El Acta negociada por el Movimiento Evita y el gobierno incluía un canje de beneficios por paz social hasta 2019. Provocó un conflicto interno y fue sacado de la solicitada.
El último párrafo del Acta Acuerdo obliga a los movimientos sociales a no participar en conflictos durante los tres años que restan al mandato de Macrì.
En una solicitada que se publicó ayer en Página 12 con el título “Emergencia Social”, medio centenar de organizaciones de todo el país transcriben el Acta Acuerdo firmada el miércoles 23 en el salón Parodi del Congreso con los ministros Carolina Stanley y Jorge Triacca (h). En realidad no toda el Acta Acuerdo, ya que la solicitada enumera las concesiones arrancadas al gobierno nacional pero omite la contraprestación a que se obligaron los firmantes. En el punto 7.a el Acta indica que el proyecto de ley que acuerdan ambas partes extenderá la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019. El último punto del Acta, que no figura en la solicitada y que se reproduce en facsímil en esta página, dice que mientras rija la emergencia, es decir por todo lo que resta del mandato presidencial de Macrì y las primeras tres semanas de quien lo suceda, “habiendo alcanzado un acuerdo de este modo las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes del acuerdo con la representación que ostentan, y estas se obligan en su propio nombre y en el de sus representados”.
Los firmantes son la Asociación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa y Barrios de Pie, representadas por Esteban Castro, Juan Carlos Alderete y Daniel Menéndez. En cambio, no aparecen los principales impulsores y partícipes de la negociación: el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), y el Movimiento Evita. La CTEP es la organización paraguas que cubre a muchas otras, entre ellas el MTE y el Evita.
En un reportaje con la revista Crisis, Navarro dijo que “yo quiero sacarle todo lo que pueda [al gobierno]. Y para eso tengo que estar cerca, le manoteo, le saco”. Esto permite “acumular, crecer, para tratar de ganarles”. Pérsico reivindicó como un objetivo legítimo que los acuerdos con el Poder Ejecutivo aseguren gobernabilidad y Navarro expuso que “si Macrì se cae esto gira más a la derecha aún”. Si ese giro a la derecha se produce como consecuencia de una crisis, el capitalismo salvaje intentará legitimar con ayuda de los medios “la represión que puede venir”. En una sociedad cuya mayoría “avala a aquel que mata en defensa del auto, la guita, la propiedad”, Navarro sostiene que el enfrentamiento es una trampa, porque entonces “vamos a perder en serio”, dado que “todas las crisis las paga el pueblo”. Proponen una alternativa en tres pasos: 1. dejar de retroceder, 2. paliar la urgencia, y 3. construir unidad, para “ganarles en el marco de la democracia y las elecciones”. Sin que se lo preguntaran, Navarro añadió que Massa no los expresa “pero tampoco negamos la realidad del pueblo argentino. Trataremos de hacerlo con el mejor candidato”.
Pérsico cree que sin las movilizaciones de los movimientos sociales y su confluencia con la CGT “la situación sería mucho peor y más explosiva” y afirma que es más fácil encontrar respuestas a partir de una representación institucionalizada del conflicto, “no desde la anarquía o el quilombo”.
La solicitada se cierra con cuatro palabras: “¡Hasta la victoria, Fidel!”, y que dan una idea de las contradicciones internas en el heterogéneo grupo de organizaciones que la firman, entre las cuales el compromiso de abstenerse “de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”, durante los próximos 37 meses produjo, justamente, conflicto. Varios integrantes de la CTEP (como La Dignidad, que dio vida a una corriente feminista laica en su interior y que participó de #Niunamenos), no consienten esos propósitos apaciguadores. Eso explica que la obligación asumida haya desaparecido de la solicitada y que se estén explorando las vías para que tampoco forme parte del proyecto de ley de emergencia social que están redactando dos dirigentes del Movimiento Evita, el autor del proyecto original, Juan Manuel Abal Medina, y el diputado Leonardo Grosso.
Consultados por MARCA POLíTICA, referentes de primer nivel de las organizaciones sociales, señalaron que bajaron el punto que hace referencia a la abstención de medidas de lucha, porque no piensan cumplir con ese punto.
Esta semana el Evita enviará a sus bases un instructivo sobre los beneficios de la ley, que esperan sea sancionada por las dos cámaras del Congreso el 14 o el 21 de diciembre. "El macrismo que prometió no devaluar, no despedir y eliminar el impuesto a las ganancias probaría de su propia medicina", según estas fuentes.
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