Chaco declaró la Emergencia Laboral en la industria algodonera y textil



Con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, representantes del gremio textil, de la CGT y de la UICh; el Parlamento chaqueño sancionó por unanimidad la Emergencia laboral para el sector. La principal herramienta es una Comisión Sectorial que actuará ante despidos, cesantías o cierre de empresas o fábricas. La norma alcanza a toda la cadena de valor de la industria algodonera y textil.

El Parlamento chaqueño sancionó este miércoles, por unanimidad, la Ley 7973 que establece la Emergencia Laboral de la industria algodonera, textil, de indumentaria y confecciones, por un periodo de 180 días, con posibilidad de prórroga. La normativa, que fue trabajada por los actores intervinientes durante los últimos meses, fue ingresada a la Legislatura por el Ejecutivo provincial y contaba con un despacho unánime; apoyo que se mantuvo por parte de todos los bloques políticos a la hora de la votación.

Al debate en el Recinto legislativo asistieron, la secretaria de Empleo y Trabajo, Liliana Spoljaric; la secretaria General de la CGT, Graciela Aranda; el secretario General del gremio textil, Horacio Escobar, y el presidente de la Unión de Industriales Chaqueños (UICh), Andrés Irigoyen.

La defensa del empleo como política de Estado y el poder generar una herramienta que respalde a los trabajadores ante despidos o cierres de fábricas, con el involucramiento de todos los actores; fueron los argumentos de mayor peso en el Recinto legislativo.

Las posturas en el Recinto

El justicialista Enrique Paredes inició el debate agradeciendo la presencia de los actores involucrados desde el momento en el que se gestó el proyecto 516 llevado al Parlamento. Puso en dudas "si agradecer o lamentar" que se trate una emergencia para la actividad textil en la provincia y valoró el gesto "no sólo al gobierno sino también al Poder Legislativo que nos permite colaborar para paliar en parte una situación más que difícil". "Cómo quisiera haberme equivocado al pensar que esta clase de política no nos iba a llevar por buen camino. Y los que realmente pagan los platos rotos son los trabajadores Podemos justificar la necesidad de esta ley, los hechos están a la vista. Se nos han ido varias empresas textiles y nuevamente estamos viendo la angustia de los trabajadores que quedan sin trabajo". Describió una realidad difícil para los trabajadores en Argentina, y pese a esbozar una crítica hacia el empresariado razonó también sobre las dificultades que enfrenta a partir de una apertura desmedida de importaciones, de costos altísimos de producción y de impuestos en alza que van en desmedro de su desarrollo y crecimiento. "Quisiera equivocarme, pero esta va a ser la punta del ovillo de múltiples situaciones que se nos van a presentar", auguró.

Por su parte, el radical Livio Gutiérrez (Cambiemos), afirmó: "Hoy ratificamos la crónica de una muerte anunciada de políticas públicas nefastas de al menos 10 años del Gobierno anterior". Recordó que en 2014, "TN Platex ya había anunciado que se iba. Son los dueños del mercado algodonero de la República Argentina y son de lo peorcito, han vivido subsidiados del Estado Nacional. Las empresas textiles ya no está en Chaco porque ya no es productivo sembrar algodón. No hubo políticas públicas para sembrar durante al menos 10 años, se siembra girasol y soja".

Basado en datos de un informe del CONES, argumentó los motivos por los cuáles es casi inviable, desde su punto de vista, reactivar en Chaco al sector algodonero, "falto de toda política pública y con un altísimo costo para su supervivencia". "Tenemos una provincia sojizada. Si nosotros no nos aggiornamos, no le vamos a encontrar la solución a esto", llamó el diputado.

La justicialista Viviana Damilano coincidió con su par preopinante, Enrique Paredes y rebatió: "La única verdad es la realidad que vemos en la provincia". Recordó que hasta 2015 las políticas publicas apuntalaban al desarrollo de parques industriales en la provincia. Afirmó que "en 2015 había un 29% de pobreza y en 2016 hay un 32,9%, un millón y medio de nuevos pobres. Casi tres puntos de aumento de la pobreza por estas políticas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri", y aseguró que "no es un problema de la industria textil nada más, están destruyendo lo que tanto nos ha costado construir".

La justicialista Celeste Segovia adhirió a las expresiones de Paredes y Damilano, y se refirió a "un combo mata-industrias" impulsado por el Gobierno nacional "a través de medidas que van en contra del crecimiento". "Yo no voy a defender al empresario de TN Platex sino a los trabajadores de mi provincia", aseguró y habló de una inflación galopante, paritarias difíciles, caída del consumo "que si bien puede bajar algún punto a la inflación también planchan el consumo. Y esso fue lo que provocó que en Chaco, Tucumán, La Rioja se cierren las textiles que dependen del mercado interno. Y si no hay una mirada a las economías regionales esto va a seguir ocurriendo".

Por la Concertación Forja, Raúl Acosta disparó: "Este Gobierno (nacional) demostró que no tiene un proyecto político sino un plan de negocios para amigos". Dicho esto, fustigó a la oposición y afirmó que "ahora, o se está a favor de los intereses nacionales o de las corporaciones", al tiempo que llamó a trabajar y analizar "cómo recuperamos el empleo. Y esto también va para la CGT que no sé qué espera para declarar un paro general", expreso.

El jefe de la bancada del FCHMM, Hugo Ságer valoró que todos los actores estén en una mesa mostrando su preocupación por la industria textil y dispuestos a trabajar para revertirla. "El algodón en nuestra provincia es parte de nuestra cultura; en el contexto nacional simboliza a la provincia del Chaco. Hoy efectivamente estamos atravesando una crisis", graficó el legislador y luego de un intenso discurso en que el que repasó la historia del algodón chaqueño y explicó buena parte de la tarea que le cabe a cada eslabón de su cadena de valor, afirmó: "Nosotros tenemos que darnos políticas de Estado, esta es una crisis que nos convoca a resolver". Dicho esto, expresó: "Acá estamos defendiendo la dignidad de los trabajadores sino nos quedamos en los enunciados".

Ságer explicó que también el sector cárnico estaría pronto a incluirse en los alcances de la normativa y convocó a "proteger a nuestra industria, a nuestros trabajadores y a nuestra provincia. No hay más espacio para equivocarnos".

Su par de bloque Beatriz Bogado, destacó el trabajo previo y "común" de los actores que acompañaron un debate que se extendió por varias horas. Compartió los conceptos y lo contundente de las expresiones de Ságer en relación a la actividad algodonera y textil en la provincia y las acompañó con indicadores sobre su crecimiento, desarrollo y caída a lo largo de la historia.

El radical Pablo Curín defendió posteriormente la creación de la mesa y celebró el diálogo para sostener la situación de crisis de los trabajadores. Y, aunque reconoció la realidad de la industria textil, negó que no existan políticas en cuanto al sector agroindustrial por parte del Gobierno Nacional. "Hay sectores con muchos inconvenientes en las economías regionales pero sí hay política", defendió.

El jefe de la bancada Cambiemos, el radical Carim Peche, compartió la explicación técnica vertida por su par Livio Gutiérrez. Apeló a la memoria del oficialismo y recordó sus reclamos por la devolución del 15% de coparticipación y también por las "retenciones al campo". "Yo celebro el proyecto de ley para la empresas, pero terminemos con las chicanas políticas", exigió a voces.

Por el bloque Frente Grande, Daniel Trabalón adelantó su acompañamiento y propuso modificaciones al texto de la ley, como incluir a un miembro de la CTA en la Comisión Sectorial. Reconoció que se trata de "un debate político" en medio de "una política nacional que ha instalado una problemática que es la pérdida de fuentes de trabajo y que, lejos de solucionarse, el problema tiende agravarse". Apuntó a lo importante de "reclamar al Gobierno nacional" entendiendo que caso contrario "va a ser muy difícil hacer algo con este proyecto".

El cierre del debate, previo a la votación, recayó en el justicialista Ricardo Sánchez, quien se extendió en un amplio discurso en el que repasó la realidad del sector industrial y explicó los alcances de la normativa, además de analizar los costados políticos de la cuestión. Dicho esto, defendió a la iniciativa que viene a "prevenir toda situación de despido".

Los alcances de la Ley

La iniciativa que establece la emergencia laboral en el sector algodonero, textil, de indumentaria y confecciones, crea la Comisión Sectorial en el ámbito de la Secretaria de Empleo y Trabajo, para detectar e intervenir entre la patronal y los trabajadores en cualquier contingencia que pueda darse en razón de despidos, cesantías o cierre de alguna empresa.

Por el Ejecutivo, la Comisión contará con representantes de la cartera industrial y de las Subsecretarías de Trabajo, de Relaciones Sindicales y de Empleo; por el Parlamento, miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo; de la de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, y de Transporte y Comunicaciones. Por los gremios y las instituciones representativas del sector habrá uno por la Confederación General del Trabajo (CGT); uno por la Federación Económica del Chaco (FECHACO), y uno de la Unión Industrial del Chaco (UICH).

La Comisión podrá invitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación según la competencia y cumplirá sus funciones siempre en el marco de la Emergencia que establece la normativa. Mientras la Ley se mantenga vigente, las empresas del sector algodonero, textil, indumentaria y confecciones deberán notificar con carácter obligatorio a la Secretaría de Empleo y Trabajo todas las decisiones referidas a despidos, suspensiones o cualquier medida que afecte a los trabajadores de manera individual o colectiva, en el marco de la aplicación de la Ley Nacional N° 24.013, entre otras normativas que rigen en lo laboral.

Dada cualquier situación prevista en estos términos, la Comisión deberá convocar a una instancia de diálogo a las partes involucradas, en un plazo de 48 horas hábiles.

De haber avanzado la empresa sin la comunicación previa a la que obliga la ley, la Comisión podrá solicitar la intervención de la Dirección Provincial del Trabajo para que dicte la conciliación obligatoria entre las partes. Y si el empleador no cumple ni revé las suspensiones o despidos el Estado estará facultado a quitar cualquier beneficio que haya otorgado al mismo.