Las centrales sindicales de Brasil preparan para el próximo viernes la primera huelga general desde 1996 en rechazo a los dos proyectos más ambiciosos del gobierno de Michel Temer para este año, las reformas laboral y jubilatoria, que fueron respaldadas por el Fondo Monetario Internacional como claves para la recuperación económica del socio mayor del Mercosur.La huelga, a la que convocaron y adhieren centrales sindicales opositoras y oficialistas, busca dar un golpe de timón a la reforma laboral, que pretende flexibilizar la legislación que rige desde 1943, de la época del presidente Getulio Vargas.
Choferes de colectivos, trenes, docentes, médicos y los principales sindicatos industriales anunciaron la adhesión a la huelga general, liderada por la Central Única de Trabajadores (CUT), la mayor del país que está vinculada al opositor Partido de los Trabajadores.
Pero también Fuerza Sindical, del diputado Paulo Pereira, un aliado de Temer, adhiere "apenas para buscar una señal de negociación" frente a los proyectos de reformas jubilatoria y laboral.
Uno de los puntos más importantes de la reforma laboral es que no exista más negociación colectiva entre sindicatos y empresas y sí directamente entre patrones y empleados.
Otro punto que flexilibiliza la normativa es la implementación de reducción de jornada, algo que es clave para los aeronavegantes, que alertaron sobre que podrán ser suspendidos sin cobrar, por ejemplo, en temporada baja.
El proyecto autoriza al empleador a dividir los 30 días de vacaciones que rigen en Brasil en tres veces, reduce un 50% la multa por despido sin causa y elimina la figura del seguro de desempleo que paga el Estado vía aportes patronales, que actualmente tiene un máximo de 1.700 dólares divididos en cuatro cuotas.
Mientras que la reforma jubilatoria "no puede ser más negociada", dijo Temer el domingo pasado al reunirse con senadores y diputados de la base oficialista, luego de los retrocesos que aceptó el ministro de economía, Henrique Meirelles, que alerta que el sistema colapsará en la próxima década sin una modificación en las pensiones.
El gobierno espera ahorrar 135.000 millones de dólares hasta 2025 con esta nueva versión de la reforma jubilatoria.
Tras las protestas del pasado 7 de abril, que paralizaron las grandes ciudades del país y la presión popular hacia los senadores y diputados, el proyecto inicial de que iba ser obligatorio aportar por 49 años para cobrar la jubilación integral se redujo a 40 años.
