El Gobierno confirmó que son casi 11 mil contratos los que fueron dados de baja en la Administración Pública Nacional, cerca del 5% del total de las contrataciones, y casi todas ellas -90%- fueron iniciadas en los últimos tres años, según informó el ministro de Modernización Andrés Ibarra. Asimismo, se informó que aproximadamente entre 2 mil y 3 mil personas pasarán a ser planta permanente en el curso del año, beneficio para empleados estatales que cuentan con 10 o más años de antigüedad y no tienen estabilidad laboral.Los criterios utilizados para discontinuar a estos trabajadores fueron "que no trabajaban, o que concurrían pocas horas, o exceso de personal para una sola tarea", explicó el ministro. Al tiempo que aclaró que siempre estuvieron en contacto con los dos gremios: UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y ATE (Asociación Trabajadores del Estado).
Cabe recordar que por el decreto 254, de fines del año pasado, se dispuso la revisión de la totalidad de los contratos y asistencias técnicas dentro de la administración central. El Gobierno precisó ahora que ha decidido no renovar 10.921 contrataciones representando un ahorro fiscal de $ 3.500.000 millones anuales.
Los contratos no renovados representan una veinteava parte de los cerca de 217 mil puestos de trabajo pertenecientes a la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, y corresponden, en un 90% de los casos, a las 24 mil contrataciones iniciadas entre 2013 y 2015, sobre los que el Gobierno de Mauricio Macri decidió poner la lupa.
De los contratos no renovados, 7.311 corresponden a los 64.039 que se vencieron en diciembre último y que -a través del decreto 254/2015- se extendieron hasta el 31 de marzo (aquellos que se iniciaron entre 2013 y 2015) y hasta el 31 de diciembre (aquellos que se iniciaron antes del 2013) para su análisis. Los 3.610 restantes forman parte del universo de 13.467 contratos tercerizados, asistencias técnicas u otras modalidades utilizadas, es decir que se ratificaron a 53.118 contratos.
También se informó que comenzó, en cada repartición, la renovación de los contratos de todos aquellos trabajadores cuyos servicios no se discontinuaron al 31 de marzo. Al respecto, próximamente se incorporará al Portal Nacional de Datos Abiertos la información del registro de contratos.
En su momento, las autoridades justificaron la revisión de los contratos señalando que se habían encontrado gran cantidad de irregularidades. Entre ellas, se citaron casos como la existencia de hasta 10 telefonistas para atender un solo teléfono o más de 500 personas de dotación del Centro Cultural Kirchner que, según las autoridades oficiales, no tenían ni conducción ni programas de trabajo.
Los casi 11.000 despidos dados a conocer por el gobierno difieren con las cifras -muy superiores- que plantean los sindicatos. Por caso, la Asociación de Trabajadores del Estado estima que son unos 30.000 los despidos en el sector público.
En las últimas semanas han sido frecuentes las protestas de los gremios estatales por los despidos en distintos puntos del país. También se critica la forma en que se han decidido las bajas. Por ejemplo, fuentes sindicales de los empleados del Ministerio de Trabajo sostienen que "entre los últimos 250 despidos se encuentran profesionales con 20 años de antigüedad que tenían contratos truchos en el ministerio que tiene que velar por el trabajo en blanco".
En este sentido, Ibarra dijo que no se descarta que "pueda haber incorporaciones de casos puntuales" e informó que en más de 300 casos se dio marcha atrás con las desvinculaciones. "Tal fue en Cultura donde se incorporaron a unos 200 trabajadores o en el INADI o en el INDEC por poner algunos ejemplos", puntualizó el funcionario.
Asimismo, se está evaluando la situación de 12.000 trabajadores estatales que están en condiciones de jubilarse. "La intención es ir jubilando a los trabajadores que estén en dicha condición para así dar lugar al ingreso de nuevos trabajadores", explicó Ibarra. Aunque aclaro que se contemplaran casos puntuales que justifiquen la permanencia.
