En el Gobierno dicen que no pueden hacer nada ante los derrames de la Barrick San Juan

Dicen que la concesión la hizo la provincia de San Juan y por eso no pueden multar a la empresa ni suspenderla.

Javier Brusco

Un nuevo derrame de la Barrick Gold en la mina de Veladero volvió a sonar la alarma sobre los riesgos ambientales de la minería. Es el tercer derrame en el menos de dos años en esta mina, y la cuarta si se contempla el derrame de Lama. Ambientalistas reclaman por el cierre de la actividad extractiva en la provincia de San Juan y se preguntan por la inacción del Gobierno de Macri. Mientras tanto, el equipo del Gobernador Sergio Uñac busca llevar calma a la población asegurando que se trata de un derrame de "solución rica", es decir agua con partículas de oro y plata y no "solución cianurada" como sucedió en los derrames anteriores.


El primer derrame fue en 2015 y en ese entonces el Gobierno provincial multó a la Barrick y le impuso una advertencia para que elevara las bermas -las paredes que envuelven a las piscinas de lexiviación que contienen la solución cianurada-. Sin embargo, desde la empresa negaron que la advertencia les hubiese llegado y por eso no realizaron la inversión de aproximadamente 500 millones de dólares para que se evitaran más derrames.



Cuando fue el segundo, Uñac decapitó la cúpula de las autoridades de control, pero no multó a la empresa. Este miércoles, escaldado por el nuevo caso, afirmó: "Voy a ser implacable en el cumplimiento del Medio Ambiente, Barrick va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias, así no se puede seguir".

Desde Nación, intentaron correrse del caso. Fuentes del Gobierno afirmaron  que la Secretaría de Minería a cargo de Daniel Meilán -que depende del ministro Juan José Aranguren- no tiene competencia para prevenir derrames ni suspender la actividad de la mina. Explicaron que desde que la reforma de la Constitución en 1994 federalizó los recursos naturales, la función de la Secretaría se limita a buscar inversiones y promover buenas prácticas, por lo visto sin demasiado éxito.

Desde Nación intentaron cargar las culpas sobre la provincia y subrayaron que la Secretaría de Minería que conduce Daniel Melián no tiene facultades para prevenir derrames ni suspender la mina.



"Como la concesión la otorgó San Juan, desde Nación no podemos hacer nada. Las sanciones y condiciones de explotación las fijó la Provincia y solo ellos pueden poner sanciones o revocar la concesión", aseguraron  desde el Gobierno.



Sin embargo, los ambientalistas reclaman que el Gobierno sí podría tener injerencia si se aplicara la Ley de Glaciares.

Estallado el episodio, quien si intervino fue el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, que este miércoles por la noche envió un equipo a San Juan a inspeccionar la mina.

Desde su cartera explicaron a LPO que lo primero que hicieron cuando asumieron fue girarle los recursos al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla) del Conicet para que terminara a fines de 2017 el inventario de glaciares de nivel 1 con el cual cumplir las obligaciones de la Nación respecto de la Ley.

Lo cierto es que la reglamentación de la Ley de Glaciares no está en la agenda parlamentaria de Macri hasta después de las elecciones. Cuando se reglamente se sabrá con exactitud la definición legal de glaciar y de periglaciar para poder discernir qué áreas son incompatibles con la actividad minera.



"Cuando asumimos el inventario estaba en el 8% y detenido por falta de recursos. En 2016 se avanzó casi el 50% y está programado terminarlo a fin de año. El inventario de San Juan ya se lo entregamos a las autoridades provinciales y les corresponde a ellos determinar si la actividad minera amenaza los glaciares. Nosotros no podemos hacer más nada. Sería no respetar la jurisdicción provincial. Lo que sí hicimos en el derrame de 2016 y en este fue facilitarle a la provincia un equipo técnico de evaluación ambiental que está en viaje y mañana va a subir a la mina con la autorización de Uñac", respondieron desde la cartera de Medio Ambiente.

El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman.

LPO también pudo saber que Bergman pidió estudiar la posibilidad de intervenir en caso de derrames dentro del marco de la Ley de Residuos Peligrosos, pero desde Medio Ambiente lo negaron: "Nación solo tiene jurisdicción en el caso un conflicto de interjurisdiccionalidad incluso en temas de residuos peligrosos. Si el agua cianurada se filtrase a otra provincia sí podríamos tomar cartas en el asunto", explicaron.


A la vez que aclararon que, en la inspección técnica anterior encontraron irregularidades y por eso pidieron a la Justicia Federal de San Juan que se cierre la mina hasta tanto estuvieran dadas las condiciones para la explotación. "Pero el juzgado se declaró incompetente basándose en un precedente fijado por la Corte Suprema, por lo que el pedido terminó en la justicia de San Juan y fue allí que la empresa logró la habilitación para retomar la actividad", detallaron.




Y según señalan desde Nación, tampoco la afectación de la Salud Pública basta para la inhabilitación de la Barrick para continuar con la actividad en Veladero. Es decir que, según entienden en el Gobierno, hasta que no haya un accidente que se traduzca en un reporte oficial de un hospital con pacientes afectados por la solución cianurada, solo San Juan responde por los derrames y sus consecuencias para la población.

La respuesta de Uñac



El gobernador de San Juan camina sobre una situación muy delicada, porque la minería es una fuente importantísima de recursos en una provincia cuyo territorio es casi en su totalidad una cordillera. Su ministro de Minería, Alberto Hensel, emitió un comunicado asegurando que no había cianuro en el derrame y que había dispuesto una inspección. "Una vez reunidos los elementos por parte de la Autoridad Ambiental Minera, se procederá a brindar un pormenorizado detalle de cada una de las circunstancias que originaron el hecho, sus consecuencias y las medidas a adoptar", se lee en el comunicado oficial.



Hasta que no haya un accidente que pruebe la afección de pacientes por solución cianurada, solo San Juan responde por los derrames y sus consecuencias para la población.

"Sin una prueba de daño cierto a la salud, técnicamente, Nación tampoco puede imponerse sobre la jurisdicción provincial. Somos un país federal, los recursos son de la provincia y la potestad de suspender la actividad es de San Juan", explicó el diputado sanjuanino por Cambiemos y titular de la Comisión de Minería, Eduardo Cáceres, quien se lamentó por la continuidad de la canadiense Barrick Gold en Veladero.



"La actividad minera genera trabajo, recursos para la provincia y genera riqueza en buena parte del mundo. Sin embargo, acá se ha convertido en mala palabra por la irresponsabilidad de la empresa. Y en una pérdida para las demás actividades económicas de la provincia. No se puede tener a la gente asustada por la falta de controles y prevención. No puede ser que en Jáchal la gente se entere primero que hubo un derrame por whatsapp antes de lo comunique la empresa o las autoridades. Pero tampoco se puede dejar sin trabajo a diez mil personas por la falta de responsabilidad de una empresa. Ni la Barrick es sinónimo de minería, ni es sinónimo de San Juan", reclamó el diputado.