El juez federal Sérgio Moro ordenó al Banco Central el bloqueo de cuatro cuentas bancarias del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien en total tenía depositados 606.727 reales (unos 192.000 dólares).
Se trata del mismo magistrado que condenó en primera instancia al ex mandatario a nueve años y medio de prisión por los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El bloqueo, según el magistrado, es para "garantizar" recursos para eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior, lo que inhabilitaría al ex presidente como candidato para el 2018, elecciones en las que aparece como el postulante con la mayor intención de voto.
La defensa de Lula ya presentó una primera apelación a la condena de Moro ante el propio juez, quien la negó esta misma semana.
La defensa presentó
una primera apelación
ante el juez Moro, que la
rechazó la semana pasada
En esa acción, los abogados de Lula alegaron que existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales estaban declaraciones de testigos y certificados que probarían que la verdadera propietaria del apartamento que se le adjudica como soborno sigue siendo la empresa constructora OAS.
Moro, sin embargo, sostuvo que "no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia", que será analizada por un tribunal federal con sede en la ciudad de Porto Alegre, al que deberán ser dirigidas las próximas apelaciones.
Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una "persecución política y judicial" que tendría como objetivo impedir que postule nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011, en las elecciones del año próximo.
En tanto, ayer la prensa difundió que el Gabinete de Seguridad Institucional del Gobierno brasileño instaló hace tres semanas en el despacho del presidente Michel Temer un dispositivo que dificulta la comprensión de audios grabados por aparatos electrónicos.
La instalación de este aparato se produce después de que el pasado mes de mayo salieran a la luz unas conversaciones privadas con Temer grabadas a escondidas por uno de los dueños del grupo cárnico JBS.
En base a ese audio y a otros indicios, la Procuradoría General de la República denunció a Temer por corrupción pasiva y en breve podría presentar otra denuncia por obstrucción a la Justicia.
