MANUEL YAÑEZ*
La supremacía de Ortega y el FSLN en el escenario político frente al reflujo de las izquierdas en la región. Incógnitas en torno a la futura situación económica y las relaciones con los Estados Unidos tras el triunfo de Trump.
Los resultados de las elecciones nicaragüenses del pasado 6 de noviembre no significaron sorpresa alguna. De acuerdo a los datos aportados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el candidato y actual presidente Daniel Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue reelegido por el 72,5% de los votos válidos. En un lejano segundo lugar se ubicó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con alrededor del 15% de los votos, al que le siguió el Partido Liberal Independiente (PLI) con 4,5%, entre otros. Además del binomio presidencial para el próximo mandato constitucional 2017-2021, se eligieron los 90 diputados a la Asamblea Nacional y los 20 representantes al Parlamento Centroamericano, con similares resultados. Con este nuevo período, Ortega —acompañado en la vicepresidencia por su esposa, Rosario Murillo— completará en 2021 un total de 15 años ininterrumpidos a cargo del gobierno.
Mientras los comicios transcurrieron casi sin incidentes, la nota disonante estuvo dada por las denuncias de fraude y falta de transparencia de una parte importante de la oposición que había sido impedida de nominar candidatos propios debido a diversas resoluciones judiciales. Consumado el acto electoral, la oposición manifestó que los niveles de abstención, a la cual habían convocado, fueron de alrededor del 70%, cuestionando así la legitimidad de los comicios. El CSE —acusado por los opositores de ser prosandinista— por su parte afirmó que la misma había sido apenas superior al 30%. Asimismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró que las elecciones estaban “viciadas”; mientras que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, acordó con el gobierno el inicio de un diálogo político en el que se abordará la situación del país.
Consumado el acto electoral, la oposición manifestó que los niveles de abstención, a la cual habían convocado, fueron de alrededor del 70%, cuestionando así la legitimidad de los comicios.
En cualquier caso, la abultada victoria del partido gobernante confirmó e incluso amplió la distancia que los sondeos preelectorales le daban al FSLN (alrededor de un 60%). Adicionalmente, diversos analistas coinciden en señalar la existencia de un amplio apoyo social al oficialismo, especialmente entre los sectores populares que se han visto beneficiados por las políticas sociales —como el Plan Techo, Usura Cero, el Bono Solidario y Hambre Cero, entre otros— desplegadas en los últimos diez años de gobierno sandinista. Por lo demás, en el corto plazo no parece existir ningún actor que pueda poner en juego la supremacía de Ortega y el FSLN en el escenario político. El recientemente anunciado “retroceso de la izquierda” en la región latinoamericana parece, en el caso nicaragüense, lejos de confirmarse.De acuerdo con esa lectura, los llamados gobiernos posneoliberales —categoría que agrupa, por lo demás, fuerzas sumamente disímiles entre sí— se encontrarían en un evidente reflujo en un año marcado por la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, la agudización de la crisis en Venezuela, la derrota de Evo Morales en el referéndum constitucional en Bolivia y el ascenso mediante elecciones de la derecha en Perú y Argentina. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en América del Sur, en el istmo centroamericano la vigencia del FSLN y la continuidad en el gobierno salvadoreño del FMLN —luego de la victoria electoral de 2014— no evidenciarían una tendencia similar.
En el corto plazo no parece existir ningún actor que pueda poner en juego la supremacía de Ortega y el FSLN en el escenario político. El recientemente anunciado “retroceso de la izquierda” en la región latinoamericana parece, en el caso nicaragüense, lejos de confirmarse.
En torno a las perspectivas del gobierno sandinista surgen, no obstante, algunas incógnitas hacia el futuro. La primera se refiere a la delicada situación económica, sobre la cual hay expectativas negativas acerca de su evolución; lo que podría generar algún grado de presión social y política. En este sentido, la vulnerabilidad a choques externos se ha visto agravada por la difícil situación de Venezuela, hasta hace poco importante socio comercial y proveedor de petróleo en condiciones favorables.
La segunda interrogante se refiere a la futura relación con los Estados Unidos, la cual resulta aún más incierta ante la elección de Donald Trump como su próximo presidente. Desde su asunción en 2006, la política exterior de Ortega en este aspecto ha seguido una línea pragmática, posicionándose de una manera favorable a los intereses de EEUU en tres cuestiones esenciales. En primer lugar, no se ha puesto en discusión la economía de mercado y la apertura exterior de Nicaragua. En este sentido, al tiempo que Ortega sostiene un discurso con tintes antiimperialistas o propicia la incorporación de Nicaragua al bloque del ALBA, por otro lado, desde el gobierno se avala la vigencia y hasta se celebran los resultados del tratado de libre comercio regional con EEUU (el DR-CAFTA).
En torno a las perspectivas del gobierno sandinista surgen […] algunas incógnitas hacia el futuro. La primera se refiere a la delicada situación económica […], la segunda […] a la futura relación con los Estados Unidos.
Otra cuestión sustantiva se refiere a la activa colaboración nicaragüense con los estadounidenses en la denominada “lucha contra el narcotráfico”. En esta misma línea, Nicaragua ha cumplido una función de contención de los migrantes que intentan cruzar desde su frontera sur con destino final en el norte del continente. Ante esto, los EEUU han adoptado en general una posición de relativa prescindencia —o al menos de no intervención directa— frente al gobierno de Ortega.
Sin embargo, esa tendencia parece haber empezado a cambiar el pasado septiembre con la aprobación unánime por parte de la Cámara baja de los EEUU del proyecto conocido como “Nica Act”. Resumidamente, esta norma —ahora en discusión en el Senado— condena la falta de “elecciones libres” en Nicaragua y plantea que los representantes estadounidenses en las instituciones financieras internacionales deberán oponerse a cualquier préstamo que se le quiera otorgar al gobierno nicaragüense. De acuerdo con algunos analistas, el principal impacto de la “Nica Act” se reflejará en la caída de la inversión extranjera directa en Nicaragua. En este sentido, el gobierno sandinista apuró recientemente la aprobación con trámite de urgencia de una Ley de Asociación Público Privada que busca retener cierto grado de inversión, principalmente en proyectos de infraestructura, a cambio de beneficios para las empresas participantes.
Otra cuestión sustantiva se refiere a la activa colaboración nicaragüense con los estadounidenses en la denominada “lucha contra el narcotráfico”. En esta misma línea, Nicaragua ha cumplido una función de contención de los migrantes que intentan cruzar desde su frontera sur con destino final en el norte del continente.
Hacia el futuro, la posición que adoptarán los EEUU no está del todo clara. Por un lado, Trump ha delineado en política exterior una prédica agresiva en algunos aspectos, como en lo referido a la guerra contra el Estado Islámico. Por otro lado, ha enarbolado un discurso catalogado por muchos como aislacionista, proyectando cierto repliegue militar y apelando al proteccionismo ante lo que considera como “amenazas comerciales” a la economía doméstica, como la vigencia de los tratados de libre comercio (TLC) o las relaciones con China.
En relación a la región latinoamericana el discurso electoral de Trump ha girado casi exclusivamente en torno a la cuestión migratoria —incluyendo la polémica sobre la construcción de un muro en la frontera con México— y a la crítica de los TLC. Por lo demás, cabe preguntarse si la política del próximo presidente de los EEUU para América Latina en general, y para Nicaragua en particular, se verá mediada por el establishment del Partido Republicano que, más allá de cuestiones puntuales, se movería dentro de cierta continuidad bipartidista; o si, por el contrario, su polémico estilo y sus controvertidos posicionamientos se traducirán en una modificación sustancial de la política para la región.
[…] cabe preguntarse si la política del próximo presidente de los EEUU para América Latina en general, y para Nicaragua en particular, se verá mediada por el establishment del Partido Republicano […] o si […] se traducirá en una modificación sustancial de la política para la región.
*Lic. en Ciencia Política – Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC-FSOC/UBA).
