El presidente Mariano Rajoy y la independentista Carme Forcadell. El gobierno español de Mariano Rajoy dio el primer paso para tratar de evitar la convocatoria de un referendo independentista por parte del Ejecutivo de la región de Cataluña, que supondría un desafío sin precedentes al Estado.
"Hemos puesto en marcha todos los mecanismos legales para poder responder a esta barbaridad institucional y democrática", anunció en rueda de prensa en Madrid la "número dos" del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
Inmediatamente después de que el Parlamento catalán incluyera en su sesión de hoy el debate para aprobar la llamada "ley del referendo", que pretende dar cobertura legal a la convocatoria de la consulta fijada para el 1 de octubre, Rajoy ordenó la interposición ante la Justicia de lo que se llama "incidente de ejecución de sentencia".
Con este mecanismo, se prohíbe cualquier medida que contravenga las sentencias y autos dictados en los últimos años por el Tribunal Constitucional contra los pasos dados hacia la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña del resto de España.
La jornada de hoy es clave en el proceso secesionista catalán porque se espera que el Parlamento de la región, con mayoría separatista, apruebe la "ley del referendo", que previsiblemente llevará al Gobierno catalán a convocar la consulta soberanista inmediatamente.
Sáenz de Santamaría calificó de "abochornante espectáculo" la sesión parlamentaria que transcurre con gran tensión entre independentistas y no independentistas y denunció que se trata de "un acto de fuerza contrario a la democracia, a los derechos de los parlamentarios" y "a los derechos de los catalanes".
"Querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución y a la democracia, vulnerando derechos de los parlamentarios y de los ciudadanos (...) demuestra que quienes están al frente de las instituciones de Cataluña se acercan más a los regímenes dictatoriales autoritarios que a una democracia", dijo la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría anunció también que el Gobierno interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba la llamada "ley del referendo". El Consejo de Ministros podría reunirse para ello mañana, según informaron distintos medios.
El Gobierno español solicitó al Tribunal Constitucional, además, que estudie posibles responsabilidades penales de aquellos que votaron a favor de admitir a trámite la ley del referendo, entre ellos, su presidenta, la independentista Carme Forcadell.
La Fiscalía Superior de Cataluña ya anunció que los denunciará por desobediencia y prevaricación, informaron medios españoles.
La tensión entre Madrid y Cataluña aumentó en las últimas semanas, especialmente a medida que se acerca el 1 de octubre, fecha fijada para la celebración de un referendo soberanista que el Gobierno de Rajoy considera inconstitucional.
