Brasil: La regla fiscal Temer-Meirelles es un ataque frontal a los derechos sociales

Pedro Paulo Zahluth Bastos
Guilherme Santos Mello

 

No es de hoy que la Constitución Federal es señalada como generadora de ineficiencia y bajo crecimiento. Ya en 1988, viejos y nuevos tecnócratas contrarios a la expansión de derechos de ciudadanía, como Antônio Delfim Neto y Maílson da Nóbrega, sostenían que ella volvía a país ingobernable e incapaz de crecer. Su argumento estaba dividido en tres partes: a) la asignación obligatoria de recursos para la atención de los nuevos derechos de salud y educación, por ejemplo, presionaría al Presupuesto y exigiría el aumento de los impuestos; b) los nuevos impuestos reducirían la capacidad de ahorro y de inversión efectiva de los empresarios, disminuyendo la tasa de crecimiento económico; y c) el bajo crecimiento reduciría la generación de impuestos para financiar el programa “irrealista” de la Constitución de 1988. Así, desde un comienzo eran usados argumentos supuestamente técnicos para cuestionar el pacto social consagrado por la Constitución y atacar los derechos sociales y económicos con la máscara de la neutralidad científica.
Un hecho sobre el que los críticos tecnócratas de la Constitución Federal callan es que el gasto social encarna un gran multiplicador fiscal, conservadoramente estimado por arriba del 1,5. Es decir, el gasto social es el ingreso privado que estimula nuevos gastos privados, estimulando la actividad económica y la generación de impuestos, que pueden pagar el gasto inicial (dependiendo de la coyuntura económica). En cualquier caso, este gasto estimula la economía, sobretodo en comparación con otros tipos de gastos ocultados por la crítica de los economistas neoliberales. Por ejemplo, el multiplicador del pago del servicio de la deuda se estima ligeramente por debajo de 0,8, dado el hecho de que sus portadores son generalmente liberados de preocupaciones inmediatas de consumo. El punto importante es que, mientras que el aumento de las tasas de interés no estimula la canalización del “ahorro” (o más bien, el stock de riqueza acumulada por los flujos anteriores de ahorro) para inversiones productivas, un aumento de la demanda provocada por el gasto social estimula el aumento de la producción y de las inversiones privadas, que a su vez aumentan el ahorro agregado y la recaudación fiscal.
Siempre que una crisis fiscal ocurre como consecuencia de una crisis económica (y no por el contrario), el argumento tecnicista aparece de diferentes maneras. La crítica es selectiva: la crisis económica y el desequilibrio fiscal cíclico son usados para cuestionar las determinaciones constitucionales sobre el gasto social. Curiosamente, los mismos críticos rara vez se levantan para cuestionar el impacto fiscal de la “Bolsa Rentista”, asociada al hecho de que Brasil ha tenido históricamente las mayores tasas de interés en el mundo y el mayor costo fiscal de la relación deuda pública / PIB.
El discurso alarmista con respecto a la Constitución Federal tiende a aumentar cuando los portadores de títulos públicos exigen aumento de las tasas de interés y tienen recelo de que otros gastos puedan “presionarlos”. Cuando un desequilibrio fiscal resulta de la desaceleración de la recaudación tributaria determinada por un descenso cíclico de la economía, el alarmismo es particularmente peligroso. Si este discurso es lo suficientemente fuerte como para que apunte a convencer o forzar al gobierno para decidir el recorte del gasto público y/o el aumento de los impuestos indirectos (sobre las transacciones), tal medida puede reducir aún más el gasto privado y, por lo tanto, llevar exactamente al desequilibrio fiscal o al aumento de la deuda pública como proporción del PIB que, teóricamente, la austeridad quería evitar.
Esta es la lección que el bloque político y los economistas conservadores no quieren tomar de la austeridad desastrosa comandada por Joaquim Levy y Nelson Barbosa durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff. En lugar de admitir que el país atravesaba una desaceleración, pero que la política económica pro-cíclica fue un elemento determinante para transformarla en una recesión que agravó el desequilibrio fiscal, afirman que el desajuste solamente puede ser resuelto con más recortes, ahora sobre los gastos constitucionales obligatorios.
Curiosamente, estos mismos economistas parecen aceptar la revisión de la meta de déficit fiscal a R $ 170,5 mil millones en 2016, lo que permitirá al gobierno interino, si quisiera, promover una política fiscal anti-cíclica en el corto plazo, distribuyendo enmiendas parlamentarias, renegociando deudas de Estados y no realizando ningún tipo de estilo de “ajuste fiscal” del estilo que era exigido al gobierno Dilma. Esta circunstancia nos hace imaginar que eran teóricamente menos ignorantes que políticamente hipócritas, los ataques a quienes, como nosotros, criticaban la resistencia del ministro Levy para revisar la meta fiscal irrealista en 2015.
Desde un punto de vista estructural, la radicalidad de la propuesta de recortar el gasto en educación y salud pública presentada por Temer y Meirelles es impresionante. La norma que impide la ampliación real del gasto público, dirigido sólo para acompañar la tasa de inflación, significa el desmantelamiento del Estado brasileño en el largo plazo. Obliga al gobierno a reducir radicalmente las disposiciones legales y constitucionales que prevén la expansión de la cobertura de bienes públicos. La disposición de la Constitución de 1988 para la Salud (Servicio Universal de Salud) y la lucha para comprometer todas las esferas de la Federación en la ampliación del sistema educativo, consustanciada con el Plan Nacional de Educación (PNE), cae por tierra con el golpe de una firma.
A largo plazo, la propuesta fiscal de Temer-Meirelles impide cualquier aumento del gasto real en el sistema público, incluso si la recaudación, la economía, la población, la sociedad y la demanda de servicios y la infraestructura pública crecieran y se diversificaran. Decretará la austeridad permanente para el gasto social y la inversión pública. La seguridad social, por ejemplo, no podrá recibir nuevos jubilados sin recortar el gasto en otras áreas. La inversión en infraestructura no podría aumentar sin reducir los salarios reales de los empleados. El aumento del gasto en salud (esperado con una población que está envejeciendo) provocará una reducción de los gastos en educación. Ocultado será, sin duda, el gasto por intereses, pues la norma trata sobre el resultado primario y no del resultado nominal (que incorpora intereses) en las cuentas públicas.
Entre las medidas anunciadas, ninguna garantiza una mejora en las cuentas públicas en el corto o medio plazo, sea del superávit primario, sea de la trayectoria de la deuda pública. Lo que hacen es poner en marcha un programa de desmantelamiento del Estado brasileño, inviabilizando una mejora y expansión de los servicios públicos, eliminando cualquier posibilidad de que el Estado pueda realizar políticas económicas anticíclicas y destruyendo la Constitución de 1988.
Si no existieran trucos contables y fuera implementado antes de la recuperación firme de la economía, el programa de recortes previsto en el ajuste fiscal iscal propuesto va a mantener a la economía en la lona y reducirá todavía más la recaudación tributaria. Si, por el contrario, fuera realizado después de la recuperación, no es baja la probabilidad de que, dada la magnitud de los recortes previstos, pongan de nuevo a la economía en la lona.
Este es el programa que de hecho se implementa: finalmente, el anuncio debe aumentar en gran medida la oposición de la sociedad gobierno provisorio y su programa neoliberal radical. Muy probablemente las jornadas colectivas lucha de los trabajadores de la salud y de la educación se ampliarán, junto a las comunidades que dependen de servicios públicos y aquellos que luchan contra el golpe. Es contra este proyecto neoliberal / conservador del gobierno interino, ansioso por privatizar y concentrar servicios e infraestructura en manos de una élite acostumbrada a la depredación de los recursos públicos, que se rebelan los movimientos sociales populares. El objeto de la depredación es sólo el pueblo brasileño más pobre: ninguna realidad podría imitar mejor el panfleto.


Pedro Paulo Zahluth Bastos
profesor asociado del Instituto de Economía de la UNICAMP.

Guilherme Santos Mello
doctor en economía, profesor del Instituto de Economía de la UNICAMP. Fuente:
plataformapoliticasocial.com.br/ 28 de mayo 2016
Traducción:
Carlos Abel Suárez