Cuando se habla de producción popular se piensa en forma más o menos
inmediata en los bienes básicos que todo ciudadano necesita. La alimentación,
la vestimenta, tal vez la vivienda, son los frentes más analizados.
A esos temas se agregan los esfuerzos por hacer sustentables tareas que se
organizaron a partir de la iniciativa de compatriotas excluidos del cauce central
de la economía de mercado, como sucede con los recuperadores urbanos y las
cadenas de agregado de valor a los residuos sólidos.
Aparece, sin embargo, un eje conceptual crítico cuando se intenta pensar una
economía organizada desde la demanda ciudadana, que a partir de ella
estructura la oferta de bienes y servicios necesarios.
En tal caso, se incursiona en un vasto espacio de servicios públicos, que hoy el
capitalismo concentrado atiende de maneras muy diversas.
Se puede hablar de tres tipos de servicios públicos:
1 – Servicios que son comunes a toda instalación humana y que cuando una
sociedad se urbaniza, deben ser atendidos de manera colectiva.
Se trata de la energía eléctrica; el agua corriente; el gas natural; la
evacuación y tratamiento de efluentes domiciliarios y cloacales; la recolección
y tratamiento de los residuos sólidos.
2 – La infraestructura de acceso amplio e irrestricto.
Son los caminos; los aeropuertos; las comunicaciones; el transporte
colectivo.
3 – Servicios personales que deben estar disponibles para todos los
ciudadanos, pero son de acceso individual y voluntario.
Se trata de la educación de todo nivel; la prevención y cura de
enfermedades; el turismo y la recreación; la cultura; la administración de
justicia.
Podríamos decir que el primer capítulo agrupa aquellos servicios públicos
necesarios para la subsistencia; el segundo aquellos otros que definen la
vinculación física o virtual entre los ciudadanos, que son de uso voluntario pero
determinantes de esa conexión social. El tercero, finalmente, servicios que
hacen a conseguir una calidad de vida que emerja de la sola subsistencia. En
este caso, no solo la disponibilidad (la oferta) del servicio es determinante, sino
también la decisión del ciudadano de apelar a la provisión (la demanda).
En su tendencia a convertir todo aspecto posible de la vida comunitaria en un
negocio, donde alguien puede acumular riqueza al atender las necesidades de
los demás, el capitalismo ha invadido históricamente cada uno de los ámbitos
mencionados. Esto ha sido particularmente dañino en las situaciones en que la
tecnología ha marcado la conveniencia de contar con un prestador único. Allí la
voracidad de los monopolios ha entrado en permanente conflicto con la
atención de las necesidades populares, llegando incluso a desestimar
fracciones de población que por su ubicación geográfica o cualquier otra
característica no aseguran la rentabilidad deseada por el prestador.
En un escenario en que las necesidades sociales (la demanda) sean
hegemónicas en las relaciones de mercado, caso por caso, sector por sector,
deberá estudiarse el mejor modo de organizar la prestación y sobre todo,
cuáles serán las restricciones al capital privado – así como eventualmente la
contraria, la promoción necesaria para su participación – para asegurar el
mejor resultado para los ciudadanos.
En una secuencia lógica el primer grupo aparece como el más crítico, luego el
segundo y luego el tercero.
Veamos el detalle. El primer grupo, se recuerda, comprende la energía
eléctrica, el agua corriente, el gas natural, los efluentes domiciliarios y cloacales
y los residuos sólidos urbanos.
Buscando generar un conjunto de principios básicos que luego nos guíen en la
faz instrumental, diríamos que:
a) No es indiferente el actor responsable de la prestación. Cuanto más
interesado esté el prestador en hacer negocios, mayor será la
probabilidad de entrar en conflicto con el fin social perseguido.
b) Los actores posibles no son solamente el Estado o empresas privadas.
Hay un tercer camino que engloba diversas formas de organización
popular para que quienes tienen la necesidad sean en definitiva quienes
aseguren la provisión.
c) Puede haber restricciones tecnológicas para que cada comunidad se
haga cargo del servicio, pero tales dificultades han tenido y siguen
teniendo una evolución en el tiempo, que facilita la descentralización.
Dos buenos ejemplos – hay en casi todo frente – son la energía eléctrica,
al aparecer la energía fotovoltaica o la eólica, y el procesamiento de
residuos sólidos, con la separación en origen y las pequeñas plantas de
clasificación y agregado de valor.
Sobre esas tres ideas, nuestra conclusión es que un Estado inteligente y con
vocación popular puede y debe promover soluciones con participación
comunitaria para:
. Provisión de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con
generación diseminada a escala doméstica y distribución en las redes ya
existentes. Esta provisión podría perfectamente ser administrada por
cooperativas de servicios públicos como las ya existentes en todo el país.
. Participación efectiva de la comunidad en la administración de las
redes de distribución y de los sistemas de generación concentrada que
constituyen núcleos de problemas recurrentes.
. Sistemas de agua corriente y de tratamiento de efluentes domiciliarios
y cloacales con administración cooperativa, cuya escala óptima es un tema
pendiente de definición. La escala, justamente, debe ser variable en función de
la densidad de la población urbana.
. Separación en origen de residuos sólidos urbanos reciclables, con el
liderazgo ambiental de cooperativas de clasificación y reciclado, encargadas
de capacitar a los generadores primarios de residuos, la recolección,
clasificación y agregado de valor, en pequeñas plantas diseminadas por el
territorio, minimizando el transporte y el enterramiento o vertido de residuos en
el ambiente.
. Compostado en escala domiciliaria o de pequeña dimensión del
componente orgánico de los residuos urbanos, con capacitación ciudadana en
las técnicas y aplicación del producto.
Ninguno de esos campos lleva a la necesidad de desarrollos tecnológicos
especiales o grandes inversiones. En realidad, respecto de la situación actual,
se trata de una nueva manera de organización social, que apunta a resolver los
problemas de la comunidad, evitando que negocios de cualquier naturaleza
interfiera en la solución efectiva de los temas.
EL SEGUNDO GRUPO
El segundo grupo de la clasificación preliminar preparada – se recuerda –
comprende la infraestructura no doméstica de uso general: caminos,
aeropuertos, comunicaciones, transporte colectivo urbano, suburbano y de
larga distancia, transporte de cargas.
Se trata de canales de vinculación entre los habitantes, que en una primera
mirada, son típica tarea pública, donde el Estado en todo caso debe asegurar
que contrata a empresas eficientes y de bajo costo. Sin embargo, no es tan
simple.
El diseño de la traza de carreteras; la ubicación de aeropuertos y la frecuencia
de vuelos; la financiación operativa de los sistemas de transporte público; la
propiedad y acceso a las autopistas modernas de comunicación por Internet;
son todas decisiones que determinan el destino de comunidades enteras, en
muchos casos por más de una generación.
Hay casos arquetípicos. Manuel Taboada, caudillo santiagueño, fue junto con
los representantes correntinos, el único que hizo votar en contra de la
candidatura presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. En venganza,
Sarmiento como presidente cambió la traza del ferrocarril a Tucumán, que en
lugar de seguir al río Dulce, a la vera del cual estaban las principales
poblaciones, incluyendo la capital de Santiago, siguió al río Salado. Eso provocó
el aislamiento de todas las comunidades de origen quechua, las más antiguas
de la Provincia, aislamiento que se agudizó cuando paralela a las vías apareció
la hoy ruta nacional 34.
De esa zona del sur santiagueño aún hoy – más de 150 años después –
se nutre buena parte del trabajo golondrina del país. Más cerca en el
tiempo, pero no por ello menos perverso, fue el trazado durante el
proceso militar, de rutas de penetración en el este salteño, cruzando
ricas tierras hasta entonces no explotadas, propiedad de la oligarquía
provincial, que a lo largo del cuarto de siglo siguiente se vendieron
a españoles, alemanes y cuanto extranjero pasó por allí.
O la circunvalación de la ciudad de Tucumán, que pasó por tierras de poco
valor previo, a las que prolijamente habían comprado conocidos del
gobernador Ortega antes de conocerse la traza.
Los ejemplos son tantos como la voluntad que se tenga para recopilarlos y
tienen que ver con un componente obvio: un camino, una vía o cualquier forma
de vínculo entre humanos, define cambios patrimoniales y además de ser
usado en términos comunitarios, puede generar negocios para algunos.
Hay situaciones especiales con las tecnologías más nuevas – las
comunicaciones -, que se presentan como complejas, pero que sin embargo
pueden tener un tratamiento análogo a una carretera o una vía ferroviaria.
En una carretera es evidente que puede circular cualquier transporte, sea de
empresas con muchos camiones o con una sola unidad. En la vía ferroviaria, es
menos frecuente, pero puede establecerse una diferenciación entre el dueño
de la vía – habitualmente el Estado – y múltiples usuarios en paralelo, que
alquilen el derecho a transitar por ella. Las modernas redes de fibra óptica
tienen un paralelo total con lo descrito. En Argentina la red nacional ha sido
solventada por el Estado y perfectamente puede operar dando licencia de
tráfico a empresas de variada dimensión.
En definitiva, hay una secuencia clara, que define beneficios o perjuicios de
cualquier obra de infraestructura no doméstica:
a) Planeamiento de la prestación. Análisis de posibles beneficios indirectos
que genera la obra y de los modos para evitar apropiación privada de
ellos.
b) Diseño y ejecución. Discusión de criterios para maximizar el aporte local
y la participación comunitaria.
c) Acceso al uso de la obra. Garantías para que todo usuario tenga acceso,
independientemente de su tamaño.
La simple lectura de esta secuencia lleva a advertir que hay un solo modo de
garantizar que las decisiones en cada plano sean democráticas: la
transparencia y la participación de las comunidades más directamente
involucradas.
El trabajo legislativo pendiente en esta área es enorme, porque
toda la normativa vigente está orientada a cumplir con las formalidades
institucionales clásicas, decidiendo básicamente las contrataciones del Estado
por menor precio entre oferentes, en una puja que favorece las economías de
escala y progresivamente provoca la desaparición de las empresas más
pequeñas.
Adicionalmente, el concepto de participación popular, en cualquiera
de las tres instancias, no está ni siquiera esbozado. Como se ve,
a diferencia del primer grupo de servicios públicos, el Estado tiene un
rol regulador y protagónico mucho más marcado. Su intervención es
determinante para los grupos sociales que se han de beneficiar – o
eventualmente perjudicar – y para la cuantía del efecto.
El juego interactivo entre los funcionarios y los representantes de la comunidad,
concretado a la luz pública, que normalmente ha sido tan difícil de concretar,
es aquí el camino obligatorio.
EL TERCER GRUPO
Probablemente quien siga este texto se sorprenda que ubiquemos a la
educación, la salud, la administración de justicia, el turismo y la cultura como
servicios comunitarios donde la demanda es más flexible y depende en mayor
medida de decisiones individuales que en los dos grupos anteriores.
La sorpresa será legítima en algún aspecto, en tanto forma parte de la
conciencia colectiva que los tres primeros componentes (educación, salud y
justicia) son derechos básicos que cada ciudadano puede reclamarle al Estado
que los garantice y ponga a disposición de todos y cada uno.
Sin embargo, justamente, a consecuencia de esa potestad ciudadana en que
cada uno puede elegir un curso de acción personal en cada tema, situación
que no se da en los otros dos grupos de servicios públicos, es que aquí aparece
el espacio para que organizaciones con fines de lucro participen en la oferta, no
solo compitiendo con la prestación estatal o comunitaria, sino ejerciendo las
presiones institucionales visibles u ocultas que fortalezcan su espacio propio a
través de desacreditar la oferta alternativa e induciendo a los ciudadanos a
incluirse en el mercado como consumidores puros.
La enseñanza privada, la medicina prepaga, los estudios de abogados con
especial fama de gestores, más el turismo y la cultura encaradas como
actividades de mercado, son ámbitos de prestaciones comunitarias donde la
búsqueda del lucro otorga su impronta diferencial a la actividad y la aleja – para
ser enteramente justos: la puede alejar – del concepto que podemos tener de
servicio público. Con dos atributos contradictorios. Por un lado, el hecho
positivo de que aparecen ofertas de calidad que buscan convocar a personas que
saben que pueden optar.
Por otro lado, a medida que por razones de prestigio o de concentración física
de la oferta, se cuenta con la posibilidad de manipular la relación
oferta-demanda, aparecen todos los elementos de abuso de poder de los
monopolios. Esta vez, afectando a facetas que se asocian en forma directa al
acceso a una calidad de vida superior a la subsistencia básica.
Este es el escenario vigente del tercer grupo de servicios. Los gobiernos con
orientación popular se han visto en una encrucijada, porque no sería
socialmente aceptable que excluyan a la actividad privada si no se cuenta con
la seguridad de brindar con eficiencia una prestación como la que surge de
millones de ciudadanos con intereses de lo más diversos.
Por otro lado, normalmente no han podido desempeñar con éxito el papel de
competidores en el mercado teniendo demasiados frentes de conflicto que
atender, sobre todo en materia de pagos internacionales y de regulación del
conflicto de base entre el capital y el trabajo por la distribución de los frutos
del trabajo colectivo.
Ni siquiera se podría decir que un gobierno popular se planteó el problema
netamente en los términos que aquí se exponen. Más bien, gobiernos acosados
por el flanco macroeconómico han considerado estas áreas como un gasto –
muchas veces achicable o postergable -, deteriorando las relaciones con los
trabajadores de las respectivas áreas y lógicamente las prestaciones. El
trasvasamiento de actividad hacia la esfera privada es apenas una
consecuencia elemental de ese escenario. En los pocos intentos de asignar
recursos importantes – el gobierno anterior lo hizo – se lo ha hecho manteniendo
una administración que no se puede liberar fácilmente de la rigidez de las
grandes burocracias; dialoga con los trabajadores en términos pseudo
empresarios; no alcanza a configurar un modelo de trabajo ni a caracterizar el
problema en toda su dimensión.
La intervención corriente del Estado para corregir inequidades; para apoyar a
los más débiles en el mercado; para sostener la educación y la salud en las
zonas más pobres, de un modo u otro termina sucediendo en un espacio donde
los que priman son los intereses económicos de los prestadores privados, más
que las necesidades o inquietudes de la comunidad.
Hay aquí un tremendo espacio vacío, donde las consignas tradicionales de
defensa de la escuela o el hospital público; el acceso de los pobres a una
justicia solvente; el turismo popular, se van convirtiendo en discurso defensivo
abstracto, mientras los negocios van ocupando todos los espacios
hegemónicos.
Sin fundamentalismo y sin obcecación alguna, la lógica de cada ámbito señala
que el camino consiste en avanzar hacia formas que llamaremos de
producción popular, que para estos casos significa de organización
comunitaria básica, con la mayor participación de los involucrados que sea
posible. La misión de un gobierno debería ser la de uniformar criterios de
intervención y suministrar los recursos necesarios para que la comunidad se
organice.
No se trata, como impúdicamente concibió el liberalismo de los ´90, que la
Nación le revolee el problema a las burocracias provinciales. Se trata de asumir
que sobre criterios compartidos y difundidos para la educación, la salud, el
turismo y la cultura, cada comunidad pueda organizarse para administrar la
infraestructura, primero, y dirigir progresivamente la implementación hasta
llegar al dominio total de la situación en su ámbito propio de influencia.
Se trata de dilemas básicos de una sociedad. Tal vez sea relativamente simple
analizar cómo mejorar la participación comunitaria en el turismo o en la cultura.
Mucho más complejo es construir una nueva racionalidad para la educación o
la salud. Parece sin embargo imprescindible.
