Bordet cuestionó el protocolo anti-piquetes del gobierno nacional
El mandatario entrerriano tomó una postura distante al gobierno de Mauricio Macri y se opuso al protocolo de "regulación" de la protesta social y la represión. “Nunca hay que criminalizar la protesta social", afirmó.
Foto: Bordet se distanció de la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich El gobernador Gustavo Bordet criticó la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de crear un protocolo antipiquetes para reprimir las protestas sociales: “es muy importante que todo el mundo pueda manifestarse”, dijo el entrerriano. Apeló a que las soluciones se alcancen "por la vía de la negociación".
“Nunca hay que criminalizar la protesta social", sentenció Bordet. "Soy una persona muy abierta, siempre dispuesta a escuchar, por eso es muy importante que todo el mundo pueda manifestarse, que pueda expresar sus opiniones y que pueda hacerlo libremente”, consideró el concordiense.
Al mismo tiempo, recordó que a los argentinos “nos costó mucho recuperar esta democracia y hay que respetar las opiniones, pero también a veces hay que tener límites para que no perjudiquen el derecho de terceros. Como siempre se establece, el derecho de una persona termina donde empieza el de los demás”, evaluó.
Por último, consignó APF Digital, entendió que “hay normas de convivencia que hay que encontrarlas por la vía de la negociación y no por medio de la fuerza para desalojar”, distanciándose de la medida que busca implementar el gobierno nacional ante manifestaciones de protesta.
El protocolo de "regulación"
El Consejo de Seguridad Interior, encabezado por la ministra Bullrich, aprobó este miércoles el protocolo para "regular" piquetes o cortes de ruta. Al respecto, la funcionadio explicó el criterio del gobierno nacional ante los casos: "les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", advirtió.
El protocolo, de similares características al requerido por Cristina Kirchner al Congreso a comienzos de 2014, finalmente descartado, establece que "las fuerzas de seguridad darán aviso al Ministerio del área, luego a la Justicia, e instarán a los manifestantes a deponer los bloqueos". Si la manifestación no se dispersa, las fuerzas armadas "intervendrán para desalojarlos y disolver la protesta".
La iniciativa macrista ya cuenta con numerosas críticas desde el ámbito político. Uno de los primeros posicionamientos fue el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta” y "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".
