por H V
Un convenio escandaloso
La ANSES convino entregar a la jefatura de gabinete de ministros no una sino tres bases de datos de código abierto, dijeron fuentes del organismo de seguridad social que conocen los entretelones secretos de lo pactado. La información que contienen y las fórmulas de cálculo que las interrelacionan y que en la jerga previsional se conocen con el horrible nombre de Reglas de Negocios, es mucho más detallada de lo que hizo saber el gobierno nacional y contiene datos personales sensibles que exceden cualquier necesidad de comunicación oficial para “mantener informada a la población”, según la cándida fórmula utilizada por la Secretaría de Comunicación Pública. La consulta de esa cuantiosa información no se concreta mediante un soporte físico, como un disco rígido o un conjunto de DVDs, sino a través de un link que permite el acceso remoto. Este link es fácil de hackear y según los expertos sería la vía ideal para las filtraciones de información hacia consultoras privadas que las aprovecharían para tareas de propaganda política y negocios y cuya vinculación con el gobierno no sería fácil de probar, de modo que el jefe de gabinete Marcos Peña Braun pudiera continuar pregonando con cara de ángel que “no hay vocación de utilización política” de esos datos (sic). En estos días, volvió a mencionarse el episodio ocurrido durante las elecciones porteñas de 2011, cuando una pretendida encuesta telefónica en realidad fue el instrumento para instalar una falsa vinculación entre el padre de Daniel Filmus y Sergio Schoklender, a raíz de lo cual en 2012 fue procesado el consultor de Maurizio Macrì, Jaime Duran Barba.
El Convenio afirma que la información consistirá en nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios. Pero las bases de datos de la Anses son más detalladas. A partir de 2004 se emprendió una tarea de actualización y expansión, que se mantiene al día con cada nuevo expediente iniciado en cualquier punto del país, cuyos datos se incorporan en tiempo real. Incluye datos comprobados y datos a verificar. La primera base es la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), la controla la Administración Federal de Ingresos Públicos y contiene todo lo relacionado a la recaudación: CUIT/CUIL, relación de trabajo autónomo o en relación de dependencia; salario o aporte; empleador o actividad; remuneraciones, etc. La segunda es la Base Única de Personas, que contiene no sólo los datos que menciona el convenio, sino también si la persona tiene trabajo o está desocupada, su antigüedad en el empleo y sus relaciones familiares: matrimonios, concubinatos, nacimientos, adopciones, patria potestad, discapacidades. La tercera es la Base de Beneficiarios, que se limita a los jubilados y pensionados y las sumas que perciben de la Anses por esos conceptos. Esta es la más codiciada por las empresas, porque les sirve para ofrecer ventas a crédito. El decreto que legalizó el Convenio dice que contó con dictamen favorable de la Dirección de Protección de Datos Personales. El dictamen firmado el 28 de abril por su director, Eduardo Bertoni, revela desde cuándo el gobierno estaba trabajando en el tema, aunque recién se reveló al país la semana pasada. Además de su rol técnico, Bertoni manifestó su adhesión política al gobierno al integrar la delegación que defendió la derogación por decreto de la ley audiovisual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su juicio, “no se observa impedimento legal para la suscripción del Convenio”, siempre que se cumplan con los requisitos de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, lo cual se parece demasiado a una tautología. Es legal si cumple con la ley. Bertoni recuerda que el artículo 11 de la ley 25.326 obliga a requerir el consentimiento del titular antes de ceder sus datos personales, salvo que la cesión ocurra entre órganos del Estado en forma directa, “en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. Luego define que el dato a intercambiar debe ser necesario y pertinente para la finalidad buscada. Como es obvio las partes declaran en el convenio que los datos a ceder se corresponden a sus respectivas competencias, que el intercambio tiene el exclusivo fin de cumplir con esas competencias, que los datos no son excesivos con relación “al ámbito y finalidad” y que no es información sensible o protegida. Estas son algunas de las cosas que están en duda, tanto en este convenio como en el mellizo que el gobierno firmó para apoderarse de la base de datos de la Obra Social de los jubilados, PAMI. Pero además, también los datos sensibles podrán ser entregados a la jefatura “para ser tratados con fines científicos o estadísticos”. Nada menos.
