Comelli dijo que la historia de la provincia "nos requiere ser más cautos". En 2007 el docente Fuentealba murió en una represión policial.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, explicó ayer que la provincia no adhirió al protocolo "antipiquetes" del gobierno nacional por considerarlo "grave" y porque "tiene grandes contradicciones". La funcionaria indicó a "Río Negro" que en la reunión del Consejo Federal de Seguridad convocada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no estaba pautado tratar ese documento y que no se les dio la posibilidad a los representantes de las provincias de analizarlo.
"Muchos lo firmaron pero aclararon que no lo van a aplicar. Está pensado para la Capital y Gran Buenos Aires y avanza sobre facultades que son de las provincias", señaló. "En Neuquén tenemos una historia que nos requiere ser más cautos", dijo Comelli, quien recordó que el actual secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, era asesor de la provincia cuando asesinaron en 2007 al maestro Carlos Fuentealba durante una represión.
Si bien consideró necesario trabajar en alguna metodología de regulación para garantizar tanto el derecho a la protesta como el de circular, cuestionó que la propuesta del gobierno nacional otorga demasiadas facultades a la policía y "está muy por fuera de todos los protocolos universales a los que adhirió nuestro país".
"Habla más por lo que no dice que por lo que dice", añadió. En ese sentido, comparó la resolución presentada por Bullrich con la elaborada en 2011 durante la gestión de Nilda Garré, que explícitamente prohibía a las fuerzas utilizar armas letales, obligaba a los uniformados a estar identificados y ordenaba el uso de postas de goma sólo para la defensa y no para la disuasión.
"El metamensaje a las fuerzas de seguridad no es claro y por esos motivos el ministro (Jorge) Lara decidió no avanzar en una firma", precisó la subsecretaria.
También planteó que, según la nueva resolución, "toda protesta es un delito", por lo que dio como ejemplo que el gobierno debería reprimir manifestaciones como las de productores que tiraron fruta en la ruta o de familiares de víctimas que reclaman a la salida de un juicio.
"Anteponer desde el vamos la situación de un delito no da lugar a la posibilidad de una mediación para canalizar el reclamo", indicó.
