El próximo 24 de enero el ex-presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, será juzgado por el Tribunal Regional Federal de la 4ta. Región (TRF-4), en Porto Alegre, en el caso conocido como “Lava Jato”, en el que ya recibió una primera condena, por parte del juez Sérgio Moro. El caso, en términos formales, se resume en la acusación de que Lula habría recibido un triplex de 200 metros cuadrados en la ciudad de Guarujá, litoral paulista, de manos de la empresa de construcciones OAS (que figura y figuró siempre como dueña del inmueble), a cambio de adjudicarle 3 contratos con la Petrobras, durante el período en que fuera presidente de la nación. La condena es por lo menos polémica, porque el nombre de Lula no está en ninguna escritura del triplex –por eso, se le adjudica la “propiedad de hecho”, para la cual tendría que haber pagado, por años, impuestos del condominio- y tampoco tenía cargo en Petrobras, cuestión requerida para que pueda atribuírsele el delito de “corrupción pasiva”, que -según la ley brasilera-, es cuando un funcionario recibe bienes o dinero indebido a cambio de decisiones tomadas en función del cargo público que ocupa. Si se le atribuyera a Lula el crimen por el mero hecho de haber sido presidente, debiera mostrarse alguna prueba de cómo influyó sobre el Consejo de Administración de Petrobras, de modo de favorecer a OAS en las obras de construcción civil.
Según el Frente Brasil de Juristas pela Democracia, aun cuando Lula fuese condenado también por el Tribunal de la 4ta. Región, su candidatura a la presidencia seguiría vigente, hasta que, luego de la fecha de presentación de las fórmulas, el 15 de agosto, corran los 5 días dentro de los cuales deben presentarse impugnaciones. Éstas se harían según la ley de “ficha limpa” (o no tenencia de procesos judiciales para acceder a cargos públicos) (1). En ese caso (y aún en ese caso), el Tribunal Superior Electoral (TSE) debiera decidir sobre la legalidad o no de la candidatura a la que Lula se lanzó –o fue lanzado- hace meses.
Pero, cualesquiera sean los pasos a dar, el nivel de alarma en el activismo de izquierdas de Brasil por lo que puede suceder, ha llevado a una previsión de actos y demostraciones para el próximo 24, adecuados a la expectativa de una condena. Porque, dado el nivel de judicialización de la política brasilera, la crisis institucional radical de la que la ilegitimidad de Temer es una señera muestra y la reorganización en curso de las relaciones económicas que estos dos factores anteriores habilitan, es altamente probable que Lula sea condenado y luego excluido de la carrera por la presidencia. Se impediría así que el candidato con más intención de voto, que ganaría a todos los posibles contrincantes en segunda vuelta, no pueda competir (2). Y que la democracia brasilera, en estado de pendiente desde la asunción de Temer, conozca además la proscripción del liderazgo más resonante desde su recuperación.
El caso “Lava Jato” y la posición de Brasil como modelo o adelanto de cierta recomposición de las derechas del continente (con políticas que van desde la reforma previsional a la reforma laboral, pasando por la concentración mediática y la marginación de presupuestos básicos del Estado de derecho), ofrece algunos incentivos a pensar, desde la Argentina, que precisarían más desarrollo que el que van a tener aquí:
-En primer lugar, la utilización de la lucha contra la corrupción como argumento que habilita un protagonismo político cada vez mayor del Poder Judicial. El énfasis en la corrupción –real o como discurso- vertebra la oposición a los gobiernos petistas, desde el “mensalão” de 2005 –el cobro de sobresueldos-, hasta hoy. Y aún cuando en la Argentina suele decirse que el “Lava Jato” ha horadado tanto a políticos de izquierda como de derecha, lo cierto es que Lula fue el objetivo principal desde el inicio del caso, tanto como para que el proceso se lea, en el mismo Brasil, como una guerra personal del juez Moro contra él (a punto de ser ganada -por el juez-) (3). Ese protagonismo del Poder Judicial es tutelar y moralizador, anti clase política (pero no externo a la política) y los efectos sobre el sistema en su conjunto pueden observarse en la candidatura de personajes antisistema como Jair Bolsonaro (no casualmente, el único frente al cual Lula, en segunda vuelta, tendría menor porcentaje de votos). Este cada vez mayor protagonismo político del Poder Judicial –una judicialización de la política de larga data en Brasil y que el PT promovió, cuando era oposición- puede significar o no su autonomización, pero, en este caso, fue funcional a la reorganización económica del país, en detrimento de los derechos de las mayorías y erosionador del sistema político en su conjunto –y del PT, en particular-. Actuó para barajar y dar de nuevo.
-La predominancia sobre la población de la corrupción como tema central de la política, es un indicador de la hegemonía de las clases medias en la articulación de la escena política. Pero va más allá de eso. De hecho, el tema o bien vertebró las movilizaciones callejeras opositoras en Brasil, como también sirvió para erosionar las bases de apoyo petistas. Su poder elude incluso obvios razonamientos económicos: la obligación a que se devuelva a Petrobras el dinero de los sobornos y demás es una ínfima parte de lo que la empresa perdió en todo el proceso e incomparable con lo que entregó –básicamente, se delegó en manos extranjeras la explotación de la plataforma pre-sal, prohibido por ley antes de todo esto- (4).
Sin embargo, cuándo la corrupción prende como tema y cuándo no, debe ser analizado mejor y en cada caso, antes de subsumir todo en el paraguas de la ignorancia de la supuesta influencia todopoderosa de los medios de comunicación –que la hay, la hay, pero…-. Si la corrupción se entendiera como un umbral respecto del cual la prosecución de ciertos intereses privados se concibe como patológica en la esfera pública, debe analizarse cómo y por qué ese umbral varía en cada caso, qué intereses privados se aceptan en esa esfera y cuáles no, qué grado de penetración del capital y de qué tipo supone, etc. Es decir, por qué se toma como corrupción la supuesta apropiación de una empresa como Ciccone, en la Argentina, y no la constitución de sociedades privadas para comprar deuda pública, emitida en virtud de decisiones tomadas por el mismo funcionario que constituye esa sociedad, es algo que lleva a pensar a la corrupción como una construcción de significado social variable, pero también como indicador de la penetración de cierta “moral del capital”, que indica que algunas acciones económicas son aceptadas como válidas y otras no y que son válidas si las implementan unos y no otros. Hay allí algo que indagar.
-Un poder corrosivo tan grande del tema corrupción sobre la opinión pública es un indicador del grado de crisis política, pero también de la percepción desfavorable de una situación económica, de modo tal que se hayan abierto las posibilidades de escucha para que ese tema aparezca como el núcleo común denominador de la desconfianza y la insatisfacción con todo el sistema. En otras palabras, resulta menos creíble que la corrupción fuera el tema central, con una economía popular pujante. Debe recordarse que las movilizaciones en las grandes ciudades en Brasil se dieron en ocasión a un reclamo por el aumento del transporte y que esas movilizaciones fueron, sin dudas, muy mal elaboradas por el PT.
-Al compás del “Lava Jato” y del vacío político que genera –del cual Temer es un afluente- se da un rearmado económico claramente regresivo: la entrega del pre-sal; una reforma laboral que hace el esclavismo una opción cuasi legal (sólo si se ata al trabajador, éste es, para la ley, un trabajador esclavo, dixit), que destruye la ley de trabajo como piso de referencia y posibilita la contratación por horas; el congelamiento por 30 años del presupuesto estatal en un país con necesidades sociales evidentes; la financiarización absoluta de la economía popular –ya promovida en tiempos petistas-, son medidas que se aprueban con un congreso viciado y un presidente fraudulento. Es decir, son medidas que se aprueban con un vacío de legitimidad política, en medio del supuesto ejercicio republicano de un Poder Judicial que, en su accionar, se disocia de lo decidido por la política electoral democrática y permite con ese mismo accionar que se habiliten políticas públicas que tuercen la dirección económica, al margen de cualquier control.
-La corrupción es el instrumento de estructuración de un campo político discursivo donde los gobiernos populares y sus bases de apoyo en general tienen escasas capacidades de argumentación –para decirlo más claro, donde tienen todo para perder. Por su mismo discurso histórico, por los contenidos valorativos que ponen a andar los activismos y los gobiernos populares, la corrupción impacta directamente, mucho más si esa corrupción es real y mucho más que lo que lo haría sobre las derechas. Si algo ayuda a frenar la crisis de todo el sistema político, en el caso Lula, es que es un su proceso es claramente polémico y él sigue siendo el líder más popular de Brasil. No era así con Dilma, a quien no se le comprobó nada y, sin embargo, no se la defendió como merecía, porque su popularidad era paupérrima. También Temer sería el mismo caso, si en lugar de ser quién se sacrifica en pos de la reestructuración de las derechas –“aprovecho mi impopularidad para hacer lo que Brasil necesita”, dijo-, hubiera elegido ser el continuador de las políticas por las cuales fuera inicialmente votado como vicepresidente. Si hay corrupción –real o verosímil-, los gobiernos populares tienen todo que perder, los activismos quedan vacíos de discurso, con escasa capacidad de defensa y mermadas sus bases. Nada que hacerle, son los problemas de hacer una política que nunca se desprende del todo de la moral. Incluso el PT puede ser el productor de su propia condena, cuando reemplazó el discurso clasista de los ‘80 por un reclamo mucho más centrado en la ética política, en los ‘90. Cuando el eje del discurso político es la oposición a la corrupción, como instrumento contra los gobiernos populares y esa corrupción es verosímil –ni siquiera hablamos de que sea real, sino creíble- su poder de destrucción de los apoyos es grande y los efectos de endogamia sobre el discurso que produce y de sobreinformación que se precisa para contrarrestarlo, también. Todo pérdida. Por eso es comprensible que la corrupción sea siempre el caballito predilecto de cualquier discurso de derechas: su poder de penetración en la opinión pública es alto y su poder de destrucción, también.
Si Lula fuera condenado en segunda instancia y finalmente excluido, la crisis de representación política y la agonía de la democracia brasilera será aún mayor. Es, hoy, muy grande. Significaría para un partido golpeado y en crisis como el PT -y para Lula en particular-, quedar afuera de una elección con altas chances de ganar. Un nuevo escenario se abriría y el intríngulis es cómo leerlo y qué hacer. Si el PT decide apostar a la movilización en las calles para forzar evitar la prisión de Lula y/o su salida, debe contar con que esas movilizaciones efectivamente se darán y no sólo serán lo suficientemente numerosas, sino también capaces de franquear la inmensa distancia que hay entre el Planalto y la plaza. Otra posibilidad es intentar reunificar las diversas y múltiples candidaturas de la izquierda que se presentarán en 2018 y llevar a todos los sectores a pensar estratégicamente cómo cambiar el rumbo, al armar un hasta acá improbable frente político unificado. Desplazado el liderazgo de Lula de la candidatura, pero no de la escena, podría ayudar a elevar a un otro en ese rol y rearmar los apoyos y las estructuras partidarias. La pregunta es si los porcentajes de popularidad serán trasladables, de modo de crear un/a candidato/a que suene como su elegido/a –si pudiera crear un Frondizi, para decirlo en nuestros imaginarios-. Las dos opciones tienen su lado b: quedarse apostando a horadar el sistema sin lograrlo; apostar y perder. O también puede darse la fragmentación total de las opciones electorales.
Por más injusto que suene, poner el eje en ganar de alguna forma en octubre de este año y no cerrarse en Lula puede ser la mejor forma de responder –no la única, sino la única optimista imaginable- a su probable proscripción. Lo que pase en Brasil, no queda circunscripto a Brasil.
(1) https://www.brasildefato.com.br/2018/01/11/brasil-de-fato-publica-tabloide-especial-sobre-julgamento-de-lula/
(2) Según la consultora Vox Populi, en su medición de diciembre, Lula llegaría en la elección de octubre de 2018 al 45%, en primer turno, frente a candidatos como Marina Silva (Red Sustentabilidad), Gerardo Alckim (PSDB), Jair Bolsonaro (Partido Social Cristiano) o Ciro Gomes (PDT), y a un 50% con cada uno de ellos en segundo turno, salvo con Bolsonaro, donde ascendería a un 49%.
(3) http://justificando.com/2018/01/12/construcao-do-caso-lula-chocante-parcialidade-do-juiz-moro/
(4) Las aguas marinas ultraprofundas del litoral sudeste brasileño, frente a las costas de los Estados de San Pablo y Río de Janeiro, guardan reservas de hidrocarburos en rocas calcáreas, situadas bajo un estrato de sal, llamado la “capa pre-sal”. Allí se han descubierto reservas de petróleo y gas de aproximadamente 40.000 millones de barriles y se estima que hay 176.000 millones no descubiertas, según cifras del Instituto Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro. Esta reserva equivale a cinco años del consumo mundial del recurso, con la ventaja de que su costo de extracción es muy bajo. Hasta octubre de 2017 y por una ley de 2010, dictada bajo el gobierno Lula, Petrobras tenía el monopolio de la explotación, con un 30% de participación obligatoria. Esta ley se modificó, derogando el porcentaje favorable a la empresa pública y habilitando la participación de aquí en más de las multinacionales de energía.
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