El aumento del gas implicará una transferencia de US$ 1500 millones a las petroleras



El informe mensual de la consultora Bein&Asociados, una de las más importantes del mercado, señala que el aumento del precio de gas en boca de pozo y el consecuente aumento en las tarifas repercutirá en una transferencia de recursos de las familias hacia las empresas petroleras. Cálculos privados indican que la transferencia será de alrededor de 1500 millones de dólares anuales.


Al analizar los aumentos en las tarifas de servicios públicos, el informe de Bein se enfoca se manera especial en el gas. “Las correcciones tarifarias anunciadas están lejos de ser llamadas graduales (agregan 8 p.p. a la inflación en forma directa), pero al mismo tiempo tienen un impacto fiscal acotado. En parte, porque la devaluación de la moneda espiralizó los costos en pesos de los subsidios (sobre todo los energéticos), pero al mismo tiempo porque el manejo de la política energética priorizó las transferencias a las empresas por sobre las transferencias al fisco para acotar la brecha fiscal. Esta situación que, en promedio en el caso de las empresas de servicios (distribución y transporte) podría justificarse dado el rezago que acumulan en los últimos años, es bien distinta cuando se analiza el precio del gas”, aclaran.


En ese sentido, el informe explica: “Según nuestras estimaciones, de los US$3.500 millones que implicaría el nuevo precio del gas que pagarían familias y empresas, sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector que ya reciben un precio de US$ 7,50 el millón de BTU por la oferta nueva (régimen que proviene del gobierno anterior y que puso límite al desplome en las Reservas que había generado regalar el gas durante los primeros años de la gestión), y que a partir de ahora recibirán, por parte de la demanda, cerca US$ 5 el millón de BTU (en vez de US$ 2,60) por la oferta vieja, bien por encima del cotización del Henry Hub de US$ 2 (precio de referencia del gas natural en América del Norte)”. En definitiva, se trata de un “aumento que vuelve a impactar los costos de la energía eléctrica y por ende o bien sube la cuenta de subsidios o bien implica un nuevo aumento sobre las tarifas eléctricas”.


“En resumen”, sostiene el informe, “el grueso del aumento en el precio del gas tiene alto impacto sobre la inflación y sobre los costos de las empresas (con los nuevos precios de cuenca que se fijaron la viabilidad de la petroquímica de exportación queda en cuestión, mientras que la local posiblemente deba recurrir a precios internos más altos para producir), con bajo ahorro fiscal como contracara de una transferencia de recursos de las familias y empresas al sector petrolero, muy por encima de los precios internacionales del gas y más en línea con la paridad de importación (cerca de US$•3 el contrato con Bolivia y US$ 4,50 el contrato de gas licuado, US$ 5,50 cuando se incluye la regasificación).

Vale recordar que el incentivo a la oferta, luego de años en los cuales el precio reconocido a la oferta local se ubicó muy por debajo de los valores internacionales (contribuyendo a descapitalizar fuertemente al sector), ya estaba puesto con un esquema donde el precio del gas nuevo era de US$7,50. Por ende, además del monto completamente exagerado de la transferencia, también resulta difícil de explicar la decisión considerando que a priori no implica ninguna señal a la oferta, sino una mejora directa en los balances de las compañías, que se suma a la decisión de recomponer el precio interno en dólares de los combustibles a costa de distorsionar el resto de los precios de la economía, que en un contexto de protección elevada -también para sostener el empleo-, trasladan el aumento en sus costos a precios”.

“La bala de plata para bajar la incidencia de los subsidios energéticos en el presupuesto en un contexto de bajos precios internacionales del petróleo fue parcialmente desviada de su objetivo. Alguien, en el momento del disparo, le tocó la mano al `llanero solitario`”, concluye.