El Congreso lo había prohibido pero un decreto de Mauricio Macri habilitó su entrada al Congreso. ¿Se abre una puerta para garantizar impunidad?
La única limitante que establece el decreto es que el patrimonio que se declare debe estar en su poder desde antes del ingreso al Estado por parte del funcionario, sin embargo esos bordes son cuanto menos borrosos, para disgusto de buena parte de la oposición e incluso de algunos aliados, como Elisa Carrió, que había pedido dejar afuera a los familiares de funcionarios de la “aministía”.
El presidente Mauricio Macri decretó que familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo de capitales, a pesar de que el propio Congreso Nacional se opuso a la iniciativa que sancionó atado a la ley de reparación histórica. Lo hizo a través del decreto 1206/16, publicado hoy en el Boletín Oficial, que modifica el decreto reglamentario de la ley 29.260.
La nueva normativa, que lleva la firma de Macri, establece en el artículo 6 que “los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la Ley Nº 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en el artículo 82 hubieran asumidos los respectivos cargos”.
Los sujetos del artículo 82 son los funcionarios públicos, desde el Presidente, la Vicepresidenta, los gobernadores y sus vices, los intendentes, los ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y provinciales, los jueces, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad. Los del artículo 83 son sus familiares directos.
La única limitante que establece el decreto es que el patrimonio que se declare debe estar en su poder desde antes del ingreso al Estado por parte del funcionario, sin embargo esos bordes son cuanto menos borrosos, para disgusto de buena parte de la oposición e incluso de algunos aliados, como Elisa Carrió, que había pedido dejar afuera a los familiares de funcionarios de la “aministía”.
Rápida de reflejos, La Cámpora cuestionó la decisión del Gobierno y estimó que lo que busca Macri es una “autoamnistía” para salvarse de los coletazos del escándalo de Panamá Papers. Y estimaron que el decreto “muestra su absoluto desprecio hacia el Congreso y el diálogo republicano”.
