Como decía el maestro de periodistas Miguel Ángel Bastenier hace 20 años en EL PAÍS, a Benjamín Netanyahu lo único que le interesa es el poder. Entonces ocupaba por primera vez el cargo de jefe de Gobierno, en un convulso periodo tras el asesinato de Isaac Rabin que se prolongó de 1996 a 1999. Suele achacar a la prensa y a la Administración, que considera infestadas de izquierdistas, el fracaso de su primer proyecto político conservador.
Tuvo que esperar una década antes de regresar a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, que no ha abandonado hasta ahora después de tres victorias electorales consecutivas. Su ambición no oculta es superar los 13 años de mandato que David Ben Gurion, padre fundador del Estado de Israel, acumuló en el cargo. Un objetivo que puede consumar al concluir la vigente legislatura, a finales del año que viene, si la justicia no lo impide. Pero Netanyahu acaba de sufrir el mayor revés para sus expectativas de permanencia en el poder con la recomendación policial de que sea imputado por fraude y cohecho en dos investigaciones.
Carga de profundidad
El informe hecho público el martes por la brigada anticorrupción es una carga de profundidad para el prestigio moral del mandatario, aunque no acarrea consecuencias penales. Solo el fiscal general, Avichai Mandelblit, puede acusarle formalmente. Este jurista militar fue secretario del Gobierno de 2013 hasta 2016, cuando el primer ministro le puso al frente del ministerio público.
Los indicios recopilados durante más de un año de pesquisas e interrogatorios están documentados en dos investigaciones. La del caso 1.000 sostiene que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de chequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales.
También ha sido recomendada su imputación por el llamado caso 2.000, que sondeó las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales para favorecer la circulación de rotativo.
La Bolsa de Tel Aviv cerró ayer con ligeros avances. Los mercados celebran que la coalición de Gobierno de seis partidos (conservadores, ultraortodoxos, nacionalista) no se vaya a desmoronar. El ministro de Educación, Naftali Bennett, y el de Hacienda, Moshe Kahlon, garantizaron que sus respectivos partidos seguirán apuntalando al jefe del Gobierno.
Netanyahu lo sigue negando todo. En su primer acto público tras la recomendación policial garantizó la estabilidad del Gabinete y tachó el informe enviado a la fiscalía de “documento lleno de agujeros como un queso suizo”. El primer ministro tiene previsto seguir con su agenda. Este fin de semana acudirá a la conferencia de seguridad anual de Múnich. “Su reacción está siendo correcta. La ley solo le obliga a dimitir si es encausado”, alega el analista político de Haaretz Yossi Verter, “pero aunque no sea el fin, es el principio del fin”.
Si le alcanza el torpedo de las comisiones por la compra de submarinos alemanes en su línea de flotación política puede verse en serio peligro de zozobrar. Agentes anticorrupción detuvieron en noviembre a Isaac Molcho —asesor y emisario especial de Netanyahu desde 1996—, para interrogarle sobre el llamado caso 3.000, la compra de submarinos alemanes para la Armada sobre la que pesan sospechas de amaño en la adjudicación y tráfico de comisiones ilegales.
Los agentes indagaron también si estaba al corriente de que el letrado David Shimron, su cuñado y socio de bufete, tenía como cliente al representante de los astilleros ThyssenKrupp en Israel, Mickey Ganor. Este intermediario ha declarado que Shimron —primo y abogado personal de Netanyahu—, medió para que se adjudicara el contrato de los sumergibles a la naviera alemana por más de 1.000 millones de dólares, y recibió una gran comisión.
