Carrió, Sanz y Macri, en otros tiempos Cambiemos parece haber agotado todo el capital político que ganó con su victoria en las legislativas de octubre pasado, en tan sólo dos meses. Las dos jornadas de violencia frente al Congreso de la Nación por la aprobación de la reforma previsional sumado a un cacerolazo y el accionar de la oposición parlamentaria, aturdieron al Gobierno nacional. El nuevo cálculo para la actualización de los haberes jubilatorios cayó mal en la sociedad. Luego se sumaron los anuncios de que no se cumplirán las metas inflacionarias y los aumentos en los servicios públicos. Todo le habría costado unos 10 puntos de imagen positiva a Mauricio Macri que ahora intenta remontar en el inicio del año.
El efecto diciembre tiene más consecuencias. El Gobierno insistió con abrir el Congreso en febrero para sancionar la reforma laboral, pero ya no encontró ánimo suficiente en el Bloque Justicialista de la Cámara de diputados que fue clave para sancionar la reforma previsional.
Menos eco tuvo en el Senado, donde Miguel Pichetto tiene la llave del quórum y supedita el debate al apoyo de la CGT.
Pero más interesante es el silencio de los propios aliados del PRO: la UCR y la CC-ARI de Elisa Carrió. Casi no se los escuchó reclamar por la reforma laboral, que terminó siendo postergada para después de marzo sin fecha cierta. El mundo sindical está demasiado alborotado.
En la Casa Rosada fueron comunicados que hacía falta más tiempo para volver a restaurar los vínculos creados con el peronismo dialoguista, sin ellos es imposible para el Gobierno sacar cualquier ley ya que el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.
En el Gobierno decidieron entonces que el llamado a extraordinarias podía contener otros proyectos como la reforma política y la boleta única electrónica o la reforma del Ministerio Público. Tampoco hubo buena recepción a esos temas.
Ante los desplantes, Macri no dudó en apelar a los Decretos de Necesidad y Urgencia. Lo intentó hacer de manera temeraria en diciembre cuando veía que se frustraba la reforma previsional. Sólo Elisa Carrió logró disuadirlo de esa decisión. Claro que prácticamente tuvo que amenazarlo con considerar inconstitucional esa medida y apartarse de la alianza Cambiemos.
Ahora volvió a apelar a los DNU para imponer una reforma del Estado que la oposición ya denunció en la Justicia y amenaza con rechazar en el Congreso, donde si todas las bancadas se unen podrían lograrlo.
El PRO parece haber tenido en cuenta en diciembre que las dificultades en el parlamento continuarían en el 2018, por eso se apuró a integrar la Comisión Bicameral encargada de analizar los decretos presidenciales, con mayoría propia –o al menos en empate con la oposición-, incluido el titular del cuerpo que sería el radical aliado Luis Naidenoff.
La intención del Gobierno quedó manifiesta: gobernar por decreto es una vía válida. Pero otra vez el radicalismo y la CC-ARI no acompañan públicamente esa decisión que ya se vio plasmada en el decreto de “desburocratización” del Estado.
Tampoco los dos aliados del PRO en Cambiemos salieron a defender otro DNU polémico: el que prácticamente deroga la paritaria nacional y le quita representación a la Ctera. El tema fue llevado por el sindicato a la Justicia nacional e internacional.
A pesar de ese contexto de aliados en silencio y distantes, el macrismo piensa en las candidaturas del 2019 con la idea de llevar a hombres y mujeres del PRO en la cabeza de todas las boletas donde sea posible. Pero para eso seguirá necesitando del radicalismo y su estructura fundamental y en el respaldo moral de Elisa Carrió.
El principal problema es con los radicales. El sector alineado con el PRO quiere poner el candidato a Vicepresidente en 2019 y ampliar el número de bancas, provincias e intendencias en su poder. Pero en su seno gravitan también quienes pretenden alejarse de la alianza Cambiemos y que imposibilitan que el oficialismo se imponga en provincias clave.
