hasta 10 fusiles, pese a sus conocidos problemas mentales y de comportamiento.
El fiscal de Florida, Michael Satz, ya anticipó que no excluye pedir la pena de muerte para el joven, que reapareció ante el tribunal por una audiencia procesal, mientras su abogado informó que podría declararse culpable para evitar la pena capital.
"Mientras las discusiones están en curso y las revisiones son examinadas, el presidente está apoyando los esfuerzos para mejorar el sistema federal de los controles" sobre quienes compran un arma, declaró la Casa Blanca, anunciando el primer y tímido cambio de Trump sobre las armas.
El magnate habló el pasado viernes con el senador republicano John Cornyn sobre el proyecto de ley bipartidista que presentó junto a su colega demócrata Chris Murphy.
Una medida cuyo objetivo es sumamente limitado, es decir mejorar la base de datos de los controles obligando a las agencias federales a que comuniquen cualquier delito al Sistema Nacional de Comprobación de Antecedentes.
Además, crearía incentivos para que los estados también lo hagan, algo a lo que no están obligados, ya que el Congreso no tiene poderes vinculantes sobre los mismos.
Esa falta de universalidad en los datos es un coladero para que muchas personas puedan lograr un arma pese a tener causas criminales detrás.
Y las agencias federales en el pasado fueron inobservantes, como lo demostró la masacre de Las Vegas en octubre pasado, cuando un hombre disparó indiscriminadamente desde la habitación de un hotel a un multitud que participaba de un espectáculo musical, matando a 58 personas.
Aquel fue el tiroteo más sangriento de la historia estadounidense. Le siguió a las pocas semanas, en noviembre pasado, una matanza de más de 20 feligreses en una iglesia de Texas.
Por el momento, el proyecto de ley no prevé el anuncio de armas de asalto o la limitación de los cargadores de alta capacidad. Y ni siquiera el "bump stock", el dispositivo usado por el asesino de Las Vegas para modificar las armas semiautomáticas, que una compañía tejana promovió hoy en ocasión del "día del presidente" con un descuento del 10% utilizando el código de cupón Maga, el acrónimo del eslogan de la campaña electoral de Trump "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande".
El derecho a tener armas de fuego está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense y los ciudadanos no lo discuten, aunque las encuestas del Pew Research reflejan que la mitad de la sociedad sí está de acuerdo de incorporar cambios regulatorios que restrinjan el acceso en algunos casos.
Esta apertura de Trump es entonces menos reprochable y, en todo caso, está subordinado al voto de un Congreso mantenido bajo control por la ANR, el poderoso lobby de armas que también financia a los demócratas. Pero parece esencial enviar una señal a la creciente protesta estudiantil, una verdadera innovación en el debate sobre las armas en Estados Unidos. Se percibió hoy cuando cientos de estudiantes de la capital se reunieron frente a la Casa Blanca para una demostración silenciosa pero de gran impacto emotivo.
Antes fueron leídos los nombres de las 17 víctimas de la escuela de Parkland, luego los jóvenes se tumbaron al suelo fingiendo estar muertos. "¿Seré el próximo?", decía uno de los carteles. "Bienvenidos a Estados Unidos, donde los niños se convierten en adultos porque los adultos no quieren serlo", decía otra inscripción.
Todos están de acuerdo en apuntar el dedo contra la NRA, que financió la campaña electoral de Trump con más de 30 millones de dólares, y en pedir una reforma de la ley sobre las armas.
