El cierre de la planta de hilados de Sedamil en Trelew expone la estrategia de grandes empresas del sector textil de reemplazar producción nacional por material importado. Esa decisión dejó en la calle a 107 trabajadores. La firma continúa con su otra actividad principal, la tintorería de tejido de punto, pero abandona un área en la que consideró que no tenía margen para competir con productos que llegan desde países asiáticos a un costo muy inferior. De hecho, se sumó a la corriente importadora para abastecer a sus otras producciones manufactureras. Entre ellas, la confección de la nueva camiseta de la selección argentina de fútbol, que ahora se hará con hilos importados. A fines de agosto las autoridades de Sedamil lo habían advertido en una reunión de emergencia con funcionarios del Ministerio de Producción que conduce Francisco Cabrera. Allí buscaron por última vez un compromiso del gobierno nacional para resguardar el centenar de puestos de trabajo que estaban en riesgo desde hacía más de un año por el cambio de orientación de la política económica, que puso contra las cuerdas a esa y a muchas otras fábricas del rubro textil. El intendente de Trelew, Adrián Maderna, y el ministro de Producción de Chubut, Pablo Mamet, participaron del encuentro, encabezado por Guillermo Acosta, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Producción nacional. El resultado de la gestión está a la vista.
Sedamil era junto a TN Platex, Tipoiti y Avellaneda una de las mayores fabricantes de hilados de algodón en el país. Sus productos estaban catalogados en la línea premium y tenía a Adidas como principal cliente, hasta que la marca alemana decidió reemplazar producción local por bienes importados y precipitó su crisis. En el área de fibras sintéticas, Mafissa controla el 50 por ciento del mercado. Esta empresa también canceló la elaboración de los hilos más costosos para traerlos del exterior, en una dinámica que se extiende a la mayoría de las compañías. No es casual que las productoras de hilados sean las primeras en achicarse, dado que es un insumo básico de la industria textil. La importación de indumentaria y de telas las golpea de manera directa. Como lamentan en el sector, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Pero en este caso la crisis no termina allí, sino que alcanza a los otros segmentos del rubro. El ingreso de confecciones, por ejemplo, avanzó 25 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año anterior, según informó la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria. Esto provocó la pérdida de 3325 puestos de trabajo registrados y de unos 30 mil informales. La zona de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, está acusando duramente este impacto, por ser uno de los polos productivos que mayor formalización presenta de sus trabajadores. El mensaje del Gobierno que decodifican los empresarios es que para competir con países asiáticos tienen que profundizar la precarización laboral.
Industriales textiles admiten que la experiencia de los ‘90 los lleva a intentar asegurar la continuidad de los negocios a través de una reducción de producción local y una participación creciente en la actividad importadora. El peor panorama, por lo tanto, es para los trabajadores. La cadena de valor contabilizaba unos 300 mil empleos a fines de 2015. En la actualidad quedan menos de 270 mil, según estimaciones empresarias, de los cuales 70 mil se desempeñan en el segmento textil (alrededor de 45 mil registrados) y 200 mil en confecciones (con apenas 55 mil en blanco y el resto informales). De ese universo, alrededor de un 10 por ciento atraviesa situaciones de conflicto con sus empleadores, con suspensiones, planes de retiro voluntario y rebajas salariales.
El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea aparece como una amenaza severa para la producción industrial en general y para los textiles en particular. La propuesta sobre la mesa establece llevar los aranceles de importación de un rango del 18 al 35 por ciento que rige actualmente a cero en el transcurso de ocho años. Telas, alfombras y tejidos técnicos (para carpas, ignífugos e industriales, entre otros) tiene una protección en este momento de entre 18 y 26 por ciento. La mayoría de los hilados presentan un arancel de 18 por ciento y en prendas se ubica entre 26 y 35 por ciento. Las cámaras textiles reclamaron al Gobierno por las consecuencias que tendría la mayor apertura comercial. En una de las entidades comentaron que la respuesta que recibieron fue inapelable: “Acepten esto porque si no lo que viene es peor”.
