Más allá de las siete preguntas, estará en juego buena parte del futuro del Ejecutivo de Lenín Moreno y del devenir del ex presidente Rafael Correa, feroces rivales y fervorosos promotores del Sí y del No, respectivamente
Una mujer vota en un geriátrico; ayer empezó la consulta en cárceles, hospitales y residencias de jubilados.
Los poco más de 13 millones de ecuatorianos participarán hoy del referéndum constitucional y de la consulta popular convocados por el Gobierno, en los que, más allá de las siete preguntas puntuales, estarán en juego buena parte del futuro del Ejecutivo de Lenín Moreno y del devenir del ex presidente Rafael Correa, convertidos en feroces rivales y en fervorosos promotores del Sí y del No, respectivamente.
Moreno impulsa el Sí en las siete preguntas que integran su consulta, y que incluye cuestiones como la lucha contra la corrupción, la eliminación de la reelección indefinida y las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que designa a las autoridades de control. Las preguntas también abarcan temas como la plusvalía y la protección del ambiente y minería, y busca declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad.
Sin embargo, lo que se mide en el fondo es la profunda zanja marcada entre el ex presidente Correa, que encabeza una suerte de coalición por el No, y su sucesor y ex aliado Moreno, que con el referéndum consiguió encolumnar detrás del Si a 36 organizaciones y partidos.
Sindicatos, partidos de izquierda y de derecha y hasta organizaciones empresariales respaldan la consulta, más bien porque suponen que un triunfo del Sí constituiría un golpe a todas vistas irremontable para las eventuales aspiraciones electorales de Correa, que gobernó el país de enero del 2007 a mayo del 2017: si el Sí se impone en la pregunta que busca limitar la chance de reelección a una sola vez, lo dejaría afuera de una nueva postulación.
Correa no solo llama a votar No (aunque hace especial hincapié en tres preguntas) sino que, más aún, considera a la consulta absolutamente inconstitucional, al no contar con el visto bueno de la Corte Constitucional que debía dar vía libre al referéndum. Mediante los Decretos Ejecutivos 229 y 230, el presidente Moreno convocó a una consulta popular y referéndum sin esperar el dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas, requisito fundamental, no discrecional. Durante la campaña, que terminó el jueves por la noche, el ex mandatario fue víctima de nuevas denuncias judiciales en su contra y de ataques físicos que sufrió en algunas de las ciudades que visitó para impulsar a la ciudadanía a votar negativamente.
La relación entre Moreno y Correa marcó a pleno el camino a la consulta: hubo entre mandatario y antecesor primero frialdad, después enojo, más tarde serios cuestionamientos cruzados y ahora simplemente una distancia abismal y acusaciones de traición hacia un lado y de corrupto hacia el otro.
En lo formal, el paso de los ciudadanos ecuatorianos por las urnas responde a un referéndum, que implica modificar la Constitución y que incluye cinco preguntas, y una consulta, que suma los dos interrogantes restantes que modifican o derogan leyes menores. Las dos más polémicas, sin embargo, son las de la reelección y la referida a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La reforma constitucional de Montecristi, en 2008, habilitó una única reelección, pero una enmienda del Congreso de diciembre del 2015 habilitó la reelección indefinida, aunque Correa no hizo uso de la chance de volver a postularse. En uno de los mensajes que acompañaban a los spots en la campaña por el No se leía: “La releeccion indefinida no existe, lo que existe es la postulación. Postularse no es sinónimo de ganar una elección. Eliminar la postulación indefinida es ponerle freno a nuestros derechos como ciudadanos”.
En cuanto a la otra pregunta en cuestión, en Ecuador, además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se agregaron justamente en la reforma del 2008 los poderes de Transparencia y Control, y el Electoral. Dentro de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está la de designar al procurador general, a todos los superintendentes, al defensor del pueblo, al defensor público, al fiscal general, al contralor general, a los miembros del Consejo Nacional Electoral y a los miembros de la Corte Constitucional, entre otros. Por eso para el correísmo la pregunta apunta a que el Ejecutivo se apodere del cuerpo, ya que le otorga competencias que el actual Consejo de Participación no tiene, porque la fiscalización de autoridades de control le corresponde a la Asamblea Nacional.
La campaña permitió también que se perfilaran algunas plataformas políticas, junto con sus respectivos líderes. Por ejemplo, Libertad es Pueblo y Democracia Sí son encabezados por Gary Moreno, hermano del mandatario, y por Gustavo Larrea, amigo, respectivamente. Las dos fuerzas ya anunciaron que buscarán convertirse en partidos políticos.
Como observadores internacionales actuarán misiones de la Unasur, de la OEA, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés). La misión de observación electoral de la Unasur desplegó una treintena de expertos en las jurisdicciones andinas de Pichincha y Azuay; las costeras de Manabí, Esmeraldas y Guayas; y en la amazónica de Orellana, consideradas representativas de todo el país, integrado por 24 provincias.
Segundos afuera
Moreno asumió el cargo intentando desmarcarse de Correa con un gobierno de “mano extendida” que lo llevó a reunirse con la oposición tradicional conservadora y los grandes medios privados.
Correa y Moreno, protagnistas de una disputa política que se dirimirá con el referéndum.
El referéndum de hoy en Ecuador es el último round de la pelea entre dos ex aliados, el presidente Lenín Moreno y su antecesor Rafael Correa, que comenzó el año pasado al poco tiempo de asumir el mandatario.
El 2 de abril de 2017, Moreno y Correa celebraron en un acto en Quito la victoria electoral, abrazados y entre cánticos, y, con ella, la continuidad de la Revolución Ciudadana, el proyecto socialista que el ex presidente promovió en el país desde 2007.
El 24 de mayo, Moreno asumió el cargo intentando desmarcarse del ex presidente al proclamar un cambio de estilo, austeridad y lucha contra la corrupción. Se mostró liderando un gobierno de “mano extendida” que lo llevó a reunirse con los archienemigos del ex mandatario, entre ellos la oposición tradicional conservadora y los grandes medios privados. El 10 de julio Correa partió a Bélgica con su familia, no sin antes lanzar duros reproches en Twitter contra Moreno, al que tildó de traidor y mediocre.
El 28 de julio, en un discurso que brindó al país, el Presidente acusó a su antecesor de haber derrochado la extraordinaria renta petrolera recibida durante su gobierno y de haberle dejado un país sumamente endeudado, en una situación crítica, con un déficit fiscal cercano a cinco por ciento del PBI. Enfurecido, Correa, que atribuye la delicada situación de la dolarizada economía a la prolongada caída del crudo y a la devaluación de las monedas de los países vecinos, aseguró que Moreno está preparando un “paquetazo” de medidas económicas, obedeciendo los dictados de la oposición.
Poco tiempo después, el mandatario arremetió contra el jugador más fuerte del correísmo dentro del gobierno: el re-elegido vicepresidente Jorge Glas, quien públicamente acusó al gobernante de aliarse con la oposición. El 3 de agosto Moreno despojó de sus funciones a Glas, que arrastraba denuncias de corrupción en su contra. “El dedo apunta cada vez más hacia usted”, sentenció antes de que la justicia vinculara al funcionario en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Aún en el cargo, Glas pasó a prisión preventiva el 2 de octubre y enfrentó un juicio por asociación ilícita. La justicia lo sentenció el 13 de diciembre a seis años de prisión y el 3 de enero perdió su puesto por ausencia definitiva.
Correa argumentó que el presidente usaba la lucha contra la corrupción como pretexto para desprestigiar a su gobierno y consideró a Glas un “preso político”.
La pelea entre los fundadores del partido Alianza País (AP) se trasladó a la Asamblea Nacional. El oficialismo, mayoritario en la Asamblea, se fracturó cuando el ala correísta destituyó a Moreno de su cargo de presidente de AP el 31 de octubre. La decisión fue desconocida por el ala morenista, que recibió el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) al ratificar a Moreno en el cargo dentro del partido. Los correístas terminaron desafiliándose de AP con la firme intención de crear una nueva organización, de cara a los comicios regionales de 2019.
El 29 de noviembre Moreno convocó a un referendo de siete preguntas, tres de las cuales abiertamente anticorreístas, sin esperar la aprobación de la Corte Constitucional. Al día siguiente Correa, que tildó al referéndum de inconstitucional, se proclamó como el principal opositor. El ex presidente, que había vuelto al país el 25 de octubre para intentar resolver la crisis institucional de AP, inmediatamente comenzó a liderar la campaña por el No, durante la cual ha acusado al gobierno de Moreno de buscar involucrarlo en presuntos actos de corrupción para inhabilitarlo políticamente.
En Ecuador, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y optativo para los menores de entre 16 y 18 años. Para mañana se montarán 35.108 juntas receptoras de votos, que estarán abiertas de 7 a 17 (9 a 19 de Argentina).
