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El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, presentó un proyecto para una nueva Ley de Telecomunicaciones, con algunos puntos que parecen destinados a cumplir exigencias de las telefónicas y que esconden una pelea de fondo con otro sector del oficialismo que prepara una nueva regulación del sector.
Es que el proyecto -que es una actualización de un texto que Pinedo presentó como diputado- ingresó al Senado apenas unos días después de que Marcos Peña, Oscar Aguad y Miguel de Godoy anunciaron una de las últimas etapas del debate de la futura ley de Comunicaciones Convergentes, que se enviaría al Congreso en marzo del año próximo. Pero hace algunas semanas el ministro de Comunicaciones había adelantado que además antes de fin de año dictarán un decreto con un nuevo marco regulatorio del sector.
Es decir que mientras el Ministerio y el Enacom ultiman los detalles de un nuevo marco regulatorio, Pinedo jugó su carta y presentó su proyecto, que ya genera dudas en los especialistas del sector por ser demasiado concesivo para las empresas.
El proyecto es un capítulo más de la pelea entre las telefónicas y los cableoperadores, comandados por Clarín, por conseguir mayores beneficios con las nuevas reglas que impulsa el Gobierno, que en rigor son una corrección del DNU de principios de años que dinamitó la leyes de Medios y Argentina Digital del kirchnerismo.
El texto que ingresó al Senado lo habría redactado Eduardo Tallarico, asesor estrella de Pinedo en este tema. Tallarico, que también asesora al Ministerio de Comunicaciones y es presidente de la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones (AADT), es abogado en Argentina de la firma española Hispasat, un peso pesado del sector satelital y que tiene entre sus principales clientes a Telefónica de España.
El Gobierno está en medio de un fuerte lobby de empresas satelitales para que abra ese mercado, hasta ahora reservado casi exclusivamente a Arsat, a satélites extranjeros. De hecho, ya dio algunas autorizaciones y entre varios interesados está la mencionada Hispasat. Además, Telefónica pretende que la Rosada lo habilite a dar televisión satelital.
Uno de los principales impulsores de la apertura del mercado satelital es José Antonio Sánchez Elía, un especialista del PRO en temas de comunicación y CEO de la empresa de soluciones satelitales Tesacom que estuvo a punto de ser Secretario de Comunicaciones. En la década del 90, fue fundador junto a Pinedo del estudio de abogados nombrado con sus apellidos. Uno de los socios de ese estudio fue Héctor Huici, quien finalmente ocupó la Secretaría de Comunicaciones. Ambos responden al senador.
Más allá del avance que pueda lograr en el Congreso, en el sector creen que el Gobierno no tendrá demasiado en cuenta el proyecto de Pinedo y lo consideran un elemento más de presión de las telefónicas de cara a las próximas regulaciones, que desataron un feroz lobby por parte de todos los actores.
Los detalles
Entre sus puntos más destacados, el proyecto establece “el libre acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones (…) por parte de los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, de los generadores y receptores de información y de los prestadores y usuarios de servicios de información”.
El texto también reconoce “el principio de la libertad de la prestación por parte de titulares de licencias obtenidas de acuerdo a la normativa vigente, de todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la libertad de construcción y operación de sistemas y facilidades”, es decir que se eliminan limitaciones para las empresas del sector.
Uno de los puntos polémicos que establece el proyecto de Pinedo es que “las licencias serán permanentes” y que el ente regulador se limitará en ese caso a “revisar las condiciones de prestación del servicio” cada 5 años, previa consulta a las empresas “y observando el respeto a los derechos adquiridos, el equilibrio económico del contrato y las inversiones realizadas”.
Los licenciatarios estarán obligados, entre otros puntos, a cumplir “un plan mínimo de expansión de los servicios previstos” y a “permitir el libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en condiciones reglamentarias y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones”.
El artículo 42 también le hace un guiño a las empresas al establecer que “los precios al público o tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones serán fijados libremente por las prestadoras”, a menos que no tenga competencia. En ese caso, los fijará el ente regulador pero las empresas marcarán el piso que recibirá: “No se podrá cobrar al público por un servicio menos que el costo que el mismo tenga para la prestadora”.
Otro punto destacado es que “los licenciatarios estarán obligados a adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes”. “La interconexión de las redes de los distintos prestadores (…) es obligatoria”, dice el texto, que agrega que también deberán “celebrar acuerdos entre sí para compartir edificios, sistemas, facilidades y equipos”. La interconexión obliga a los licenciatarios a “permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones de sus redes” y cobrar por eso un precio igual para todos los prestadores interesados, sin beneficios para ninguno en particular.
Finalmente, se fija que los integrantes del ente regulador (cinco miembros) serán designados por el Poder Ejecutivo (tres de ellos propuestos por distintas organizaciones) con mandato de cuatro años renovables a otros cuatro, excepto el Presidente que responderá al Ministerio de Comunicaciones y podrá ser removido sin causa.
