Temer subasta la Amazonia como moneda de cambio de su permanencia en la presidencia


El río Amazonas, en la costa del estado de Amapa, al norte de Brasil.


El Gobierno entrega a la industria minera una reserva natural del tamaño de Dinamarca

El presidente Temer cede a las presiones de los diputados 'ruralistas' que le salvaron de una denuncia por corrupción


El lagarto Bachia remota fue bautizado por primera vez en mayo de este año. El reptil, con unos dedos más funcionales que los de otras especies, fue catalogado en un lugar recóndito del parque nacional de las montañas de Tumucumaque, en la frontera de Brasil con la Guayana Francesa. Este pedazo de selva amazónica es de los menos alterados del país y su biodiversidad no deja de sorprender a los científicos. "Es un lugar estratégico de conservación, cada vez que hay una expedición se encuentran especies nuevas, lo que nos hace pensar que aún hay mucho por descubrir", explica a EL MUNDO Cassandra Oliveira, analista ambiental del parque.

Una parte de este tesoro natural está dentro de un espacio más amplio: la Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados (Renca), un gigantesco territorio de casi 47.000 kilómetros cuadrados (el tamaño aproximado de Dinamarca o Aragón) situado entre los estados brasileños de Pará y Amapá.

Esta reserva se ideó en 1984, durante la dictadura militar, para proteger sus importantes reservas de oro, hierro y manganeso de los intereses extranjeros. Con el tiempo, dentro de la reserva se crearon parques naturales de diferentes categorías y reservas indígenas, de los indios Wajãpi. La explotación minera nunca llegó. Hasta ahora: el pasado 23 de agosto el Gobierno brasileño de Michel Temer extinguió por decreto la reserva nacional y abrió sus puertas a la industria minera.

La decisión unilateral provocó un aluvión de críticas de partidos de la oposición, ecologistas y celebridades nacionales como Gisele Bündchen y Caetano Veloso. En apenas unos días se recogieron 800.000 firmas contra el decreto y contra otras medidas similares que en los últimos días solo traen malas noticias para el pulmón verde del planeta.

La Justicia se ha puesto de lado de los críticos con el proyecto y el pasado 30 de agosto el juez del Distrito Federal Ronaldo Spanholo suspendió "todo y cualquier acto administrativo" relacionado con el decreto, alegando que la Constitución no permite que el Gobierno tome una decisión de tal calado sin previa deliberación del Congreso Nacional.

Si el Gobierno recurre el conflicto podría llegar al Tribunal Supremo Federal, pero de momento el Ejecutivo de Temer optó por ganar tiempo y este jueves anunció que suspende los efectos del decreto durante 120 días para abrir un "amplio debate" son la sociedad sobre alternativas para la protección de la región.

En el Senado se está tramitando un proyecto de ley para rebajar el nivel de protección de la Selva Nacional de Jamanxim. Un área de 350.000 hectáreas bajaría un escalón en su nivel de protección, lo que daría luz verde a actividades rurales y mineras y a otorgar títulos de propiedad a los que ocuparon la zona ilegalmente en el pasado.
La amazonía se subasta en Brasilia

Y es que el futuro de las frondosas selvas del norte del país se decide a miles de kilómetros, en Brasilia, donde el Congreso Nacional se convirtió en un mercado de compra y venta de votos y la Amazonia en la mejor moneda de cambio, según denuncian organizaciones ecologistas como Greenpeace.

"El presidente Temer está llevando a cabo negociaciones a cualquier coste, necesita votos desesperadamente y los parlamentarios ruralistas, para apoyarle, pusieron encima de la mesa proyectos de ley que estaban aparcados durante décadas y no conseguían aprobar", lamenta el coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil, Marcio Astrini, en declaraciones a MARCA POLíTICA.


El presidente Temer fue denunciado por corrupción el pasado mes de mayo, pero sólo sería juzgado por el Tribunal Supremo con el aval de los diputados. El Gobierno puso todo su empeño (repartió dinero, altos cargos e hizo promesas de todo tipo) para garantizarse el máximo número de votos para aparcar la denuncia. Lo consiguió, pero ahora llegó la hora de saldar las deudas.

El 'Frente Parlamentario de la Agropecuaria' reúne a 231 diputados y 25 senadores con intereses en el poderoso sector agrícola y ganadero de Brasil, uno de los principales pilares de la economía del gigante suramericano, pero también la principal causa detrás de la deforestación de sus selvas. Estos diputados siempre fueron decisivos en la política brasileña, pero ahora se sienten más fuertes que nunca. Por primera vez cuentan con un aliado en la presidencia dispuesto a escucharles con cariño, enfatiza Astrini.

"Estamos en el peor momento, en el peor retroceso ambiental que vive Brasil en los últimos 30 años; los ruralistas están consiguiendo que se aprueben proyectos de ley que en ocasiones llevaban décadas en un cajón, y lo están haciendo deprisa, de la noche a la mañana", denuncia.
128 campos de fútbol de selva desaparecen por hora

Además de la extinción de la Renca o de la selva de Jamanxim otros proyectos de ley van saliendo adelante con menos ruido mediático: se amnistía a los terratenientes que se apropiaron de tierras públicas, se permite la venta de tierra a extranjeros (lo que facilita que la selva acabe en manos de multinacionales) y se debilita la legislación medioambiental, al tiempo que no cesan los recortes presupuestaron a los organismos del propio Gobierno encargados de controlar las irregularidades en la selva.

"Se da incentivos a quien tala. Lo peor es el reflejo moral de todas estas medidas: el mensaje es que delinquir compensa, porque la deforestación tarde o temprano es perdonada y el Gobierno siempre está ahí para otorgar impunidad. Los que cometen ilegalidades no sólo se libran de pagar por ello, sino que salen fortalecidos", lamenta Astrini.

Las medidas del Gobierno brasileño para satisfacer a los diputados ruralistas se están aprobando por decreto o incluso por vía de urgencia constitucional. Las prisas se explican porque se espera que Temer esté en la cuerda floja de nuevo en muy pocos días, cuando el fiscal general del Estado, Rodrigo Janot, presente una nueva denuncia, esta vez por un delito de obstrucción a la Justicia.

El presidente revivirá su calvario y necesitará (otra vez) el apoyo de los diputados para frenar el proceso judicial y mantenerse en el poder. El equipo del presidente teme que si los diputados que le apoyaron la primera vez aún no han visto satisfechas sus demandas se nieguen a salvarlo de nuevo.

Mientras en Brasilia se resuelven las intrigas palaciegas en el corazón de la Amazonia, la deforestación repunta después de varios años positivos. Entre agosto de 2015 y julio de 2016 se perdieron casi 8.000 kilómetros cuadrados de selva, casi un 30% más que en el periodo anterior. 128 campos de fútbol de selva desaparecen cada hora. Para los ecologistas las medidas que se están aprobando estos días no harán más que multiplicar estos números en los próximos años.